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Pagarán los mexicanos otra pifia

 PAULINO CÁRDENAS

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito acaba de dictar un fallo a favor de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro para que la Comisión Federal de Electricidad u ‘otro organismo público descentralizado’, los recontrate, además de que el gobierno tendrá que pagarles salarios caídos a los trabajadores de la extinta compañía. Esto porque el Ejecutivo federal no demostró que la terminación de la relación laboral con los electricistas fuera producto “de una causa mayor o de un caso fortuito, no imputable el patrón”, como lo establece la Ley Federal del Trabajo. Como se recordará, con un decreto publicado a la medianoche del sábado 10 de octubre de 2009, el mandatario panista daba por extinguida la existencia de LyFC, mandando desde aquella tarde-noche a miembros del Ejército disfrazados de policías federales, a custodiar el edificio principal ubicado en la ciudad de México.

Con base en ese fallo, de carácter inapelable, empieza a cobrar fuerza la idea de que el gobierno del DF forme un nuevo organismo descentralizado para suministrar energía eléctrica al centro del país, que podría recontratar a los electricistas que siguen en resistencia. De tener que pagarle a los trabajadores sus salarios caídos, además de ser recontratados, significará que el gobierno calderonista tendría que dejarle esta herencia negativa –una más– a Enrique Peña Nieto, quien habrá que arrancar su sexenio haciendo una limpieza de fondo de muchos asuntos que la administración saliente le dejará en varios rubros y por todos lados, incluso abajo de las alfombras, los cuales irán saliendo a relucir poco a poco una vez que aranque el próximo sexenio.

Los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito resolvieron el 13 de septiembre pasado que la decisión de la JFCA de reconocer al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) que depende de Hacienda, como encargado de liquidar a los trabajadores, fue ilegal, en virtud de que no hubo tales causas de fuerza mayor. El argumento de Calderón de que debía extinguir la paraestatal “porque no resultaba ya costeable para la economía nacional o por interés público” fue echado para atrás, ya que en este caso el gobierno sí estaba en condiciones de atender la inconsteabilidad de la empresa, incluso “con la implementación de las medidas pertinentes para su administración eficiente”.

Ese argumento le fue dado al mandatario panista por el entonces titular de la Secretaría del Trabajo, hoy senador de su partido, Javier Lozano, pero los magistrados consideraron en su resolución que la extinción de LyFC decretada por el jefe del Ejecutivo aquella noche del 10 de octubre de hace poco más de tres años, señalaron que no hubo tales causas de fuerza mayor, por lo que la sentencia resultó favorable a los trabajadores que se quedaron sin empleo. Al concederle el amparo directo a al SME, en una interpretación juridical le da tácitamente a la CFE el carácter de patrón sustituto, lo que por ley la obliga a la recontratación de los ex trabajadores, y al pago de sus salarios caídos.

Esta resolución obliga asímismo a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a emitir el laudo correspondiente, cosa a la que le da largas, preocupado como está del gobierno, de que se caiga en la cuenta de que la recontratación y pago de salarios caídos tendrían un enorme costo político y económico que llevaría a la conclusión de que en la cantada victoria de Calderón en este polémico tema –respecto al cual Lozano dijo que fue “una decisión responsable y acertada– le saldrá caro, pero a los mexicanos que con sus impuestos que van al erario se tendrá que pagar esa pifia. Por lo pronto el gobierno federal analiza opciones para revertir el fallo.

Tanto el subsecretario de Gobernación, Obdulio Ávila, como el consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Miguel Alessio Robles, consideran que si la Suprema Corte de Justicia ya declaró válida la extinción de LyFC, esta misma instancia podría revertir el fallo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo. Pero el punto pareciera irrelevante ya que si, en efecto, fue válida la extinción, ésta no fue por causas de fuerza mayor y hay un patrón sustituto obligado a recontratar a los trabajadores. ¿Luego entonces?

Los abogados del SME acudirían esta misma semana a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en busca del nuevo laudo y de precisiones sobre cuántos trabajadores tendrían derecho a la recontratación y pago de salarios caídos: si solamente los 16 mil 599 que se mantuvieron en resistencia o también los más de 28 mil 742 que aceptaron liquidarse y de los que, según la CFE, 3 mil 33 ya fueron contratados y 17 mil 863 han sido apoyados con un nuevo empleo o capacitación.

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LyFC: amparo frena extinción

PAULINO CÁRDENAS

Aunque continúe el procedimiento especial del aviso de terminación de la relación colectiva de trabajo, la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje no deberá dictar laudo alguno hasta que el amparo solicitado por la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas a través de sus abogados, se resuelva de manera definitiva.

Así lo determinó la juez Guillermina Coutiño Mata quien ordenó mantener el proceso de liquidación en el estado en que se encuentra, que había iniciado el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda.

