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¿Zedillo sin inmunidad?

PAULINO CÁRDENAS

El juez español Baltasar Garzón aseguró que la inmunidad no aplica para el ex presidente Ernesto Zedillo, quien enfrenta una demanda por crímenes de lesa humanidad tras la matanza de 45 personas en Acteal, Chiapas, en diciembre de 1997. El gobierno de Felipe Calderón envió en noviembre pasado una nota diplomática al Departamento de Estado norteamericano en la que solicita se reconozca la inmunidad legal en su calidad de ex jefe de Estado para que no se le dé curso a la acusación presentada por un prestigiado bufete de abogados de Estados Unidos, invocando la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera. Se está en espera de una respuesta.

El magistrado –famoso por ser azote de los abusivos del poder– señaló que aunque no conoce a profundidad el caso, desde su punto de vista no es válido aplicar la “inmunidad soberana” a la que apela el ex mandatario, pues ésta no comprende a las personas que ya dejaron de ejercer el poder presidencial. Y a pregunta expresa, señaló que aunque la Corte Penal Internacional de La Haya –de la que fue miembro hasta hace poco–, tenga una denuncia en contra del presidente Calderón por crímenes de lesa humanidad, no significa que vaya a poner bajo investigación al actual mandatario mexicano, al cual tampoco se le puede endilgar, dijo, el calificativo de “genocida”.

¿Por qué esa petición al Departamento de Estado norteamericano del gobierno caderonista a favor de Zedillo? ¿Fue de motu proprio? ¿Fue a solicitud del ex mandatario? ¿No osbante el deslinde que quiso hacer el juez español, no deja de preocupar a Los Pinos su opinión ya que en esa Corte de La Haya está radicada una acusación similar contra el mandatario panista por los miles de muertos, las desapariciones forzadas, las violaciones a los derechos humanos y la impunidad que ha privado en torno a su guerra contra el narco? ¿Qué pudiera pasar cuando Calderón deje el cargo a finales de noviembre, y aún después de años de haber sido Presidente?

La denuncia contra el ex mandatario mexicano fue presentada en septiembre pasado ante la Corte Federal en Hartford, Connecticut, ya que en ese estado de la Unión Americana reside. Supuestos familiares de algunas de las 45 víctimas de la masacre de Acteal, entre ellas 15 niños, demandaron al ex mandatario por acciones y omisiones durante los hechos sucedidos el 22 de diciembre de 1997, así como de encubrimiento de los responsables. El grupo de Las Abejas, de origen maya-tzotzil cristiano y pacifista, cuyo objetivo es promover la paz, se deslindó de esa demanda.

Como se sabe al inicio del sexenio de Zedillo se dio el llamado ‘error de diciembre’ llamado así por su antecesor Carlos Salinas de Gortari, a lo que aquel respondió que éste había dejado prendido con alfileres la economía. Incluso sus abogados sugieren que la acusación en su contra en la Corte Federal estadounidense podría tratarse de una venganza. Como sea, en septiembre del año pasado un supuesto grupo de familiares de las víctimas que dizque prefirió quedar en el anonimato, interpusieron una demanda en el estado donde Zedillo es profesor en la Universidad de Yale, a través de la prestigiada y muy cara firma de abogados Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess.

En noviembre pasado, no se sabe si de motu proprio o a petición expresa del acusado, la cancillería mexicana solicitó oficialmente al gobierno norteamericano inmunidad soberana a favor del ex mandatario que gobernó México de diciembre de 1994 a noviembre de 2000. Aunque esa dependencia se negó a proporcionar detalles sobre la petición realizada ante el Departamento de Estado, autoridades diplomáticas dijeron que la Embajada de México a cargo de Arturo Sarukhán se encargó de presentar la solicitud, entre otros argumentos, por el carácter de ex mandatario del demandado.

Trascendió que esa solicitud invocaba la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera (FIAS por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 1976. No obstante, los abogados de los supuestos familiares de las víctimas señalaron que la denuncia era viable, ya que existe la Ley de Protección a Víctimas de Tortura, que data de 1991, así como la de Protección y de Reclamos por Agravios a Extranjeros, de 1992, las cuales permiten a ciudadanos de otros países emprender acciones legales en las cortes de Estados Unidos contra presuntos responsables.

