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Hubo rechazo mutuo de propuestas

PAULINO CÁRDENAS 

Juntos en el Museo Tecnológico, pero no revueltos a la hora de hablar con los medios. Cada cual dando su versión de la reunión que duró más de cuatro horas. Una vez que terminó el encuentro, los padres de los 43 normalistas desaparecidos ofrecieron una conferencia de prensa en el Zócalo capitalino, mientras que el gobierno federal hizo lo propio en el Club Naval.

Lo dicho por los voceros de los familiares de los normalistas denotó la decepción que tuvieron en ese segundo encuentro con el presidente Peña Nieto quien no se atrevió, dijeron, a hablarles con la verdad, dejando intocado el argumento de la ‘verdad histórica’ como muchos mexicanos también lo suponían.

Antes de que comenzara la reunión de manera formal, le habían hecho entrega al mandatario de un pliego de peticiones con ochos propuestas que al final, dijeron, Peña no se comprometió a cumplir. Señalaron también que los seis puntos que les propuso el jefe del Ejecutivo, no los aceptarán porque no son sustanciales y son compromisos ya acordados.

También, indicaron en conferencia de prensa, no aceptarán un tercer peritaje ni una fiscalía especial como les ofreció el presidente de la Republica. Manifestaron que el caso de los desaparecidos amerita una investigación específica. Por eso pedimos una instancia que se avoque a la búsqueda y otra a fincar responsabilidades a los funcionarios.

Para el gobierno federal se cumplió con las expectativas y que las cosas marcharán de común acuerdo con los dolidos padres y madres de los 43 desaparecidos; les ofreció la creación de una unidad en la PGR para continuar las investigaciones, que no aceptaron.

Se dijo también que el caso no está cerrado, que no habrá carpetazo y que se incorporarán las investigaciones conclusiones del Grupo de Expertos de la CIDH. El gobierno federal está del lado de los padres de las víctimas del caso Ayotzinapa, comentó como acto de consolación.

En fin, lugares comunes que el gobierno estima que con eso, los familiares quedaron convencidos aunque eso dista mucho de ser realidad. Mas de lo mismo diría el clásico. Pero la indignación quedó incólume. Está más allá de más promesas.

Hay otros pendientes del gobierno federal y los gobiernos estatales como el de Guerrero, contra los alumnos de la escuela rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa y otras escuelas rurales que para los gobiernos en turno han sido considerada como nido de guerrilleros.

Se quejaron de que el jefe del Ejecutivo no se atrevió a reconocer abiertamente que las investigaciones realizadas por el Grupo de Expertos de la Comisión Internacional de Derechos Humanos hayan echado abajo los argumentos del ex procurador Jesús Murillo Karam.

Nuevamente el jefe del Ejecutivo se fue por la tangente y a como pudo esquivó las reiteradas acusaciones sobre las mentiras que a su juicio argumentó el ex funcionario de la PGR para justificar el caso de las desapariciones e insistir en que fueron incinerados y sus cenizas echados a un río.

Otra vez nos dieron atole con el dedo, comentaron amigos de los familiares de los 43 después del largo encuentro con Peña Nieto celebrado en el Museo Tecnológico de la capital del país. Y con esa decepción, la desesperanza de encontrar a sus hijos con vida aumentó. Esperaban más. Pero no hubo mas.

El jefe del Ejecutivo les indicó que su gobierno estudiará el pliego de peticiones y exigencias que le formularon, en virtud de que los acuerdos de la primera reunión fueron cumplidos a medias. Creen que al final será la misma le vuelven a dar largas al caso y ahí se la llevarán apostándole a que con el tiempo se olvide el asunto como ha sucedido con muchos otros casos.

Con eso se irá el sábado el presidente Peña Nieto a Nueva York. Allá intervendrá en la Asamblea General de la ONU. También sostendrá un encuentro con el secretario general de ese organismo, Ban Ki-Moon; participará en dos Cumbres de Jefes de Estado: la de Adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable y Sobre Mantenimiento de la Paz en una reunión con los presidentes de Perú, Chile y Colombia.

