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¿Narcocrimen matará reformas?

PAULINO CÁRDENAS

Ante el evidente fracaso gubernamental respecto a la inseguridad y especialmente al combate al crimen organizado y las mafias del narco que operan en México, hay quienes se vienen preguntando si esa pesadilla que vive México de hechos sangrientos y despiadados no impedirán que la apuesta del presidente Enrique Peña Nieto en las reformas estructurales que le fueron aprobadas por el Congreso para impulsar el desarrollo del país, pudieran fracasar. Sobre todo hay quienes temen que las inversiones extranjeras que vendrían junto con los emporios petroleros ahora que está vigente la apertura para que las grandes empresas mundiales vengan a explotar nuestros hidrocarburos, pudieran arrepentirse o alargar su decisión de venir a México.

El propio secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, reconoció que esos “brotes” de violencia, “pueden afectar el ánimo de los inversionistas en un momento en que el país se halla inmerso en la instrumentación de reformas impulsadas por el gobierno para atraer capitales”. Por su parte, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens quiso matizar las palabras de Videgaray, y declaró que el ambiente de inseguridad no afectarán las inversiones que espera el gobierno de México gracias a las reformas estructurales aprobadas por el Legislativo. Reconoció que son tiempos difíciles pero estimó que el factor de inseguridad irá perdiendo peso y no afectará el crecimiento económico del país.

El hecho es que, por diversos factores, la supuesta estrategia anticrimen del gobierno peñanietista no ha dado los resultados esperados, entre otras cosas por la ingobernabilidad que priva en varios estados de la República en los que, por colusión o falta de oficio político, los mandatarios locales y municipales han sucumbido ante el poder de sometimiento del narcocrimen. El propio Enrique Peña Nieto ha dicho, palabras más palabras menos, que hay gobiernos que demuestran debilidad ante el acoso del crimen organizado.

En el caso de Guerrero, advirtió que aunque el gobierno federal respaldaría las labores de seguridad, la administración estatal debe asumir su responsabilidad ante la situación que padece esa entidad. Fue un severo llamado de atención al gobernador Ángel Heladio Aguirre por la falta de gobernabilidad que ha mostrado su mandato ante los acontecimientos que se han vivido en esa conflictiva entidad. El más reciente es el de los 43 estudiantes normalistas que siguen desaparecidos y que se teme que de ellos sean los restos que han sido hallados en diez fosas clandestinas.

A esos hechos debe agregarse el de la matanza a mansalva de los 22 supuestos criminales que fueron ultimados en Tlatlaya, estado de México en pasado 30 de junio, que el gobierno ocultó y fue hasta que la revista Esquire y la agencia AP, tres meses después, sacaron a la luz una entrevista con una testigo de esos hechos, lo que obligó a que oficialmente se reconociera el asunto y la participación de varios soldados y un militar de grado, como autores de esas ejecuciones, asuntos ambos que ha empañado la imagen de México a nivel mundial dejándolo como un país bárbaro en donde la delincuencia organizada es la que manda en muchos estados de la República.

Pero la matanza estudiantil en Iguala ni la ejecución de presuntos delincuentes a manos de soldados en Tlatlaya, son los únicos por los que la comunidad mundial repudia las violaciones a los derechos humanos que se repiten y se repiten sin cesar en México, por lo que ya corren apuestas de que el desmesurado optimismo que hubo después de aprobadas las reformas que Peña Nieto envió al Congreso y que le fueron aprobadas, podrían toparse con la necia realidad que significa una nación insegura en donde se cometen a diario matanzas, decapitaciones, desmembramientos, colgados, restos mutilados y calcinados echados a fosas clandestinas.

Pero además, un país en el que los hechos criminales no son esclarecidos por lo que suelen quedar impunes, sin culpables y sin castigos, como ha ocurrido en infinidad de acontecimientos delictivos del crimen organizado y del fueron común. Hay omisiones del gobierno federal y de las Fuerzas Armadas -como se pretendió con el caso de la matanza de presuntos delincuentes a manos de militares en el municipio mexiquense de Tlatlaya, que durante casi tres meses se pretendió ocultar- o la incapacidad de las autoridades encargadas de investigar hechos criminales -como es el de los estudiantes normalistas desaparecidos de manera forzada-, lo que ha colocado a México en el mundo con la etiqueta de país de barbarie.

Ese panorama de crímenes bestiales que priva en muchas partes de la nación mexicana es la que podría anular el optimismo gubernamental de que pronto lleguen las inversiones esperadas. Incluso países como Estados Unidos han freiterado sus advertencias de viaje a sus connacionales para no viajar a Guerrero, lo mismo que había hecho para el caso de Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, y otros estados de la República. Pero no solo eso, la Casa Blanca ha visto con tal preocupación el avance y dominio de los capos del narco en México, que también están apuntando que se aceleren las investigaciones sobre los últimos hechos de sangre que han manchado la imagen de nuestro país.

