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Macabro hallazgo en Guerrero

PAULINO CÁRDENAS

¿Cómo no van a hablar de México como un Estado fallido, cuando hasta ahora van 129 cadáveres encontrados en 60 fosas clandestinas en Guerrero, en las mismas coordenadas donde en septiembre del año pasado desaparecieron los 43 estudiantes la escuela normal de Ayotzinapa con epicentros en Cocula e Iguala? La agencia informativa internacional The Associated Press obtuvo esos datos que le fueron proporcionados mediante una solicitud de información a la PGR. Obvio que con ese macabro hallazgo se avecina otro problema para el gobierno federal.

La Procuraduría General de la República señaló que en ocho meses, de octubre de 2014 a mayo de 2015, se localizaron esos enterramientos clandestinos con el número de cuerpos referidos, pero aclaró que la cifra real podría ser mayor, según una nota firmada por María Verza con la colaboración periodística de Christopher Sherman. ¿Qué pasó en ese lapso en Guerrero y en la Federación? ¿Andaban de parranda quiénes debían velar por la seguridad pública?

En Guerrero gobernaba Ángel Heladio Aguirre Rivero. Fue mandatario de ese estado desde el 1 de abril de 2011 hasta el 23 de octubre de 2014 en que debió renunciar por el caso de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa y luego quemados en Cocula según la ‘verdad histórica’, y los asesinados en Iguala cuyo alcalde era José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, quien según la PGR tenía presuntos vínculos con el grupo delincuencial Guerreros Unidos por la vía familiar directa.

El gobernador de Guerrero no es ajeno a la violencia. Después de la masacre de Aguas Blancas en 1995 y la parición del EPR en 1996 hubo denuncias por más desapariciones sistemáticas a opositores del régimen en Guerrero, mismas que a su regreso al poder en 2011 prometió investigar 16 años después y habiendo conseguido la gubernatura del estado con un partido diferente al que ha militado toda su carrera política nada pasó.

Los conflictos históricos con las fuerzas opositoras mayormente de izquierda fueron olvidados por designación al ser el mismo PRD -al que persiguió y reprimió durante años- quienes sin memoria histórica y sin dignidad postularon al otrora represor y andan navegando ahora en mierda profunda al tratar de justificar como una izquierda moderna como la de Marcelo Ebrard apoyó a un cacique que había sudo acusado y denunciado por violaciones a los derechos humanos. El síndrome de Estocolmo en Acapulco.

Desde que renunció nadie sabe dónde anda Aguirre. Abarca y su mujer siguen en la cárcel. En la Federación era -y sigue siendo- secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien supuestamente debía velar por la seguridad en el país con los mandos de la Policía Federal en coordinación con las Policías Municipales Acreditadas y -supuestamente también- de la mano con las tropas de los más altos mandos del Ejército y de la Marina, el general Salvador Cienfuegos Zepeda y el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, respectivamente.

Los hallazgos de los que acaba de dar cuenta la agencia AP -que coinciden con un detallado informe dado a conocer por Reporte Índigo sobe el mismo vergonzante tema-, volverán a poner contra la pared al gobierno federal ante los ojos de México y del mundo, en especial por parte de organismos no gubernamentales internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos. No se sabe si las víctimas halladas que fueron sacrificadas de manera violenta y enterradas clandestinamente pertenecen a gente vinculada al crimen organizado o no.

Esas fosas clandestinas en donde han sido hallados hasta ahora 129 cadáveres, son producto evidente de las desapariciones y asesinatos que fueron habituales en varas zonas con epicentro en Iguala durante los últimos años. El problema es qué irá a decir el secretario de Gobernación sobre esos enterramientos clandestinos, sobre todo si la cifra sube, como estima el informe de la PGR que obtuvo la agencia informativa Associated Press.

Según Amnistía Internacional, en voz de su directora para las Américas, Erika Guevara-Rosas, dijo el lunes en un comunicado de prensa, que “si no fuera por la determinación de las familias de los estudiantes de Ayotzinapa, los defensores de los derechos humanos y los periodistas que exigen a las autoridades mexicanas respuestas exhaustivas ante la desaparición forzada de los jóvenes, puede que nunca hubiéramos sabido de estas fosas y de la dimensión de la crisis”.

Para Amnistía, la “macabra revelación” confirma algo que ellos ya habían denunciado, “que la magnitud de la crisis de desapariciones forzadas en Guerrero y en el resto de México es verdaderamente estremecedora”, dijo su directora de las Américas. Añadió que se necesita hacer “mucho más” para averiguar y divulgar la verdad sobre el destino de los 43 estudiantes normalistas y de todas las desapariciones no resueltas de México.

Señaló que en primer lugar debía haberse elaborado un registro nacional de desaparecidos que incluyera datos genéticos tal y como han solicitado desde hace años organizaciones de derechos humanos, de víctimas y hasta Naciones Unidas. El gobierno de Peña Nieto aceptó crear un registro nacional de desaparecidos que sea exhaustivo en ese sentido, tomando como punto de partida la base de datos aconsejada por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Pero dicho registro todavía no es una realidad.

Con seguridad los hallazgos serán muchos más. Porque sin duda no se limitan a Guerrero. Están otros estados como Tamaulipas, Jalisco, Chihuahua, Durango y Veracruz, entre otras entidades federativas en donde han encontrado fosas clandestinas con cadáveres masacrados, mutilados, calcinados y con el tiro de gracia.

Como lo ha dicho el padre Alejandro Solalinde, defensor de migrantes: México se ha convertido en un cementerio clandestino. ¿Y? Lo cierto es que tantas fosas clandestinas halladas y tantos cadáveres encontrados -mas los que faltan- serán noticias negativas para el presidente Peña Nieto quien tendrá que seguir aguantando vara. A los del gabinete de seguridad, como saben que no los moverán de sus puestos, eso les vale.

 en especial por parte de organismos no gubernamentales internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos. No se sabe si las víctimas halladas que fueron sacrificadas de manera violenta y enterradas clandestinamente pertenecen a gente vinculada al crimen organizado o no.

