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No se midió Fausto Vallejo

PAULINO CÁRDENAS 

Al agradecer la visita del presidente Felipe Calderón que hizo a su estado natal después de los graves acontecimientos de narcoterrorismo que se dieron en Apatzingán el pasado fin de semana, el gobernador de la entidad, el priísta Fausto Vallejo, no se midió al señalar que Michoacán es “un oasis de paz y de tranquilidad”. ¿A quién trata de engañar? ¿No está  informado de los dramáticos hechos que están sucediendo en su propio estado? Tampoco debe saber que a ese paradisíaco edén de ‘paz y tranquilidad’  que gobierna, Calderón acaba de mandar medio millar de soldados, además de los miles que ya se hallaban en esa entidad para dizque perseguir a las bandas criminales organizadas y acabar con ellas.

¿Es la decrepitud del gobernante michoacano que debería preocupar y ser atendida por especialistas con urgencia? ¿O por quedar bien con Calderón declara tamaña obcenidad tan fuera de lugar? Quizá le esté pesando el cansancio acumulado de tantos años de ver lo mismo, al punto de que no alcanza a percatarse de la realidad que acontece en su alrededor, en donde la lucha de los capos de la droga entre sí, más los enfrentamientos con las fuerzas gubernamentalea armadas pareciera que no existir, no obstante que fue en Michoacán en donde comenzó Calderón su guerra en diciembre de 2006 contra las mafias del narco y del crimen organizado.

El mandatario michoacano parece ignorar que la presencia criminal en esa entidad data al menos desde hace una década o más, desde que fue alcalde de Morelia, no una, sino tres veces. Cuando Fox ganó la Presidencia, el entonces gobernador perredista Lázaro Cárdenas Batel le había advertido que Michoacán estaba siendo copado por bandas criminales que se disputaban las rutas del narco; y casi al término de su mandato, cuando Calderón fue reconocido como Presidente electo, Lázaro le envió el mismo mensaje, máxime tratándose de que era su tierra natal. Más le tomó la palabra el panista que sucedería a Fox en Los Pinos. Fue cuando le declaró la guerra al narco.

Al sucesor de Cárdenas, otro perredista, Leonel Godoy Rangel, ya siendo presidente Calderón, éste sospechó que el gobernador entrante tendría que ver de una u otra manera con algunas de las bandas del narcotráfico que operaban en Michoacán, a causa de lo cual se dio aquel operativo de infausta memoria, el famoso ‘michoacanazo’, en el que fueron detenidos más de una treintena de funcionarios del gobierno godoyista acusados de vínculos con el narcotráfico, quienes luego de un año fueron puestos en libertad. En medio de ese episodio, Julio César Godoy Toscano, medio hermano de Leonel, fue acusado de tener vínculos con ‘La Tuta’, supuesto jefe de la Familia Michoacana.

¿Fausto Vallejo es o se hace? Apoyado por Enrique Peña Nieto para su candidatura, hoy gobernador parece ignorar que los capos del narco están en lucha constante por apoderarse del territorio michoacano desde hace mucho tiempo. La lucha está entre La Familia, Los Caballeros Templarios, algunas células del cártel de Los Zetas, el cártel del Golfo, comandos del cártel de Sinaloa, más los que se acumulen. Lo más increíble es que a sabiendas de todo lo que sucede en el estado que gobierna, sale a decir lo que dijo ahora que Calderón visitó Michoacán, de que ese estado es “un oasis de paz y de tranquilidad”. ¿A quién le quiere ver la cara? ¿A Calderón? ¿A los michoacanos? Porque a los mexicanos ya no se les engaña con esas patrañas.

Lo que está sucediendo en Michoacán es lo que está pasando en otros estados de la República, en los que el gobierno federal, el estatal y ya no se diga el municipal, han quedado rebasados por las mafias del crimen organizado y los capos de la droga, más que nada porque en medio de toda esa descomposición está presente la corrupción y la impunidad, que son los broches de oro que sostienen las colusiones entre los criminales y las autoridades y que han hecho imposible acabar con ese flagelo que agobia al país entero, y lo que hace decir las barbaridades que dijo Vallejo.