Por lo pronto en Puebla, el presidente Peña Nieto ratificó su compromiso por fortalecer el marco legal en favor de los derechos humanos, que son la piedra angular de nuestro orden constitucional y “deben ser también de nuestra realidad cotidiana”. Al inaugurar el XII Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil: Nuevos Roles y Expresiones de la Sociedad Civil, el mandatario federal dijo que cuando hay disposición en los gobiernos es más fácil avanzar, construir y modelar la sociedad de progreso que todos deseamos. Aseguró que su administración seguirá compartiendo esfuerzos con la ciudadanía para fortalecer el marco legal y el andamiaje institucional en favor de los derechos fundamentales, incluyendo la protección de los niñas, niños y adolescentes, así como el desarrollo integral de las mujeres. Pero los hechos hasta ahora hablan de otra cosa.

 

 

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Canceló Peña gira a Guerrero

 PAULINO CÁRDENAS

Tan es real la inseguridad en México, que el propio presidente Enrique Peña Nieto debió cancelar su viaje a Guerrero que tenía programado para este semana, porque seguramente su aparato de seguridad debió detectar algo más allá de los conflictos de presuntos estudiantes de la normal de Ayotzinapa, en el municipio de Tixtla, a poco más de 14 kilómetros de Chilpancingo, que dejó un saldo el pasado fin de semana de seis muertos, 17 heridos y 57 estudiantes desaparecidos, y del proditorio crimen del secretario General del Partido Acción Nacional en Guerrero, Braulio Zaragoza Maganda Villalba, quien fue ejecutado de tres disparos el domingo por la mañana en un restaurante del hotel El Mirador, ubicado en la zona turística de la Quebrada del puerto de Acapulco.

Peña visitaría ayer tres municipios. Presidencia argumentó que la cancelación se daba por “malas condiciones climatológicas”. Al mediodía tenía previsto inaugurar un hotel en Acapulco; después viajaría a Coyuca de Benítez para la apertura oficial de un puente que fue derrumbado por la tormenta tropical Manuel en septiembre del año pasado; y por último acudiría a la comunidad de El Nuevo Capricho, dañada también por las tormentas de 2013. Sin embargo, el descompuesto ambiente de violencia que se ha suscitado en esa entidad en los últimos días, habría sido la verdadera causa de esa suspensión del viaje presidencial.

La violencia en esa entidad se replica en casi todo el país diariamente, aunque oficialmente el gobierno insiste en no reconocer. El crimen está alcanzando cada vez más a personajes clave de la política local, como sucedió hace unos días con la emboscada y ejecución del doctor y diputado priísta jalisciense Gabriel Gómez Michel, quien había desaparecido y fue hallado calcinado en su camioneta junto con su chofer, la semana pasada, sin que se sepan las causas, ya que el ex presidente municipal de El Grullo gozaba de buena reputación y supuestamente no tenía enemigos. Incluso había manifestado que quería volver a ser alcalde del lugar donde nació.

Zaragoza había sustituido a Andrés Bahena Montero como líder del PAN en esa entidad el pasado domingo 31 de agosto. Consejeros estatales de Acción Nacional de Guerrero, destituyeron por mayoría de votos al dirigente de ese instituto político, Andrés Bahena Montero, por un presunto desvío de 7 millones de pesos cuyo destino no pudo justificar y que debió haber aplicado en el partido desde 2013. Durante la sesión del Consejo Estatal de Acción Nacional, en la entidad, el panista Francisco Rodríguez Otero, pidió modificar la orden del día y se incluyó la destitución del líder panista, Andrés Bahena, por mayoría, por lo que se dio la votación correspondiente, quedando al frente del PAN estatal Braulio Zaragoza.

El líder panista ejecutado el domingo, hace un tiempo había tenido fuertes desencuentros con los propios panistas. En mayo de 2012, militantes inconformes de ese partido provenientes de los municipios de Acapulco, Tierra Colorada, Buenavista de Cuéllar, Tlapa y Chilpancingo, tomaron las instalaciones del PAN en protesta por la imposición de candidatos a alcaldes y diputados locales presuntamente provienen del PRI y del PRD. Luego de una discusión con el entonces secretario general del PAN, Braulio Zaragoza, lograron que se revocaran 15 planillas para sustituir a los candidatos priístas y perredistas que supuestamente habían sido ya designados como candidatos.

Las autoridades investigan las causas de ese crimen a mansalva del dirigente panista de Guerrero, lo mismo que el del doctor y diputado priísta jalisciense Gabriel Gómez Michel. Ambos partidos, el PRI y el PAN, están de luto por esas pérdidas y han exigido a las autoridades investigar a fondo y hasta sus últimas consecuencias esas alevosas ejecuciones. No se sabe si pudieron ser ordenadas por razones políticas o había sido el crimen organizado el que haya cometido esos asesinatos. El caso es que la violencia está enfocándose en personajes cada vez de más alta jerarquía dentro de la clase política y la frecuencia va siendo cada vez menor.

En Guerrero y en otras entidades del país, los actos de violencia, ya sea por protestas de grupos inconformes o derivados de la lucha armada que el gobierno sostiene contra el crimen organizado y las mafias del narcotráfico, se han ido multiplicando, pese a que oficialmente se ha hecho creer que ese flagelo ha ido disminuyendo. Lo cierto es que el gobierno federal y los gobiernos locales se han ocupado de acallar esas informaciones en los medios, a base de diferentes métodos. Por ello en este sexenio el ruido mediático sobre la inseguridad ha bajado de tono, pero los hechos delictivos continúan. Además se sabe de la pugna que hay en ese estado entre los cárteles de Sinaloa y Guerreros Unidos.