Después que el gobierno de Calderón solicitó en noviembre al de Estados Unidos que se aplique la inmunidad soberana a Zedillo, el 6 de enero pasado sus abogados pidieron también al Departamento de Estado pronunciarse sobre esta inmunidad legal en su calidad de ex jefe de Estado y a rechazar su responsabilidad en los delitos que se le imputan. ¿Qué pasaría si a Zedillo se le declara culpable de crímenes de lesa humanidad? ¿Se le juzgaría? ¿Iría a la cárcel? ¿Ese es el temor en Los Pinos con la acusación en La Haya contra el mandatario panista, pese al capotazo del juez Garzón? Porque su guerra lleva más de 60 mil muertos, no 45 como la masacre de Acteal.

pcardenascruz@yahoo.com.mx



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En puerta agarrón jurídico

PAULINO CÁRDENAS

Como respuesta a la acusación que acaba de interponer en la Corte Penal Internacional de La Haya un grupo de intelectuales, académicos y periodistas contra del presidente Felipe Calderón, los titulares de la Defensa y la Armada, el secretario de  su gabinete de Seguridad Pública y varios líderes de los cárteles entre ellos a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, la Presidencia dio a conocer un desplegado que se publicó en todos los diarios del país y medios electrónicos de alcance nacional e internacional, en el que señala que el mandatario panista analiza ‘todas las alternativas para proceder legalmente’ en contra de quienes lo acusan de cometer esos delitos.

El gobierno federal asegura que esas imputaciones ‘son falsas y calumniosas’ y considera que no hay elementos para iniciar ese procedimiento penal, para lo cual esgrime tres argumentos: a) “La estrategia para combatir el crimen organizado no constituye un crimen internacional”; b) En cuanto a las violaciones de los derechos humanos afirma que “el ejército ha intervenido a petición de los Estados y Municipios”, y c) “El Estado no está en guerra permanente y no hay ataque generalizado contra la población civil”. Por tanto busca la manera de proceder contra sus acusadores.

Por su parte Netzaí Sandoval, el abogado mexicano que formuló la denuncia a nombre de varios interesados y con la firma de 23 mil ciudadanos adherentes, manifestó que resulta inaceptable la respuesta del Gobierno federal a esa denuncia interpuesta porque está fuera de lógica tratar de reprimir las voces de la ciudadanía que está ejerciendo su libertad de expresión y que de ninguna manera permitirá que el gobierno le trate de quitarle su derecho a defenderse judicialmente.

Añadió que lo que anuncia el comunicado oficial de la Presidencia de que se estarían explorando todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes realizaron la denuncia, lo único que pretende es conculcar un derecho que establece la Constitución, por lo que considera que al final esa demanda lo que ocasionará es “dejar solo al Gobierno mexicano”. Señala el abogado que además queda la percepción de que el Presidente parecería estar defendiendo también los actos criminales de los cárteles de la droga.

El comunicado asienta que ‘es absurdo’ equiparar las acciones de un gobierno democrático para garantizar la seguridad, con delitos de lesa humanidad que se cometen por Estados “autoritarios”. Añade que “las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia”.

Afirma que las acusaciones “constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”.

En el documento de la Presidencia, el gobierno de Calderón justifica su guerra contra el crimen organizado: “Ante el clamor de ayuda expresado por los ciudadanos que sufren esta situación en algunas regiones y la petición expresa de sus autoridades estatales, el Gobierno de la República ordenó que se apoyara a tales autoridades y se combatiera a la delincuencia organizada con estricto apego a la ley.

Agrega que en con esas acciones, las fuerzas federales cumplen con sus deberes constitucionales y legales, “señaladamente los de cumplir y hacer cumplir la ley, preservar la Seguridad Interior del país, coadyuvar en el establecimiento de la Seguridad Pública y apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, y se han desempeñado bajo órdenes explícitas de actuar con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales y a los derechos humanos de todas las personas”.

En la legislación mexicana no están tipificados los delitos de crímenes de guerra, genocidio ni de crímenes de lesa humanidad, no obstante que en la guerra de Calderón contra la delincuencia organizada y los cárteles se han dado estos casos en víctimas inocentes por parte de quienes combaten a los criminales y de agentes del gobierno que cometen abusos contra la población en general, por lo cual los acusadores asistieron a La Haya.

