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Caso Ayotzinapa iría a La Haya

PAULINO CÁRDENAS

En lugar de propiciar el reparto de culpas en el caso Ayotzinapa y en querer minimizar el asunto de la ejecución de supuestos criminales por parte de soldados y su mando en Tlatlaya, el presidente Enrique Peña Nieto habrá de echar mano de todos los recursos a su alcance para apurar esas investigaciones, antes de que la indignación nacional e internacional crezca más de lo que ha crecido hasta ahora, las cuales le están echando a perder la imagen de reformador que se había forjado y con la que intentaba salvar al país. Por lo pronto, el grupo de Izquierda Unitaria Europea/Verdes Nórdicos del Parlamento Europeo, pidió que sea la Corte Penal Internacional de La Haya la que analice los hechos de violencia ocurridos en Ayotzinapa y abra una investigación si se acredita que se trató de crímenes de lesa humanidad, como todo parece indicar, y que analice otros hechos de violencia que han ocurrido en México.

Ese asunto de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, junto con el de la matanza de supuestos criminales a manos de militares en Tlatlaya, estado de México, le han complicado el panorama al jefe del Ejecutivo mexicano, a quien varios de los diarios más influyentes le vaticinan un futuro incierto respecto de sus reformas, a causa de la inseguridad que su gobierno no ha podido controlar. La revista inglesa The Economist, por ejemplo, señaló que éstas “son atrocidades” lo suficientemente serias para cambiar el rumbo del gobierno de dos años del presidente Enrique Peña Nieto. Añadió que el mandatario mexicano “ha priorizado las reformas económicas y subestimado la ley y el orden como manera de modernizar México, sin reconocer que ambas son igual de importantes”.

En Estados Unidos, el diario USA Today publicó que la desaparición de los 43 normalistas es un “recordatorio alarmante” de que la violencia delictiva persiste en México, pese a que Peña Nieto insiste en lo contrario al señalar que la situación de seguridad está mejorando. Por su parte The New York Times difundió un artículo en primera plana en el que destacó los dichos de Peña Nieto, quien dijo que la búsqueda de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa es la prioridad número 1 de su administración.

Apuntó: “Pero si de algo ha servido la búsqueda es para confirmar que la crisis del crimen organizado en México, donde se sabe fueron matadas decenas de miles en la guerra a las drogas de años recientes, podría ser peor de lo que han admitido las autoridades”, apuntó el diario en su nota titulada: “México halla muchos cadáveres, pero no a los estudiantes perdidos”. El gobierno federal, añadió el influyente diario, ha celebrado estadísticas recientes sugiriendo un declive en los homicidios, “pero la proliferación de fosas en Guerrero -incluidos 28 cuerpos humanos calcinados que resultaron no ser los normalistas- arroja nuevas dudas sobre el conteo del gobierno, potencialmente apuntando hacia un número más grande de muertos que no han sido contados”.

En tanto, The Washington Post resaltó que a nadie debió sorprender que ninguno de los 28 cadáveres encontrados en las fosas fuera de los 43 normalistas, toda vez que la sierra arriba de Iguala es un conocido basurero humano. “Mientras que la noticia de que no eran los normalistas alentó a sus familiares, para el resto de México fue una parada más en la rueda de la fortuna del horror, reforzando la creencia de que hay fosas clandestinas en todo el país donde se han esfumado un número incalculable de mexicanos”. Las fosas no son las primeras y tampoco las más grandes que se descubren en años recientes. “No obstante, han destrozado la campaña de relaciones públicas de EPN para desviar la atención internacional de los fracasos en materia de seguridad”.

Por su parte el Ejército Popular Revolucionario (EPR), también pidió llevar a juicio al Estado mexicano ante los tribunales internacionales de justicia por crímenes de lesa humanidad en el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Ese grupo guerrillero insistió en que los autores materiales de la desaparición de los normalistas fueron las fuerzas policiaco-militares, “el aparato represivo en su conjunto dirigido por el mando único”. Señaló que la masacre contra los estudiantes normalistas es un crimen de Estado; un doble crimen de lesa humanidad por las ejecuciones extrajudiciales y la detención-desaparición forzada por motivos políticos”; en suma, “un acto múltiple de terrorismo de Estado”.