Michoacán se ha convertido en el caso típico de lo anterior, en donde ha sido materialmente imposible tratar de acallar lo que sucede en esa entidad con el líder delictivo Servando Gómez alias ‘La Tuta’, por más que el comisionado plenipotenciario Alfredo Castillo Cervantes ha querido hacer creer que el tema de la inseguridad está bajo control, lo que dista de ser cierto. Lo mismo sucede en otras entidades de la República Mexicana en donde el crimen organizado sigue dando de qué hablar, como sucede en Tamaulipas, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Baja California, Veracruz, Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Durango y Oaxaca entre muchas otras entidades, en donde la violencia no para y a diario hay ejecutados.

Lo que llama la atención es que el presidente Peña Nieto haya cancelado su gira a Guerrero en donde ciertamente los índices delictivos se han elevado y en diversos municipios aparecen gentes que son ultimadas por supuestos sicarios; aunque Presidencia argumentó que la razón fue por el mal tiempo que prevalece en esa zona del país, el caso es que coincide con el clima de inseguridad que hay en la entidad.

Ayer, en Chilpancingo, normalistas irrumpieron en el Congreso del estado, rompieron todos los vidrios de la parte principal del inmueble y realizaron varios disturbios. Los inconformes exigen a las autoridades que presenten con vida a sus 57 desaparecidos y que haya justicia para los fallecidos en Iguala. El asunto podría agravarse. Sin embargo, además del cobarde crimen del líder estatal panista Braulio Zaragoza, debieron haber otras razones de mayor peso que por causas climáticas, como para haber cancelado la gira presidencial a Guerrero.

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La OCDE no se midió

PAULINO CÁRDENAS

Para la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), los mexicanos son masoquistas, ya que según un estudio realizado recientemente, los mexicanos trabajan más, ganan menos, padecen mayor inseguridad y obesidad, pero están más satisfechos con su vida que los habitantes de otros países. Ni trabajar más ni ganar menos parece hacer más difícil la vida para los mexicanos, pues la mayoría de ellos ‘se siente bien’, según los datos del Índice para una Vida Mejor que realiza periódicamente esa organización. Solo hay que ver la estrepitosa caída del poder adquisitivo del salario en nuestro país que va más allá del 70 por ciento de acuerdo a un estudio elaborado por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El muestreo de sus encuestas seguramente las hace entre familias que viven en las Lomas de Chapultepec, en Lomas Country o en La Herradura en la zona de Huxquilucan o en aquellos estratos de vida acomodada en donde a sus habitantes les va y les viene si hay aumento mensual de las gasolinas o si el limón o el aguacate suben de precio de manera estratosférica por las cuotas que deben pagar los productores agrícolas a los cárteles de la droga. Ese tipo de ‘estudios’ resultan más un insulto al sentido común que otra cosa, con lo que, en el caso de México, pareciera que la OCDE quiere quedar bien con el gobierno peñanietista tratando de tapar el sol con un dedo, ya que hay que recordar que el titular de ese organismo es el mexicano y priísta José Ángel Gurría.

¿Quién le va a creer a los resultados de esas encuestas cuando en México hay más de 60 millones de pobres, al menos unos 30 millones que viven en los linderos de la pobreza extrema, con cerca de 14 millones que padecen miseria, más otros tantos que están expuestos a la inseguridad que se vive en casi todo el país por el acoso de los capos del narco? Se necesitaría ser un país de tarados para creer que la gente se siente divinamente con esos pesares que datan de décadas, sin que ningún gobierno los haya podido remediar. ¿Quién va a creer que los mexicanos trabajan más, ganan menos, padecen mayor inseguridad y obesidad, ‘pero están más satisfechos con su vida que los habitantes de otros países’?

El mismo estudio, que según la OCDE se realizó entre personas de 36 países, entre ellos Estados Unidos, Japón, Chile, Brasil, Alemania, Turquía, Rusia o Suiza, señala que “aunque el dinero no compre felicidad, es un medio importante para alcanzar estándares de vida elevados y, por consiguiente, un mayor bienestar; contar con recursos económicos más altos, también puede mejorar el acceso a la educación, servicios de salud y vivienda de calidad”. Reconoce que la inseguridad sigue siendo alta en México, pues la tasa de homicidios es de 23.4 por cada 100,000 habitantes, mientras que el promedio de la OCDE es de 4.1, según las cifras con las que cuenta la organización.Y en temas de salud, uno de los principales problemas en el país es la obesidad, afirma el estudio, pues 32.4 por ciento de los mexicanos adultos tienen este padecimiento, lo cual ubica a México solo por debajo de Estados Unidos.

Los australianos fueron los ciudadanos que mejores calificaciones le dieron a los 11 indicadores de bienestar: vivienda, ingresos, empleo, comunidad, educación, medio ambiente, compromiso cívico, salud, satisfacción, seguridad y balance vida-trabajo. De acuerdo con las 60 mil personas que dice el estudio que han compartido sus puntos de vista hasta el momento, el factor más importante para ser feliz es satisfacción con la vida, con la salud y la educación. ¿De veras en México la gente es feliz por estar a gusto con la vida, los servicios de salud y sobe todo de educación? Se ve que en la OCDE no leen las noticias que se dan a diario sobre esos tres rubros que insatisfacen a millones de mexicanos, sin contar con los niveles de inseguridad que hay en el país, a causa de las estrategias fallidas en materia anticrimen contra de los cárteles de la droga y las organizaciones delincuenciales que tiene agobiados a decenas y decenas de comunidades en todo el territorio nacional.