Con ello, la titular del Juzgado 1 del Centro Auxiliar de la 1 Región, resolvió que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) debe abstenerse de emitir cualquier resolución sobre la liquidación de la paraestatal que dejó sin centro y materia de trabajo a más de 44 mil trabajadores electricistas.

La Secretaría del Trabajo manifestó que el amparo provisional concedido al SME contra la extinción de Ly FC no afecta el procedimiento de terminación de las relaciones de trabajo entre empresa y trabajadores.Indicó que el sábado pasado desahogaría el amparo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y que las liquidaciones seguirían su curso.

Esa dependencia informó que la liquidación voluntaria, que ya alcanza cerca de 19,000 trabajadores, habían acudido a realizar su trámite para finiquitar su relación laboral con Luz y Fuerza del Centro. Con ello, muchos de ellos, según la STPS, podrían ser contratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Mientras tanto, la dirigencia del SME se apresta a realizar el jueves próximo una manifestación en la capital de la República y otras paralelamente en diversas entidades del país, en las que participarán, además de agrupaciones sindicales que apoyarán a los electricistas, también organizaciones campesinas.

El viernes pasado fue masacrado en Cajeme, Sonora, el líder de la Unión General Obrero, Campesino y Popular (UGOCP), Margarito Montes Parra, y otras 14 personas más. En protesta por esa ejecución, marcharán también, junto con los electricistas, miembros de esa organización.

Pero en apoyo a los electricistas despedidos estarán también decenas de miembros de otros sindicatos disidentes, agrupados en la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) que estarían encabezados por el líder del SME, Martín Esparza, Francisco Hernández Juárez y Porfirio Muñoz Ledo, como sucedió el pasado viernes 16 de octubre.

Aquel día marcharon alrededor de 100  mil manifestantes de la columna del Angel de la Indpendencia al Zócalo. En aquella ocasión los discursos versaron sobre la sorpresiva decisión del jefe del Ejecutivo de decretar la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, cuyas instalaciones fueron tomadas por el Ejército y por efectivos de la Policía Federal Preventiva. Esta acción, conocida popularmente como el ‘sabadazo’, dejó sin materia de trabajo a más de 44 mil trabajadores electricistas.

En la movilización del jueves venidero seguramente volverán a escucharse severas críticas por la  medida tomada por el gobierno federal, como las que se escuharon aquel viernes 16 cuando fue fustigado en tribuna el método por el que optó el presidente Felipe Calderón contra 44 mil trabajadores, lo que sólo contribuye a aumentar el malestar y la inestabilidad social en México.

A esa manifestación seguramente habrán de unirse cientos de voces populares que empezarán a protestar públicamente por la aprobación de la nueva ley de impuestos, draconiana medida que si bien viene a resolverle al gobierno su problema de liquidez para sus programas del 2010, a millones de familias le vendrá a agravar aún más su deteriorada situación económica a partir de enero.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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Calderón actuó a contrapelo

PAULINO CÁRDENAS

A pesar de las consideraciones que le hiciera la Secretaría de Energía antes de que decidiera desaparecer la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y advertirle del posible inicio de procedimientos judiciales “tendientes a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos”, y que tal medida conllevaría el riesgo de que pudieran suscitar disturbios sociales si se decidiera por la extinción de esa compañía, el presidente Felipe Calderón actuó a contrapelo y expidió el decreto respectivo el pasado 11 de octubre.

Información que el gobierno le había negado a un grupo de legisladores sobre los argumentos que llevaron a la extinción por decreto de Luz y Fuerza del Centro, por considerar que era un asunto reservado, fue revelada a ocho columnas por el periódico La Jornada el pasado martes, la que que sin duda será aprovechada por la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas en su lucha por preservar su fuente de trabajo.

Ese  diario dio a conocer que el subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía,  Benjamín Contreras Astiazarán, reconoció que si bien el costo de la compañía ascendió en 2008 a 44 mil 300 millones de pesos –incluido el pago de salarios, prestaciones y el pasivo laboral–, la principal carga no fue resultado del contrato colectivo de trabajo, sino de la compra de energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el costo de combustibles para su generación.

Contreras Astiazarán aseguró que desde la óptica de una administración pública eficiente, comprometida con la racionalización del gasto, “no podría decirse que existe alguna desventaja de la solución propuesta, dado que la problemática financiera y operativa de Luz y Fuerza no podría remediarse. Ésta es una realidad contundente”.

Aun así, admitió que los costos por la desincorporación de la empresa “serían importantes, principalmente por los pasivos laborales, pero en éstos se incurrirá, con o sin su extinción, en esta administración o en gobiernos subsecuentes”.

En este punto consideró que, además de los disturbios sociales, también podrían esperarse “eventuales ataques al sistema eléctrico nacional, frente a los cuales se tendría una mayor capacidad de respuesta que la de Luz y Fuerza, pero que pueden resultar inevitables”.