Esas fosas clandestinas en donde han sido hallados hasta ahora 129 cadáveres, son producto evidente de las desapariciones y asesinatos que fueron habituales en varas zonas con epicentro en Iguala durante los últimos años. El problema es qué irá a decir el secretario de Gobernación sobre esos enterramientos clandestinos, sobre todo si la cifra sube, como estima el informe de la PGR que obtuvo la agencia informativa Associated Press.

Según Amnistía Internacional, en voz de su directora para las Américas, Erika Guevara-Rosas, dijo el lunes en un comunicado de prensa, que “si no fuera por la determinación de las familias de los estudiantes de Ayotzinapa, los defensores de los derechos humanos y los periodistas que exigen a las autoridades mexicanas respuestas exhaustivas ante la desaparición forzada de los jóvenes, puede que nunca hubiéramos sabido de estas fosas y de la dimensión de la crisis”.

Para Amnistía, la “macabra revelación” confirma algo que ellos ya habían denunciado, “que la magnitud de la crisis de desapariciones forzadas en Guerrero y en el resto de México es verdaderamente estremecedora”, dijo su directora de las Américas. Añadió que se necesita hacer “mucho más” para averiguar y divulgar la verdad sobre el destino de los 43 estudiantes normalistas y de todas las desapariciones no resueltas de México.

Señaló que en primer lugar debía haberse elaborado un registro nacional de desaparecidos que incluyera datos genéticos tal y como han solicitado desde hace años organizaciones de derechos humanos, de víctimas y hasta Naciones Unidas. El gobierno de Peña Nieto aceptó crear un registro nacional de desaparecidos que sea exhaustivo en ese sentido, tomando como punto de partida la base de datos aconsejada por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Pero dicho registro todavía no es una realidad.

Con seguridad los hallazgos serán muchos más. Porque sin duda no se limitan a Guerrero. Están otros estados como Tamaulipas, Jalisco, Chihuahua, Durango y Veracruz, entre otras entidades federativas en donde han encontrado fosas clandestinas con cadáveres masacrados, mutilados, calcinados y con el tiro de gracia.

Como lo ha dicho el padre Alejandro Solalinde, defensor de migrantes: México se ha convertido en un cementerio clandestino. ¿Y? Lo cierto es que tantas fosas clandestinas halladas y tantos cadáveres encontrados en ellas -mas los que faltan- serán noticias negativas para el presidente Peña Nieto quien tendrá que seguir aguantando vara. A los del gabinete de seguridad, como saben que no los moverán de sus puestos, eso les vale.

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Campaña de revocación contra Peña

PAULINO CÁRDENAS

Tal es el malestar que se ha ido generalizando en todo el país por la incompetencia del actual gobierno federal, que surgió la convocatoria de un grupo de líderes sociales a participar en un referéndum para que, a la hora de ira votar el próximo 7 de junio, los ciudadanos se pronuncien por escrito por la revocación de mandato del presidente Enrique Peña Nieto. El pasado lunes, ciudadanos, políticos opositores y activistas, lanzaron la campaña Ciudadanos por la Revocación del Mandato.

La idea que proponen es que los ciudadanos que lo deseen, pueden descargar una boleta prediseñada en la cual se pide al Instituto Nacional Electoral la revocación del mandato. Esta boleta prediseñada se depositaría en las urnas junto con su voto el día de lo comicios. La campaña es impulsada por artistas como Daniel Giménez Cacho; políticos como los senadores Javier Corral, Manuel Bartlett y Layda Sansores; así como por activistas como el padre Alejandro Solalinde Guerra y el ex diputado Gerardo Fernández Noroña.

Además de esto, la Convención Nacional Popular, integrada por diversos grupos de indignados, entre ellos los padres de los 43 normalistas desaparecidos, acordó que buscará impedir la ‘farsa electoral’ en varios estados de la República el día de las elecciones. Los convocantes señalaron que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es el rostro más dramático de la administración de Peña Nieto.

Criticaron además que las protestas en solidaridad fueron reprimidas y descalificadas. Coincidieron en que la irritación social es enorme y la popularidad de Peña Nieto “está en caída libre”, por ello es necesario un referéndum revocatorio, el cual dijeron es una salida inteligente y civilizada. Señalaron que exigirán que las hojas de revocación de mandato sean contadas, quedando manifestada la magnitud del repudio popular al gobierno peñanietista

De hecho, explicaron, “solicitamos al INE en el formato de revocación que con fundamento en el derecho de petición establecido en la Constitución, realice el recuento de las revocaciones depositadas en las urnas por los votantes durante la jornada electoral”. La intención es que el Instituto Nacional Electoral contabilice las peticiones para que se sepa el tamaño de reprobación popular al gobierno priísta. Se cree que esa propuesta difícilmente podría prosperar, aunque el ensayo quedaría como un incidente electoral.

Y para colmo, el Fono Monetario Internacional acaba de dar a conocer que, de hecho, seguirá el estancamiento económico. El organismo bajó sus predicciones de crecimiento económico para México de 3.2 a 3.0 por ciento para 2015. También redujo las predicciones de crecimiento económico para México en 2016 de 3.5 a 3.3

Esto además del anuncio que Luis Videgaray, secretario de Hacienda, hizo en enero pasado de un recorte de 124 mil millones de pesos. El mismo funcionario hizo otro anuncio al arranque de abril pasado. Señaló que habrá otro recorte en el presupuesto 2016 el cual sería de 135 ml millones de pesos. En conjunto entre los recortes de 2015 y 2016, sumarán 259 mil millones de pesos. El principal fundamento del gobierno para realizar estos recortes es su compromiso de mantener la tendencia decreciente del déficit, en un contexto adverso. Son dos los factores que le preocupan al gobierno: la caída del precio internacional del petróleo y la disminución de la producción nacional petrolera.

