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Extermina criminales el Ejército

PAULINO CÁRDENAS

El pasado 30 de mayo, en el poblado de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, al sur del estado de México, en los linderos con Guerrero y Michoacán, al menos 22 personas fueron muertas por el Ejército en un operativo efectuado en un depósito donde se escondía una banda de 21 varones y una mujer. Un soldado resultó herido, pero todos los sospechosos murieron dentro del edificio. Todo indica que esa masacre fue producto de una orden superior ya que los soldados no se mandan solos. Esa matanza llamó la atención de observadores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hay la sospecha que pudiera ser el principio de una nueva estrategia para ir acabando con bandas criminales y sicarios de los cárteles de la droga. No es una estrategia perfecta pero para alguien es lo que hay que hacer. Las sospechas son porque esos hechos no tienen una explicación lógica. ¿Será el nuevo y tenebroso rostro castrense; una especie de ‘operación exterminio’?

La masacre de criminales habría ocurrido luego de un recorrido de personal del Ejército por la zona, en donde supuestamente fueron interceptados por miembros de la organización criminal La Familia Michoacana, aunque otra versión habla de que los muertos eran mayormente jóvenes de 16 a 24 años, procedentes del estado vecino de Guerrero. Allí opera una banda de narcos conocida como Guerreros Unidos, que al parecer disputa el control de las narcorrutas en el área con el cártel La Familia, del estado de Michoacán. Las autoridades se han negado a decir qué pandilla podría haber estado vinculada al depósito. Derivado del enfrentamiento se aseguraron a dos mujeres y varias armas de alto calibre. Periodistas de The Associated Press que visitaron el lugar de los hechos tres días después del tiroteo, plantearon interrogantes acerca de si todos los sospechosos murieron en el enfrentamiento o después de que terminara.

La bodega en la que fueron encontrados muchos de los cadáveres no tenía muchas evidencias que de que el enfrentamiento fuera prolongado. El incidente es el más llamativo en una serie de enfrentamientos en los que el ejército dice que los criminales dispararon primero a los soldados y que estos respondieron matando a todos sufriendo pocas o ninguna baja. Ha habido tantos incidentes de ese tenor que grupos defensores de los derechos humanos y analistas han empezado a dudar de las versiones de los militares, señala la agencia AP. Dos observadores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que inspeccionó el depósito poco antes de que las autoridades estatales lo cerraran, notaron que no hallaron indicios de balas perdidas que deberían haber dejado soldados que disparasen armas automáticas a distancia. Ni había señales de disparos efectuados desde el interior. “Eso me parece realmente notable”, comentó el observador Tom Haeck, de la ONU, y agregó que todavía no se han sacado conclusiones y que todo informe sería para uso interno de la organización internacional.

Además de personal de Derechos Humanos de la ONU, el analista de seguridad Alejandro Hope, ex funcionario en el servicio de inteligencia mexicano, comentó: “Levanta las sospechas el hecho de que hay 22 muertos por un lado y un herido por el otro”. En San Pedro Limón, en el Estado de México, las manchas de sangre y los orificios de bala en los muros de hormigón observados por periodistas de The Associated Press tres días después del tiroteo plantean interrogantes acerca de si todos los sospechosos murieron en el enfrentamiento o después de que terminara. La bodega en la que fueron encontrados muchos de los cadáveres no tenía muchas evidencias que de que el enfrentamiento fuera prolongado. Se cree que esa nueva estrategia bélica del Ejército podría corresponder a una forma de ir poniéndole coto a los grupos criminales que han asediado Michoacán, y con eso ayudar al comisionado plenipotenciario Alfredo Castillo en la difícil y complicada encomienda que tiene para llevar la paz a ese estado.

Lo que preocupa son esas ejecuciones extrajudiciales como las que se presume fueron en San Pedro Limón, en el estado de México. Esto sería contrario y muy riesgoso ante el acotamiento de la Suprema Corte de Justicia al fuero militar. Por desgracia el Ejército no goza de la buena fama que quisiera ya que hay trabajos periodísticos testimoniales sobre la brutalidad que en algunas regiones militares han ejercido algunos miembros de la Defensa al amparo de la guerra anticrimen que le decretó el panista Felipe Calderón a los cárteles de la droga y que ha sido la herencia negra que le dejó al priísta Enrique Peña Nieto. No puede negarse que por parte de las fuerzas castrenses ha habido hostigamientos, falsas acusaciones, torturas y hasta crímenes a mansalva, con el pretexto de la narcoguerra calderonista que le dejó manchado el mantel de sangre a su sucesor.

En el estado de Zacatecas, el ejército reportó un enfrentamiento el pasado 8 de mayo donde los soldados mataron a siete hombres armados sin sufrir bajas. En cuatro casos, ocurridos durante una semana a fines de abril, las autoridades informaron que las fuerzas federales mataron a 12 hombres que los atacaron, también sin sufrir bajas. El ejército dijo que los soldados mataron a otros 11 supuestos atacantes en el estado de Tamaulipas en 2010. Si esto forma parte o es secuencia de la militarización donde los mandos parecen tener ya carta blanca para actuar así en algunos casos, es lo que comienza a preocupar a varios sectores del país. Suele suceder que como excusa los mandos altos e intermedios digan que su actuación es por órdenes del Presidente y cuando se les dice que el presidente no puede estar por encima de la Constitución, a los militares les vale y dicen que ellos solo obedecen a su jefe supremo.

Desde que se ordenó blindar el estado de México se han dado varios eventos que parecen estar encaminados a proteger a como dé lugar esta entidad de la posible incursión de los cárteles de la droga y del crimen organizado que tienen su base en Michoacán y que quieren hacer crecer su dominio. Además de ese problema que mantiene encendidas las luces rojas en ese estado, están también atentas las entidades que colindan con Michoacán, que se quejan de que al menos dos terceras partes de los cuerpos policiacos en el país están infiltrados por el crimen organizado, lo que de hecho esto afecta a todos los estados del país ya que así no se puede trabajar en paz, y por el contrario, muchas empresas tiene que sacrificar parte de sus activos para invertir en seguridad. Pero lo que más preocupa es el nuevo y tenebroso rostro que parece empezar a asomar en las Fuerzas Armadas, una suerte de ‘operación exterminio’.

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