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Macabro hallazgo en Guerrero

PAULINO CÁRDENAS

¿Cómo no van a hablar de México como un Estado fallido, cuando hasta ahora van 129 cadáveres encontrados en 60 fosas clandestinas en Guerrero, en las mismas coordenadas donde en septiembre del año pasado desaparecieron los 43 estudiantes la escuela normal de Ayotzinapa con epicentros en Cocula e Iguala? La agencia informativa internacional The Associated Press obtuvo esos datos que le fueron proporcionados mediante una solicitud de información a la PGR. Obvio que con ese macabro hallazgo se avecina otro problema para el gobierno federal.

La Procuraduría General de la República señaló que en ocho meses, de octubre de 2014 a mayo de 2015, se localizaron esos enterramientos clandestinos con el número de cuerpos referidos, pero aclaró que la cifra real podría ser mayor, según una nota firmada por María Verza con la colaboración periodística de Christopher Sherman. ¿Qué pasó en ese lapso en Guerrero y en la Federación? ¿Andaban de parranda quiénes debían velar por la seguridad pública?

En Guerrero gobernaba Ángel Heladio Aguirre Rivero. Fue mandatario de ese estado desde el 1 de abril de 2011 hasta el 23 de octubre de 2014 en que debió renunciar por el caso de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa y luego quemados en Cocula según la ‘verdad histórica’, y los asesinados en Iguala cuyo alcalde era José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, quien según la PGR tenía presuntos vínculos con el grupo delincuencial Guerreros Unidos por la vía familiar directa.

El gobernador de Guerrero no es ajeno a la violencia. Después de la masacre de Aguas Blancas en 1995 y la parición del EPR en 1996 hubo denuncias por más desapariciones sistemáticas a opositores del régimen en Guerrero, mismas que a su regreso al poder en 2011 prometió investigar 16 años después y habiendo conseguido la gubernatura del estado con un partido diferente al que ha militado toda su carrera política nada pasó.

Los conflictos históricos con las fuerzas opositoras mayormente de izquierda fueron olvidados por designación al ser el mismo PRD -al que persiguió y reprimió durante años- quienes sin memoria histórica y sin dignidad postularon al otrora represor y andan navegando ahora en mierda profunda al tratar de justificar como una izquierda moderna como la de Marcelo Ebrard apoyó a un cacique que había sudo acusado y denunciado por violaciones a los derechos humanos. El síndrome de Estocolmo en Acapulco.

Desde que renunció nadie sabe dónde anda Aguirre. Abarca y su mujer siguen en la cárcel. En la Federación era -y sigue siendo- secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien supuestamente debía velar por la seguridad en el país con los mandos de la Policía Federal en coordinación con las Policías Municipales Acreditadas y -supuestamente también- de la mano con las tropas de los más altos mandos del Ejército y de la Marina, el general Salvador Cienfuegos Zepeda y el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, respectivamente.

Los hallazgos de los que acaba de dar cuenta la agencia AP -que coinciden con un detallado informe dado a conocer por Reporte Índigo sobe el mismo vergonzante tema-, volverán a poner contra la pared al gobierno federal ante los ojos de México y del mundo, en especial por parte de organismos no gubernamentales internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos. No se sabe si las víctimas halladas que fueron sacrificadas de manera violenta y enterradas clandestinamente pertenecen a gente vinculada al crimen organizado o no.

Esas fosas clandestinas en donde han sido hallados hasta ahora 129 cadáveres, son producto evidente de las desapariciones y asesinatos que fueron habituales en varas zonas con epicentro en Iguala durante los últimos años. El problema es qué irá a decir el secretario de Gobernación sobre esos enterramientos clandestinos, sobre todo si la cifra sube, como estima el informe de la PGR que obtuvo la agencia informativa Associated Press.

Según Amnistía Internacional, en voz de su directora para las Américas, Erika Guevara-Rosas, dijo el lunes en un comunicado de prensa, que “si no fuera por la determinación de las familias de los estudiantes de Ayotzinapa, los defensores de los derechos humanos y los periodistas que exigen a las autoridades mexicanas respuestas exhaustivas ante la desaparición forzada de los jóvenes, puede que nunca hubiéramos sabido de estas fosas y de la dimensión de la crisis”.