Desde que el actual gobernador michoacano compitió por el cargo por la coalición PRI-PVEM, en Los Pinos había la firme intención de realizar una campaña de Estado a favor de la hermana del mandatario panista, Luisa María Calderón, para que ganara la contienda electoral de 13 de noviembre de 2011. Desde semanas antes se habían desatado rumores de que el narco estaba detrás del proceso electoral, dizque presionando para que ganara el candidato del tricolor, lo cual no fue argumento suficiente para que la candidata de Acción Nacional alcanzara el triunfo.

En el caso de la alcaldía de Morelia ese cuento sí prosperó y fue anulada la elección en donde había ganado el priísta Wilfrido Lázaro Medina, la cual tuvo que repetirse con los mismos resultados. Pese a que el PAN quiso usar el mismo agumento de Morelia para el caso de la gubernatura de Michoacán, este no prosperó y el triunfo de Vallejo quedó firme. Pero con ese tipo de declaraciones, queriendo ocultar la verdad con la mentira al estilo Calderón, muchos priístas piensan que ese tipo de gobernantes del tricolor no ayudarán para nada a Enrique Peña Nieto, quien tendrá que salvar muchas vicisitudes desde el arranque de su gobierno.

@Paulinocomenta

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Oootra superpifia del gobierno

PAULINO CÁRDENAS 

Por lo que se ve el gobierno del presidente Felipe Calderón quiere entrar a como dé lugar al libro de Récords Guinnes, como el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas que ha acumulado el mayor número de pifias, al querer atrapar a presuntos criminales que supuestamente trabajan para los cárteles de la droga o a los capos mismos. Con tanto fracaso acumulado en esa materia, queda de manifiesto que los costosos y fastuosos aparatos de inteligencia mexicanos y la carabina de Ambrosio, disparan para el mismo lado. Lo peor es que la DEA ha colaborado con parte de esas farsas con las que se han querido hacer los  montajes mediáticos que han resultado un fiasco.

El último ejemplo lo significó la noticia con la que quiso impactar a la opinión pública el gobierno federal panista, justo en víspera de las elecciones, de que habían atrapado al hijo de Joaquín Guzmán Loera alias ‘El Chapo considerado el capo más buscado del mundo, lo que resultó otro ridículo más al querer sorprender a los mexicanos con una noticia que resultó otra mentira, lo que acabó siendo desastroso para Calderón al haberle salido el tiro por la culata. Para muchos suspicaces la noticia, desde que se originó, pareció manipulada y falta de veracidad.

La razón es que se sabe de sobra que ‘El Chapo’ es el consentido, no sólo del gobierno de Calderón, sino del que le antecedió, el de Vicente Fox, durante el cual se dio ‘la fuga’ del líder del cártel de Sinaloa, cuando salió a relucir –en el libro de Anabel Hernández ‘Los Señores del Narco’ se narran los detalles–, que todo fue obra de la vil corrupción, del cohecho, de millones de dólares que repartió entre varios funcionarios de medio pelo hasta los de tupido bigote, para salir aquel 19 de enero de 2001 caminando tranquilo por la puerta grande de la cárcel ‘de alta seguridad’ de Puente Grande, Jalisco.

En febrero pasado, en ocasión del ensayo general previo a la reunión internacional del G-20 que acaba de efectuarse en Los Cabos,  Baja California Sur, en el que estuvo como máxima figura la secretaria de Estado norteamericano Hillary Clinton,  coincidió que el capo más buscado del mundo estaba también pasando unos días de descanso en aquel paradisíaco lugar en una casona a la orilla de mar –se dice que muy bien acompañado por una dama con buena fama de cumplidora en sus servicios especiales–, y la DEA, como ahora, le dio el ‘pitazo’ a la Marina para que fuera a detener de inmediato a Guzmán Loera.