Respecto de esa inseguridad prevaleciente en México, sería bueno que la OCDE se avocara a realizar un estudio en Michoacán, en Tamaulipas, en Coahuila, en Durango, en Veracruz, en Morelos, en el estado de México, en Sinaloa, en Baja California, por solo mencionar algunas entidades federativas en donde el agobio del narco sigue siendo mucho, para ver si los mexicanos que habitan en esos poblados en donde hay refriegas con balas de alto calibre, granadazos, violencia y sangre a causa de ejecuciones, decapitaciones, abusos contra la población inerme y desamparada por parte de grupos criminales, por lo que muchas familias han optado por desplazarse de sus lugares de origen por temor a morir, están más satisfechos con su vida que los habitantes de otros países. ¿Con problemas, pero los mexicanos son felices? ¿De veras?

Los niveles de pobreza y desigualdad en nuestro país son de dar vergüenza. La magnitud de la población de México que sobrevive “bajo la línea de la pobreza” y “bajo la línea de la indigencia” es mayor a la que, en promedio, registran América Latina y el Caribe, señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal): se trata de 40 millones 778 mil compatriotas en el primer caso y 14 millones 940 mil en el segundo, según datos al 2013 al aplicarse los porcentajes referidos por la Cepal con los 112 millones 336.5 mil habitantes del país contabilizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el último censo de población. Esas cifras no habrá sufrido modificaciones sustanciales en lo que va del año. 

¿Cuál es el afán de que la OCDE mencione niveles de aceptación, felicidad y satisfacción de los mexicanos antes semejantes datos que, aún maquillados, son más que preocupantes? ¿Es que José Ángel Gurría tiene aspiraciones políticas como priísta que es? ¿Será por agradecimiento porque su hermano Francisco José participa en el gabinete como coordinador de Ganadería en la Secretaría de Agricultura? No se sabe, pero el hecho es que la OCDE que él preside, se afana en querer hacer creer que los mexicanos están complacidos con la vida que llevan, con empleos mal pagados o si esperanza de conseguir uno; con la carestía galopante por los aumentos mensuales a las gasolinas, o porque miles viven con el Jesús en la boca por el tableteo de metrallas entre cárteles de la droga que se disputan territorio o porque responden al acoso de las fuerzas armadas del gobierno. No manchen dirían los jóvenes.

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¿Qué hacer con la violencia?

PAULINO CÁRDENAS

La violencia que sigue implacable en México, con todas las consecuencias sangrientas que continúan dándose a diario en una entidad federativa y en otra también, sigue siendo motivo de preocupación del gobierno peñanietista que teme que los imparables hechos delictivos del crimen organizado y de los cárteles de la droga, afecten los planes de su administración y algunos pudieran abortar o como en el caso de la reforma energética, que esa situación pueda desalentar a los hombres del gran capital y a los dueños de los emporios petroleros extranjeros que se alistan para venir a explorar, extraer y comercializar petróleo y gas de tierras y mares mexicanos, a lo que ahora tienen derecho con todas las de la ley. Pero el asunto de la inseguridad también inquieta al gobierno de Washington.

Una de las entidades que entró de hecho en la esfera de blindaje especial como fue el caso de Michoacán, es el del estado de México, en donde el gobernador priísta Eruviel Ávila había pedido ayuda al nuevo comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, y de inmediato, por la influencia que tiene en Los Pinos, el secretario de Gobernación de avocó a anunciar que tendrá de inmediato la ayuda que pidió para tratar de contener el avance de los grupos delincuenciales organizados en ese estado, lo que hasta ahora no ha sucedido con el gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, sin duda por ser de otro partido, el PRD, aunque la situación en esa entidad federativa quizá sea de mayor peligro al menos en materia de secuestros. Hoy habrá otra manifestación para pedir su renuncia. Y el gobierno federal dejará correr el balón.

Quizá de haber sabido el equipo de Obama que el estado en donde se celebró la reunión de líderes de América del Norte estaba señalado en color rojo en el mapa de inseguridad en México, no hubiese asistido. Y nada pasó porque el estado de México, que colinda con varios de los estados en donde la violencia está ‘a peso’, quedó blindado por tierra y aire, y siempre hubo el temor de que las cosas pudieran salirse de control. Afortunadamente no fue así. Pero volviendo al tema de reforzar la ayuda federal a un estado, como es el de la entidad mexiquense, hay que decir que el trato preferencial no es el mismo entre gobernadores amigos y los que no lo son, aunque Peña Nieto había dicho que él no tiene amigos sino aliados. Y en tema de la inseguridad no debería de ser así, pero como se ve no es así. No es coincidencia que Michoacán tenga un gobernador priísta.