Para Amnistía, la “macabra revelación” confirma algo que ellos ya habían denunciado, “que la magnitud de la crisis de desapariciones forzadas en Guerrero y en el resto de México es verdaderamente estremecedora”, dijo su directora de las Américas. Añadió que se necesita hacer “mucho más” para averiguar y divulgar la verdad sobre el destino de los 43 estudiantes normalistas y de todas las desapariciones no resueltas de México.

Señaló que en primer lugar debía haberse elaborado un registro nacional de desaparecidos que incluyera datos genéticos tal y como han solicitado desde hace años organizaciones de derechos humanos, de víctimas y hasta Naciones Unidas. El gobierno de Peña Nieto aceptó crear un registro nacional de desaparecidos que sea exhaustivo en ese sentido, tomando como punto de partida la base de datos aconsejada por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Pero dicho registro todavía no es una realidad.

Con seguridad los hallazgos serán muchos más. Porque sin duda no se limitan a Guerrero. Están otros estados como Tamaulipas, Jalisco, Chihuahua, Durango y Veracruz, entre otras entidades federativas en donde han encontrado fosas clandestinas con cadáveres masacrados, mutilados, calcinados y con el tiro de gracia.

Como lo ha dicho el padre Alejandro Solalinde, defensor de migrantes: México se ha convertido en un cementerio clandestino. ¿Y? Lo cierto es que tantas fosas clandestinas halladas y tantos cadáveres encontrados -mas los que faltan- serán noticias negativas para el presidente Peña Nieto quien tendrá que seguir aguantando vara. A los del gabinete de seguridad, como saben que no los moverán de sus puestos, eso les vale.

 en especial por parte de organismos no gubernamentales internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos. No se sabe si las víctimas halladas que fueron sacrificadas de manera violenta y enterradas clandestinamente pertenecen a gente vinculada al crimen organizado o no.

Esas fosas clandestinas en donde han sido hallados hasta ahora 129 cadáveres, son producto evidente de las desapariciones y asesinatos que fueron habituales en varas zonas con epicentro en Iguala durante los últimos años. El problema es qué irá a decir el secretario de Gobernación sobre esos enterramientos clandestinos, sobre todo si la cifra sube, como estima el informe de la PGR que obtuvo la agencia informativa Associated Press.

Según Amnistía Internacional, en voz de su directora para las Américas, Erika Guevara-Rosas, dijo el lunes en un comunicado de prensa, que “si no fuera por la determinación de las familias de los estudiantes de Ayotzinapa, los defensores de los derechos humanos y los periodistas que exigen a las autoridades mexicanas respuestas exhaustivas ante la desaparición forzada de los jóvenes, puede que nunca hubiéramos sabido de estas fosas y de la dimensión de la crisis”.

Para Amnistía, la “macabra revelación” confirma algo que ellos ya habían denunciado, “que la magnitud de la crisis de desapariciones forzadas en Guerrero y en el resto de México es verdaderamente estremecedora”, dijo su directora de las Américas. Añadió que se necesita hacer “mucho más” para averiguar y divulgar la verdad sobre el destino de los 43 estudiantes normalistas y de todas las desapariciones no resueltas de México.

Señaló que en primer lugar debía haberse elaborado un registro nacional de desaparecidos que incluyera datos genéticos tal y como han solicitado desde hace años organizaciones de derechos humanos, de víctimas y hasta Naciones Unidas. El gobierno de Peña Nieto aceptó crear un registro nacional de desaparecidos que sea exhaustivo en ese sentido, tomando como punto de partida la base de datos aconsejada por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Pero dicho registro todavía no es una realidad.

Con seguridad los hallazgos serán muchos más. Porque sin duda no se limitan a Guerrero. Están otros estados como Tamaulipas, Jalisco, Chihuahua, Durango y Veracruz, entre otras entidades federativas en donde han encontrado fosas clandestinas con cadáveres masacrados, mutilados, calcinados y con el tiro de gracia.

Como lo ha dicho el padre Alejandro Solalinde, defensor de migrantes: México se ha convertido en un cementerio clandestino. ¿Y? Lo cierto es que tantas fosas clandestinas halladas y tantos cadáveres encontrados en ellas -mas los que faltan- serán noticias negativas para el presidente Peña Nieto quien tendrá que seguir aguantando vara. A los del gabinete de seguridad, como saben que no los moverán de sus puestos, eso les vale.

