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Peña Nieto ante el caso Ayotzinapa

PAULINO CÁRDENAS

Mucho depende de lo que diga mañana el presidente Enrique Peña Nieto a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, se sabrá si logra salir medianamente librado o de plano se le enrede más el caso bajo los reflectores de medios nacionales e internacionales, expectantes de ese segundo encuentro, en el que se estima que estará el grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la procuradora Arely Gómez entre otros personajes.

Al parecer la reunión tendría lugar en la residencia oficial de Los Pinos poco después del medio día, aunque de hecho hasta anoche no se había definido el lugar del encuentro. Había corrido la versión de que el mandatario se arriesgaría a ir a la sede de la escuela normal rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, Guerrero, con todo lo que ello implicaría para su seguridad e integridad física. No se sabe si a última hora se decidió por el ‘no’. La sola idea habría puesto muy nerviosos a los altos mandos del Estado Mayor y de las Fuerzas Armadas.

Según trascendió, se seguían viendo los pros y los contras de donde se celebraría la reunión. Si se hace en la residencia oficial, querrá decir que se desistió de ir a Ayotzinapa, Guerrero, no obstante que al parecer el mandatario quería dar la sorpresa y correr el riesgo de ir a esa casa de estudios que obviamente estaría superblindada la plaza por elementos del Estado Mayor, del Ejército y la Armada, además de la policía federal. Otras opciones para llevar a cabo ese evento eran el Alcázar del Castillo de Chapultepec y Palacio Nacional.

Si se confirma que sería en Los Pinos se habría dejado de lado la riesgosa idea de que Peña Nieto fuera a Ayotzinapa, por el ambiente tan caldeado que hay de repudio al gobierno federal y a la figura presidencial por parte de grupos que apoyan a los familiares de las víctimas, en donde estarían necesariamente los jóvenes que estudian en esa escuela a la -como otras 15 en el país- le tiene ojeriza el gobierno federal, de siempre, porque esos planteles rurales han sido señalados como escuela de guerrilleros. En la escuela normal de Ayotzinapa estudió Lucio Cabañas.

Además de la pesada carga del caso Ayotzinapa que no ha podido ser resuelto, el mandatario tiene encima los casos de otras violaciones a los derechos humanos como los que se han dado contra grupos que han sido víctimas de marginación, violencia y abusos de poder, como en la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, así como las víctimas de las masacres de Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán y Tanhuato, entre otros hechos de sangre en los que incluso han estado involucrados fuerzas policiacas y miembros del Ejército.

Por lo pronto los cinco representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron los aspectos más relevantes del caso Ayotzinapa, en un informe acabaron echando abajo lo que muchos llaman ‘mentira histórica’ del gobierno que estuvo a cargo del ex procurador Jesús Murillo Karam, con argumentos que a muy pocos mexicanos convenció y menos a los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos. A Peña Nieto lo acompañará el fantasma de los turistas mexicanos muertos en Egipto.

En este otro episodio, el gobierno mexicano envió a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Ruiz Massieu, a Egipto, para entablar contacto con su homólogo allá y tratar de aclarar la muerte de ocho turistas mexicanos y otros más que resultaron heridos en un inesperado ataque aéreo, en el que también había turistas egipcios, al ser confundidos con terroristas por estar supuestamente en zona restringida, en donde según el gobierno de aquel país, merodean grupos extremistas que están sentenciados al exterminio.

El caso es que el gobierno de Peña Nieto le exige al de Egipto que aclare las circunstancias de ese ataque mortal contra el grupo de turistas mexicanos, en tanto el gobierno egipcio se ha guardado de no acceder a esa petición formal del gobierno mexicano. Al respecto se han desatado una serie de comentarios en el sentido de que parece una contradicción de que si bien se está en pleno derecho de exigir la aclaración de esas muertes, lo mismo debía ser con tantas muertes que ha habido en México en este sexenio.

El gobierno de México está indignado por sus ciudadanos muertos en Egipto, pero ignora los muertos en casa, coinciden en señalar analistas de influyentes medios extranjeros. Es cierto que a pesar de estas contradicciones y el descrédito de las conclusiones de la investigación oficial, la Procuraduría General de la República sigue insistiendo en la veracidad de la misma.

