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Peña Nieto ante el caso Ayotzinapa

PAULINO CÁRDENAS

Mucho depende de lo que diga mañana el presidente Enrique Peña Nieto a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, se sabrá si logra salir medianamente librado o de plano se le enrede más el caso bajo los reflectores de medios nacionales e internacionales, expectantes de ese segundo encuentro, en el que se estima que estará el grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la procuradora Arely Gómez entre otros personajes.

Al parecer la reunión tendría lugar en la residencia oficial de Los Pinos poco después del medio día, aunque de hecho hasta anoche no se había definido el lugar del encuentro. Había corrido la versión de que el mandatario se arriesgaría a ir a la sede de la escuela normal rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, Guerrero, con todo lo que ello implicaría para su seguridad e integridad física. No se sabe si a última hora se decidió por el ‘no’. La sola idea habría puesto muy nerviosos a los altos mandos del Estado Mayor y de las Fuerzas Armadas.

Según trascendió, se seguían viendo los pros y los contras de donde se celebraría la reunión. Si se hace en la residencia oficial, querrá decir que se desistió de ir a Ayotzinapa, Guerrero, no obstante que al parecer el mandatario quería dar la sorpresa y correr el riesgo de ir a esa casa de estudios que obviamente estaría superblindada la plaza por elementos del Estado Mayor, del Ejército y la Armada, además de la policía federal. Otras opciones para llevar a cabo ese evento eran el Alcázar del Castillo de Chapultepec y Palacio Nacional.

Si se confirma que sería en Los Pinos se habría dejado de lado la riesgosa idea de que Peña Nieto fuera a Ayotzinapa, por el ambiente tan caldeado que hay de repudio al gobierno federal y a la figura presidencial por parte de grupos que apoyan a los familiares de las víctimas, en donde estarían necesariamente los jóvenes que estudian en esa escuela a la -como otras 15 en el país- le tiene ojeriza el gobierno federal, de siempre, porque esos planteles rurales han sido señalados como escuela de guerrilleros. En la escuela normal de Ayotzinapa estudió Lucio Cabañas.

Además de la pesada carga del caso Ayotzinapa que no ha podido ser resuelto, el mandatario tiene encima los casos de otras violaciones a los derechos humanos como los que se han dado contra grupos que han sido víctimas de marginación, violencia y abusos de poder, como en la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, así como las víctimas de las masacres de Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán y Tanhuato, entre otros hechos de sangre en los que incluso han estado involucrados fuerzas policiacas y miembros del Ejército.

Por lo pronto los cinco representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron los aspectos más relevantes del caso Ayotzinapa, en un informe acabaron echando abajo lo que muchos llaman ‘mentira histórica’ del gobierno que estuvo a cargo del ex procurador Jesús Murillo Karam, con argumentos que a muy pocos mexicanos convenció y menos a los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos. A Peña Nieto lo acompañará el fantasma de los turistas mexicanos muertos en Egipto.

En este otro episodio, el gobierno mexicano envió a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Ruiz Massieu, a Egipto, para entablar contacto con su homólogo allá y tratar de aclarar la muerte de ocho turistas mexicanos y otros más que resultaron heridos en un inesperado ataque aéreo, en el que también había turistas egipcios, al ser confundidos con terroristas por estar supuestamente en zona restringida, en donde según el gobierno de aquel país, merodean grupos extremistas que están sentenciados al exterminio.

El caso es que el gobierno de Peña Nieto le exige al de Egipto que aclare las circunstancias de ese ataque mortal contra el grupo de turistas mexicanos, en tanto el gobierno egipcio se ha guardado de no acceder a esa petición formal del gobierno mexicano. Al respecto se han desatado una serie de comentarios en el sentido de que parece una contradicción de que si bien se está en pleno derecho de exigir la aclaración de esas muertes, lo mismo debía ser con tantas muertes que ha habido en México en este sexenio.

El gobierno de México está indignado por sus ciudadanos muertos en Egipto, pero ignora los muertos en casa, coinciden en señalar analistas de influyentes medios extranjeros. Es cierto que a pesar de estas contradicciones y el descrédito de las conclusiones de la investigación oficial, la Procuraduría General de la República sigue insistiendo en la veracidad de la misma.