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Reta ‘Los Zetas’ al Gobierno

PAULINO CÁRDENAS 

El macabro hallazgo en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, donde aparecieron la madrugada del domingo regados en la carretera que va a Reynosa, Tamaulipas, 49 personas sin cabeza ni extremidades, un criminal acto que se atribuyeron Los Zetas, es un mensaje cruento dirigido no sólo a la actual administración que encabeza Felipe Calderón, sino también a quien gane la sucesión presidencial que como van las cosas no sería otro que el abanderado del PRI. Para empezar este tipo de eventos son un afrenta al programa del gobierno federal ‘Operativo Seguro’.

Sobre ese horrendo suceso, las autoridades creen que las víctimas pudieran ser migrantes centroamericanos, aunque circulan otras versiones. Una de ellas es que pudiera ser un ajuste de cuentas de Los Zetas contra el cártel del Golfo aliado con el cártel de Sinaloa, ya que entre ellos se disputan, entre otras cosas, la ruta de robos de condensados de gas natural que Pemex saca de la Cuenca de Burgos, que después los criminales venden en el ‘mercado negro’ de Estados Unidos.

Como sea, lo que resulta evidente con ese macabro hallazgo es que Los Zetas le han lanzado un reto abierto y directo al gobierno que encabeza el mandatario panista, el cual está hecho bolas porque el mundo del crimen organizado se le está viniendo encima, justo cuando su administración va de salida. ¿O hay algo mucho más perverso como pudiera ser el preámbulo de una conspiración contra el proceso electoral? ¿Es esto lo que se dice que querría Calderón al ver que su partido no ganará la carrera presidencial?

Lo cierto es que ese sanguinario hecho que se da en pleno proceso electoral, junto con las recientes masacres sucedidas en Jalisco y Veracruz, es una advertencia que tiene varias lecturas. Una evidente es para la clase política. Ese suceso es algo más que un ajuste de cuentas. Es un reto directo al gobierno federal. Se teme que uno de estos día algún atentado pudiera estar dirigido a alguna gente de nombre de la clase política, que en plena campaña para la Presidencia podría poner en jaque la contienda electoral del próximo mes de julio.

Por lo pronto, esa cruel matanza, que se suma a las que se han dado en los últimos seis meses en otras entidades federativas, es una pésima señal que no sólo está poniendo en riesgo la estabilidad del país, sino que coloca en entredicho la guerra que el mandatario panista emprendió contra los capos de la droga hace casi cinco años y medio, ya que es una muestra que esos grupos pueden actuar con total libertad, a la hora que quieran y con plena impunidad, ya que, aunque se declare públicamente, en este sexenio nunca se han investigado esos crímenes.

Ese sanguinario acontecimiento también se ha interpretado como un reto abierto de Los Zetas al cártel de Sinaloa. La razón es que el activismo de esta organización que encabeza Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, que parece seguir gozando de privilegios no sólo para que realice cómodamente sus actividades ilícitas, sino para hacer operaciones de lavado de dinero, tiene hasta la madre a Los Zetas. De ahí que esta temida organización, integrada por ex militares de élite, está dispuesta a romper con ese paradigma de consentimiento sexenal.

Empero, el mensaje del grupo considerado el más violento y peligroso de los que haya existido jamás en nuestro país, va más allá, al darse en pleno proceso electoral. Al parecer quieren dejarle muy claro al sucesor de la actual administración federal, que esa agrupación delictiva, es y será, la que tenga el camino franco para realizar el trasiego de drogas, el tráfico de personas y armas en México, cobros por derecho de piso además de autores de múltiples secuestros y toda la demás cadena delictiva del crimen organizado, para lo cual ese cártel está dispuesto a todo.

El camino que han escogido es el de sembrar el temor entre la población y de paso exhibir las deficiencias de la inteligencia anticrimen del gobierno federal, que no ha servido para anticipar ni prever ataques contra la población civil ni siquiera contra los propios contingentes del Ejército, la Armada, y de la Policía Federal –entre los cuales parece haber más bajas de las que oficialmente se reportan-, que tienen la orden de ir contra ellos.

Por ahora sus víctimas pertenecen a la sociedad civil de donde escogen gente al azar para cometer sus atroces crímenes, con el propósito de dejar advertencias claras de lo que son capaces. No obstante se teme que Los Zetas pudieran subir la mira y empezar a escoger víctimas de nombre y renombre, sobre todo de la clase política, para dar golpes inéditos que marquen de una vez por todas su poderío, ante la incapacidad del gobierno federal, cuya ‘estrategia’ en esa lucha sigue siendo igual de inoperante.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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