Si bien los servicios de inteligencia de ese organismo antinarcóticos habrían sido eficientes, los que no lo fueron estaban del lado de los mandos de la Marina-Armada de México, cuyo equipo de élite que fue enviado para detener al capo llegó al lugar, pero ya ‘El Chapo’ había huido. Se dice que hubo un ‘pitazo’ que alertó a sus guardaespaldas y que por eso no alcanzaron a capturarlo esa vez en Los Cabos. Algo similar sucedió hace unas semanas con su socio Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Informes de la DEA habían dado el ‘pitazo’ a las autoridades mexicanas de que podían atrapar al fugitivo narcotraficante en una zona localizada en los límites de Sinaloa y Durango.

Sin embargo, fuentes de la Secretaría de la Defensa señalaron que el socio de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán logró huir junto con al menos otras diez pistoleros que lo custodiaban. La tarea había sido encargada a un grupo de élite de la Secretaría de Marina. Se dice que estuvieron ‘a un pelito’ de atraparlo, pero el famoso capo resultó ser más vivo que quienes pretendían ser sus captores o le avisaron a tiempo que iban por él y eso alertó a su lugarteniente y sus custodios.

Todos recuerdan el hilarante caso de Jorge Hank Rhon, en donde el Ejército mexicano irrumpió en su casa dentro del Hipódromo de Tijuana y lo detuvieron en junio del año pasado. La incursión se debió a una denuncia ciudadana. El Ejército encontró en el inmueble 50 armas, 25 de las cuales eran largas y las otras 25 eran cortas y de cacería. Hank, ex alcalde de Tijuana de 2004 a 2006, fue detenido junto con su personal que custodiaba el lugar, pero todo acabó en un rotundo fracaso y en una tomadura de pelo. Eso por  no hablar del ‘michoacanazo’, de triste memoria.

Otros asuntos que están en veremos son las detenciones de los generales y las acusaciones contra ex gobernadores de Tamaulipas por presuntos vínculos con el narcotráfico, lo cual se cree que acabarán en lo mismo, por lo cual sí es probable que Guinnes mande a certificar el número de pifias y fracasos en material de combate a la delincuencia organizada por parte del gobierno de Calderón, para que entre con mención honorífica a su famoso libro de récords.

@Paulinocomenta

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‘Papa caliente’ lo del General

PAULINO CÁRDENAS

Ojalá ahora sí haga bien las cosas el gobierno que encabeza Felipe Calderón con el asunto del ex subsecretario de la Defensa Nacional, el general diplomado del Estado Mayor, Tomás Ángeles Dauahare, quien fue arraigado por presuntos vínculos con el narcotráfico, y tenga los elementos probatorios suficientes para consignarlo y procesarlo, porque de otra manera se echará encima a los más altos mandos del Ejército y la Marina si salen con otro ‘michoacanazo’ u otro ‘hankazo’.

El asunto es una ‘papa caliente’ ya que, de ser cierto que ese alto mando militar retirado pudiera estar vinculado al crimen organizado, el hecho tendría para el presidente Felipe Calderón en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y para el propio general secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, la connotación sería la de un tremendo golpe que repercutiría internacionalmente, no se sabe si para bien o para mal.  De inicio tendría que revisarse el impacto que ello tendría en la seguridad nacional.

Demostrar que quien fue subsecretario de la Defensa Nacional de México por dos años en este sexenio, ha tenido vínculos con los cárteles de la droga, es mandar un mensaje que tendría varias lecturas a nivel internacional. Una, acaso la más delicada, es que si ese alto mando ha sido coptado y sometido por alguno de los capos del crimen organizado, se antojaría pensar que el asunto seguiría en línea ascendente en similares términos. Todo mundo sabe de la presencia del narco en las instituciones de seguridad y justicia y la infiltración que ha tenido en las estructuras de mando.