Para Fausto Vallejo ese fue un hándicap a su favor; aunque también contó el temor del gobierno federal de que ese estado quedara en la total ingobernabilidad, lo que estuvo en un tris de suceder, lo que políticamente hubiese sido aprovechado por la izquierda que gobernó esa entidad federativa durante varios años. Por lo que toca a la situación que prevalece en otros estados de la República de violencia y derramamiento de sangre, si el gobernador es priísta, ya la hizo; si no, tendrá que esperar turno hasta que las cosas prácticamente se desborden. No se sabe si a Eruviel Ávila le coloque un comisionado plenipotenciario como a Vallejo con Alfredo Castillo, aunque buena falta que le haría. Lo cierto es que sigue sin definirse una estrategia clara contra los cárteles de la droga y el crimen organizado en México con el nuevo gobierno federal. Prueba y error ha sido la táctica hasta ahora.

El caso es que desde que inició de la actual administración, en la Casa Blanca se habían disgustado porque el nuevo gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto cambió las reglas del juego en la política de cooperación bilateral contra el crimen organizado, al crear una ventanilla única que quedó a cargo del secretario de Gobernación, Migue Ángel Osorio Chong, lo que al gobierno de Barack Obama no le quedó de otra que apechugar la decisión del gobierno mexicano. Por ello se ha tardado en reaccionar la ayuda franca del lado americano a nuestro país a través de la llamada Iniciativa Mérida, rellenando el vacío que ha habido con declaraciones de que ambas naciones van en la misma dirección y que todo marcha de maravilla en la lucha anticrimen que se da en nuestro territorio. Pero los hechos dicen otra cosa. Han habido discrepancias.

En la captura por ejemplo, de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se sabe que hubo la participación de varias áreas de inteligencia de Estados Unidos, lo que en los discursos oficiales aquí esa ayuda se omitió. Hay declaraciones de que en esa operación militar que se realizó en un condominio de Mazatlán, Sinaloa, la madrugada del sábado 22 de febrero pasado luego de permanecer 13 años prófugo tras escapar de prisión en 2001, fue gracias a la ubicación que proporcionó la DEA a la Marina mexicana, obtenida gracias a la vigilancia aérea que había realizado durante varias semanas un ‘drone’ norteamericano -un avión de pequeñas dimensiones no tripulado cuya misión era dar con el escondites del capo más afamado del orbe-, cosa que no fue reconocido en México.

Lo cierto es que al actual gobierno le ha costado mucho trabajo afinar una estrategia eficaz para la lucha contra el crimen organizado y los cárteles de la droga. Al inicio se pensó que el asunto era resolver la descoordinación que había en el gobierno de Felipe Calderón, ya que los mandos de las agencias de seguridad en México y Estados Unidos tenían que pasar por el filtro de la Secretaría de Seguridad Pública federal a cargo de Genaro García Luna, antes que ninguno otro de las Fuerzas Armadas, por lo que como primera medida se creó una ventanilla única que quedó a cargo del titular de Gobernación. Sin embargo, pronto se percató el sistema de seguridad peñanietista que el problema era mucho más intrincado.

Uno de los grandes problemas que había, y que de hecho sigue habiendo, es la colusión que hay entre el mundo criminal y los mandos policiales y militares. Las mafias han actuado con más rapidez y eficacia que las autoridades que deberían combatirlas. Su poder es el dinero. Y quien no queda convencido lo sacan de la jugada o lo eliminan. Habrá que ver los resultados en el estado de México, porque en Michoacán las cosas no han mejorado mucho que digamos. Y habría que ver si cada entidad solicitará ese mismo blindaje militar del gobierno federal, si habrá dinero suficiente y soldados suficientes que cubran la cuota que se requiere para asistir a los gobernadores en la lucha anticrimen. Lo cierto es que si así siguen las cosas, el país se militarizará antes que el gallo cante. Y el gobierno peñanietista podría acabar peor que el de Calderón en esa materia.

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Reforma energetica obligó ayuda

PAULINO CÁRDENAS

Sin duda obligado por las circunstancias de tratar de mejorar la pésima imagen y percepción que se tiene de México en el exterior, derivado de los hechos de sangre, violencia e inseguridad que se vive en gran parte del territorio nacional, la medida ordenada por el presidente Peña Nieto de ayuda urgente a Michoacán en donde más se enconó el problema, es un gesto que le reconocen los michoacanos y muchos mexicanos que venían viendo cómo se deterioraba ese estado y se le deshacía de las manos al gobernador Fausto Vallejo, por lo que el mandatario federal decidió, aunque tardíamente, ir en auxilio de ese estado de la República que siempre se distinguió por ser una entidad pujante y autosuficiente, cuyos habitantes siempre han estado comprometidos con el trabajo, la armonía social y la no violencia. Pero todo tiene un límite y el hartazgo llegó. Por la negligencia, ineficiencia, olvido e inacción del gobierno local y el federal algunas comunidades comenzaron a armarse para defenderse por sí sola de los agravios del crimen organizado y los cárteles de la droga.

Durante todo el año pasado el propósito del gobierno federal se concentró en tratar de convencer a los mexicanos que las reformas estructurales eran buenas para el país, al tiempo que en el hoy moribundo Pacto por México se hacían las negociaciones políticas con los dirigentes de los partidos de oposición que optaron por alinearse con el partido en el poder y acceder a lo que el jefe del Ejecutivo proponía, previas al envío de cada reforma al Legislativo. Hoy los partidos de oposición, sobre todo el que representa a una de las  izquierdas, el PRD, se dice engañado y defraudado, aunque la realidad es que fue chamaqueado por el gobierno priísta, por lo que a estas alturas no le queda llorar su autosometimiento a Peña Nieto. El otro partido de oposición, el PAN, cree haber sacado mejor provecho de los arreglos pactados, sobre todo por parte de su dirigente que aspira repetir en el cargo, objetivo para el cual parece contar con la simpatía del gobierno federal.