Los ajustes fueron decididos por la administración del presidente Enrique Peña Nieto después de semanas de discursos por parte de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda en el sentido de que unas coberturas financieras contratadas el año pasado para garantizar los ingresos petroleros hacían innecesario ajustar el presupuesto de la Federación. Las consecuencias del ajuste le pegarán a Pemex y a la CFE principalmente.

Sin embargo, los recortes implicarán despidos de personal que labora en las dependencias federales. De hecho ya comenzaron, como consecuencia del primer recorte anunciado para 2015. Pero para el año que viene desde ahora se están haciendo los ajustes en todas las dependencias para alcanzar ahorros por 135 mil millones de pesos para el presupuesto del año próximo. Como sea, son varios factores por los que los mexicanos están decepcionados del actual gobierno priísta que dizque vendría a mejorar la situación del país.

Si a eso se le añaden los problemas de inseguridad que hay en el país, mas las complicidades entre funcionarios y proveedores agradecidos con el gobierno, lo que ha propiciado presuntos conflictos de interés como los casos de las ‘casas Higa’ de la pareja presidencial y del titular de Hacienda, los ánimos de la gente andan superenardecidos. Si a eso se le suman noticias nada gratas, como las que acaba de dar a conocer Unicef,de que más de la mitad de los 40 millones de niños y adolescentes que viven en México permanecen en situación de pobreza, y de ellos alrededor de 4.7 millones están en pobreza extrema, entre ellos los menores indígenas… bueeno

Han pasado casi dos años y medios y no se voluntad de que el presidente Peña haga cambios en su gabinete. Y los mexicanos no pueden seguir aguantando la misma situación de impasividad que afecta la situación del país, empezando por la económica, y todo lo que conlleva esa parálisis generalizada. Claro que hay sectores que no se quejan, como el automotriz, el turístico o como el sector que exporta insumos y productos terminados, pero son la minoría. La mayoría sigue en espera de que las famosas reformas empiecen a carburar. La energética fue alabada por Obama pero por obvia conveniencia, ya que Peña plantea abrir el sector a la inversión privada incluso extranjera.

De hecho, el gobierno federal ha gastado alrededor de 200 millones de pesos en campañas para promover y convencer a la población de que las reformas estructurales de Peña Nieto han sido un acierto sexenal. Sin embargo, la espera sigue alargándose. Las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Energía (Sener), Pemex y la CFE, han sido las dependencias que han cargado principalmente con ese gasto. Por todo eso, la campaña “Ciudadanos por la Revocación del Mandato”, ha empezado a tener muchos adherentes. Otro foco rojo más para el gobierno federal.

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Inseguridad: realidad vs ‘sensación’

PAULINO CÁRDENAS

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, correspondiente al primer trimestre de 2015, la ‘sensación’ de inseguridad bajó. Al menos 20 mil habitantes esperan que los siguientes meses la situación continúe igual de bien, mientras que casi 40 mil esperan que siga igual de mal y 25 mil esperan que empeore. Sin embargo, algunos medios siguen dando cuenta diariamente de los crímenes violentos que se dan en todo el país, como emboscadas del narco contra policías federales, matanzas en diferentes zonas del país, secuestros, extorsiones y crímenes atroces por parte de organizaciones vinculadas al narco, lo cual, entre lo que reporta esa encuesta y la terca realidad, hay bastante diferencia. No checa cabalmente esa ‘sensación’ con los hechos.

Si no hubiese esa realidad no se estaría adquiriendo armamento por parte del gobierno federal, que en teoría es para dotar a las policías ministeriales, la policía federal, las estatales y federales, al ejército y la marina y de material militar, supuestamente para combatir al crimen. Está también el número de granaderos, de miembros de las corporaciones de las fuerzas armadas que han crecido en número, con un costo no revelado por la federación. Más las tanquetas, camiones de agua, equipo protector, escudos y gases lacrimógenos también tienen un costo. Eso, por no hablar de los enormes desembolsos que han hecho los gobiernos federales en los dos sexenios panistas -el de Fox y Calderón- y el actual régimen priísta a cargo de Peña Nieto-, para la compra de poderoso armamento bélico.

Ese armamento bélico se refiere a armas que se usan en una guerra, como granadas, bazucas, tanques, rifles de asalto, bombas, aviones de combate, misiles, etc., que México ha estado comprando a diversos países, no se sabe bien a bien para qué. Tampoco se cree que hayan sido compras simuladas, pero en estos tiempos de corruptelas y de impunidad, quién sabe. El hecho es que ese tipo de inversiones son descomunales en cuanto a lo que cuestan. Primero porque el pago es en dólares. Segundo porque el armamento de última generación -si es que no se ha estado adquiriendo chatarra bélica de la que se deshacen algunos países que les venden a naciones del tercer mundo a precios de ‘ganga’-, tienen costos altísimos. En todo caso el endeudamiento es fenomenal. ¿O acaso es un intercambio de armamento por petróleo?

Como sea, el hecho es que parece que de poco ha servido la adquisición de tanto armamento, si el crimen organizado y las bandas que se dedican a diversas actividades ilegales son mafias que siguen vigentes, que se han empoderado de comunidades enteras por otro factor que también cuenta, y mucho, que es la insana relación entre capos y gente de las corporaciones policiacas, militares y marinas, aduanales y gubernamentales dizque dedicadas a perseguir a los criminales: las corruptelas que existen de unos con otros, amparadas por la Santa Impunidad. ¿De qué sirve que el gobierno haga gala de detenciones de capos de primera, segunda y tercera generación, si la criminalidad sigue? ¿De veras los crímenes violentos siguen bajando en el país?