Ello sería una clara muestra de que las mafias del crimen organizado tienen de su lado no sólo a los mandos federales y locales de las policías, sino sería una muestra de que también tendrían cómplices en las más altas esferas del Ejército y de la Marina, además de la Policía Federal. Al interior del país, la percepción sería mucho peor, ya que es un secreto a voces que la guerra contra el narcotráfico emprendida por Calderón no ha tenido éxito, por la corrupción y la impunidad que impera entre el querer hacer y la brutal realidad.

Se dice, según testigos protegidos, que la DEA, la agencia norteamericana antidrogas, es la que ha venía  investigando desde hace varios años al ex funcionario militar. ¿Por qué entonces en pleno proceso electoral se da su detención junto con la del general brigadier en activo Roberto Dawe González? Como sea, el hermetismo con que se ha manejado el asunto llama a sospecha y cualquiera puede darle vuelo a la imaginación con el dato duro focalizado en el ámbito político, como fue la participación que tuvo el ex subsecretario de la Defensa en la reunión convocada por la Fundación Colosio, estando presente el candidato priísta.

Tomás Ángeles Dauahare ocupó diversos mandos de importancia, siendo incluso agregado militar de México en Washington, hasta llegar a ser subsecretario de la Defensa Nacional en este sexenio. Incluso su nombre había sonado para ser el titular de la SEDENA en lugar de Guillermo Galván, con quien se dice que no llevaba una buena relación. Ocupó el cargo de subsecretario de Defensa Nacional entre 2006 y 2008; en este año, sin dar mayor explicación, la secretaría de Defensa Nacional anunció que sería sustituido por Francisco Armando Meza Castro. El militar de alto rango retenido, es experto en inteligencia militar.

Su abogado, Alejandro Sánchez Ortega, señaló que las imputaciones en contra de su cliente son de testigos protegidos que dicen haber sabido “de oídas” que Édgar Valdés Villarreal, ‘La Barbie’, le entregó alguna suma de dinero, y que en su primera declaración ministerial el general dijo ser inocente de las acusaciones; luego apeló a su derecho de no hablar hasta que estuviera su defensor.

Uno de esos  testigos protegidos es el que lleva el seudónimo de ‘Jennifer’, quien ha sido utilizado por la Procuraduría General de la República en acusaciones contra el exalcalde de Cancún, Gregorio ‘Greg’ Sánchez, por supuestos vínculos con los Beltrán Leyva y Los Zetas. Dijo el abogado que el arraigo de su cliente y amigo se hizo sin haber sido respetados sus derechos legales ni sus garantías individuales.

El caso pues, parece tener dos caras: una, la del posible vínculo del ex subsecretario de la Defensa Nacional con los cárteles de la droga, y otra, que haya sido arraigado por razones meramente políticas, porque no quisieran, por ningún motivo, que llegara a ser titular de Seguridad Pública federal, como corrió la especie después de haber participado en la reunión celebrada en San Luis Potosí que encabezó el candidato priísta. Habrá que ver cuál de las dos versiones es la verdadera.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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Uso político de la justicia

PAULINO CÁRDENAS 

Resulta obvio que el gobierno panista ha hecho uso político de la justicia para tratar de socavar a los partidos de oposición y a sus candidatos, principalmente a todo lo que huela a PRI, aunque también el PRD ha sufrido de esa nociva práctica del gobierno panista; sólo hay que recordar el caso del ‘Michoacanazo’, un hecho muy significativo que corrobora esta aseveración que ha venido planteando la cúpula del Partido Revolucionario Institucional, sobre todo después del caso de los tres ex gobernadores de Tamaulipas -Eugenio Hernández, Tomas Yarrington y Manuel Cavazos-, a quienes se les instruye una averiguación previa por parte de la PGR sin saber por qué.