Se va justo en la fecha que se cumple un año de la desaparición masiva forzada de los normalistas y día en que paradójicamente se celebrará por primera vez en México el Día Nacional Contra la Desaparición Forzada aprobada hace unos días en la Cámara de Diputados, y que hoy por hoy resulta una burla más del gobierno federal para quienes sufren en carne propia los rescoldos de esos criminales hechos.

Si desde antes de la segunda reunión del presidente con los familiares de los 43, ya habían comenzado los disturbios en varias partes del país, en los siguientes días se espera que esos actos pasarán de la protesta al vandalismo, como repudio a la falta de sensibilidad y decisión del jefe del Ejecutivo.

Quizá habría reflexionado bien lo que le habría dicho el ex procurador de que, si desistía de la versión de la ‘verdad histórica, ‘si caigo yo, caes tú’ que, según versiones, habrá comentado el ex funcionario a algunos de sus allegados.

Habrá que ver con los días, las semanas y los meses si tiene razón la representante para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Ericka Guevara Rosas, quien aseveró que si el gobierno mexicano no se corregía el rumbo de la investigación de los desaparecidos, el presidente Peña Nieto sería visto en el mundo como “facilitador de estos horrores”.

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Reforma de ley telecom

PAULINO CÁRDENAS 

La famosa ley telecom se ha tornado en una encarnizada lucha de intereses a la que le falta todavía mucho camino por andar. En la Cámara de Diputados, los reclamos de quienes vieron frustrados su intento de que fueran debatidas los puntos en reserva de dicha ley sin lograrlo, contra aquellos que hicieron bloque para aprobar los puntos que benefician a ‘la clase más favorecida del país’, fueron duros y quedaron resumidos en una frase lapidaria: la supuesta reforma fue ‘una tomadura de pelo’. Las reservas al dictamen presentadas por integrantes de las bancadas de PRD, Movimiento Ciudadano y PT fueron desechadas sin siquiera haber sido debatidas. Para el dos veces ex candidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, su aprobación no garantiza que dará voz a todos los opositores y dijo que lo que se aprobó fue otra ‘ley Televisa’.

En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto celebró la aprobación de la mencionada reforma en la Cámara de Diputados. “Es una excelente noticia para el país”, escribió en su cuenta de Twitter. La propuesta de modificación a los artículos sexto y vigésimo octavo de la Constitución para dar acceso a los pueblos y comunidades indígenas a concesiones de radio y televisión con objeto de fomentar el respeto, el pluriculturalismo y la multietnicidad en el país, fue obstaculizada en la mayoría del pleno cameral en San Lázaro, compuesta por el PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza.

La negativa para que ese sector de la población cuente con un servicio de radiodifusión local, fue porque el mencionado bloque de partidos políticos consideró que esos instrumentos de comunicación ‘podrían ser fuente de subversión o rebeldía’. A los diputados de esos partidos les preocupó más esto que propiciar una auténtica apertura democrática y defender un derecho en vez de conculcarlo. Es obvio que trabajan para ‘la clase más favorecida del país’. Un sector del PRD y de la bancada de Movimiento Ciudadano habían propuesto que las comunidades y pueblos indígenas tuvieran la opción de proponer ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), el otorgamiento de concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Con ello, la democratización de los medios quedó cancelada de facto.

El diputado por Movimiento Ciudadano, Alfonso Durazo Montaño, se quejó que la influencia de los principales intereses –de Carlos Slim Helú y de Emilio Azcárraga Jean– se haya impuesto sobre los legisladores que hicieron bloque, cada uno para defender sus propios intereses, “y eso es una pena para nosotros como diputados y una decepción para los mexicanos”. Calificó al Congreso de “irresponsable y agachón”. Y preguntó: ¿Cómo sustentar que es un Congreso responsable si en unas cuantas horas pretendemos dejar la Constitución como colcha navideña: llena de parches, sin debatir?