También anticipó el inicio de procedimientos judiciales “tendientes a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos que se expidan, o bien la actualización de la figura de sustitución patronal, a fin de obtener la consecuente reinstalación de los trabajadores de Luz y Fuerza”.

Por lo pronto, la dirigencia del SME inició los trámites para demandar el despido injustificado de más de 44 mil electricistas, ya que al absorber la Comisión Federal de Electricidad las operaciones de LyFC, “subsiste la materia de trabajo”. También se interpondrá un amparo colectivo contra el decreto de extinción de esa empresa.

La dirigencia sindical optó por empujar ambos procedimientos jurídicos, antes de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje  dé su veredicto sobre el decreto de extinción de Luz y Fuerza y resuelva la terminación de las relaciones laborales de la paraestatal con el sindicato. Martín Esparza reiteró que el gobierno actuó ilegalmente en este proceso.

En conferencia de prensa ayer Esparza dijo lo anterior, y de paso advirtió que la incapacidad de personal de la CFE y de los trabajadores inexpertos que han sido contratados sin garantías laborales y de seguridad, provocará un colapso en el suministro eléctrico en la capital del país

Con las revelaciones hechas por La Jornada, los abogados del SME tendrán argumentos duros en el proceso jurídico que se avecina, un litigio en el cual según especialistas, el Ejecutivo Federal corre el riesgo de que una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad, pudieran echar abajo el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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Y todo seguirá igual

PAULINO CÁRDENAS

Las circunstancias actuales en México, con la toma de instalaciones de Luz y Fuerza con efectivos militares por delante, hicieron recordar a muchos ciudadanos al Díaz Ordaz del 68. Es un hecho que mientras el Ejército no regrese a sus cuarteles, el gobierno podría seguir utilizando sus servicios para ayudar en acciones como la del ‘sabadazo’. Alguien dirá que esas son exageraciones porque hoy las cosas son distintas y nada que ver con los aciagos días del movimiento esudiantil de hace 41 años. Puede ser.

Pero el gobierno ya echó mano del Ejército para tomar por asalto las instalaciones de LyFC, cual si hubiese sido un operativo contra sicarios de algún cártel de narco o como si México fuera un estado totalitario; el operativo hizo recordar a Gustavo Díaz Ordaz cuando el movimiento estudiantil. Lo delicado del asunto es que la tentación está ahí, latente. Más cuando ya se habla de que la disidencia de los trabajadores petroleros se alista a entrar en acción y que los de la CNTE magisterial no tardan.

Si el 2 de octubre del 68 no se olvida, el 10 de octubre del 2009 difícilmente lo olvidarán al menos 44 mil empleados electricistas despojados de su materia de trabajo y sus famliias, por las discutibles razones esgrimidas por el gobierno para decretar la extinción de la compañía, acción que ha sido apoyada por los aplaudidores y jilgueros a su disposición, agradecidos por los privilegios que les otorga ser aliados naturales del oficialismo y de nuestro atrofiado sistema. Pero este es otro tema.

Quizá lo distinto entre aquellos tiempos de los años 60, a los de ahora, es que, por primera vez en la historia contemporánea, un gobierno emprende una lucha frontal contra los capos de la droga, como lo decidió el de Felipe Calderón, guerra que durante casi tres años ha sido la prioridad de su sexenio, haciendo a un lado otros importantes rubros como el de la economía o la creación de empleos, cuya atención fue dejándose para después; para cuando pasaran las elecciones intermedias.

Y ese dejar hacer y dejar pasar, en aras de darle prioridad a la costosa guerra contra el narco, hoy por hoy ha hecho crisis. Y cuando el problema resulta insostenible, en el Congreso los legisladores priístas, que son de hecho mayoría en San Lázaro, buscan arreglar las cosas a su modo, con componendas políticas muy a su estilo, con una visión de coyuntura sólo para tapar el ‘hoyo’ fiscal de 300,000 millones de pesos, pero sin ninguna propuesta de reestructura que arregle el fondo del problema de recaudación más pareja.

El PRI prefirió  -aún con las discusiones y fuertes broncas internas que habrán de repercutir más adelante- sin visión de Estado, a sabiendas de que son de hecho co-gobierno, transitar con los suyos por la vía de rasposos cabildeos y aprobar, con algunas modificaciones ‘para taparle el ojo al macho’, la propuesta que envió el jefe del Ejecutivo al Congreso, que implicará más impuestos contra los mismos contribuyentes de siempre. El asunto es que para muchos sectores de la población, la situación se irá poniendo cada vez más y más difícil.