Desde que tomó posesión como nuevo dirgente del tricolor, Pedro Joaquín Coldwell le exigió al presidente Felipe Calderón no entrometerse en el proceso electoral de 2012, y a su gobierno no usar el tema del narcotráfico como arma electoral. El senador acusó al Ejecutivo de pretender reeditar la inestabilidad política vivida en México el primero de diciembre de 2006, cuando él estuvo a punto de no rendir la protesta de ley.

Dijo que “ante la debilidad de sus precandidatos, el gobierno panista recurre a toda suerte de artimañas para agredir a las fuerzas políticas que, como la nuestra, le disputan el poder. Por las acusaciones temerarias lanzadas desde la Presidencia hasta el uso faccioso de la procuración de justicia, todo se vale para descalificar al adversario. Poco les importa que quien pague los costos de estas acciones sea la sociedad”.

No sólo los partidos y sus cúpulas, sino los mexicanos todos, quieren que el sistema de justicia sea para combatir a la delincuencia organizada, para castigar actos de corrupción y para enjuiciar a quienes, en el nombre de la guerra que sostiene el gobierno panista contra la inseguridad, abusan de su poder, por lo que existen acusaciones en los organismos no gubernamentales contra agentes federales y militares que cometen violaciones a los derechos humanos de gente inocente.

De las miles y miles de muertes a raíz de la lucha contra el crimen organizado, no más de 30 sentencias firmes han sido emitidas por la Procuraduría General de la República. En cambio, se ha prestado a participar en eventos fallidos como fue el de la detención por elementos de la Policía Federal y del Ejército el 26 de mayo de 2009, de 11 presidentes municipales y 16 altos funcionarios del gobierno de Leonel Godoy, todos perredistas, y un juez del estado de Michoacán, por presuntos vínculos con el crimen organizado, a los cuales se tuvo que absolver un año después por falta de pruebas.

Lo mismo sucedió con el caso de Gregorio ‘Greg’ Sánchez, a quien un testigo protegido lo acusó de tener nexos con el crimen organizado, cuando era aspirante a la gubernatura del estado de Quintana Roo por el PRD en 2010. Fue detenido, y llevado al penal de ‘El Rincón’ en Tepic, Nayarit. Fue acusado por delitos de delincuencia organizada, por uso de dinero de procedencia ilícita y delitos contra la salud. Luego fue trasladado a la ciudad de México donde anduvo con brazalete para no salir de la capital. Al final quedó en libertad por falta de pruebas.

Luego vino el caso de Jorge Hank Rhon que fue detenido el sábado 11 de junio de 2011 junto con varios de sus colaboradores de seguridad, por supuesto acopio de armas y otros cargos que al final no pudieron ser comprobados por parte de las autoridades federales y estatales donde hubo una evidente falta de coordinación, de paso haciendo quedar mal al Ejército que realizó la detención del ex alcalde de Tijuana, acusado de tener en su casa al menos 100 armas de fuego. Al final a Hank Rohn le hicieron los mandados.

Recientemente al exigir a las autoridades federales no utilizar los instrumentos de la justicia con fines electorales, el PRI salió a la defensa de los tres ex gobernadores de Tamaulipas: Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. En un comunicado, el partido que encabeza Pedro Joaquín Coldwell criticó el que se hayan hecho públicas estas investigaciones en el contexto de un proceso electoral próximo. “La difamación y la filtración mal intencionada de posibles investigaciones son ilegales y corresponden a prácticas de un gobierno autoritario”. Reiteró que el PRI no defenderá a nadie que cometa delitos, pero tampoco aceptarán el manejo “faccioso” de la justicia.

Sobre ese tema el Revolucionario Institucional pidió que el gobierno actúe conforme lo manda la ley, pero que no haya filtraciones; simplemente que actúen como lo manda la ley, punto. Algunos senadores priístas acusaron al gobierno federal de una “guerra sucia” para perjudicar a su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, y al partido en general en el próximo proceso electoral. Carlos Jiménez, Francisco Labastida y Francisco Arroyo condenaron la investigación en contra de los ex gobernadores y su filtración a algunos medios de comunicación. “Diría que huele a guerra sucia en contra del PRI”, señaló Labastida.