Mañana jueves será, pues, una prueba de fuego para el mandatario mexicano, quien deberá definir si apela al discurso realista y sincero o sigue insistiendo en la retórica esquiva que promete, dice, pero no cumple, es decir, en la ‘verdad histórica’ que vox populi le llama ‘mentira histórica’.

“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” será el grito de rabia, de dolor, de indignación y de impotencia que acompañará mañana a los padres y madres de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos y que nadie sabe dónde están, aunque ha trascendido que el Ejército sí sabe en donde se encuentran o cuál habría sido el destino final de los normalistas.

A ese dolor y a esa indignación se han unido millones de mexicanos y ciudadanos de muchas latitudes del mundo. ¿Peña Nieto logrará salir bien librado? Solo faltan unas horas para saberlo. El encuentro se estima que será a puerta cerrada, como fue la anterior, el 29 de octubre del año pasado, en el salón Manuel Ávila Camacho de Los Pinos. Ojalá no salga con que ‘ya es hora de superar esa pérdida y a otra cosa mariposa’.

Familiares y amigos de los normalistas desaparecidos habrían iniciado un ayuno ayer en el Zócalo por la tarde, el cual concluiría el viernes poco después del medio día. Mientras tanto comenzaron algunos disturbios en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, y protestas en varias entidades del país, en apoyo de los familiares que se reunirán mañana con Peña Nieto. El primer año de esa desaparición masiva forzada se cumple el próximo sábado.

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Uso político de la justicia

PAULINO CÁRDENAS 

Resulta obvio que el gobierno panista ha hecho uso político de la justicia para tratar de socavar a los partidos de oposición y a sus candidatos, principalmente a todo lo que huela a PRI, aunque también el PRD ha sufrido de esa nociva práctica del gobierno panista; sólo hay que recordar el caso del ‘Michoacanazo’, un hecho muy significativo que corrobora esta aseveración que ha venido planteando la cúpula del Partido Revolucionario Institucional, sobre todo después del caso de los tres ex gobernadores de Tamaulipas -Eugenio Hernández, Tomas Yarrington y Manuel Cavazos-, a quienes se les instruye una averiguación previa por parte de la PGR sin saber por qué.

Desde que tomó posesión como nuevo dirgente del tricolor, Pedro Joaquín Coldwell le exigió al presidente Felipe Calderón no entrometerse en el proceso electoral de 2012, y a su gobierno no usar el tema del narcotráfico como arma electoral. El senador acusó al Ejecutivo de pretender reeditar la inestabilidad política vivida en México el primero de diciembre de 2006, cuando él estuvo a punto de no rendir la protesta de ley.

Dijo que “ante la debilidad de sus precandidatos, el gobierno panista recurre a toda suerte de artimañas para agredir a las fuerzas políticas que, como la nuestra, le disputan el poder. Por las acusaciones temerarias lanzadas desde la Presidencia hasta el uso faccioso de la procuración de justicia, todo se vale para descalificar al adversario. Poco les importa que quien pague los costos de estas acciones sea la sociedad”.

No sólo los partidos y sus cúpulas, sino los mexicanos todos, quieren que el sistema de justicia sea para combatir a la delincuencia organizada, para castigar actos de corrupción y para enjuiciar a quienes, en el nombre de la guerra que sostiene el gobierno panista contra la inseguridad, abusan de su poder, por lo que existen acusaciones en los organismos no gubernamentales contra agentes federales y militares que cometen violaciones a los derechos humanos de gente inocente.

De las miles y miles de muertes a raíz de la lucha contra el crimen organizado, no más de 30 sentencias firmes han sido emitidas por la Procuraduría General de la República. En cambio, se ha prestado a participar en eventos fallidos como fue el de la detención por elementos de la Policía Federal y del Ejército el 26 de mayo de 2009, de 11 presidentes municipales y 16 altos funcionarios del gobierno de Leonel Godoy, todos perredistas, y un juez del estado de Michoacán, por presuntos vínculos con el crimen organizado, a los cuales se tuvo que absolver un año después por falta de pruebas.

Lo mismo sucedió con el caso de Gregorio ‘Greg’ Sánchez, a quien un testigo protegido lo acusó de tener nexos con el crimen organizado, cuando era aspirante a la gubernatura del estado de Quintana Roo por el PRD en 2010. Fue detenido, y llevado al penal de ‘El Rincón’ en Tepic, Nayarit. Fue acusado por delitos de delincuencia organizada, por uso de dinero de procedencia ilícita y delitos contra la salud. Luego fue trasladado a la ciudad de México donde anduvo con brazalete para no salir de la capital. Al final quedó en libertad por falta de pruebas.