Como sea, el escándalo que se avecina será fenomenal, si es que de veras hay revire jurídico del gobierno federal en contra de los demandantes. Habría que ver si al gobierno le conviene, en plena época electoral, entrarle a ese toro de lidia que seguramente lo podría embestir y hacerlo quedar mal ante la afición o de plano esperar si el mencionado tribunal penal internacional le da curso o desecha la acusación.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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Juicio contra Calderón

PAULINO CÁRDENAS

El gobierno que encabeza Felipe Calderón niega que la política de seguridad y la lucha que emprendió contra los cárteles de la droga y los capos del crimen organizado no constituyen un crimen internacional ya que sus acciones están apegadas a derecho, manifestó la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a la demanda que será interpuesta el 25 noviembre en la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad contra el mandatario panista y varios de sus colaboradores e incluso contra capos como Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’, líder del cártel de Sinaloa.

Otros de los funcionarios del gabinete calderonista que serán acusados son Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal; los secretarios Guillermo Galván Galván, de la Defensa, y Francisco Sáynez Mendoza, de la Marina-Armada de México, y otras autoridades civiles y militares, así como narcotraficantes de los divesos cárteles que operan en México, que resulten responsables de los crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos que se han dado en México durante la presente administración por esa lucha armada.

Un grupo de académicos, abogados y personas ligadas a la defensa de los derechos humanos, se avocó a recopilar información e integrar la demanda que será presentada en la Corte Penal Internacional, interpretando el sentir de decenas de miles y seguramente millones de personas que han sido afectadas directa o indirectamente por esa guerra o que están hartas de tanto baño de sangre, por una estrategia que no ha querido ser cambiada por el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, contra quien están emplazadas principalmente las baterías en torno a ese pliego acusatorio.

Arguyen los promotores de ese juicio que “México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente que ha dejado ya más de 50 mil muertos, 230 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y mil 300 jóvenes y niños asesinados”. Añaden: “Existe también una constante violación a los derechos humanos de la población civil, en particular de los grupos más vulnerables como las mujeres y los migrantes quienes constantemente son victimizados por las autoridades y el crimen organizado”.

La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas. Está encargada de decidir conforme al Derecho Internacional las controversias de orden jurídico entre Estados y de emitir opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas que pueden serle sometidas por órganos o instituciones especializadas de la ONU.

Además de señalar –en un documento que se hizo público esta semana–, que Calderón “ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirige a los Estados Unidos de Norteamérica” y que  “es tan evidente que se trata de una política del Gobierno panista –concebida desde Washington- que incluso se ha comenzado a legislar para convertirla en una obligación a cargo de las autoridades”, hacen un recuento de esta controvertida política de Estado y de sus consecuencias.

En el mismo se señala que desde el 11 de diciembre de 2006, cuando el Presidente mexicano emprendió la lucha contra las mafias, “ha ordenado continuar con dicha guerra a pesar de que organismos internacionales le han solicitado dejar de emplear al Ejército en funciones que deberían desarrollar los cuerpos policíacos. Agregan que tan sólo en cuatro años en México se han registrado más muertes y crímenes de guerra que en los conflictos armados emprendidos por Estados Unidos en Afganistán y Paquistán.

La narcoguerra ha dejado alrededor de 120,000 personas desplazadas debido a la violencia generalizada en el país, expresa el documento y añade que  la situación de los jóvenes y niños es particularmente vulnerable y dan esta cifra: mil 226 de los muertos que perecieron en fuego cruzado o ataques directos, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, son niños, niñas y adolescentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo a través de un comunicado que se ha impulsado la protección de los derechos humanos con la promulgación en junio pasado de una reforma, con la que se da rango constitucional a todos los tratados internacionales en la materia ratificados por México. “El Gobierno de México asume a cabalidad su responsabilidad de promover y procurar una comunidad internacional segura, democrática y donde se haga valer tanto el Estado de Derecho como los Derechos Humanos”.

Afirma que las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad están enfocadas en detener a las organizaciones criminales y evitar la violencia que generan en el país. El gobierno calderonista cree que no procederá en la Corte de La Haya la acusación por crímenes de lesa humanidad. Los demandantes consideran que sí. Mientras tanto, el número de muertos por esa guerra se sigue incrementando en el país.

En la página http://www.petitiononline.com/CPI/petition.html se continúan recibiendo firmas de adhesión a este juicio en contra de esa guerra y sus consecuencia y contra quienes resulten responsables, bajo un programa que garantiza la no repetición de nombres.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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