Y no habrá atenuantes. Más impuestos, pero sólo para tapar el ‘hoyo fiscal’ para el gasto del gobierno del año próximo. Por lo demás, todo seguirá igual. Además de la falta de empleos, carestía de la vida, efectos colaterales directos e indirectos de la guerra contra el narcotráfico, carestía de la vida, poíticas públicas equivocadas, etc., etc., todos los mexicanos  ‘cautivos’ para efectos fiscales, tendrán que pagar el pato a partir de enero. Más de los que ya han pagado.

Seguirán los mismos privilegios para quienes los han tenido siempre en la clase política y en la clase gobernante. Para ellos, cero restricciones. Serán los pobres, y los pobres más pobres, y los no tan pobres, los que sufrirán las consecuencias. Para estos, todo seguirá igual.  O peor, si el gobierno, como en el 68, cae en la tentación de usar al Ejército para someter a los alebrestados, que obviamente crecerán después de que se den a conocer los detalles de la Ley de Ingresos.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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Se alebrestó el avispero

PAULINO CÁRDENAS

Por más circo, maroma y teatro que realizó el gobierno federal de Felipe Calderón durante esta semana, después del ‘sabadazo’ cuando efectivos del Ejército y de la PFP tomaron por asalto las instalaciones de LyFC, para tratar de convencer a los mexicanos, a través de los medios masivos electrónicos, sobre las ‘bondades’ de la extinción de esa compañía, bajo el principio de echarle todas las culpas de la infeciencia y hasta corruptelas a los trabajadores, que no convenció a muchos. La prueba se vio ayer con la megamarcha de numerosos contigentes populares que no cesaron de mostrar con pancartas y gritos, su franco repudio a la medida gubernamental.

Las condenas contra el gobierno fueron diversas y en todos los tonos. Al presidente Felipe Calderón le cayó la mayoría de los improperios, porque los trabajadores despedidos no aceptan los argumentos dados a conocer por la parte oficial, de que la medida fue porque ya era insostenible la pérdida de recursos cuya sangría se calcula en unos 42 mil millones de pesos anuales, los que pasarán, según dijo el jefe del Ejecutivo, a formar parte de los fondos para programas sociales para paliar la pobreza en el país. Miles de voces se alzaron para calificar la medida como un golpe al sindicalismo y acusaciones de que Calderón quiere privatizar los servicios de electricidad.

La gigantesca movilización puso en alerta todos los dispositivos de seguridad del gobierno federal que estuvieron en alerta por si la megamarcha se desbordaba y los ánimos tomaban un curso de violencia. Hubo acusaciones de que grupos de choque habrían azuzado a grupos de manifestantes, aunque en términos generales todo fue con efusividad pero en términos aceptables de conducta. Esa muestra de repudio, según repetían los clamores, es sólo el principio de un gran movimiento cívico contra esa y otras medidas y omisiones del gobierno que tienen postrado económicamente al país.

De otra parte y a reserva de que las crónicas den cuenta de lo que se dijo en los discursos de los líderes sindicales y populares, ayer mismo por la tarde en la Cámara de Diputados se hacía el cabildeo necesario para integrar una comisión de diálogo entre la parte afectada y el gobierno federal, con vistas a que pudieran quedar satisfechas las demandas de los electricistas, que pese a las prebendas que tenían y que su liquidación es generosa, y además de que pudieran ser virtualmente recontratados bajo otros términos y condiciones, no aceptan el hecho de haberse quedado sin trabajo.

Sólo falta saber si esa medida de ‘democratización’, depuración, de reencauzamiento de recursos que según el gobierno fueron malhabidos por el SME, y acabar con las malas administraciones de los recursos públicos en manos de los líderes sindicales, de veras sigue la misma línea con Pemex por ejemplo, o con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se dijo, para decirlo en términos entendibles, que ya era hora de que el gobierno federal empezara a hacer cambios de fondo para enderzar el barco que se está hundiendo. O para sacar al buey de la barranca, si se quiere.

Pero para ello, el presidente Felipe Calderón tendría que considerar, pero en serio, asumir las reformas y los cambios que México necesita, apretándole tuercas, y duro, a otras instancias del gobierno federal. Eso, además de tener que sortear la retahíla de acusaciones que la izquierda y los sindicatos independientes y miles de gentes que se siente agraviadas por su gobierno, le han empezado a endilgar con epítetos y calificativos que pocas veces, en tan breve tiempo, se habían escuchado contra un Presidente de la República.

Se calcula que alrededor de 90 mil personas, entre trabajadores, organizaciones sindicales, sociales y estudiantes participaron en la megamarcha que avanzó de Reforma al Zócalo contra la extinción, decretada por el Ejecutivo, de Luz y Fuerza del Centro. Quedó claro que el avispero se alebrestó ¿Hasta dónde llegará el alebreste? De que hay preocupación, la hay. Ayer fue una muestra de lo que es un movimiento cívico.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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