Por su parte Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), salió a defender a su patrón. Consideró que la ley telecom aprobada en la Cámara de Diputados, tiene “dedicatoria” en contra de Teléfonos de México. El también dirigente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana indicó que aunque era necesaria una reforma en el sector, la aprobada en San Lázaro no es la mejor. Confió en que en el Senado puedan ser recibidos los trabajadores para aprobar esta ley, y criticó el hecho de que en la Cámara de Diputados no se haya incluido un artículo transitorio en el citado ordenamiento para resguardar los derechos de los trabajadores del sector.

Otra que pocos saben para quien trabaja fue la diputada Purificación Carpinteyro, del PRD; sus propios compañeros de bancada la acusaron de haber promovido el linchamiento contra quienes plantearon cambios de redacción. Al parecer su papel fue el de reventar cualquier acuerdo perredista. Diputados del sol azteca a través de sus diferentes corrientes habían promovido observaciones al dictamen, que no fueron tomadas en cuenta. A la diputada sus propios compañeros la tacharon de nefasta, ya que la final se sumó a las votaciones que en bloque hicieron priístas, panistas, pevemistas y aliancistas para que quedara aprobada la reforma en los general y en lo particular. Las posibilidades de que la población obtenga información plural sobre la realidad del país fue un tema que quedó al garete, por darle prioridad a las discusiones para reglamentar cuestiones de mercado y competencia.

Para algunos pues, la reforma de la ley telecom no se trata tanto de compartir el propósito de ampliar los derechos de los mexicanos, sino de velar mas bien por sus intereses muy particulares. Eso quedó visto la semana pasada. De ahí que la supuesta reforma para algunos fue ‘una tomadura de pelo’. Por lo pronto César Camacho, dirigente del PRI, mandó decirle a los legisladores del Senado que le apuren a aprobar la reforma de ley telecom. Pero el presidente de esa instancia legislativa, el panista Ernesto Cordero, declaró que los senadores no llevan ninguna prisa. El caso es que para algunos apenas pasó de panzazo la nueva ley de telecomunicaciones. A nadie se le dio gusto, aunque para todos hubo. Hubo indignados y satisfechos. Ahora habrá que ver lo que sigue. A ver si  el Senado no resulta también ‘agachón e irresponsable’, como dijo el diputado Durazo Montaño de la Cámara baja.

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En puerta agarrón jurídico

PAULINO CÁRDENAS

Como respuesta a la acusación que acaba de interponer en la Corte Penal Internacional de La Haya un grupo de intelectuales, académicos y periodistas contra del presidente Felipe Calderón, los titulares de la Defensa y la Armada, el secretario de  su gabinete de Seguridad Pública y varios líderes de los cárteles entre ellos a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, la Presidencia dio a conocer un desplegado que se publicó en todos los diarios del país y medios electrónicos de alcance nacional e internacional, en el que señala que el mandatario panista analiza ‘todas las alternativas para proceder legalmente’ en contra de quienes lo acusan de cometer esos delitos.

El gobierno federal asegura que esas imputaciones ‘son falsas y calumniosas’ y considera que no hay elementos para iniciar ese procedimiento penal, para lo cual esgrime tres argumentos: a) “La estrategia para combatir el crimen organizado no constituye un crimen internacional”; b) En cuanto a las violaciones de los derechos humanos afirma que “el ejército ha intervenido a petición de los Estados y Municipios”, y c) “El Estado no está en guerra permanente y no hay ataque generalizado contra la población civil”. Por tanto busca la manera de proceder contra sus acusadores.