En tanto, el sacerdote Alejandro Solalinde, responsable del albergue de migrantes Hermanos en el Camino, ha seguido insistiendo, respecto de los 43 normalistas desaparecidos, que “todos están muertos” e incluso que varios de ellos “fueron quemados vivos” antes de ser enterrados en fosas clandestinas. Acusó al presidente Peña Nieto de ser “el principal responsable” de la masacre de normalistas de Ayotzinapa y exigió al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, su renuncia “por dignidad y vergüenza”. Advirtió que “si el gobierno no actúa como debe y sigue como hasta ahora, va a seguir exasperando a la gente, no va a poder controlar los estallidos y la indignación social será llevada a otros extremos”.

En cuanto a la solicitud a la Corte Penal Internacional de La Haya para que analice los hechos de violencia ocurridos en México y que abra una investigación al respecto si acredita que se trata de crímenes de lesa humanidad en relación al caso Ayotzinapa, la propuesta sería estudiada a partir de ayer. En caso de considerar que recaen dentro de su jurisdicción, se solicitaría a la oficina del fiscal abrir una investigación sobre esos crímenes, así como una resolución sobre violaciones a los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en México, que sería votada hoy en el Parlamento Europeo por el pleno de diputados.

Por todo ello urge que Peña Nieto ordene lo que tenga que ordenar, para paliar las críticas nacionales e internacionales en su contra, antes de que los temas de Ayotzinapa y de Tlatlaya le echen a perder sus planes y proyectos sexenales. Su imagen de reformador ha empezado a quedar empañada con los temas de inseguridad y los hechos de sangre que su gobierno no ha podido controlar.

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Acusan a Benedicto XVI

PAULINO CÁRDENAS 

El ex Papa y ahora Pontífice emérito, de casi 86 años, Joseph Ratzinger, podría ser llamado por la Corte Penal Internacional de la Haya para responder por las graves acusaciones que le hace la asociación SNAP (The Survivors’ Network of Those Abused by Priests; Red de Sobrevivientes abusados sexualmente por Sacerdotes), a él y a otros jerarcas eclesiástico del Vaticano, entre ellos el secretario de Estado y segundo de la Santa Sede, el italiano Tarcisio Bertone, su predecesor Angelo Sodano, también italiano, y el prefecto de la Congregación para la doctrina de la fe, el estadounidense William Levada, quien sucedió en el puesto a Ratzinger cuando éste fue elegido sucesor de San Pedro.

Las acusaciones podrían salpicar al arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, quien está en Roma para votar por el nuevo Pontífice. El cardenal Rivera ha sido acusado por el director de la SNAP, Joaquín Aguilar Méndez, por haber soslayado y protegido al padre Nicolás Aguilar Rivera, quien abusó sexualmente del director del SNAP en 1993. Denunció que su violador fue enviado a Los Ángeles por el cardenal Rivera Carrera en los años 80’s y recibido por Roger Mahony, arzobispo de Los Angeles. En 2006, Joaquín Aguilar interpuso una demanda en contra del cardenal Mahony y el arzobispo Rivera Carrera, por encubrimiento del sacerdote Aguilar Rivera.

Si la asociación SNAP, asistida por abogados de la ONG estadounidense “Center for constitutional rights”, también acusa al cardenal Roger Mahony, el arzobispo primado de México podría también ser citado en La Haya, por comfabularse con el arzobispo de Los Angeles para proteger al padre Nicolás Aguilar Rivera, quien al parecer está prófugo. Como se recordará, otro cochinero soslayado durante décadas por el Vaticano fue el tenebroso caso del mexicano oriundo de Cotija, Michoacán, Marcial Maciel Degollado, fundador de la asociación seglar Regnum Christi y también de los Legionarios de Cristo.

Según lo que fue trascendiendo durante años y que se volvió un escándalo mundial, desde los años 40’s Maciel comenzó a abusar de menores, lo que hizo durante décadas animado por su dependencia a las drogas y soslayado por Joseph Ratzinger cuando era Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y por el mismo Juan Pablo II. No obstante que las acusaciones por esos abusos por parte de Maciel desde hace años habían sido elevados a la consideración del prefecto que luego llegaría a ser Papa, esas denuncias se quedaron guardadas durante años sin que la justicia vaticana procediera.