Luego vino el caso de Jorge Hank Rhon que fue detenido el sábado 11 de junio de 2011 junto con varios de sus colaboradores de seguridad, por supuesto acopio de armas y otros cargos que al final no pudieron ser comprobados por parte de las autoridades federales y estatales donde hubo una evidente falta de coordinación, de paso haciendo quedar mal al Ejército que realizó la detención del ex alcalde de Tijuana, acusado de tener en su casa al menos 100 armas de fuego. Al final a Hank Rohn le hicieron los mandados.

Recientemente al exigir a las autoridades federales no utilizar los instrumentos de la justicia con fines electorales, el PRI salió a la defensa de los tres ex gobernadores de Tamaulipas: Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. En un comunicado, el partido que encabeza Pedro Joaquín Coldwell criticó el que se hayan hecho públicas estas investigaciones en el contexto de un proceso electoral próximo. “La difamación y la filtración mal intencionada de posibles investigaciones son ilegales y corresponden a prácticas de un gobierno autoritario”. Reiteró que el PRI no defenderá a nadie que cometa delitos, pero tampoco aceptarán el manejo “faccioso” de la justicia.

Sobre ese tema el Revolucionario Institucional pidió que el gobierno actúe conforme lo manda la ley, pero que no haya filtraciones; simplemente que actúen como lo manda la ley, punto. Algunos senadores priístas acusaron al gobierno federal de una “guerra sucia” para perjudicar a su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, y al partido en general en el próximo proceso electoral. Carlos Jiménez, Francisco Labastida y Francisco Arroyo condenaron la investigación en contra de los ex gobernadores y su filtración a algunos medios de comunicación. “Diría que huele a guerra sucia en contra del PRI”, señaló Labastida.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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Justicia para los muertos

PAULINO CÁRDENAS

Justicia es lo que le han estado pidiendo al gobierno mexicano los organismos de derechos humanos y las familias de tantos miles de caídos por la lucha armada contra las mafias a la que está aferrado el Presidente, en torno a la cual no se sabe si pasarán años para que pudiera llegar a hacerse, como sucedió en alguna medida con la matanza de estudiantes del 2 de octubre del 68 o la masacre de Acteal donde el 22 de diciembre de 1997 el estado mexicano cometió una de las grandes masacres del país: paramilitares asesinaron a 45 indígenas. Lo que sucede es que la guerra de Calderón lleva más de 60 mil muertos, hasta ahora.

De hecho el recurso legal metido en la Corte Penal Internacional de La Haya por un grupo de académicos, intelectuales y periodistas que ahí va avanzando, también trata de clamar justicia e imponer castigo a quienes resulten responsables de tantas muertes que ha habido en México por esa inútil guerra gubernamental contra los cárteles, cuyos resultados han sido muy decepcionantes. Muchos en el país y fuera de él se preguntan: ¿Qué fue de tantos muertos? ¿En dónde quedaron? ¿Cómo murieron? Hasta ahora son muertos sin nombre, sin rostro, sin tumba.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional han estado machacando a lo largo del sexenio sobre el tema, poniéndole énfasis a los abusos de los militares contra gente inocente, a lo que las autoridades han puesto oídos sordos o respondido que en México sí se hace justicia, lo cual todos saben que en la gran mayoría de los casos eso no dista de ser verdad. Incluso HRW acaba de dar a conocer la proporción de asuntos atendidos por el gobierno en relación al número de quejas, y la diferencia es abismal. Pero el caso de los muertos por la guerra es aún peor.

La gran mayoría de los más de 60 mil muertos que lleva la guerra del Presidente están en el anonimato. Nadie sabe en dónde quedaron. No existe un acta ministerial de prácticamente ningún caso. Si como dice al cabo que son muertos de los mismos grupos criminales en conflicto, pocos son los que logran ser identificados. Si tienen suerte llegan al forense de algún pueblo para ser enterrados por sus familiares, aunque siempre hay miedo de que pueda haber venganzas y acaben matando a más gente.