Por su parte Netzaí Sandoval, el abogado mexicano que formuló la denuncia a nombre de varios interesados y con la firma de 23 mil ciudadanos adherentes, manifestó que resulta inaceptable la respuesta del Gobierno federal a esa denuncia interpuesta porque está fuera de lógica tratar de reprimir las voces de la ciudadanía que está ejerciendo su libertad de expresión y que de ninguna manera permitirá que el gobierno le trate de quitarle su derecho a defenderse judicialmente.

Añadió que lo que anuncia el comunicado oficial de la Presidencia de que se estarían explorando todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes realizaron la denuncia, lo único que pretende es conculcar un derecho que establece la Constitución, por lo que considera que al final esa demanda lo que ocasionará es “dejar solo al Gobierno mexicano”. Señala el abogado que además queda la percepción de que el Presidente parecería estar defendiendo también los actos criminales de los cárteles de la droga.

El comunicado asienta que ‘es absurdo’ equiparar las acciones de un gobierno democrático para garantizar la seguridad, con delitos de lesa humanidad que se cometen por Estados “autoritarios”. Añade que “las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia”.

Afirma que las acusaciones “constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”.

En el documento de la Presidencia, el gobierno de Calderón justifica su guerra contra el crimen organizado: “Ante el clamor de ayuda expresado por los ciudadanos que sufren esta situación en algunas regiones y la petición expresa de sus autoridades estatales, el Gobierno de la República ordenó que se apoyara a tales autoridades y se combatiera a la delincuencia organizada con estricto apego a la ley.

Agrega que en con esas acciones, las fuerzas federales cumplen con sus deberes constitucionales y legales, “señaladamente los de cumplir y hacer cumplir la ley, preservar la Seguridad Interior del país, coadyuvar en el establecimiento de la Seguridad Pública y apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, y se han desempeñado bajo órdenes explícitas de actuar con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales y a los derechos humanos de todas las personas”.

En la legislación mexicana no están tipificados los delitos de crímenes de guerra, genocidio ni de crímenes de lesa humanidad, no obstante que en la guerra de Calderón contra la delincuencia organizada y los cárteles se han dado estos casos en víctimas inocentes por parte de quienes combaten a los criminales y de agentes del gobierno que cometen abusos contra la población en general, por lo cual los acusadores asistieron a La Haya.

Como sea, el escándalo que se avecina será fenomenal, si es que de veras hay revire jurídico del gobierno federal en contra de los demandantes. Habría que ver si al gobierno le conviene, en plena época electoral, entrarle a ese toro de lidia que seguramente lo podría embestir y hacerlo quedar mal ante la afición o de plano esperar si el mencionado tribunal penal internacional le da curso o desecha la acusación.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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Los primeros ‘indignados’

PAULINO CÁRDENAS

La manifestación pública de protesta pacífica a la que ha convocado Javier Sicilia para la noche del 31 de octubre llevará como símbolo el Día de Muertos y acaso se convierta en la primera manifestación auténtica de ‘indignados’ en México, a la que podrían irse sumando miles y miles de agraviados en todo el país, no sólo por el derramamiento de sangre y el escandaloso número de muertos que ha dejado la guerra de Calderón, sino que por esa obsesión bélica ha quedado al garete la economía de millones de familias mexicanas y el propio país.

Invita el poeta a que la gente se reúna en los panteones y en los lugares en donde ha habido más luto en las familias por la pérdida de sus seres queridos caídos mortalmente en los encuentros bélicos entre sicarios y fuerzas gubernamentales armadas, o saber si aún están vivos aquellos de quienes sus familiares no saben nada por haber sufrido desapariciones forzadas a manos de policías federales, estales o municipales o por militares. La noche del lunes próximo habría reclamos pacíficos al gobierno para saber en dónde han quedado tantos muertos, quiénes son, las causas por las que murieron o están desaparecidos.