Benedicto XVI fue un Pontífice homofóbico y no aprobó la participación de la mujer en la jerarquía eclesiástica. Pese a que llevó a cabo algunas reformas para la Iglesia, dirigida a espiritualizar la tarea de los dignatarios eclesiásticos y someterlos más eficazmente a la autoridad Papal, el suyo fue un pontificado más bien aislado, apartado de los intereses encontrados que ha habido en la Santa Sede desde siempre, siendo uno de los motivos discrepantes el manejo de los asuntos económicos y financieros del Banco Vaticano. Se ha dicho que no quería ser Papa.

A Ratzinger le atribuyen muchos méritos durante su pontificado. Exaltan su decisión de haber enfrentado los múltiples problemas de la Curia romana, pero ha sido criticado por su libro “Jesús de Nazaret”, por su desaprobación al Evangelio de Mateo y rechazar su veracidad histórica; dice que los judíos no necesitan conversión y que ellos no mataron a Jesús; niega la necesidad de creer en el Evangelio de Salvación; justifica la condena de Cristo; cuestiona la autencidad de Hechos Cap.2; rechaza el final del Evangelio de Marcos y dice que es un añadido; asegura que la Biblia se contradice a sí misma, etc., etc.

Cuando anunció la sorpresiva noticia de su dimisión al trono papal, la asociación SNAP hizo público que ya se había presentado una demanda judicial en la Corte Penal Internacional de La Haya contra el Sumo Pontífice y otros jerarcas del Vaticano, por “haber tolerado y hacer posible el camuflaje sistemático y extenso de violaciones y crímenes sexuales contra niños en el mundo entero”. Incluso hay quienes sospechan que esas fueron las razones por las que decidió abdicar al trono papal.

El periódico Il Fatto Quotidiano el 11 de febrero de 2012 publicó que había en el Vaticano un complot para asesinar al Papa. Esa versión fue desmentida por el portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi. Se dice que esa amenaza pudo haber sido reiterada a últimas fechas y que por eso habría renunciado. Incluso le atribuyen al hoy Pontífice emérito haber dicho que hay tres cardenales que saben toda la verdad. ¿Algún día se correrá el velo del misterio sobre lo que realmente motivó su renuncia?

Por lo pronto, el Colegio Cardenalicio se apresta a realizar el Cónclave para elegir al nuevo Sumo Sacerdote mediante escrutinio secreto. Los 115 cardenales electores alojados en la “Domus Sanctae Marthae” deben permanecer en el Vaticano durante todo el período de duración del Cónclave; ninguno puede acercarse a ellos cuando se trasladan desde la Capilla Sixtina a su lugar de residencia y viceversa y todas las formas de comunicación con el mundo exterior están prohibidas. Se cree que el trono papal quedará esta vez en manos de un italiano.

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Justicia para los muertos

PAULINO CÁRDENAS

Justicia es lo que le han estado pidiendo al gobierno mexicano los organismos de derechos humanos y las familias de tantos miles de caídos por la lucha armada contra las mafias a la que está aferrado el Presidente, en torno a la cual no se sabe si pasarán años para que pudiera llegar a hacerse, como sucedió en alguna medida con la matanza de estudiantes del 2 de octubre del 68 o la masacre de Acteal donde el 22 de diciembre de 1997 el estado mexicano cometió una de las grandes masacres del país: paramilitares asesinaron a 45 indígenas. Lo que sucede es que la guerra de Calderón lleva más de 60 mil muertos, hasta ahora.

De hecho el recurso legal metido en la Corte Penal Internacional de La Haya por un grupo de académicos, intelectuales y periodistas que ahí va avanzando, también trata de clamar justicia e imponer castigo a quienes resulten responsables de tantas muertes que ha habido en México por esa inútil guerra gubernamental contra los cárteles, cuyos resultados han sido muy decepcionantes. Muchos en el país y fuera de él se preguntan: ¿Qué fue de tantos muertos? ¿En dónde quedaron? ¿Cómo murieron? Hasta ahora son muertos sin nombre, sin rostro, sin tumba.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional han estado machacando a lo largo del sexenio sobre el tema, poniéndole énfasis a los abusos de los militares contra gente inocente, a lo que las autoridades han puesto oídos sordos o respondido que en México sí se hace justicia, lo cual todos saben que en la gran mayoría de los casos eso no dista de ser verdad. Incluso HRW acaba de dar a conocer la proporción de asuntos atendidos por el gobierno en relación al número de quejas, y la diferencia es abismal. Pero el caso de los muertos por la guerra es aún peor.