A nivel económico esa guerra ha arruinado la vida de miles de mexicanos. Se dice que cuando las familias abandonan sus casas por el temor a la violencia, obligadas a emigrar a otros lados, hay quienes van y acaparan de inmediato esas propiedades abandonadas en operaciones hormiga de las que casi nadie se percata. ¿Quiénes están quedándose con tantas propiedades? ¿Para qué? Las autoridades hacen mutis sobre ese asunto, como si no existiera.

Mucha gente inocente ha quedado a expensas de los abusos de los militares sin escrúpulos, policías federales e incluso grupos paramilitares que dicen andar en busca de cómplices de los grupos armados que trabajan para los jefes de los cárteles y las mafias criminales, cometiendo graves abusos contra los derechos ciudadanos. Ha habido quejas de que se cometen desapriciones forzadas, torturas, violaciones e incluso asesinatos, sin que nadie haga nada por evitarlo.

Ante tales atrocidades, miles de ciudadanos huyen a diario con sus familias a otras ciudades y varios miles de desplazados acaban yéndose a diversos poblados o ciudades urbanas. La situación es mucho peor de lo que la gente conoce a través de los medios porque incluso varios de ellos no se atreven a publicar lo que acontece en sus poblaciones o entiades por temor a represalias. La gente se entera de crímenes y masacres diríase que a la antigüita; de oídas, de boca en boca. Eso es un hecho.

Lo cierto es que miles y miles de muertos producto de la narcoguerra, sin nombre, sin rostro, desconocidos pues, en el mejor de los casos pudieron haber quedado en la morgue de alguna de las instancias judiciales de algún poblado donde casi nunca son reclamados, y tal vez hayan acabado, preservados en formol, en alguna universidad para ser usados en las clases de medicina forense.

Lo paradójico es que hay zonas del país que a pesar de que estar militarizadas, existe un vacío de autoridad civil, policial y militar. El cohecho o el miedo a morir es lo que impera en muchos poblados del país. Nadie se explica cómo, en Michoacán por ejemplo, tierra natal de Calderón, a pesar de que hay miles y miles de soldados y de policías federales destacados en la entidad, sigue habiendo atrocidades por parte de las mafias que no acaban de ser controladas. No es lógico.

Como tampoco es lógico para Human Rights Watch y Amnistía Internacional que haya abusos de militares contra gente inocente además de tantas muertes que se están dando en México por una guerra contra los cárteles que ni fu ni fa, en tanto miles de familiares de gente caída en esa guerra no tiene idea en dónde pudieron quedar sus muertos o si están desaparecidos. Ellos claman justicia. Y para los mexicanos su clamor es que haya castigo para los responsables de esa inútil guerra.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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PGR: comenzó la purga

PAULINO CÁRDENAS

Este lunes, ‘por diferencias’ con la titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales, según dijeron, renunciaron voluntariamente 21 delegados de esa dependencia. El anuncio lo corroboró la coordinadora de delegaciones estatales de la dependencia, Rosa Elena Torres Dávila. No se dieron detalles a qué se refieren esas ‘diferencias’ entre jefa y subordinados. La dimisión en masa se dio cuando la titular se hallaba fuera del país.

Estando en España en una gira que incluyó Italia, la procuradora declaró que la “depuración” será “permanente” y a todos los niveles, y dijo que el mensaje a los funcionarios es que “no voy a tolerar” actuaciones ilegales o corrupción. Puntualizó que las actuaciones de depuración “deben ser permanentes, no sólo en la PGR, sino en los tres niveles de gobierno”, porque “es lo que requiere el país para generar la confianza y reducir la impunidad”. ¿Entonces fue renuncia obligada?

Según trascendió, se investiga también a alrededor de mil 600 empleados y funcionarios  de la PGR en todo el país, en torno a presuntas prácticas ilegales que pudieran estar fuera de su responsabilidad pero utilizando credenciales de esa dependencia. Varios de los delegados que renunciaron temen que la procuradora les abra investigaciones en su contra.

Se podría suponer que los motivos de la renuncia de los delegados estaría relacionado con el antiquísimo sistema que ha imperado desde siempre entre los altos mandos de la fiscalía federal, sus delegados y subordinados, quienes –con sus honrosas excepciones– en lugar de prevenir o castigar el delito, simplemente lo administran, porque esto resulta más redituable para quienes faltan a su compromiso institucional.