El sábado pasado, en el Monumento a la Revolución, hubo una primera manifestación de ‘indignados’ en México que resultó una muy pobre demostración de indignación, comparada con las que vienen realizando miles y miles de ciudadanos en las principales plazas públicas de sus localidades en 82 países, exigiéndole a sus gobiernos un cambio radical de sus políticas neoliberales que tienen sumidos en la inopia económica, el desempleo, el endeudamiento y la pobreza a millones de familias en el mundo.

Ese movimiento de indignación ciudadana nació en Madrid, España el pasado 15 de mayo y su ejemplo ha cundido en el mundo donde los reclamos por la situación económica que padecen millones y millones de familias y que contrasta con los privilegios que siguen teniendo las élites, por lo que las protestas populares siguen multiplicándose. La reunión del sábado de los ‘indignados’ mexicanos en la Plaza de la República, acabó siendo más bien una tertulia de cuates donde se juntaron alrededor de 500 gentes, de las cuales apenas unos cuantos sabían bien a bien a qué obedecía esa concentración.

Por ello, la que está convocando Sicilia en la víspera del Día de Muertos pudiera tener mucha más autenticidad y fondo en sus protestas, porque del pliego de peticiones formuladas al mandatario panista por el movimiento que encabeza, ninguna ha sido cumplida cabalmente por el gobierno después de tres meses de haber sido planteadas.

Para los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad quedó claro que esos encuentros acabarán como aquellos que se celebraron ‘por la seguridad’ en el Palacio Nacional, que terminaron siendo un rotundo fracaso. Con aquellos diálogos celebrados entonces en Palacio Nacional y luego en el Campo Marte, lo único que pasó fue que algunos de los que exigían justicia de manera vehemente por tantos crímenes habidos hasta entonces a causa de la narcoguerra, acabaron siendo coptados por el gobierno.

Por ello, se estima que uno de los primeros pasos será la de tomar un camino diferente que el de tratar de dialogar nuevamente con un gobierno que ha puesto oídos sordos a cualquier propuesta que no sea la que comulgue con la de seguir combatiendo a las mafias con las Fuerzas Armadas solamente, sin que a los cárteles se les combata por el lado que más les duele que es el de cortarles el flujo de dinero que obtienen de ganancias en efectivo por sus actividades ilícitas cada año, es decir por el lado del lavado de dinero.

Una de la posibilidades de cambiar de estrategia por parte de ese movimiento, es la de avocarse a gestionar que se integre una Comisión de la Verdad para que se investigue y castigue a los responsables de los crímenes cometidos contra gente inocente e indagar en donde están los desaparecidos y qué destino ahora los desplazados por esa absurda guerra que ha dejado hasta ahora alrededor de 60 mil muertos. Absurda, porque ha sido un fracaso en cuanto a resultados, ya que las mafias siguen haciendo de las suyas en más de la mitad del territorio nacional.

En la reunión celebrada el viernes pasado en el Alcázar de Chapultepec, quedó claro que la estrategia bélica del Presidente seguirá igual, pésele a quien le pese. En ese segundo encuentro, cada una de las partes llevaba su propio discurso y ninguno de sus planteamientos coincidió por la sencilla razón que el movimiento que encabeza el poeta y escritor busca que se clarifiquen los crímenes por la vía de la paz y la justicia, mientras que el Presidente pugna porque prosiga la guerra armada contra las mafias sin matiz alguno. Un tecer encuentro sería igual.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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Indignados en México

PAULINO CÁRDENAS

Las protestas de los indignados en México podrían empezar a surgir y multiplicarse por conducto del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta y escritor Javier Sicilia, ya que existe la sospecha de que la Presidencia pretende desalentar a quienes lo integran y dejarlos ‘colgados de la brocha’, ya que en lo que sería el segundo diálogo prometido, programado para este viernes, en el que supuestamente se daría respuesta a algunos de los planteamientos de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico acordados en la primera reunión, quedó condicionada a que participen ‘otros grupos sociales’ y que el encuentro se realice a puerta cerrada, sin medios.