De esa forma, toda la atención de los hombres del presidente, apoyados con gran cantidad de recursos del gobierno federal, se sumaron a la campaña nacional de convencimiento durante todo 2013. No obstante los llamados de auxilio de los michoacanos que habían estado –y que siguen estándolo en muchas comunidades de esa entidad–, bajo el yugo de la criminalidad organizada, no hubo respuesta al clamor de esos llamados de desesperación, por la ineficiencia del gobierno local –al que incluso en varias ocasiones acusaron los dirigentes de los afectados de estar vinculado con los capos de los cárteles de la droga– y porque para el gobierno federal no había otra prioridad que las reformas. De todas –educativa, telecomunicaciones, hacendaria, política y financiera–, la energética era la más importante para el jefe del Ejecutivo federal. Fue a la que le apostó todo. Y fue aprobada.

Aunque aún falta que el Legislativo apruebe las leyes secundarias de cada reforma, se da por hecho que con los votos del PRI y del Partido Verde pasarán sin problemas. Sin embargo, la reforma constitucional en materia energética, además de traerle beneficios económicos y sociales al país, podría oxigenar de paso a Pemex que le permitirían su reestructuración organizacional, lo mismo que sucedería con la industria eléctrica en donde se requiere también inversión en tecnología para la modernización y el crecimiento en ese sector. Las promesas para los mexicanos son que bajarán el costo de la energía eléctrica y de los combustibles. En suma, la apuesta del gobierno es que se den pronto las condiciones para atraer fuertes inversiones no solo para la industria petrolera sino para el sector eléctrico.

Para ello se requiere garantizarle a los inversionistas nacionales y extranjeros su capital, así como la integridad física de su personal, desde los CEOs hasta los especialistas y empleados que operarán en campo, pasando por los niveles ejecutivos en materia petrolera y eléctrica, quienes estarán laborando en distintos puntos de nuestro país. Sin duda que Peña Nieto habría recibido comentarios de que tenía que emprender de manera urgente  una campaña mediática ruidosa que diera cuenta que su gobierno tiene como prioridad también la parte correspondiente al combate a la inseguridad en estados como Michoacán, en donde también se esperan que lleguen fuertes inversiones, no solo de los recursos que se le inyectarán a ese estado que rebasa los 45 mil millones de pesos, sino los que provendrían del capital extranjero.

Los industriales michoacanos están convencidos de que esa inyección de recursos federales que traerían beneficios económicos y sociales a ese estado, junto con las inversiones de fuera que aporte la reforma energética, comenzando por el impulso que se le puede dar al puerto de Lázaro Cárdenas derivado de la dichosa reforma, se tendrán las condiciones para ser más competitivos y crear mayor número de empleos formales, bien remunerados y de calidad en Michoacán. Los integrantes de ese sector están muy atentos a las condiciones que se darán para atraer inversiones que aporten al crecimiento del estado, una vez que comience a verse los resultados de la ayuda extraordinaria y emergente que ordenó el presidente Peña Nieto para ese estado. Quiérase o no, ese esquema lo pedirán otras entidades de la República que andan por las mismas que en Michoacán.

El punto es que los problemas de inseguridad pública le pegan  directamente, a la estabilidad financiera del país y a las pretensiones de que México se allegue de inversiones extranjeras. De ahí que no es exagerado afirmar que la reforma energética ha sido factor determinante para que el gobierno federal haya decidido la ayuda urgente y necesaria a favor de Michoacán. La comunidad financiera internacional está con la mirada puesta en México. De ahí que Peña Nieto haya decidido ir esta semana a Morelia, la capital michoacana, y darle un decidido impulso a ese estado, acompañado de su gabinete en pleno. Quiso mandar una señal fuerte al mundo del gran capital, de que Michoacán no solo le preocupa, sino que de esa entidad se ocupa. Los recursos que espera de la reforma energética bien vale esa alharaca mediática, aunque la medida haya sido tardía. Tendrá que preparar la chequera del erario porque otros estados querrán ese mismo trato preferencial.

 

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Pasmo ante la inseguridad

PAULINO CÁRDENAS

El gobierno, en ninguno de sus tres niveles, cumple cabalmente con el mandato constitucional de preservar la paz social. Están como pasmados. Ante esa realidad, la tendencia en muchas comunidades y poblados del país es la de organizarse en grupos de autodefensa y armarse para hacer lo que el Estado no se ha atrevido a hacer, que es defenderse de la delincuencia organizada. No es necesario que lo diga la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del INEGI. Los habitantes de muchas entidades federativas, municipios y comunidades del país, tienen temor a ser víctima de los grupos delincuenciales. En casi la mitad del territorio nacional, existe miedo a caer en manos del crimen organizado que sigue imparable, sin que autoridad alguna pueda contener su avance. Ninguna autoridad armada persigue a los delincuentes del fuero común ni a los cárteles de la droga y del crimen organizado. Por ello la población civil, inerme, está decidiendo armarse. No les queda de otra.