¿Será esa la razón? Porque es públicamente sabida la extraña relación que siempre ha existido entre la forma estandarizada de actuar al filo de la navaja de quienes deben procurar justicia, con los delincuentes –sean del fuero común o federal–, que en la mayoría de los casos logra evadir culpas y responsabilidades.

En la cadena de procuración de justicia hay funcionarios y empleados que contribuyen por igual a la ineficacia de ese sistema. Las ascendentes tasas de delincuencia que quedan en la impunidad lo revelan. ¿Por qué muchas víctimas o sus familiares prefieren no reportar delitos? Por desconfianza.

De acuerdo a estudios realizados por especialistas, de cada cien denuncias de delitos sólo tres resultan en la aprehensión y procesamiento de un sospechoso. Quienes cometen delitos federales le apuestan a que la corrupción logra disminuir casi a su mínima expresión la probabilidad del castigo, y casi nula la relacionada con la severidad punitiva.

Según el código de conducta de la PGR, entre los deberes de los delegados están el abstenerse del uso del cargo público para obtener beneficios o ventajas personales distintas a la retribución salarial correspondiente, de intervenir en la atención o resolución de asuntos en los que tenga interés personal o de negocios, así como el empleo indebido de los recursos de la Institución.

Y en lo que se refiere al respeto a la dignidad humana, se hace hincapié en que los delegados deben velar por el ejercicio prudente y mesurado de sus facultades y el respeto irrestricto de las garantías y derechos fundamentales de las personas previstos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte.

¿En dónde pues, está eso de que ‘por diferencias’ con la titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales, renunciaron 21 delegados? ¿A qué se refieren con eso de ‘por diferencias’? ¿De qué diferencias se trata? Los delegados que dimitieron fueron los de Aguascalientes, Veracruz, estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Chiapas, Oaxaca, Sonora, Durango, Coahuila, Tlaxcala, Guanajuato, Morelos y Distrito Federal.

¿Qué sucedió ahí que no pasó con los de Baja California ni Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Tabasco y Yucatán? ¿Por qué los delegados de la PGR de estas entidades federativas no renunciaron junto con los otros? ¿Son los bien portados o los disciplinados? ¿Sus titulares no tiene ‘diferencias’ con la procuradora Marisela Morales? ¿O no quisieron seguirle el juego a los demás que sí lo hicieron? ¿Por qué? ¿Lo harán después?

Por lo pronto, tardíamente se reinició, al parecer por ‘propia’ voluntad, la ‘Operación Limpieza’ que quedó trunca en las instancias policiales y de seguridad que se había llevado a cabo al principio de la administración que encabeza Felipe Calderón. La cosa está que arde en la PGR. Y peor se va a poner. Se espera que todo sea para bien, es decir, para poder enfrentar con la espiral de violencia y crimen organizado que azota a nuestro país sin tanta impunidad.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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Un diálogo con sordos

PAULINO CÁRDENAS

La Secretaría de Gobernación fijó de antemano la postura del gobierno federal panista respecto de los planteamientos que le harán mañana los miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad al jefe del Ejecutivo, quienes reclaman darle atención a varias exigencias ciudadanas con respecto a la narcoguerra, sintetizadas en seis puntos, pero las cuales tendrán que comulgar con la estrategia actual de seguridad ‘para que la misma se consolide’. Es decir, que esas propuestas tendrán que estar en la misma frecuencia impuesta por Felipe Calderón y sus asesores bélicos en su lucha contra los cárteles, y si no, nada. Y por supuesto no habrá cambio de estrategia.

Los seis puntos del Movimiento que se ventilarán en el Museo de Antropología a partir de las 10 de la mañana, son: Esclarecer los asesinatos y desapariciones y rescatar la memoria de las víctimas; poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana; combatir la corrupción y la impunidad; combatir la raíz económica y las ganancias del crimen; atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social; y establecer una democracia participativa en los medios de comunicación.

La postura oficial quedó de manifiesto cuando la reportera Fabiola Martínez del periódico La Jornada, le preguntó al titular de la dependencia, José Francisco Blake, sobre el insistente reclamo de ese movimiento civil para que haya un cambio de estrategia en materia de seguridad, y éste respondió: “Primero vamos a estar atentos a cualquier planteamiento que consolide la estrategia”. ¿Qué quiso decir con eso? Que si no hay coincidencia con la estrategia del gobierno no habrá cambios, seguirá el Ejército en las calles y todo seguirá igual. Los otros cinco puntos de la agenda ese Movimiento simplemente los batearán.