Los otros grupos serían los que encabezan Isabel Miranda de Wallace, María Elena Morera y Alejandro Martí, quienes de un tiempo para acá le han venido haciendo el ‘caldo gordo’ a Calderón respecto de su guerra contra las mafias, quienes apoyan su estrategia, pese a que no ha dado resultados. Se dice que traen de zanahoria la promesa de poder ocupar escaños en la Cámara de Diputados o de Senadores, si su activismo se sigue cargando a favor del mandatario panista en el tema de inseguridad, en torno al cual el Presidente anda en busca de compartir responsabilidades.

Eso quedó claro cuando el subsecretario de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez, anunció la semana pasada que esa segunda reunión que en teoría está programada para efectuarse este viernes 7, se celebraría si participan también los grupos que encabezan los tres personajes mencionados que perdieron familiares a manos del crimen organizado, pero que, según ha trascendido, los han ilusionado con la posibilidad de representar al PAN en el Legislativo.

Incluso el funcionario puntualizó que de llevarse a cabo ese segundo encuentro con los representantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el formato sería distinto al de la primera reunión. El del viernes se realizaría a puerta cerrada, sin medios, sin la posibilidad de un diálogo de las víctimas con el Presidente, con la participación única de dos integrantes del Movimiento y obviamente la de los tres bravos espadachines del rey que estarían prestos a todo por el reino, cual defensores  legendarios del Naruto.

La señora de Wallace había declarado que ningún movimiento puede tener la exclusividad para ser recibido por el Presidente como lo pretende el que encabeza Javier Sicilia, No obstante, Alvarez Icaza puntualizó que por supuesto nadie tiene la exclusividad; “jamas lo hemos pretendidio, pero el hecho real y preocupante es que eso equivale a darle la espalda a las víctimas que depositaron su confianza en él”.

Tanto Sicilia como el ex ombudsman capitalino quien es el encargado de las negociaciones con el gobierno, vieron en ese anuncio de Juan Marcos Gutiérrez, la señal clara de que el diálogo, en caso de que siguiera, sería bajo las condiciones de Calderón, lo que evidentemente ha disgustado a quienes creyeron en la palabra del jefe del Ejecutivo, olvidando que suele no cumplirla. En entrevista con José Gil Olmos de Proceso, ambos manifestaron su desconcierto por ese cambio de jugada.

Alvarez Icaza dijo que el Presidente debe honrar su palabra y realizar el segundo encuentro con las víctimas del Movimiento por la Paz con Justiia y Dignidad, bajo los mismos términos que en la primera reunión. Es decir, un diálogo con un grupo de familias afectadas por la narcoguerra, abierto y con el fin de escuchar las propuestas del movimiento para realizar un cambio a la actual estrategia del gobierno en el combate al crimen organizado.

Sicilia por su parte señaló que Felipe Calderón le está cerrando la puerta al que puede ser el último movimiento ciudadano que intenta proponer alternativas para sacar al país de la situación de emergencia en que se encuentra, de una forma pacífica. Si el gobierno no aprovecha esta oportunidad, se puede abrir más la brecha social y los grupos más radicales podrían tomar otros caminos, advirtió el poeta.

La diferencia entre las protestas de los indignados en Europa y en Estados Unidos, con respecto a las que podrían empezar a darse en México, es que en esos países  no hay una lucha armada de sus ejércitos regulares contra las mafias, primero porque nunca llegarían a esa decisión absurda, y segundo porque su activismo y su rabia va contra la amplia gama de afectaciones en el aspecto económico que afecta el bolsillo familiar y la situación laboral.

Acá se iría contra eso mismo, pero también contra el olvido de las políticas públicas fundamentales, con el agregado de que el clamor sería a favor del cese al fuego en el país. La exigencia social de las reinvidaciones pendientes podrían ser de tal tamaño que, como están las cosas en el país, sería un foco de explosión popular generalizado que el gobierno federal no estaría capacitado para conjurar, de no ser con la fuerza de las armas.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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