Mañana jueves será, pues, una prueba de fuego para el mandatario mexicano, quien deberá definir si apela al discurso realista y sincero o sigue insistiendo en la retórica esquiva que promete, dice, pero no cumple, es decir, en la ‘verdad histórica’ que vox populi le llama ‘mentira histórica’.

“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” será el grito de rabia, de dolor, de indignación y de impotencia que acompañará mañana a los padres y madres de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos y que nadie sabe dónde están, aunque ha trascendido que el Ejército sí sabe en donde se encuentran o cuál habría sido el destino final de los normalistas.

A ese dolor y a esa indignación se han unido millones de mexicanos y ciudadanos de muchas latitudes del mundo. ¿Peña Nieto logrará salir bien librado? Solo faltan unas horas para saberlo. El encuentro se estima que será a puerta cerrada, como fue la anterior, el 29 de octubre del año pasado, en el salón Manuel Ávila Camacho de Los Pinos. Ojalá no salga con que ‘ya es hora de superar esa pérdida y a otra cosa mariposa’.

Familiares y amigos de los normalistas desaparecidos habrían iniciado un ayuno ayer en el Zócalo por la tarde, el cual concluiría el viernes poco después del medio día. Mientras tanto comenzaron algunos disturbios en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, y protestas en varias entidades del país, en apoyo de los familiares que se reunirán mañana con Peña Nieto. El primer año de esa desaparición masiva forzada se cumple el próximo sábado.

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Caso Evo causa indignación

PAULINO CÁRDENAS

Una nutrida multitud se dio cita en el aeropuerto internacional de El Alto la noche del miércoles para recibir al presidente boliviano y darle su apoyo tras el incidente en Europa. Por quedar bien con Estados Unidos, los gobiernos de Italia, Francia y Portugal le negaron el paso del avión presidencial en el que viajaba Evo Morales, por sospechas de que Edward Snowden –ex analista de la CIA y ex contratista de la NSA que puso en evidencia el espionaje masivo del gobierno estadounidense a sus connacionales y a millones de personas de otras naciones ‘amigas’ y aliados, entre ellas México–, estaba a bordo de la aeronave y que viajaría a Bolivia.

Hizo una escala urgente en Viena, Austria en donde fue retenido más de 13 horas para ‘consultas’. El gobierno de España esperó hasta que amaneciera para autorizar que el Jet Falcon del jefe del Ejecutivo boliviano aterrizara en Islas Canarias y que la aeronave prosiguiera a Fortaleza, Brasil. El presidente Morales llegó la noche del miércoles a la ciudad de La Paz tras 18 horas de vuelo, luego del penoso incidente que marcó una crisis diplomática sin precedents entre EU, la Unión Europea y Bolivia. El presidente volvía de un encuentro de países exportadores de gas celebrada en Moscú, Rusia.

Evo Morales denunció que el gobierno de Barack Obama presionó a los miembros de la OTAN para que interfirieran el paso del avión presidencial, a pesar de la inmunidad de los jefes de Estado. El trato al presidente boliviano desató la indignación entre los países de América Laitina. Hasta México condenó el hecho. La aeronave aterrizó de emergencia en Viena en donde se obligó a estar más de 13 horas.Este hecho lo consideró como un secuestro más que otra cosa. También dijo que era un acto discriminatorio por ser indígena. La actitud de los gobiernos que no permitieron que sobrevolara su espacio aéreo hacen verlos como subordinados a EU y como naciones desvalidas.

La reacción en Bolivia fue foribunda por decir lo menos, mientras que los presidentes de Argentina, Ecuador, Venezuela, Uruguay y Cuba, que integran la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), hicieron llegar al Gobierno boliviano sus expresiones de solidaridad y, a la vez, el repudio a las maniobras de los gobiernos que ordenaron cancelar los permisos de vuelo al avión presidencial. El hecho movilizó no solo a los gobiernos de la Unasur, sino a gobernantes de todo el mundo, mientras que el mandatario culpó al gobierno de Washington de ese boicot que quebrantó los principios del derecho internacional, que señala que un jefe de estado de cualquier país miembro de la ONU puede transitar por cualquier parte del mundo o solicitar aterrizaje en caso necesario en tiempos de paz según el Tratado de Viena.