El hecho es que los asesores de guerra de Calderón no están dispuestos a que por presiones de organismos civiles como el que encabeza el poeta y escritor, Javier Sicilia, vayan a variar ni un ápice su modus operandi en la fracasada lucha contra los cárteles de la droga y del crimen organizado. Lo que se buscará en ese ‘diálogo’ será darle largas a lo que no esté alineado con las necedades de esa gesta bélica, pese al rotundo fracaso que ha sufrido el gobierno federal panista frente a las mafias las cuales, lejos de haber sido reducidas, se han empoderado más en el país.

Por ello, los miembros de la cúpula de ese Movimiento que no se digan sorprendidos si el diálogo de mañana resulta igual que aquellos por la (in)seguridad que se llevaron a cabo el año pasado y parte de este, en un foro multidisciplinario en el que supuestamente se buscaba influir para que hubiera cambios en  la fallida estrategia contra los capos del crimen organizado, cuya cifra avanza veloz hacia los 45 mil muertos sin que eso inmute al jefe supremo de guerra ni a sus consejeros.

Si el gobierno federal panista no ha hecho caso de los exhortos de la ONU y otros organismos internacionales de derechos humanos en torno a los ‘daños colaterales’ de esa guerra armada contra los cárteles de la droga y otras vertientes del crimen organizado, menos lo hará con un movimiento civil porque, de hacerlo, según los consejeros de guerra del Comandante Supremo, se vendría abajo todo lo que hay detrás del telón de esa contienda armada sin rumbo.

Las señales de que nada habrá de cambiar porque no hay la voluntad política para ello, estaba implícito en lo que había señalado Javier Sicilia: “El diálogo ya estaba pactado y ya el mismo gobierno había aceptado que fuera público, con las víctimas, y ya habíamos propuesto el Palacio Nacional; pero ellos dijeron que no, porque tienen ciertos problemas ahí, y entonces elegimos el Museo Nacional de Antropología”.

Añadió: “Luego vino la visita de Calderón a Juárez con un desfile militar; sus declaraciones sobre el sacerdocio policial, y el ataque al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte”. En lo que se accedió fue en que el diálogo fuera público y de cara a la sociedad, de confrontación con las víctimas de la violencia. Pero, ¿qué tan público será ese diálogo? ¿Acaso se transmitirá en cadena nacional?

¿No debió abrirse ese diálogo a un público más diverso para darle voz a quienes también están hasta la madre de tantos yerros porque esa inútil y cruenta guerra ha hecho dejar de lado otros importantes rubros que requieren la atención del gobierno federal? Si el arrojo de los sicilistas no se arredra, desde mañana se podría iniciar el primer capítulo del juicio público adelantado contra quienes se han empeñado a contrapelo a escribir esa sangrienta página en la historia de un México que se merece un gobierno que promueva la paz y no la guerra.

pcardenascruz@yahoo.com.mx



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Fantasma ronda a políticos

PAULINO CÁRDENAS

Al margen de la reciente declaración hecha por la ONU en el que reprueba al sistema de justicia mexicano y sugiere, entre otras cosas, legislar para que el poder Judicial no dependa del poder Ejecutivo, es un hecho que sigue poniendo de nervios a la clase política la posibilidad de que se repita otro ‘michoacanazo’ en vísperas de los comicios que habrá este año en varios estados de la República, y sobre todo las del año próximo, antes de que se celebren las elecciones para la sucesión presidencial.

La Constitución mexicana señala que los Ministerios Públicos dependen orgánicamente del Presidente de la República a nivel federal o de los gobernadores a nivel estatal. Con otro ingrediente: el sistema político queda inmerso en el ámbito de la justicia con lo que la investigación de los delitos se lleva a cabo con frecuencia de acuerdo a la agenda política o a las prioridades políticas del gobierno en turno. Pero lo peor está en que el nivel de corrupción e impunidad en materida de justicia es espeluznante.

