Silva Meza dignifica a la Corte

PAULINO CÁRDENAS

Es de esperarse que con la respetable y ganada fama de que goza Juan Silva Meza quien acaba de ser ungido como ministro presidente de la Suprema Corte, la justicia en México recupere el prestigio perdido en mayor o menor medida con el tiempo en cuanto a su rol en el análisis y resolución de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, así como en los recursos de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito o los tribunales unitarios de circuito, entre otros de sus importantes atributos.

Ha sido un clamor nacional que en materia de procuración e impartición de justicia se evite el arrasamiento del más débil por el más fuerte que indebidamente orilla a soluciones pactadas y negociadas por la autoridad juzgadora y los infractores, lo que suele dejar a las víctimas en la total indefensión o que los culpables acaben protegidos por la impunidad. La SCJN es el organismo al que corresponde decidir, obviamente cuando el caso lo amerita y está dentro de sus atribuciones, si una cosa juzgada fue justa o injusta y apegada a derecho.

Un caso que motivó muchas expectativas de la ciudadanía por parte de la Corte fue el de los 49 bebés que murieron calcinados el 5 de junio de 2009 en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Silva Meza –junto con el ministro ponente del caso, Arturo Zaldívar, y la ministra Olga Sánchez Cordero–, votó en esa ocasión a favor de que se señalaran culpables de aquella tragedia.

Sin embargo, por ocho votos contra tres el pleno determinó que el máximo tribunal se limitaría sólo a señalar si se habrían registrado o no violaciones graves de garantías en el incendio y, si fuera el caso, a las autoridades que se vieron involucradas en las mismas. Al final el asunto dejó mucho qué desear de cara a la nación. La opinión pública y sobre todos los padres de las víctimas siguen clamando justicia y cárcel para los verdaderos culpables porque se considera que el caso quedó en la impunidad.

Con la designación del recién ungido ministro presidente, de 66 años y una larga carrera judicial, se renueva la esperanza de todos los sectores de la sociedad para que haga frente a los retos que debe afrontar el máximo tribunal del país, privilegiando en cada caso los principios de justicia y equidad. Al asumir el importante cargo, se comprometió a encabezar una administración que colabore a garantizar la seguridad y paz social de la población y aseguró que su única misión “será con la ley”.

Considerado un hombre de inquebrantable honestidad y un juzgador crítico y liberal, el nuevo ministro presidente  fue electo por nueve votos contra uno, para el periodo que va del 3 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014. El ministro Sergio Aguirre Anguiano, considerado el más conservador de todos, le negó su voto. Desde el principio fue opositor a la designación de Silva Meza ya que sus simpatías estuvieron siempre a favor de la ministra Margarita Luna Ramos de manera abierta.

Dijo que seguirá muy de cerca el proceso de las recientes reformas en materia de amparo y de protección a los derechos humanos. Señaló que, de ser el caso y dentro de sus competencias constitucionales y legales, el Poder Judicial de la Federación participará activamente en esta reforma. En casos polémicos como los del aborto y de los matrimonios entre personas del mismo sexo o bodas gay, votó por validar las reformas que se aprobaron en este sentido en el Distrito Federal.

Silva Meza ha sido un abierto defensor de las garantías ciudadanas inscritas en la Constitución. Es un crítico importante de las autoridades. Formó parte de los ministros que votaron de manera unánime por responsabilizar de violaciones graves debido al caso de la matanza de Aguas Blancas, que sucedió en junio de 1995, al entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer.

Como encargado de la investigación de la detención de la periodista Lydia Cacho, pidió responsabilizar al gobernador de Puebla, Mario Marín, de violaciones graves de garantías. En el caso de los enfrentamientos registrados en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, estado de México, votó por responsabilizar a funcionarios del gabinete del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y del ex presidente Vicente Fox.

En el caso de los enfrentamientos en Oaxaca, sucedidos también en 2006, el ministro Silva Meza votó por responsabilizar por omisiones que afectaron a la población al gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Entre sus votos destacan las resoluciones que permitieron la liberación de las indígenas de Querétaro, Alberta y Teresa, acusadas de secuestrar a seis federales.

Durante años se descuidó la formación de los encargados de ejercer la acción penal y decir quién era inocente y quién culpable. La corrupción también ha tenido mucho que ver. Con un poder político centralizado en manos del PRI, durante décadas decidir quién era inocente o culpable de un delito no exigía mayores destrezas. Ante un extremo, bastaba una llamada telefónica de algún influyente personaje al juez, para enviar a prisión o liberar a una persona. A medida que el poder se fue distribuyendo, esto ya no resultó tan simple. En la actualidad, cada vez va siendo más cierta la separación de atribuciones entre Poderes.

Con la llegada de Silva Meza se espera que los actos de la burocracia ministerial se ajusten a lo que marca la ley y los jueces hagan su trabajo bajo el mandato, primero que nada, de los preceptos constitucionales, empezando por respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos en vías de ser procesados o que ya hayan sido juzgados. El giro que se espera así lo demanda. Sin duda con su elección ganó la Corte.