“Nunca nos van a intimidar; nunca nos van a asustar porque somos un pueblo que tiene dignidad y soberanía”, dijo a su llegada a Bolivia. El gobierno de Washington manifestó que nada tuvo que ver con las decisiones de los gobiernos de Italia, Francia y Portugal respecto a ese bochornoso incidente. Durante el tiempo que estuvo en el aeropuerto de la capital de Austria, el mandatario boliviano no permitió que hubiera una inspeccción para checar si a bordo iba Edward Snowden. Morales manifestó a su llegada a Bolivia, que los gobiernos que le negaron el tránsito por su espacio aéreo, lo habían tratado como si hubiese sido un delincuente y no un jefe de estado.

Los mandatarios de los países que integran la Unasur exigieron una disculpa diplomática amplia y satisfactoria por parte de los gobiernos que cometieron esa grave afrenta diplomática, para lo cual habían convocado para ayer en Cochabamba a los embajadores de Roma, París y Lisboa, para exigirles explicaciones.

El origen del caso Evo está relacionado con el caso Snowden, el ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y ex agente de la CIA, que ha dejado en evidencia el espionaje masivo de Estados Unidos a sus connacionales sospechosos de tener vínculos con células terroristas de Al Qaeda o Hezbolá, lo mismo que han hecho con sus supuestos ‘amigos’ y aliados de otras naciones –entre ellas México–, para evitar ataques en territorio norteamericano como el sucedido el 9/11, lo que ha provocado un escándalo entre EU, Europa y América Latina.

Snowden está considerado ‘traidor a la patria’ por el gobierno de Washington, por ser una especie de ‘garganta profunda’ al haber roto su pacto de confidencialidad al revelar el espionaje del gobierno norteamericano –que por cierto viene realizándose desde 2005 en la adminsitración Bush, cuyo acuerdo fue ratificado en 2010 para que siguiera con Obama–, en tanto el joven acusado se defiende señalando que lo que quiso fue alertar al mundo de que el Big Brother se ha convertido de nueva cuenta en el ‘policía del orbe’, para lo cual ha violado los derechos fundamentales ciudadanos de millones de personas espiando su vida privada.

Si por nada, los gobiernos de la Unasur han repudiado las políticas de Washington, ahora lo harán con mucha más razón, sumando a ese repudio a cuando menos los tres gobiernos de las naciones que impidieron que la nave presidencial boliviana volara sobre su espacio aéreo, lo que fue considerado en primera instancia como ‘un acto de desprecio’. Incluso los legisladores de la nación que se siente agraviada por ese bochornoso suceso, preparan una iniciativa para declarar el 3 de Julio como “Día de la Dignidad Boliviana y Latinoamericana”. Más todo lo que se desatará a partir de la reunión de Cochabamba.

paulinocardenas.wordpress.com

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Está harta la clase trabajadora

PAULINO CÁRDENAS 

La clase trabajadora harta e indignada le mandó un mensaje muy claro al PAN y al PRI el pasado martes durante el desfile del Día del Trabajo, donde los sindicatos independientes arremetieron contra esos dos partidos ‘porque han quebrantado la nación’ por lo que ‘hay que cobrarles la factura’ y ‘vetar a sus candidatos’ en la contienda electoral que se avecina. Esa conmemoración se convirtió en  un foro de crítica abierta por las promesas incumplidas de los mandatarios cuyos partidos han ostentado el mando federal.

A lo largo de la marcha se escucharon y se vieron fuertes epítetos que fueron desde lo más ingenioso hasta lo más punzante. ‘Di no a la Mota’ decía uno, ‘No votes por Peña, quiere quitarle el águila a la bandera y ponerle una gaviota’ decía otra consigna o ‘No regales tu voto al PRI-AN’, mientras que los desplazados de la línea aérea más antigua portaban pancartas que decían: ‘Los indignados de Mexicana también votamos’; y en una más se leía: ‘última marcha del Día del Trabajo de la era panista’.

Los manifestantes sacaron a relucir el hecho de que Felipe Calderón no ha sido el presidente del empleo, sino “el de la sangre”; del antisindicalismo, el que más obreros pobres o desempleados deja; el que ha intentado imponer una reforma laboral regresiva; el que no resolvió las huelgas mineras; el que puso en la calle a más de 44 mil trabajadores de la compañía Luz y Fuerza del Centro. En síntesis pidieron el voto de castigo el primer domingo de julio para quienes los han empobrecido.