La gran mayoría de los más de 60 mil muertos que lleva la guerra del Presidente están en el anonimato. Nadie sabe en dónde quedaron. No existe un acta ministerial de prácticamente ningún caso. Si como dice al cabo que son muertos de los mismos grupos criminales en conflicto, pocos son los que logran ser identificados. Si tienen suerte llegan al forense de algún pueblo para ser enterrados por sus familiares, aunque siempre hay miedo de que pueda haber venganzas y acaben matando a más gente.

A nivel económico esa guerra ha arruinado la vida de miles de mexicanos. Se dice que cuando las familias abandonan sus casas por el temor a la violencia, obligadas a emigrar a otros lados, hay quienes van y acaparan de inmediato esas propiedades abandonadas en operaciones hormiga de las que casi nadie se percata. ¿Quiénes están quedándose con tantas propiedades? ¿Para qué? Las autoridades hacen mutis sobre ese asunto, como si no existiera.

Mucha gente inocente ha quedado a expensas de los abusos de los militares sin escrúpulos, policías federales e incluso grupos paramilitares que dicen andar en busca de cómplices de los grupos armados que trabajan para los jefes de los cárteles y las mafias criminales, cometiendo graves abusos contra los derechos ciudadanos. Ha habido quejas de que se cometen desapriciones forzadas, torturas, violaciones e incluso asesinatos, sin que nadie haga nada por evitarlo.

Ante tales atrocidades, miles de ciudadanos huyen a diario con sus familias a otras ciudades y varios miles de desplazados acaban yéndose a diversos poblados o ciudades urbanas. La situación es mucho peor de lo que la gente conoce a través de los medios porque incluso varios de ellos no se atreven a publicar lo que acontece en sus poblaciones o entiades por temor a represalias. La gente se entera de crímenes y masacres diríase que a la antigüita; de oídas, de boca en boca. Eso es un hecho.

Lo cierto es que miles y miles de muertos producto de la narcoguerra, sin nombre, sin rostro, desconocidos pues, en el mejor de los casos pudieron haber quedado en la morgue de alguna de las instancias judiciales de algún poblado donde casi nunca son reclamados, y tal vez hayan acabado, preservados en formol, en alguna universidad para ser usados en las clases de medicina forense.

Lo paradójico es que hay zonas del país que a pesar de que estar militarizadas, existe un vacío de autoridad civil, policial y militar. El cohecho o el miedo a morir es lo que impera en muchos poblados del país. Nadie se explica cómo, en Michoacán por ejemplo, tierra natal de Calderón, a pesar de que hay miles y miles de soldados y de policías federales destacados en la entidad, sigue habiendo atrocidades por parte de las mafias que no acaban de ser controladas. No es lógico.

Como tampoco es lógico para Human Rights Watch y Amnistía Internacional que haya abusos de militares contra gente inocente además de tantas muertes que se están dando en México por una guerra contra los cárteles que ni fu ni fa, en tanto miles de familiares de gente caída en esa guerra no tiene idea en dónde pudieron quedar sus muertos o si están desaparecidos. Ellos claman justicia. Y para los mexicanos su clamor es que haya castigo para los responsables de esa inútil guerra.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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Conflicto armado interno

PAULINO CÁRDENAS

Netzahí Sandoval, el abogado del grupo de académicos, intelectuales y periodistas que interpuso un recurso en la Corte Penal Internacional de La Haya contra quienes resulten responsables por la crisis humanitaria y la agresión generalizada producto de la guerra emprendida por el Presidente contra los cárteles de la droga y que incluye ejecuciones, decapitaciones, múltiples violaciones a los derechos humanos y secuestros masivos de migrantes, reveló que el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados ha calificado la lucha del gobierno con el narcotráfico en México como un ‘conflicto armado interno’, por lo que puede considerarse como tal. Por si hubiera dudas.

Dijo que esto anima a quienes han pedido a esa corte con sede en Holanda que se estudie y analice la petición  formulada, para que el fiscal Luis Moreno Ocampo pudiera darle curso a los documentos que han estado enviándole con la intención que analice y determine el caso-México. Lo cierto es que alguien tendrá que pagar por todo ese infierno que ha generado la guerra de Calderón y responder por la lacerante impunidad que va de la mano de la corrupción, factores que han estado en medio de esa infructuosa guerra, costosa en dinero y más costosa en vidas.