Diversos apuntes señalan que la delincuencia que de 2007 a la fecha ha ido creciendo en el país. Además del estancamiento económico, es el problema que más lacera a los mexicanos en algunas entidades federativas y específicamente en ciertas comunidades y poblados más alejados de las cabeceras municipales. Son esos lugares en donde los grupos criminales se ensañan con los pobladores. De ahí que hayan surgido los grupos de autodefensa cuya misión, ciertamente ha ido degenerando y en no pocos casos ha decantado en complicidades con el crimen. Michoacán ha sido ejemplo de ello, en donde el ex comisionado plenipotenciario envido por el presidente, Alfredo Castillo Cervantes, acabó siendo un rotundo fracaso.

De hecho la incidencia delictiva ha crecido, además del robo a transeúntes, en lo que se refiere al secuestro y a los homicidios dolosos, estos derivados del acoso de las fuerzas gubernamentales armadas, cuyas bandas criminales han respondido ferozmente realizando emboscadas donde acribillan a mansalva a policías, militares y marinos. De hecho en esos ataques no se da cuenta de detenciones ni encarcelamientos; sobre el número de detenidos y encarcelados no hay cifras; son esporádicos los casos cuando así sucede. Al final los criminales salen libres ‘por falta de méritos’, es decir, porque no se les haya culpa.

La delincuencia común realiza el robo o asalto al transeúnte, robo a casa-habitación o a negocios. Después viene el otro estrato, que ya corresponde a la delincuencias organizada, donde hay la extorsión, la trata de personas, el narcomenudeo, el lavado de dinero, la pornografía infantil y el secuestro. El peor escenario es el que componen las ejecuciones, las decapitaciones, los descuartizamientos y los colgados, muchos de los cuales acaban en fosas clandestinas. Hay por supuesto, colusión entre el crimen organizado y las autoridades en diferentes escalas gubernamentales: mandos policiales, militares y marinos, tropa, aduaneros, jueces, ministerios públicos, alcaldes, gobernadores, legisladores, etc., etc.

El dinero del narco es el recurso más poderoso que tiene el crimen organizado y los cárteles de la droga. Estos últimos utilizan dólares para convencer al más pintado de los incorruptibles. Si no acceden, es muy posible que no duren mucho para contarlo. Los traidores también causan baja. Quienes entran a ser parte de las mafias y luego se arrepienten, les toca bala mortal. Por todo eso la incidencia delictiva se ha incrementado progresivamente, sobre todo del sexenio del panista Felipe Calderón para acá. Dicen los especialistas que en términos comparativos, internacionalmente las tasas delictivas en México son altas.

Acá las autoridades quieren hacer creer que las encuestas ciudadanas dicen la verdad. Habrá que ver si esa encuesta nacional del INEGI, del primer trimestre del año, la realizaron en poblados marginales de Michoacán, Chihuahua, Coahuila, Durango, Morelos, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Veracruz, la ciudad de México, Hidalgo o el estado de México, en donde, entre otras entidades federativas, el crimen sigue su marcha.

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Entre inseguridad y descontento

 PAULINO CÁRDENAS

Guerrero, Michoacán, Morelos, Tamaulipas y Jalisco son de los estados en donde la situación de inseguridad sigue prevaleciendo en mayor medida, lo que podría provocar que haya problemas bastante serios para que se lleven a cabo las elecciones programadas para el domingo 7 de junio en varios poblados y comunidades de esas entidades federativas. La violencia no sólo no ha disminuido en ciertos puntos de esos estados, sino que se ha recrudecido. No obstante, el gobierno federal ha reiterado que los índices han bajado en cada una de los apartados criminales que van desde el robo con violencia hasta decapitados y colgados, pasando por otro tipo de delitos como las extorsiones, secuestros, desapariciones forzadas y torturas.

Por ejemplo, los padres de los 43 normalistas desaparecidos exigen al INE suspender elecciones en Guerrero. “Si no hay solución, no hay elección”, han venido reiterando. Hay una mezcla, pues, entre inseguridad y hartazgo social, que pudieran afectar las elecciones en algunos estados, por el descontento acumulado durante más de dos años de promesas incumplidas por parte de un gobierno que se la ha pasado gobernando a base de retórica más que con hechos tangibles, y hablando de un México que solo está en la imaginación de quien conduce los destinos de la nación. Ahí está el decálogo de acciones que propuso el presidente Peña Nieto a raíz de la crisis del caso Ayotzinapa del que solo se han cumplido a medias dos de los diez mandamientos, mientras que otros ocho han quedado en el limbo.

Dada la premura con la que se elaboró el decálogo de acciones prioritarias, la mayoría llevaba problemas de origen, por lo que en el Congreso no pasaron. Una de ellas fue la ley contra la infiltración del crimen en municipios, en donde se proponía la aprobación para que la Constitución diera facultades a la Federación para intervenir en los municipios donde se tuvieran indicios de una infiltración del crimen organizado. Incluso podría pedirse la destitución misma del alcalde. Esa iniciativa sufrió cuestionamientos de la oposición casi inmediatos, sobre todo en el sentido de que se rompía con el pacto federal y podría ser objeto de abusos.

La reforma está prácticamente congelada en las comisiones de justicia, puntos legislativos y constitucionales de la Cámara Alta, aunque se dijo que en abril será revisada y modificada, señala un recuento que hizo Arturo Ángel para el sitio de noticias Animal Político. Apunta que a 120 días de que el presidente Peña Nieto diera a conocer el famoso decálogo de acciones en seguridad tras la crisis desatada por el caso Ayotzinapa, ocho de los puntos anunciados no se han materializado, y los otros dos apenas se cumplieron parcialmente. Entre los pendientes hay algunos atorados en el Senado o con los diputados, pero también están iniciativas o programas que el mismo gobierno no ha presentado.