Se vieron muñecos de cartón que representaban las figuras de los aspirantes del PAN, Josefina Vázquez Mota, y del PRI, Enrique Peña Nieto, con leyendas en repudio a sus candidaturas. Otros portaban caretas con el famoso rostro que representa a los indignados del mundo y que usa el grupo Anonymous. Los contingentes, con un mayor número de sindicatos representados esta vez y por tanto más numerosos que en años anteriores, marcharon del Eje Central hasta el Zócalo capitalino.

En algunas pancartas se leía: “Si eres mexicano no permitas que estos partidos sigan saqueando a México: PAN-PRI”, “Josefina y Enrique, sinónimos de corrupción”. Por aquello de que este sería el último primero de mayo de los gobiernos panistas, los trabajadores independientes acuñaron una nueva consigna “¡Ya se van, ya se van, y no volverán!”

Fue pues una fiesta de alarido, de repudio y de reclamo de décadas de olvido y de abusos contra la clase trabajadora, que a cuentagotas y con eventuales actos de violencia han logrado diversas prerrogativas que el sistema autoritario priísta y la indolencia panista, no sólo las han frenado sino en muchas ocasiones pisoteado, por lo que las calles de la ciudad capital de nuestro país escucharon por varias horas las protestas que parecieron volverse el prólogo que podría marcar un derrotero diferente para México el primero de julio.

Además de los gremios de los electricistas disidentes, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, participaron organizaciones campesinas y sociales. Ahí, en medio de rechiflas hacia el régimen calderonista, se llamó a conformar una nueva central de trabajadores, que permita revertir la política antilaboral del panismo, y se anunció que se organizará un “IFE alterno”, porque “ya se cocina otro fraude”.

En esa conmemoración del Día del Trabajo estuvieron miles de trabajadores no sólo de quienes integran las listas de los indecisos, sino de los que de plano están dispuestos a anular su voto el 1 de julio próximo. Ellos y sus familias, junto con otros muchos que no siendo de ese gremio están igual o peor de decepcionados, como son las familias de las zonas rurales que viven en la pobreza, más los que sobreviven en la total desesperanza olvidados por el gobierno, hacen una sumatoria de millones en todo el país.

Esos son los que podrían lograr una revolución electoral si es que deciden, en lugar de abstenerse o anular su sufragio, darle su voto a quien no sólo prometa sino a quien garantice cómo va a combatir la corrupción, impedir la devastación de bosques, castigar ejemplarmente los abusos de las fuerzas de seguridad, cambiar radicalmente la estrategia de guerra contra las mafias, fijarle límites al poder, supervisar las tareas legislativas y judiciales, castigar el desvío de recursos públicos, conjurar el monopolio de la partidocracia, y recuperar los índices de ingreso y de desarrollo del país.

La marcha de los trabajadores indignados del pasado martes en la capital del país fue sin duda un aviso para los candidatos que creen que podrían ganar sólo con el voto duro, sus mañas y sus trampas. Fue –mucho ojo–, una especie de última llamada. La clase trabajadora está harta. Igual que millones de mexicanos. Y al parecer ningún aspirante ha reparado en ello.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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Los muertos sí importan

PAULINO CÁRDENAS

En una de las entrevistas con el periódico español El País sobre la narcoguerra, el presidente Felipe Calderón dijo hace un tiempo que cuando decretó esa lucha contra los cárteles de la droga y el crimen organizado, “no había una idea precisa de las dimensiones, pero sí había una certeza de la peligrosidad y de la imperiosa necesidad de cortar esa ola expansiva”. Señaló que “el cáncer estaba ahí y, a medida que lo hemos enfrentado, hemos visto la dimensión que tiene”. Y habló de los muertos que ha cobrado la narcoguerra. Al respecto señaló que “el número de muertes lo que refleja es la intensidad del problema”. Nada más. Eso dijo, sin lamento alguno.

Esta referencia es ejemplo de que la parte humana de la guerra para el mandatario panista no existe. Esa frase tan fría al referirse al número de muertes por la guerra podría entenderse como un despotismo y desinterés por quienes han caído a consecuencia de esa guerra, todos mexicanos y acaso uno que otro extranjero. Para él, si hay menos o más muertos por la guerra, pareciera no ser de la mayor importancia y deja la percepción de que los derechos humanos para él no son relevantes. Diría: Es una guerra contra la barbarie y lo demás no importa.