Pero eso no parece escandalizar al gobierno federal y menos a los gobiernos estatales ni mucho menos a los municipales. Ya sea porque así les ha sido ordenado a las fuerzas gubernamentales armadas –militares, marinos y policías federales, locales y municipales– o por la corrupción y la impunidad que existe entre los capos de los cárteles y los mandos militares y policiales que prefieren unirse a ‘los malos’ en lugar de defender a los buenos que están en la indefensión e inermes. El hecho es que el problema de la proliferación de las autodefensas y los policías comunitarios sigue aumentando. Aunque al parecer al gobierno ese fenómeno no le preocupe tanto, hay organismos internacionales que ya lo están advirtiendo, incluido el Departamento de Estado norteamericano. Pero al parecer esas advertencias el gobierno  de Peña Nieto ni las ve ni las oye.

Por lo pronto, en muchas comunidades del país han decidido armarse para defenderse de los sicarios que los tienen sometidos a punta de sangre y fuego, ante la negligencia de los grupos castrenses o por las ordenes dadas a los altos mandos, de no enfrentarse con los sicarios que están al servicio de los cárteles de la droga y del crimen organizado, como es un secreto a voces que ha venido sucediendo, se dice que en un afán de no parecerse al régimen de Felipe Calderón. En el caso del nuevo gobierno concurren dos factores: por un lado no existe una estrategia eficaz ni eficiente para frenar a la delincuencia organizada,  y por otro. la proliferación de las autodefensas y grupos comunitarios armados es una experiencia nueva, ante la cual no ha podido dar pie con bola. ¿O hay algún pacto de no agresión?

El gobierno se ha dedicado a criticar y señalar que las autodefensas y los policías comunitarios son inconstitucionales. Pero para mucha gente es más inconstitucional que el Estado se quede cruzado de brazos ante los hechos sangrientos de los cárteles que operan en diversas entidades del país. Hay órdenes al Ejército de desarmar y desmantelar a esos grupos civiles que lo único que hacen es tratar de defender a sus familias y el patrimonio que tienen. Ya están hartos de extorsiones, de que violen a sus hijas, de que les maten familiares por no obedecer órdenes de los criminales. Va quedando claro por parte del gobierno que no hay estrategia ante ese nuevo fenómeno, y menos cuentan con mediadores capaces de neutralizar los ataques del crimen organizado, que de manera cotidiana va contra decenas y decenas de familias enteras en comunidades en donde la autoridad brilla por su ausencia.

Más bien parece haber desprecio por parte de los tres niveles de gobierno hacia las comunidades que han quedado a la buena de dios, en lugar de armarse de valor y ordenar una estrategia militar que ponga fin a los avances de los cárteles, ante la fragilidad cada vez más acentuada de los gobiernos estatales y municipales que mas bien se han hecho guajes porque dicen que el asunto es federal. El caso es que entre que se echan la bolita unos a otros, los voceros del gabinete de seguridad del gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto se ha limitado a decir –como fue el caso del secretario de Gobernación, Migue Ángel Osorio Chong– que ‘hay avances’ ante ese problema, refiriéndose concretamente al caso de Michoacán en donde las cosas ya se salieron de madre, y donde los hechos desmienten esas declaraciones.

El caso es que hay al menos una docena de estados en esa misma circunstancia, de creación de nuevos grupos de autodefensas y policías comunitarios integrados por gente del pueblo –de muchos pueblos y comunidades en el país– para luchar contra la delincuencia organizada.  Los afanes del gobierno de Peña Nieto, de haber logrado que el Congreso de la Unión aprobara la reforma energética para sacar adelante al país según reza el estribillo oficial, podrían ser derrotados por la inseguridad que priva en muchos estados de la República. La mayoría de los mexicanos está comprometida con la no violencia. Pero todo tiene un límite.

Pero también debería tener un límite la negligencia o miedo del gobiernos federal, los estatales y municipales para combatir frontalmente a la delincuencia común y al crimen organizado, Ojalá que alguien se aplique en los altos mandos del gobierno de Peña Nieto, para acotar el avance de la criminalidad en México. Está a prueba su habilidad política ante ese difícil reto. Y si para ello requiere hacer cambios, que los haga. Por el bien del país. Antes de que sea demasiado tarde. Las Fuerzas Armadas no pueden seguir en la contemplativa por el mero afán de no parecerse a lo que hacían durante el régimen de Calderón. Las actitudes pusilánimes son malas consejeras. Y el dejar hacer y el dejar pasar, peor.  Para el mandatario priísta procurar la paz social, debería ser prioridad propiciarla, como lo prometió al inicio de su gobierno.

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Y las promesas siguen

PAULINO CÁRDENAS

Mientras que las cosas tienden a empeorar, empezando por la pronunciada cuesta de enero que lleva la pesada carga de más impuestos para millones de mexicanos, y los problemas de inseguridad que no paran en Michoacán y otros estados donde siguen las matanzas, junto con la violencia callejera que propician las huestes del magisterio disidente que insisten en seguir retando a los gobiernos capitalino y federal, más los actos vandálicos del cártel antiPeña y eventos que se han vuelto cotidianos como el robo de combustible que sigue en aumento en todo el país, igual que los robos a  casas habitación y joyerías mas la corrupción e impunidad que son el pan nuestro de cada día, el presidente Enrique Peña Nieto sigue prometiendo más y más sueños a los gobernados, ahora con que pronto lanzará una reforma ‘profunda’ para reactivar el siempre olvidado campo mexicano, además de las promesas de una mejor vida que insiste vendrá a partir de este año para el país y sus habitantes, derivada de la reforma energética.