Uno de ellos es la línea de emergencia 911 cuy anuncio causó gran impacto y polémica al principio pero meses después es poco lo que se ha dicho. De acuerdo con Peña Nieto, concretar este plan era vital para que México cambiara, pues como el mismo mandatario reconoció, lo hecho hasta hace cuatro meses era insuficiente para revertir las condiciones de violencia y deterioro en varios sitios del país.

“A pesar de las acciones emprendidas en la actual y anteriores administraciones, algunas de estas condiciones de debilidad institucional siguen presentes (…) los hechos de Iguala nos han dejado claro a todos, a sociedad y Gobierno, que aún hay mucho por hacer” dijo el 27 de noviembre. Menos de 48 horas después de ese discurso legisladores del PRI calificaron como una “prioridad” la aprobación de estas medidas, pero hasta ahora, el balance deja muchos más pendientes que objetivos consumados. En el recuento sobre el incumplimiento del decálogo que buscaba abatir los índices de inseguridad, violencia y crímenes en el país, se señala que el presidente planteó establecer nuevas ‘Leyes de Concurrencia y Competencia’ con el objetivo de agilizar la investigación de delitos con independencia del fuero al que pertenecen.

Por ejemplo, se propuso que fiscalías locales pudieran indagar casos de delincuencia organizada. Esta iniciativa no recibió los cuestionamientos que tuvieron algunas de las otras propuestas de parte de la oposición, pero forma parte del paquete de reformas que está parado en el Senado de la República y por ende, no se ha concretado. También propuso eliminar definitivamente las más de mil 800 policías municipales que existen en el país y que la operación y mando se trasladase a 32 corporaciones estatales únicas, con el objetivo, según se dijo, de dificultar que permee la corrupción. A las fuerzas de los ayuntamientos se les dejará únicamente labores de vialidad.

Esta propuesta no solo enfrenta la resistencia de los legisladores sino también la oposición de otros sectores. Otras de las propuestas tampoco han transitado en el Congreso como Peña hubiese querido. Una de ellas es la expedición del 911 que no está concretada. Tampoco la Clave Única de Identidad. Los operativos en Tierra Caliente, Tamaulipas y Jalisco se han concretado parcialmente. La Agenda de reformas en justicia cotidiana es tema no concretado. Peña Nieto consideró necesario apuntalar una serie de reformas en lo que denominó “justicia cotidiana” con la finalidad de fortalecer los derechos de los ciudadanos en temas de derecho civil y mercantil y no solo penal. Para ello pidió al Centro de Investigación y Docencia Económicas la elaboración de recomendaciones en la materia en un plazo de 90 días.

En febrero concluyeron los foros que realizó el CIDE sobre estos temas y también el plazo mencionado, pero hasta ahora se desconoce cuál es la propuesta definitiva pues no se ha anunciado. En consecuencia el gobierno tampoco ha presentado las iniciativas de reformas que se requerirán al Congreso. También el presidente anunció varias iniciativas para apuntalar la protección de los derechos humanos y en especial de las víctimas. La mayoría de ellas eran pendientes que se venían acarreando desde meses atrás, y otras un reclamo de organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales.

Entre lo anunciado ya se cumplió con el reglamento de la Ley General de Víctimas, el diseño de un fondo para la protección y reparación del daño, y la integración de un consejo consultivo para reformas en derechos humanos. Pero siguen pendientes temas coyunturales como leyes generales en desaparición forzada y tortura de las que ya hay varias iniciativas no aprobadas, y tampoco existe el sistema nacional de búsqueda o el de información genética. En la Cámara de Diputados hay el compromiso de que antes de que concluya el actual periodo de sesiones se dictaminen estos pendientes.

Peña dio en noviembre su respaldo “total” a la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción propuesto por la oposición, que incluye el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, el nacimiento de un tribunal imparcial para sanciones administrativas y de una fiscalía especializada. Los diputados aprobaron a finales de febrero el dictamen para sacar adelante esta iniciativa, pero el tema se estancó en el Senado donde ya adelantaron que habrá cambios en la minuta. Tampoco se ha designado a un fiscal en la materia, como se pretendía hacer desde diciembre pasado.

El presidente anunció que la Secretaría de la Función Pública lanzaría un nuevo portal de información sobre los proveedores y contratistas de toda la Administración Pública Federal. El objetivo es que los ciudadanos pudieran conocer en un solo sitio el número y monto de los contratos de cada dependencia o de cada empresa. El 3 de febrero Virgilio Andrade fue designado al frente de la SFP y prometió investigar a fondo casos como el de la llamada “casa blanca” del presidente; pero del portal anunciado el año pasado no se dieron noticias. En fin, que entre la inseguridad y las promesas incumplidas -además de la corrupción de los funcionarios-, hay malestar que podría manifestarse en las urnas en junio próximo.

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Por hartazgo, muchos no votarán

PAULINO CÁRDENAS

Se calcula que del padrón electoral, que es de poco más de 80 millones registrados, más de la mitad de los ciudadanos mexicanos con derecho a votar, podrían estar dispuestos a no hacerlo en las próximas elecciones intermedias, por hartazgo, para que no les sigan viendo la cara y para no seguir haciéndole el caldo gordo a un sistema que ya no funciona. Los candidatos por los que votan no cumplen lo que prometen en sus campañas y amparados en la impunidad cometen un sinnúmero de actos de corrupción. Llegan a robar, no a gobernar. La inseguridad y la deteriorada economía son otros factores. En el próximo proceso electoral renovarán la titularidad de sus gobiernos los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.