Por lo que señaló a El País se desprende que la gran mayoría de los muertos son hijos de la ilegalidad, de la criminalidad, forman parte del clan medieval y que a los violentos hay que combatirlos con violencia. Qué importa si mueren. Qué importa que sean mexicanos. Qué importa que hayan sido víctimas del olvido y la falta de oportunidades del sistema. Son hijos de la mala vida, son despiadados y por eso, si fallecen, no hay de qué preocuparse. Todo esto se infiere, pensando de mala manera, por lo que expresó al influyente medio español.

Queda claro que al inicio Calderón tampoco tenía una idea precisa de las dimensiones del monstruo de mil cabezas al que se enfrentaría. Hoy, aunque quisiera, ya no hay tiempo de subsanar errores. Los muertos no revivirán. Más bien es hora de empezar a enfrentar las consecuencias que vienen sobre su guerra cuya estrategia no ha querido cambiar, no obstante los pésimos resultados obtenidos, los cuales  sin duda nada tienen que ver con lo que sus asesores bélicos le habrían hecho creer hace cuatro años y medio.

El poeta y escritor Javier Sicilia, que entre otros muchos mexicanos perdió a un hijo a manos del crimen organizado, en uno de sus discursos en el Zócalo capitalino dijo que tantos muertos “han llenado de indignación y de dolor a la ciudadanía de Morelos y de la nación entera. Sus nombres, sus historias y sus sueños destrozados, que el amor de la ciudadanía sacó a la luz pública, ha hecho posible que se pusiera también nombre, historias y sueños a otros miles de muchachos asesinados y criminalizados por la violencia que se ha apoderado del país, de sus instituciones y de la imaginación del narcotráfico y de esa mal llamada clase política”.

Reprobó que esos muertos “sean simples cifras, simples abstracciones, bajas colaterales o criminales, ‘escorias’, como estúpidamente se les ha llamado. A partir de ellos, esas cifras son lo que siempre han sido y siempre deberán ser: vidas humanas segadas y familias destrozadas, dolor que día tras día se ha ido acumulando en los corazones de todos los ciudadanos de este país”.

En la reunión celebrada en el Alcázar del Castillo de Chapultepec le exigió al Presidente palabras más, palabras menos, saber por qué y de qué manera han muerto tantos mexicanos que han quedado sin nombre, sin historia; muertos anónimos cuyos casos se encuentran en los archivos de las procuradurías y del ejército y en la desmemoria de nuestros gobernantes, y que era hora de saber qué paso con cada uno de ellos, para que sus familias tengan algo de reposo en sus adoloridas almas.

Si bien la violencia se ha apoderado del país, es hora que el Presidente haga un acto de contrición y ordene a los suyos escarbar en los archivos, escuchar los relatos de testigos  y escudriñar donde puedan hallarse datos sobre las circunstancias por los que se dieron tantos decesos, para que miles de familias sepan qué sucedió con sus muertos. Si lo hace Calderón, ¿quién osaría criticarlo? Es lo menos que debiera hacer como tributo a los más de 40 mil caídos y sus deudos.

¿Acaso no se quiere entrarle al asunto porque muchas de esas muertes se han vinculado a las fuerzas castrenses y policías federales como son, asaltos, violaciones de mujeres, pleitos y allanamientos de morada en domicilios particulares? Pudiera ser. Pero saber por qué murieron tantos a causa de esa guerra, para los mexicanos sí importa.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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Habrían sido ex militares

PAULINO CÁRDENAS

Si se comprueba que ex militares y soldados en activo son los responsables del asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia y de otras seis personas, como lo habría expuesto el procurador general de Morelos, Pedro Luis Benítez, el pasado fin de semana, las cosas se estarían poniendo color de hormiga para el gobierno federal panista que defiende a capa y espada la probidad del Ejército en la lucha contra el narcotráfico. Según fuentes no oficiales dijo que los criminales parecían pertenecer a una organización que opera en Guerrero y Morelos.

En el vehículo Honda en el que fueron hallados los cadáveres –seis hombres y una mujer amarrados de pies y manos y asfixiados con cinta canela– dejado en la entrada del fraccionamiento Las Brisas de Cuernavaca la mañana del 27 de marzo, fue hallado un mensaje que señalaba: “Eso les pasa por hacer llamadas anónimas a los militares y eso les va a pasar al capitán Barrales y capitán Castillo de la federal. Atte. CDG”. Eso fue negado por este cártel y culpó al del Pacífico Sur de los crímenes. Nadie sabe y nadie supo cuál es la verdad.