Por ello, en principio, la propuesta de Naciones Unidas es darle independencia al poder Judicial, empezando por los Ministerios Públicos, orgánica y funcionalmente, a fin de evitar, primero, actos de corrupción, y paralelamente, que, en ningún caso, el Presidente ni los gobernadores interfieran para nada en las decisiones judiciales.  La ONU propone que el Legislativo proponga modificaciones a la Constitución para que el sistema judicial mexicano camine por el sendero del apego al derecho, a la imparcialidad y al respeto a los derechos humanos.

Se trataría, en primera instancia, de evitar que en México se sigan dando los numerosos casos que se dan, de personas que, después de varios años en prisión, quedan en libertad por falta de pruebas o por tantas  irregularidades en las investigaciones en su contra. O en el peor de los casos, que haya gente inocente –como muchísima que hay en las distintas cárceles de todo el país– pagando culpas que no cometieron.

Pero mientras esas recomendaciones se llegan a hacer realidad algun día, en el ámbito político, en vísperas de los comicios que habrán de realizarse en varios estados de la República este año, y el próximo en el que habrá relevo presidencial, hay temores por parte de algunos actores políticos de que, a partir de cierto momento, algunos gobernadores o gente de cierto renombre en la clase política, sean acusados por presuntos vínculos con las redes criminales, por parte de quien maneja esa prerrogativa acusatoria a través de autoridades judiciales y la fiscalía federal o alguna estatal.

Está el caso del ex candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, quien fue detenido la noche del pasado sábado sin que mediara orden de aprehensión y ni siquiera haber pasado ante el Ministerio Público. No sabe por qué fue detenido. Acusa al gobernador priísta de esa patraña. Por lo pronto,  los dirigentes de los partidos del PRI, Humberto Moreira; Gustavo Madero del  PAN y Jesús Zambrano del PRD, acordaron blindar a sus candidatos a elección popular para evitar “la presión” del crimen organizado o de otras fuerzas poderosas, y fortalecer la seguridad de los mismos.

Dijeron que mañana acudirían a Gobernación para que les informen si alguno de sus candidatos está siendo investigado por tener vínculos con el crimen organizado. Coincidieron en señalar que es una “preocupación compartida” la necesidad de blindar las campañas electoral contra la penetración de dinero sucio del narcotráfico.

Uno de los más preocupados es el líder del tricolor, a quien le habrían corrido el chisme de que si no eran aprobadas las reformas de la Ley de Seguridad Nacional en el recién terminado período ordinario, como lo proponía el Ejército, podrían ‘balconear’ a varias figuras del Revolucionario Institucional. El recado era ciertamente preocupante. El temor de otro ‘michoacanazo’ sigue vigente.

Según publicó Proceso a finales de abril bajo la firma de Jesusa Cervantes, el Poder Ejecutivo estaría integrando “expedientes negros” de gobernadores priístas vinculados con “actividades ilícitas”, y que varios generales habrían advertido al dirigente del Revolucionario Institucional, que si no eran aprobados los cambios propuestos por el Ejército en la Ley de Seguridad Nacional, dichos ‘expedientes’ serían publicados.

Otro temor mucho peor es que, por el clima de violencia que sacude al país a causa de la narcoguerra, pudiera segarse la vida de algún aspirante como fue el caso del candidato priísta a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, asesinado a finales de junio de 2010; algún gobernador en turno, o un ex gobernador como sucedió con la ejecución de Silverio Cavazos ex mandatario de Colima, sucedido en noviembre del año pasado.

Los temores pues, por ese sistema judicial a la mexicana que reprueba la ONU, no son gratuitos. Y la lucha por el poder cada vez sube de tono.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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Silva Meza dignifica a la Corte

PAULINO CÁRDENAS

Es de esperarse que con la respetable y ganada fama de que goza Juan Silva Meza quien acaba de ser ungido como ministro presidente de la Suprema Corte, la justicia en México recupere el prestigio perdido en mayor o menor medida con el tiempo en cuanto a su rol en el análisis y resolución de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, así como en los recursos de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito o los tribunales unitarios de circuito, entre otros de sus importantes atributos.

Ha sido un clamor nacional que en materia de procuración e impartición de justicia se evite el arrasamiento del más débil por el más fuerte que indebidamente orilla a soluciones pactadas y negociadas por la autoridad juzgadora y los infractores, lo que suele dejar a las víctimas en la total indefensión o que los culpables acaben protegidos por la impunidad. La SCJN es el organismo al que corresponde decidir, obviamente cuando el caso lo amerita y está dentro de sus atribuciones, si una cosa juzgada fue justa o injusta y apegada a derecho.