Además de que se renovarán en esa jornada nueve gubernaturas, cambiará la totalidad de los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, se elegirán 903 presidentes municipales y 639 diputados locales. Será un gastadero de dinero de escándalo para esos comicios con fondos, no solo provenientes del INE, sino de los programas de ‘desarrollo social’ que para eso fueron inventados hace sexenios. Pero también habrá dinero de los capos del narcotráfico y del crimen organizado que cada vez que hay elecciones aportan buena cantidad de dinero y ayuda en especie para convencer a los votantes de que lo hagan por tal o cual candidato.

De toda esa bolsa multimillonaria, que incluye impuestos de los mexicanos, salen los gastos para las campañas, que alguien se va quedando con una parte de ese dinero en el camino, por lo que se ven ‘obligados’ a aceptar las aportaciones del narco por parte de algunos candidatos, a pesar del dizque ‘blindaje’ para que eso no suceda. Los grupos criminales quieren seguir teniendo el privilegio de operar en donde suelen hacerlo y de ser posible expandir sus actividades criminales a otras zonas geográficas para sentar sus lares, su influencia y su poder, como lo han hecho hasta ahora. De hecho, muchas veces los capos de esas mafias son los que acaban imponiendo a los que proponen los partidos políticos.

En prácticamente todos los estados en los que habrá elecciones intermedias el 7 de junio próximo, el esquema de ‘selección’ se está dando en la misma forma. Los caciques que tienen años dominando la plaza y que están coludidos con los tres niveles de gobierno, son los que están poniendo a su antojo a los que habrán de gobernar en cada entidad. Son los que protegerán los negocios de esos caciques, muchos de los cuales hechos al amparo de sus vínculos con el narco. En los nueve estados en donde habrá cambio de titular está operando el mismo esquema de ‘selección’ de candidatos, aunque dicen que se hace en forma ‘democrática’. Cuentan además con la bendición del ‘centro’.

A esas mafias del pode pertenecen gobernadores, ex gobernadores, alcaldes y ex alcaldes quienes han estado coludidos con los capos de la droga y del crimen organizado durante décadas, sin que nadie haga cambiar el esquema de corrupción del que ya la gente está harta. Pero en esa red de corruptelas están también los más altos mandos del país en turno y los que han pasado a saborear esas mieles de mando del país, que mueven sus influencias y todo lo que está a su alcance, para seguir teniendo injerencia en los grandes negocios que emanan del poder.

Todo parece indicar que los ciudadanos de a pie de las zonas urbanas y semiurbanas, que suman millones en todo el país, ya no está dispuesta a seguir eligiendo a candidatos que acaban siendo unos corruptos, ladrones cínicos que salen millonarios del cargo, sin que haya castigo para ellos, porque las autoridades que los protegen están coludidos con esas mafias del poder.

Por eso es que la impunidad es la reina que impera en México. Los actos de corrupción saltan por aquí y por allá, casi a diario y prácticamente en todas las latitudes del país, y nadie paga las consecuencias. La aplicación de la ley no existe para ellos. Existe solo para los jodidos, para los que no tienen padrinos ni dinero que compre voluntades en los ministerios públicos. Los actos de corrupción son cometidos por gente emanada del PRI, del PAN o del PRD o de los partiditos que les hacen el caldo gordo a cambio de migajas millonarias. En todos los partidos hay potenciales corruptos. Para eso quieren llegar al poder. Para darse vuelo robando.

Cada vez que se acercan fechas electorales, como la que viene el primer domingo de junio próximo, los candidatos de dedican a hacer campañas pagadas con los dineros públicos, ofreciendo el oro y el moro, es decir ofreciendo muchos más de lo que cumplen. Esto, aunque al fragor de su campaña estampen su firma de que sí cumplirán sus promesas, lo cual está visto que no es así. ¿Cuántas veces Peña Nieto estampó su firma donde se comprometía a cumplir promesas y no las ha cumplido?

Si quien debería predicar con el ejemplo no lo hace, ¿qué puede esperarse de los demás? Pero ese juego de prometer y no cumplir se queda chico, al lado de los actos de corrupción de los funcionarios que cuando llegan al cargo se despachan con la cuchara grande. Casi a diario surgen casos de actuales o ex funcionarios que terminan millonarios, y cuya riqueza les permite comprar lujosas propiedades en los lugares más caros del orbe o tener en cuentas bancarias en el extranjero millones de dólares que se habrían robado del erario público o de negocios hechos al amparo del cargo. Eso a la gente la purga. Y la tiene harta.

Y más le revienta tratándose de quien se supone iba a gobernar con honestidad, combatiendo la corrupción, y dando ejemplo de rectitud. Pero no. La tentación fue mucha. Y sucumbió a ella. Con eso ha perdido toda credibilidad y confianza. Porque si eso hizo antes de asumir el cargo, ¿qué pasará a lo largo de su mandato? ¿Cuántas otras cosas al amparo del poder no habrán de cometerse todavía? Por esos y muchas otras cosas la gente ya no quiere votar. De hecho los mexicanos, tendrán que ir viendo otra forma de elegir a sus gobernantes. El sistema actual ya no funciona. Por lo pronto, el ‘nuevo PRI’ es el que más resentirá ese embate de los votantes.

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Presionado, Peña urge a un Pacto

PAULINO CÁRDENAS 

Presionado por la opinión pública nacional e internacional por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas que no se sabe si siguen con vida, el presidente Enrique Peña Nieto ha convocado con carácter de urgente a la firma de un pacto por la seguridad y el respeto irrestricto al estado de derecho, en el que participarían los 31 gobernadores, el jefe de gobierno del DF, dirigentes de partidos y líderes de la sociedad civil, para firmar un Acuerdo Nacional por la Seguridad y el Estado de Derecho, muy probablemente este fin de semana. Dicho pacto incluiría el compromiso de los gobiernos estatales contra el crimen, reformas legislativas y participación de la sociedad civil contra la corrupción, para evitar que hechos como el caso Ayotzinapa se vuelvan a repetir, señaló el mandatario federal.