En entrevista con Carmen Aristegui para MVS, el abogado egresado de la UNAM señaló ayer que la denuncia ‘ya pasó el primer filtro’, es decir que ya está a consideración del fiscal para que la información que originalmente había recibido por parte de los activistas, más otras que le han hecho llegar de noviembre a la fecha, opine y en su caso juzgue el papel y la presunta responsabilidad de actuación del mandatario federal y sus subordinados integrantes del gabinete de seguridad, quienes presuntamente tendrían que responder de muchos acontecimientos de lesa humanidad, como los principales responsables de los encuentros armados.

Añadió que de los datos y contancia de hechos que se han agregado al expediente de la Corte –entre ellos la respuesta amenazante del gobierno mexicano a los demandantes, que un boletín de la Presidencia se señalaba que evaluaba la posibilidad de ocurrir a alguna instancia legal para algo que consideran difamatorio–, ya los tiene la oficina del fiscal quien ya tomó nota de ello, lo cual el abogado Sandoval lo considera un punto a favor de quienes gestionaron la petición a la mencionada corte.

Indicó que hicieron llegar a aquel tribunal penal internacional los casos de los homicidios de Nepomuceno Moreno y de Trinidad de la Cruz, así como el atentado sufrido por Norma Andrade. Pero hubo un dato que sacudió a quienes de una u otra manera están familiarizados con la ola de violencia y sangre que se ha dado en el país en los últimos cinco años. Aseguró tener informes que indican que en lo que lleva la guerra del gobierno contra las mafias, van un millón 600 mil desplazados forzados. Dijo que este es un dato gravísimo e insistió que va a ser un elemento primordial dentro de la petición que se está haciendo a la Corte Penal Internacional.

Otro asunto muy grave es el de los secuestros masivos contra migrantes sobre lo cual dijo tener documentado que, de abril a septiembre de 2010, hubo 11 mil 333 víctimas de secuestro masivo en México lo cual calificó, con toda razón, que es una situación terrible. Dijo que también se envió al fiscal Moreno Ocampo documentación sobre los ataques que han sufrdio las ambulancias por parte de crimen organizado y los asaltos a los hospitales con gente armada, lo cual está prohibido terminantemente por el Derecho Internacional Humanitario y por la propia ONU.

Cierto es que, como lo dijo el abogado, nadie puede defender una estrategia de guerra en la que está empeñado el Presidente, cuando lo que se está viviendo en Méxio es una  crisis humanitaria y de agresión generalizada que alguien debe frenar. Indicó que el grupo demandante aspira a que se realice un juicio internacional ante esa grave situación que está llevando al país a eventos insospechados. La Haya ha confirmado la recepción de toda la documentación. Los demandantes confían que allá se analizará la gravedad de la situación y acá esperan pronta respuesta.

Lo que comentó el juez español Baltasar Garzón esta semana, de que Ernesto Zedillo no podría alcanzar ‘inmunidad soberana’ por la acusación de crímenes de lesa humanidad tras la matanza de 45 personas en Acteal, Chiapas en diciembre de 1997, en la Corte Federal de Hartford en Connecticut, preocupa en Los Pinos. Hay razones para ello. Más aún con las últimas declaraciones del abogado Netzahí Sandoval. Se teme que la solicitud del gobierno de Felipe Calderón formulada en noviembre pasado al Departamento de Estado norteamericano, de otorgarle inmunidad al ex presidente, pudiera ser en sentido negativo.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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¿Zedillo sin inmunidad?

PAULINO CÁRDENAS

El juez español Baltasar Garzón aseguró que la inmunidad no aplica para el ex presidente Ernesto Zedillo, quien enfrenta una demanda por crímenes de lesa humanidad tras la matanza de 45 personas en Acteal, Chiapas, en diciembre de 1997. El gobierno de Felipe Calderón envió en noviembre pasado una nota diplomática al Departamento de Estado norteamericano en la que solicita se reconozca la inmunidad legal en su calidad de ex jefe de Estado para que no se le dé curso a la acusación presentada por un prestigiado bufete de abogados de Estados Unidos, invocando la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera. Se está en espera de una respuesta.