Un caso que motivó muchas expectativas de la ciudadanía por parte de la Corte fue el de los 49 bebés que murieron calcinados el 5 de junio de 2009 en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Silva Meza –junto con el ministro ponente del caso, Arturo Zaldívar, y la ministra Olga Sánchez Cordero–, votó en esa ocasión a favor de que se señalaran culpables de aquella tragedia.

Sin embargo, por ocho votos contra tres el pleno determinó que el máximo tribunal se limitaría sólo a señalar si se habrían registrado o no violaciones graves de garantías en el incendio y, si fuera el caso, a las autoridades que se vieron involucradas en las mismas. Al final el asunto dejó mucho qué desear de cara a la nación. La opinión pública y sobre todos los padres de las víctimas siguen clamando justicia y cárcel para los verdaderos culpables porque se considera que el caso quedó en la impunidad.

Con la designación del recién ungido ministro presidente, de 66 años y una larga carrera judicial, se renueva la esperanza de todos los sectores de la sociedad para que haga frente a los retos que debe afrontar el máximo tribunal del país, privilegiando en cada caso los principios de justicia y equidad. Al asumir el importante cargo, se comprometió a encabezar una administración que colabore a garantizar la seguridad y paz social de la población y aseguró que su única misión “será con la ley”.

Considerado un hombre de inquebrantable honestidad y un juzgador crítico y liberal, el nuevo ministro presidente  fue electo por nueve votos contra uno, para el periodo que va del 3 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014. El ministro Sergio Aguirre Anguiano, considerado el más conservador de todos, le negó su voto. Desde el principio fue opositor a la designación de Silva Meza ya que sus simpatías estuvieron siempre a favor de la ministra Margarita Luna Ramos de manera abierta.

Dijo que seguirá muy de cerca el proceso de las recientes reformas en materia de amparo y de protección a los derechos humanos. Señaló que, de ser el caso y dentro de sus competencias constitucionales y legales, el Poder Judicial de la Federación participará activamente en esta reforma. En casos polémicos como los del aborto y de los matrimonios entre personas del mismo sexo o bodas gay, votó por validar las reformas que se aprobaron en este sentido en el Distrito Federal.

Silva Meza ha sido un abierto defensor de las garantías ciudadanas inscritas en la Constitución. Es un crítico importante de las autoridades. Formó parte de los ministros que votaron de manera unánime por responsabilizar de violaciones graves debido al caso de la matanza de Aguas Blancas, que sucedió en junio de 1995, al entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer.

Como encargado de la investigación de la detención de la periodista Lydia Cacho, pidió responsabilizar al gobernador de Puebla, Mario Marín, de violaciones graves de garantías. En el caso de los enfrentamientos registrados en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, estado de México, votó por responsabilizar a funcionarios del gabinete del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y del ex presidente Vicente Fox.

En el caso de los enfrentamientos en Oaxaca, sucedidos también en 2006, el ministro Silva Meza votó por responsabilizar por omisiones que afectaron a la población al gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Entre sus votos destacan las resoluciones que permitieron la liberación de las indígenas de Querétaro, Alberta y Teresa, acusadas de secuestrar a seis federales.

Durante años se descuidó la formación de los encargados de ejercer la acción penal y decir quién era inocente y quién culpable. La corrupción también ha tenido mucho que ver. Con un poder político centralizado en manos del PRI, durante décadas decidir quién era inocente o culpable de un delito no exigía mayores destrezas. Ante un extremo, bastaba una llamada telefónica de algún influyente personaje al juez, para enviar a prisión o liberar a una persona. A medida que el poder se fue distribuyendo, esto ya no resultó tan simple. En la actualidad, cada vez va siendo más cierta la separación de atribuciones entre Poderes.

Con la llegada de Silva Meza se espera que los actos de la burocracia ministerial se ajusten a lo que marca la ley y los jueces hagan su trabajo bajo el mandato, primero que nada, de los preceptos constitucionales, empezando por respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos en vías de ser procesados o que ya hayan sido juzgados. El giro que se espera así lo demanda. Sin duda con su elección ganó la Corte.

 

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