Añadió que el compromiso es el emprender “cambios de fondo, fortalecer nuestras instituciones y sobre todo asegurar la vigencia plena del Estado de derecho”, aseveró. Señaló que el gobierno de la República prepara la firma del mencionado Acuerdo Nacional, muy posiblemente mañana mismo. Muchos se preguntan si ese acuerdo lo suscribirán gobernadores que están señalados por dejar hacer y dejar pasar hechos delictivos en sus entidades, casos que no atienden si son protagonizados por el crimen organizado, porque se sacan el bulto diciendo que son asuntos que compete resolver a la Federación.

Otros presumen de lo que adolecen, como son los casos de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, estado de México y Morelos, entre otros, en donde el aumento de la criminalidad ha sido evidente, pese a que en los discursos los mandatarios de esos estados tratan de minimizar el incremento de la inseguridad en sus entidades, maquillando cifras. En varios casos hay una abierta colusión con las mafias. ¿A ellos se les convocará para que firmen el Pacto de Seguridad? Otro caso es el de los dirigentes de los partidos de oposición como el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano, coalición que apoyó la candidatura de José Luis Abarca Velázquez para llegar de alcalde a Iguala.

Ellos nunca quisieron ver los antecedentes que tenía el edil preso. Aún a sabiendas, estuvieron de su lado y prohijaron su llegada a la alcaldía de Iguala. Incluso a Jesús Zambrano lo corrieron de CU porque se supo de una reunión que tuvo en la ciudad de México con el edil ahora preso, donde habrían planeado dónde esconderse. ¿Alguno de los perredistas, incluido el actual dirigente perredista Carlos Navarrete, amigo también de Abarca, serán convocados a suscribir el Acuerdo Nacional por la Seguridad? Otro que sería convocado es el actual gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, quien ha venido siendo señalado como ex guerrillero y ex secuestrador, vinculado a varios de los grupos rebeldes que existen en esa entidad.

Ortega se la ha pasado elogiando a su antecesor Ángel Aguirre Rivero de una manera que ha asombrado a muchos por el tono y melosidad con que lo ha hecho. Familiares y compañeros de los estudiantes desaparecidos quisieran ver en la cárcel al ex gobernador. Se dice que el mandatario era amante de la esposa de Abarca, quien era señalada por los igualtecos o igualnenses como ‘la alcaldesa’ porque era la que llevaba las riendas del municipio. Ella era la presidenta del DIF y se dice que para evitar que los estudiantes hoy desaparecidos, boicotearan el informe de labores que realizaría, fue que ordenó que le dieran con todo a los normalistas. Lo primero que sucedió fue el ataque al autobús en que regresaba el equipo de futbol Los Avispones, de la tercera división profesional, sobre la carretera federal Iguala-Chilpancingo.

El primer pacto que firmó Peña Nieto fue por México, al inicio de su administración. Fue un logro político muy reconocido. Participaron las principales fuerzas políticas, pero el gusto no duró más que lo necesario que para que salieran adelante las reformas estructurales que el jefe del Ejecutivo envió al Legislativo. Prácticamente durante un año y medio no hubo otro tema en la agenda presidencial que el de las reformas, sobre todo la madre de todas ellas, como fue la reforma energética o petrolera por mejor decirlo. Sin embargo, quizá a los dirigentes de la oposición que suscribieron ese primer pacto no se les cumplió lo prometido o se les negó lo que ambicionaban adicionalmente, a cambio de los favores otorgados a la gestión peñanietista. El caso fue que el Pacto por México por angas o mangas, sucumbió.

Ahora, cuando el tema de la inseguridad debió ser atendido desde el comienzo de su sexenio y se fue dejando y dejando crecer, fue que Peña Nieto y sus asesores reaccionaron, cuando las cosas llegaron a colmar el plato Fue cuando comenzó a reaccionar el mando federal, enviando refuerzos militares y federales a entidades en donde la violencia se fue haciendo cada vez más evidente. Por órdenes del jefe supremo de las Fuerzas Armadas el Ejército y la Marina reforzaron sus operativos en varias partes del país, asolado por la ola de violencia atribuida al narcotráfico que fue creciendo; también hubo paquetes de ayudas económicas a los gobiernos.

 El número de batallones creció, lo mismo que el de efectivos armados que fueron desplegados por varios estados de la República. Pero también crecieron las violaciones a los derechos humanos por parte de militares.

Ni siquiera el envío del comisionado plenipotenciario a Michoacán ha tenido los resultados positivos que le contaron a Peña Nieto que podría tener. ‘La Tuta’ sigue operando como si nada en esa entidad e incluso ya anunció que crearía otro cártel dedicado solo a la explotación minera en ese estado y al envío de mineral de hierro a China, por encima de las barbas de Alfredo Castillo. En Guerrero, estado tradicionalmente conflictivo, siempre a punto de arder, ardió por fin con el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de manera forzada y que nadie sabe donde están y si aún viven. Esa fue la gota que derramó el vaso.

El mundo se le vino encima a Peña Nieto y por eso la urgencia de suscribir un pacto por la seguridad del país que el mandatario llamó Acuerdo Nacional por la Seguridad y el Estado de Derecho que sería suscrito esta mima semana. Ojalá pudieran excluirse de esa firma a los que tienen ligas con el crimen organizado. ¿Cómo saberlo? Los costosos aparatos de inteligencia deben tener esa información, si de veras han trabajado en lo suyo. En unas horas se verá si a ese acuerdo asisten quienes se sospecha que tienen ligas con el narco. Sería buen momento para detenerlos e investigarlos. Eso mejoraría enormemente la imagen presidencial.