El magistrado –famoso por ser azote de los abusivos del poder– señaló que aunque no conoce a profundidad el caso, desde su punto de vista no es válido aplicar la “inmunidad soberana” a la que apela el ex mandatario, pues ésta no comprende a las personas que ya dejaron de ejercer el poder presidencial. Y a pregunta expresa, señaló que aunque la Corte Penal Internacional de La Haya –de la que fue miembro hasta hace poco–, tenga una denuncia en contra del presidente Calderón por crímenes de lesa humanidad, no significa que vaya a poner bajo investigación al actual mandatario mexicano, al cual tampoco se le puede endilgar, dijo, el calificativo de “genocida”.

¿Por qué esa petición al Departamento de Estado norteamericano del gobierno caderonista a favor de Zedillo? ¿Fue de motu proprio? ¿Fue a solicitud del ex mandatario? ¿No osbante el deslinde que quiso hacer el juez español, no deja de preocupar a Los Pinos su opinión ya que en esa Corte de La Haya está radicada una acusación similar contra el mandatario panista por los miles de muertos, las desapariciones forzadas, las violaciones a los derechos humanos y la impunidad que ha privado en torno a su guerra contra el narco? ¿Qué pudiera pasar cuando Calderón deje el cargo a finales de noviembre, y aún después de años de haber sido Presidente?

La denuncia contra el ex mandatario mexicano fue presentada en septiembre pasado ante la Corte Federal en Hartford, Connecticut, ya que en ese estado de la Unión Americana reside. Supuestos familiares de algunas de las 45 víctimas de la masacre de Acteal, entre ellas 15 niños, demandaron al ex mandatario por acciones y omisiones durante los hechos sucedidos el 22 de diciembre de 1997, así como de encubrimiento de los responsables. El grupo de Las Abejas, de origen maya-tzotzil cristiano y pacifista, cuyo objetivo es promover la paz, se deslindó de esa demanda.

Como se sabe al inicio del sexenio de Zedillo se dio el llamado ‘error de diciembre’ llamado así por su antecesor Carlos Salinas de Gortari, a lo que aquel respondió que éste había dejado prendido con alfileres la economía. Incluso sus abogados sugieren que la acusación en su contra en la Corte Federal estadounidense podría tratarse de una venganza. Como sea, en septiembre del año pasado un supuesto grupo de familiares de las víctimas que dizque prefirió quedar en el anonimato, interpusieron una demanda en el estado donde Zedillo es profesor en la Universidad de Yale, a través de la prestigiada y muy cara firma de abogados Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess.

En noviembre pasado, no se sabe si de motu proprio o a petición expresa del acusado, la cancillería mexicana solicitó oficialmente al gobierno norteamericano inmunidad soberana a favor del ex mandatario que gobernó México de diciembre de 1994 a noviembre de 2000. Aunque esa dependencia se negó a proporcionar detalles sobre la petición realizada ante el Departamento de Estado, autoridades diplomáticas dijeron que la Embajada de México a cargo de Arturo Sarukhán se encargó de presentar la solicitud, entre otros argumentos, por el carácter de ex mandatario del demandado.

Trascendió que esa solicitud invocaba la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera (FIAS por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 1976. No obstante, los abogados de los supuestos familiares de las víctimas señalaron que la denuncia era viable, ya que existe la Ley de Protección a Víctimas de Tortura, que data de 1991, así como la de Protección y de Reclamos por Agravios a Extranjeros, de 1992, las cuales permiten a ciudadanos de otros países emprender acciones legales en las cortes de Estados Unidos contra presuntos responsables.

Después que el gobierno de Calderón solicitó en noviembre al de Estados Unidos que se aplique la inmunidad soberana a Zedillo, el 6 de enero pasado sus abogados pidieron también al Departamento de Estado pronunciarse sobre esta inmunidad legal en su calidad de ex jefe de Estado y a rechazar su responsabilidad en los delitos que se le imputan. ¿Qué pasaría si a Zedillo se le declara culpable de crímenes de lesa humanidad? ¿Se le juzgaría? ¿Iría a la cárcel? ¿Ese es el temor en Los Pinos con la acusación en La Haya contra el mandatario panista, pese al capotazo del juez Garzón? Porque su guerra lleva más de 60 mil muertos, no 45 como la masacre de Acteal.

pcardenascruz@yahoo.com.mx



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La idea es crear sicosis

PAULINO CÁRDENAS

Los mexicanos ya se percataron de la intención del presidente Felipe Calderón de querer sembrar desde ahora una sicosis colectiva sobre la amenaza latente que según él pudiera representar la intromisión de las mafias del narcotráfico en las elecciones de julio de 2012, como afirma que sucedió recientemente en Michoacán donde perdió su hermana Luis María la gubernatura pese a que quiso ser una elección de Estado.