Benítez habría dicho también que uno de los ejecutados, el ex militar Álvaro Jaimes Aguilar, alias “El Comandante” –tío de Julio César y Luis Antonio Romero Jaimes, dos de los jóvenes encontrados en el vehículo junto con Juan Francisco Sicilia, hijo del escritor y articulista–, era cabeza de una célula de narcomenudeo y que el Ejército lo dio de baja por estar involucrado con la delincuencia organizada, según fuentes policiales y periodísticas.

Una fuente narró que el fiscal presentó un video del bar La Rana Cruda de la colonia Cantarranas, en Cuernavaca, en donde las siete víctimas se pusieron a hablar del narcotráfico y de la violencia que priva en el país. Al parecer a unas gentes que ahí estaban, presuntamente ex militares, no les gustaron los comentarios y empezaron a discutir. Al final los jóvenes decidieron irse, pero los habrían seguido.

Añadió la fuente que de ahí los muchachos fueron a comprar cervezas, las cuales ingirieron en un estacionamiento de un domicilio no especificado, y se les perdió la pista hasta que sus cuerpos fueron hallados dentro de un vehículo en el fraccionamiento Las Brisas de Temixco, municipio conurbado de Cuernavaca.

El procurador informó, según versiones periodísticas, que efectivos castrenses buscaban a los homicidas en todo el país, pero que ‘si los militares los encontraban antes que las autoridades civiles, no los entregarían’, y las procuradurías General de la República y la estatal ‘se quedarían sin elementos para sus pesquisas’. Muy grave, si así lo dijo. Sería muestra de que las autoridades siguen siendo rebasadas por el crimen organizado. Y el Ejército quedaría muy mal parado.

La indignación por los crímenes de los muchachos está subiendo de tono en todo el país, lo que se puso de manifiesto ayer con la serie de protestas, marchas y manifestaciones públicas que se celebraron en Cuernavaca, Morelos y en diversas entidades federativas y aún fuera de México, a favor de la paz y en contra de la violencia.

La Secretaría de Gobernación, a través del subsecretario de Gobierno, Juan Marcos Gutiérrez, había informado que en México no se vive una guerra sucia y que los militares actúan en el marco del derecho para coadyuvar en la lucha contra la delincuencia, en tanto se fortalecen las policías locales. Pidió esperar el resultado de las indagatorias.

No se sabe todavía si los asesinos de los jóvenes y un ex militar pudieran pertenecer a algún cártel de nuevo cuño. Porque el procurador estatal habría dicho el viernes que los criminales pertenecían a una organización que opera en Guerrero y Morelos, de la cual no dio el nombre. Un día antes había informado que los responsables del asesinato, ocurrido la semana pasada, eran ex servidores públicos, pero no precisó si eran policías ministeriales.

Si se confirma que los asesinos fueron ex militares y soldados en activo, para Felipe Calderón vendrá otra felpa por parte de todos los sectores de la sociedad. Por lo pronto, el grito de “¡Estamos hasta la madre!” empezó a cundir en  todo el país, y más allá de nuestras fronteras. En adelante será la frase lapidaria con la que la opinión pública exprese su hartazgo y su indignación contra la actual administración, no sólo por la ineptitud y la ineficiencia en la lucha contra el narcotráfico, sino por su incapacidad para resolver tantos pendientes a favor de la sociedad.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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Mala tarde en Hermosillo; sigue el SME

PAULINO CÁRDENAS

Además del caso de la guardería ABC, otro asunto que está a punto de tronarle al presidente Felipe Calderón es el de los trabajadores huelguistas de hambre del sindicato de la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro, encabezados por quienes tienen mayor tiempo sin probar alimento, Cayetano Cabrera Esteva y Miguel Angel Ibarra, quienes de un momento a otro podrían morir.

La visita que el presidente Felipe Calderón hizo el martes pasado a Hermosillo después de 13 meses de sucedida la tragedia de la guardería ABC, se convirtió en un sólo clamor: ¡Queremos justicia¡. El jefe del Ejecutivo sabía que se hallaría con esa demanda de la sociedad sonorense.