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Caso Ayotzinapa iría a La Haya

PAULINO CÁRDENAS

En lugar de propiciar el reparto de culpas en el caso Ayotzinapa y en querer minimizar el asunto de la ejecución de supuestos criminales por parte de soldados y su mando en Tlatlaya, el presidente Enrique Peña Nieto habrá de echar mano de todos los recursos a su alcance para apurar esas investigaciones, antes de que la indignación nacional e internacional crezca más de lo que ha crecido hasta ahora, las cuales le están echando a perder la imagen de reformador que se había forjado y con la que intentaba salvar al país. Por lo pronto, el grupo de Izquierda Unitaria Europea/Verdes Nórdicos del Parlamento Europeo, pidió que sea la Corte Penal Internacional de La Haya la que analice los hechos de violencia ocurridos en Ayotzinapa y abra una investigación si se acredita que se trató de crímenes de lesa humanidad, como todo parece indicar, y que analice otros hechos de violencia que han ocurrido en México.

Ese asunto de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, junto con el de la matanza de supuestos criminales a manos de militares en Tlatlaya, estado de México, le han complicado el panorama al jefe del Ejecutivo mexicano, a quien varios de los diarios más influyentes le vaticinan un futuro incierto respecto de sus reformas, a causa de la inseguridad que su gobierno no ha podido controlar. La revista inglesa The Economist, por ejemplo, señaló que éstas “son atrocidades” lo suficientemente serias para cambiar el rumbo del gobierno de dos años del presidente Enrique Peña Nieto. Añadió que el mandatario mexicano “ha priorizado las reformas económicas y subestimado la ley y el orden como manera de modernizar México, sin reconocer que ambas son igual de importantes”.

En Estados Unidos, el diario USA Today publicó que la desaparición de los 43 normalistas es un “recordatorio alarmante” de que la violencia delictiva persiste en México, pese a que Peña Nieto insiste en lo contrario al señalar que la situación de seguridad está mejorando. Por su parte The New York Times difundió un artículo en primera plana en el que destacó los dichos de Peña Nieto, quien dijo que la búsqueda de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa es la prioridad número 1 de su administración.

Apuntó: “Pero si de algo ha servido la búsqueda es para confirmar que la crisis del crimen organizado en México, donde se sabe fueron matadas decenas de miles en la guerra a las drogas de años recientes, podría ser peor de lo que han admitido las autoridades”, apuntó el diario en su nota titulada: “México halla muchos cadáveres, pero no a los estudiantes perdidos”. El gobierno federal, añadió el influyente diario, ha celebrado estadísticas recientes sugiriendo un declive en los homicidios, “pero la proliferación de fosas en Guerrero -incluidos 28 cuerpos humanos calcinados que resultaron no ser los normalistas- arroja nuevas dudas sobre el conteo del gobierno, potencialmente apuntando hacia un número más grande de muertos que no han sido contados”.

En tanto, The Washington Post resaltó que a nadie debió sorprender que ninguno de los 28 cadáveres encontrados en las fosas fuera de los 43 normalistas, toda vez que la sierra arriba de Iguala es un conocido basurero humano. “Mientras que la noticia de que no eran los normalistas alentó a sus familiares, para el resto de México fue una parada más en la rueda de la fortuna del horror, reforzando la creencia de que hay fosas clandestinas en todo el país donde se han esfumado un número incalculable de mexicanos”. Las fosas no son las primeras y tampoco las más grandes que se descubren en años recientes. “No obstante, han destrozado la campaña de relaciones públicas de EPN para desviar la atención internacional de los fracasos en materia de seguridad”.

Por su parte el Ejército Popular Revolucionario (EPR), también pidió llevar a juicio al Estado mexicano ante los tribunales internacionales de justicia por crímenes de lesa humanidad en el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Ese grupo guerrillero insistió en que los autores materiales de la desaparición de los normalistas fueron las fuerzas policiaco-militares, “el aparato represivo en su conjunto dirigido por el mando único”. Señaló que la masacre contra los estudiantes normalistas es un crimen de Estado; un doble crimen de lesa humanidad por las ejecuciones extrajudiciales y la detención-desaparición forzada por motivos políticos”; en suma, “un acto múltiple de terrorismo de Estado”.

En tanto, el sacerdote Alejandro Solalinde, responsable del albergue de migrantes Hermanos en el Camino, ha seguido insistiendo, respecto de los 43 normalistas desaparecidos, que “todos están muertos” e incluso que varios de ellos “fueron quemados vivos” antes de ser enterrados en fosas clandestinas. Acusó al presidente Peña Nieto de ser “el principal responsable” de la masacre de normalistas de Ayotzinapa y exigió al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, su renuncia “por dignidad y vergüenza”. Advirtió que “si el gobierno no actúa como debe y sigue como hasta ahora, va a seguir exasperando a la gente, no va a poder controlar los estallidos y la indignación social será llevada a otros extremos”.

En cuanto a la solicitud a la Corte Penal Internacional de La Haya para que analice los hechos de violencia ocurridos en México y que abra una investigación al respecto si acredita que se trata de crímenes de lesa humanidad en relación al caso Ayotzinapa, la propuesta sería estudiada a partir de ayer. En caso de considerar que recaen dentro de su jurisdicción, se solicitaría a la oficina del fiscal abrir una investigación sobre esos crímenes, así como una resolución sobre violaciones a los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en México, que sería votada hoy en el Parlamento Europeo por el pleno de diputados.

Por todo ello urge que Peña Nieto ordene lo que tenga que ordenar, para paliar las críticas nacionales e internacionales en su contra, antes de que los temas de Ayotzinapa y de Tlatlaya le echen a perder sus planes y proyectos sexenales. Su imagen de reformador ha empezado a quedar empañada con los temas de inseguridad y los hechos de sangre que su gobierno no ha podido controlar.

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