Quienes creen esta hipótesis señalan que es obvio que el Presidente está queriendo armar una estrategia como aquella que elaboró su gente en 2005 contra Andrés Manuel López Obrador, de que el tabasqueño era “un peligro para México” para que no votaran por él. La idea es crear una sicosis colectiva de miedo.

Señalan que el propósito esta vez sería evitar, o en su caso anular, las elecciones en julio del 2012, a causa de esa supuesta intromisión del narco en la jornada en donde habrá de elegirse a su sucesor como la que, según ha venido sosteniendo, sucedió en su tierra natal, sobre la cual la oposición priísta le ha pedido que presente pruebas contundentes que demuestren su dicho.

Al mismo tiempo se preguntan: ¿Qué hubiera pasado si la hermana hubiese ganado? ¿Estaría con la misma obsesión? Sólo habría que recordar el ‘michoacanazo’ contra el PRD, de triste y penosa memoria para el gobierno panista.

Esa obsesiva insistencia de hablar y hablar, de unas semanas para acá, en términos de amenaza latente de que los cárteles de la droga y del crimen organizado podrían influir en las elecciones del año que viene, evidencia que desde ahora el mandatario y su gente vislumbran que Acción Nacional no repetirá por tercera vez en el mando federal, sea quien sea su abanderado.

Esa peligrosa y audaz estrategia que el propio mandatario panista está empujando a todo lo que da, confirma también lo que se viene diciendo desde hace meses, de que por nada del mundo quiere que el PRI llegue a Los Pinos, y menos con Enrique Peña Nieto al frente, necedad que podría desembocar en un cisma político y electoral sin precedente.

En las filas del tricolor hay malestar por esa idea que se le ha metido en la cabeza a Calderón, y ven con grave preocupación que la quiera llevar hasta sus últimas consecuencias, molestia en la cual coinciden también no pocos intergantes de las izquierdas, sobre todo las que desde 2006 se han sentido robadas al haberle dado las autoridades electorales el triunfo al michoacano sin haber aceptado el escrutino ‘voto por voto’, como sí sucedió en Morelia pese a lo cual el triunfo fue ratificado a favor del PRI.

La afirmación presidencial de que va a cerrar su gestión gubernamental ‘a tambor batiente’, muchos lo asocian con esa intención que algunos califican de enfermiza, de hacer todo para denostar desde ahora el proceso electoral con la cantaleta de que el narco estará detrás, por lo que según insiste pasó en Michoacán, para dizque favorecer al PRI.

Quienes manejan la hipótesis de que quiere crear una sicosis colectiva de que el narco estaría atrás de los comicios de julio proiximo, refuerzan su dicho con la manga ancha que de hecho le ha dado su gobierno al de Washington para que agentes de sus diferentes corporaciones antinarcóticos y de lucha contra las bandas criminales operen en México, como son los de la DEA, el FBI, la ATF y la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), entre otras.

La intención es crear un clima de guerra total en donde el narco aparecería como enemigo público número uno para México, con un avance incontenible –lo cual se ajusta perfecto a la aceptada incapacidad de su gobierno de detener el empoderamiento de los traficantes y de las mafias criminales–, por lo que se haría necesario, bajo ese mismo supuesto, que soldados y ‘marines’ norteamericanos le vengan a echar la mano en esa lucha a las desgastadas Fuerzas Armadas mexicanas.

Por lo pronto, durante la celebración del aniversario número 63 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos celebrada este fin de semana en Querétaro, el rector de a UNAM José Narro, el poeta Javier Sicilia y Miguel Concha Malo, presidente de la asociación Fray Francisco de Vitoria, se sumaron a la denuncia que presentaron 23 mil personas ante la Corte Penal Internacional de La Haya el pasado 25 de noviembre contra la actitud criminal del Estado o de sus protegidos reales de esa infructuosa lucha armada.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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FCH busca corresponsables

PAULINO CÁRDENAS

Al hacer un balance de sus cinco años de gobierno, el presidente Felipe Calderón habló de un México utópico. En el Campo Marte, enclave militar que lleva el nombre del Dios de la Guerra, le dedicó gran parte de su discurso a su obsesión de gobierno que ha sido la persecusión armada contra los capos de las drogas y del crimen organizado, usando a mandos y efectivos del Ejército y de la Armada como policías, batalla que ha tenido resultados muy desalentadores no tanto para el gobierno, sino para miles de familias que han perdido hijos, padres y hermanos en esa inútil y cruenta lucha.