Como el prometer no empobrece, habría que recordar que el jefe del Ejecutivo, en su primer mensaje como presidente constitucional de México anunció lo que sería el eje del gobierno que iniciaba: recuperar la paz del país, atender a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico y emprender una cruzada nacional contra el hambre. En realidad fueron 13 las promesas que hizo en su primer discurso. Pero el primer eje de su gobierno, dijo, “es lograr un México en paz. Pondremos al ciudadano y a su familia en el centro de las políticas de seguridad”. A diferencia de su antecesor, el presidente Peña Nieto dijo que el delito no puede combatirse sólo con acciones de fuerza. “Debemos cambiar de paradigma, entender que no habrá seguridad mientras no haya justicia”. Pero todo quedó en promesa, porque muchos mexicanos en diferentes estados del país siguen padeciendo de inseguridad y de injusticias.

¿Qué ha sucedido con las víctimas de la guerra contra el narcotráfico? De hecho nada. La batalla que inicio el poeta Javier Sicilia para dignificar a los muertos de la guerra de Calderón e indagar detalles de los decesos y saber dónde fueron a parar tantos cadáveres, hasta ahora ha sido una lucha infructuosa. La promesa del gobierno de Peña Nieto de atender a las víctimas e indagar lo sucedido con cada muerto, ha quedado en el intento. Habría que preguntarle a la periodista Marcela Turati, autora del libro ‘Fuego cruzado’ (editorial Grijalbo), lo que opina al respecto. Ella se dio a la tarea de relatar la guerra contra el crimen organizado desde la visión de las víctimas. Señala que un número frío, indiferenciado, suma a los caídos por la llamada “guerra contra el narcotráfico”, la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por el gobierno de Calderón.

Pero en la periferia de la contabilidad oficial, señala, se esconden las historias de cientos de niños, mujeres y hombres, nuevos huérfanos (de padres y autoridades), viudas, familias en la indigencia, personas desaparecidas, pueblos exiliados por el miedo o que lidian con sus pesadillas, así como jóvenes que no tienen más opciones que engrosar las filas del crimen organizado o campesinos convertidos por hambre en productores de cultivos ilegales, entre otras expresiones anónimas del llamado “daño colateral”. Las historias relatadas en ‘Fuego cruzado’ hablan de las sombras del mayor conflicto armado de los años recientes en México: por un lado, las penumbras de la desinformación (más allá de las muertes contabilizadas), y por otro, el ocultamiento de las propias víctimas debido al estigma que las convierte en sospechosas de su desgracia. Los damnificados de esta guerra suman ya en cientos de miles, dispersos en pueblos perdidos o habitando en las grandes ciudades: muchos de ellos son victimas azarosas de los grupos delictivos, otros tantos, de las fuerzas que pretenden sofocar la violencia con más violencia, señala la autora.

Y en cuanto el combate a la pobreza, como todos los presidentes lo han hecho, Peña Nieto dijo que los programas sociales deben evolucionar para arrojar mejores resultados, al afirmar que la Cruzada Nacional contra el Hambre ‘no es una medida asistencialista, sino una estrategia integral de combate a la pobreza de nueva generación’. Desde Las Margaritas, Chiapas, el mandatario federal afirmó que la cruzada no trata sólo de repartir alimentos entre quienes carecen de ellos, sino de poner en marcha una estrategia integral. El priísta mexiquense indicó que en los últimos años se avanzó contra la pobreza, pero no es suficiente, ya que no se han tenido avances mayores. Y de hecho, el programa no ha avanzado en su gobierno  como estaba proyectado. El ambicioso programa le fue encargado a la titular de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, pero está atorado.

Y como ese tema, hay otros que han quedado en promesas mas que en realidades. No obstante, hay dos lápidas muy pesadas con las que los mexicanos tendrán que transitar a lo largo de este año y quizá más allá. Una es la económica por la carestía que ya se disparó por los aumentos de las gasolinas y con el pretexto de la nueva carga fiscal que le pega a todas las actividades y personas físicas y morales, y la otra es la inseguridad que lejos de aminorar ha ido aumentando en diversas entidades federativas del país. El presidente Peña Nieto sigue confiado en que con la reforma energética que ya alcanzó rango constitucional, y con sus leyes reglamentarias que habrán de ser analizada y aprobadas en el próximo periodo de sesiones en el Congreso, México será otro.

Y en la celebración del 99 aniversario de la primera Ley Agraria, efectuada este lunes en Boca del Río, Veracruz,  Peña Nieto dijo que este año su gobierno impulsará una “profunda reforma” del campo, que lo ponga al día y lo haga más competitivo. La iniciativa, que ya está en revisión, será presentada al Congreso en el próximo periodo legislativo. Ojalá no se quede en promesa ya que ese sector ha sido tradicionalmente el maás olvidado de todos por cada presidente de la República que ha tenido México. Hacen mucha alharaca mediática de que ayudarán a los hombres del campo, pero al final de cuentas todo queda en cuentos. Ahí está la historia para comprobarlo. Para contar con su voto en época de elecciones, para eso sí sirven los campiranos.

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