Por eso no quiso que hubiera prensa en las reuniones privadas que sostuvo con los padres de familia de los 49 bebés fallecidos y de otros 74 que quedaron dañados en su salud o marcados por el reto de su vida por las quemaduras que sufrieron aquel 5 de junio de 2009.

De cualquier modo los reporteros obtuvieron testimonio de algunos de los padres dolidos, que con coraje y sentimiento, se animaron a increparle al Presidente el desdén de él y su gobierno por no señalar culpables de esa tragedia, y que al no recibir respuesta del mandatario, decidieron retirarse del recinto donde acudieron 130 padres, madres y familiares de las víctimas.

Un dato que da idea del temor que había de enfrentarse  a los indignados deudos, y de que los reclamos trascendieran a la opinión pública a través de los medios de comunicación, fue el hecho de que al recinto deonde se celebraron sendas reuniones, a los convocados no les permitieron entrar con celulares y se vieron  obligados a pasar por el cerco  que les impuso el Estado Mayor Presidencial para ingresar al recinto, arguyendo razones de seguridad.

Calderón les ofreció una serie de ayudas las cuales ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Aunque algunos padres de familia estuvieron de acuerdo con esas ayudas –que fueron en esencia económicas y de asistencia médica–, la sociedad sonorense le sigue exigiendo que al margen de ello, se debe destituir a funcionarios y meter a la cárcel a quienes resulten culpables de esa tragedia que enlutó a todo México.

Abraham Fraijo, padre de Emilia quien falleció ese 5 de junio –que no asistió a la reunión por encontrarse en la ciudad de México preparando un juicio ciudadano que interpondrán el próximo 5 de septiembre contra los funcionarios involucrados directa o indirectamente en la tragedia de la guardería ABC–, acusó al Presidente de tratar de “comprar” el silencio de los padres.

Dijo que no había cumplido con la exigencia de que la charla que se celebraría en Hermosillo fuera pública. “Lo del decreto es una cortina de humo, está cumpliendo no con las exigencias, sino con los deberes que tuvo que cumplir hace un año. Queremos justicia”, expresó. Por su parte, Patricia Duarte Franco, madre de Andrés Alonso, uno de los 49 niños que murieron en el incendio, le preguntó a Felipe Calderón para él qué era justicia y como no le respondió, ella le increpó:

“Para mí justicia era que la persona que estaba sentada a su izquierda, (Daniel Karam director del IMSS), fuera destituida; para mí justicia es que a Juan Molinar Horcasitas (secretario de Comunicaciones y Transportes) lo destituya de su puesto y se le procese penalmente, al igual que al ex gobernador Eduardo Bours”.

Agregó: “Para mí justicia es que Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de su esposa, vaya a la cárcel; que Antonio Salido, Gildardo Urquídez y Sandra Téllez (socios propietarios de la guardería) vayan a la cárcel”., refiere la crónica de la enviada Claudia Herra y el corresponsal Ulíses Gutiérrez, publicada en La Jornada de ayer.

Pero el presidente Calderón deberá enfrentar de un momento a otro la reacción de la clase trabajadora al desenlace que pudiera tener y que pudiera ser fatal, respecto de los huelguistas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que parmanecen en huelga de hambre en el zócalo de la capital del país, por dos de los cuales, Cayetano Cabrera Esteva y Miguel Angel Ibarra, se teme por sus vidas. El primero tenía hasta ayer 88 días de ayuno, y el segundo 84 días en huelga de hambre.

Ambos han negado que el gremio o sus líderes los estén utilizando como ‘carne de cañón’ para su movimiento. El conflicto entre ese sindicato y el gobierno federal sigue. Y ya el líder de Atenco, Ignacio del Valle, anunció que se sumará con sus huestes en la lucha que continúan los trabajadores electricistas del SME y que han señalado que no cejarán hasta que les sean reconocidos sus derechos laborales y constitucionales.

Si fallace alguno de ellos, como supondría la lógica, será otro duro golpe contra el jefe del Ejecutivo de cara a la sociedad en un hecho que alcanzará repercusión internacional,  más allá de la fama que se llevará cuando deje el cargo, de haber echado a la calle a más de 44 mil trabajadores del sector eléctrico cuado pregonaba que sería el ‘Presidente del empleo’.

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