Si bien se dedicó a ponderar y defender a ultranza la fallida estrategia que sostiene contra ese flagelo, se abstuvo de hablar de los más de 60 mil muertos que lleva en su haber esa aventura bélica. Y en tanto han quedado en el limbo los reclamos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para que el gobierno investigue los casos de tantos inocentes muertos por la narcoguerra, el mandatario panista habló de la reciente creación del sistema Províctimas para hacer creer que es la respuesta a esa demanda, pero que sólo es un remedo de lo que se exige.

Según Calderón, ningún otro gobierno había logrado en la historia de México más hazañas sociales y económicas que el suyo. En su discurso hubo sólo autoelogios y cero autocrítica seria a sus políticas públicas omisas o inacabadas. Se dedicó a sobredimensionar metas medianamente logradas, aunque la promesa de campaña de crear empleos siga siendo una asignatura pendiente. Con un ostentoso aparato de seguridad, aún faltando un año para que termine, el michoacano pareció por momentos estarse despidiendo de quienes han creído en él.

Culpó a los legisladores de la oposición –del PRI pues– de no haber logrado las reformas que requiere el país y señaló que si bien el Presidente no tiene mayoría en el Congreso, ‘somos más los que creemos que la reforma de la política en México debe centrars en ampliar el poder de los ciudadanos y no en restringirlo. Con esto continuará con más ahínco por parte de voceros, la cascada de acusaciones que ya hay contra el tricolor. También al Poder Judicial le tocó un rozón.

Al respecto dijo que se deben revisar no sólo sus estructuras sino a sus integrantes, para no caer en actos de colusión con las mafias. ‘Sé que la gran mayoría de jueces y magistrados son personas intachables, pero debemos entender que el poder corruptor y de intimidación de los criminales puede poner a jueces y magistrados en la mira, y debemos estar preparados para ello, porque nadie está exento de ese mal’.

Habló también de programas populistas y electoreros –como el de ‘70 o más’ y ‘Oportunidades’ a través del cual el gobierno federal ofrece ayuda en especie y la entrega de dinero a adultos mayores y gente de escasos recursos, o el nuevo programa a través del cual se entregarán tarjetas de crédito a diversas comunidades pobres e indígenas del país cuyas cuentas irían a fondo perdido–, con miras a sumar simpatías y atraer el voto hacia el PAN en los comicios del 2012.

Presumió a la audiencia que México es ejemplo de fortaleza financiera y que tiene una macroeconomía envidiable comparada con países como Estados Unidos y los de Europa que están al borde de la bancarrota, los que acabarían pidiéndole ayuda a México a través del FMI, como se ha venido filtrando con motivo de la visita a México de Christine Lagarde, directora gerente de ese organismo financiero. ¿Por qué si hay dinero para ayudar a otras naciones no lo hay para incentivar ingentes necesidades en México?, preguntarán quienes padecen de severa precariez económica.

Y por más que diga que la pasividad de los gobiernos anteriores facilitó la expansión del narco, hay dos asuntos que saltaron a la palestra este fin de semana relacionados con declaraciones de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), respecto a las mafias mexicanas que operan en nuestro país y en la vecina nación norteamericana, que volverán a poner en evidencia a su administración y no a las que le predecedieron.

Por ello, al Presidente le urge hallar corresponsables de su guerra –la cual seguirá hasta el último día de su sexenio según reiteró–, para que todos los sectores de la población y la clase política le entren a apoyar su fallida estrategia, sin duda en busca de repartir culpas a la hora del recuento final, donde lo más dramático será el número de muertos que sigue creciendo a un ritmo escandaloso.

Esto último sería la punta de la hebra que pudiera empezar a jalar el fiscal general de la Corte Penal Internacional de La Haya respecto a la denuncia que interpuso el viernes 25 de noviembre un grupo de intelectuales, académicos y periodistas contra Calderón, su gabinete de seguridad, y varios capos de la droga. De ahí la urgencia de hallar corresponsables.

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