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Otro papelazo del gobierno

PAULINO CÁRDENAS

El caso del ex alcalde Jorge Hank Rohn es penoso para el gobierno federal que encabeza Felipe Calderón. No se le pudo acreditar la acusación de acopio ilegal de armas ni de haber sido detenido ‘in fraganti’, por lo que fue ordenada su libertad de la cárcel de El Hongo en Tecate. Pero inmediatamente fue reaprehendido y trasladado a un hotel de Tijuana en donde quedó arraigado para investigar lo que sabría sobre un presunto asesinato, según un ‘testigo’ desconocido. Pero el juez que debía ratificar el arraigo, no lo hizo porque no encontró razones jurídicas para ello, por lo que el ex edil ‘volvió’ a ser liberado en un mismo día, esta vez definitivamente.

No obstante, la cacería del gobierno federal panista sigue feroz. Ahora la mira está puesta en el líder del PRI, Humberto Moreira. Ayer el panista Federico Doring acusó ante la PGR al coordinador coordinador general administrativo del tricolor, Vicente Chaires Yañez, de súbito enriquecimiento. Asegura que es prestanombres del coahuilense.  Por lo pronto, las fallas en el procedimiento en el caso de Hank Rohn puso en ridículo al gobierno federal en pleno. Y el de Pablo Salazar Mendiguchía podría correr la misma suerte.

Quien quedó mal parado de cara a la nación fue en primera instancia el presidente Felipe Calderón quien se fue con la finta de los anunciados expedientes ‘negros’ y que asumió el mando para que se persiguiera a toda prisa, antes de las elecciones del 3 de julio próximo, a cuanto priísta se pudiera detener para que el efecto mediático pudiera poner en evidencia al partido tricolor de cara a las elecciones de este año y las del 2012.

Pero no sólo en México está desplegando esa estrategia. Ahora que estuvo en California, también le dio con todo al pasado priísta, al que podrá culparse de todo, menos de haber dejado en 70 años o más la escandalosa cifra de miles de muertos que dejará el mandatario panista en sólo seis años, a consecuencia de su necia y fallida estrategia de guerra contra los cárteles de la droga y los capos del crimen organizado.

El vergonzoso tsunami político-judicial también alcanzó a la procuradora federal, Marisela Morales, y al Ejército mismo, institución que siempre ha sido muy respetada por los mexicanos, pero que con este asunto pierde mucho ante todos los sectores de la sociedad, por prestarse a ese delirante juego persecutorio contra el priísmo que lleva el evidente propósito de restarle simpatías a los aspirantes que contenderán en los comicios a celebrarse en el estado de México y otras entidades como Coahuila, donde los candidatos del PAN ni siquiera pintan.

Aunque no todo en la política es delirio de persecución, las conjuras existen. La orden superior es hacer pinole al PRI a como dé lugar, denostando a personajes de ese partido acusando y arrestando a quienes supuestamente tienen expedientes ‘negros’. En el tricolor dicen que es ‘la otra guerra de Calderón’. Afirman  que el propósito es claro: se le quiere restar simpatías a los aspirantes del Revolucionario Institucional para los comicios del mes próximo  y para las elecciones del 2012.

Enrique Peña Nieto es el blanco de todas las tiradas. Incluso acaba de tener  una reunión con el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, en la que, dicen, esa charla que duró casi una hora en el antiguo Palacio de Covían, acabó en agria discusión. Están habiendo reuniones urgentes para cerrar filas, aunque muchos opinadores señalan que eso sería difícil a estas alturas porque hay marcadas divisiones en el tricolor y no todos jalan la carreta para el mismo lado. No obstante, la actitud persecutoria los hará unirse.

El jefe del Ejecutivo, quien tiene la sartén por el mango seguirá insistiendo. Primero fue Jorge Hank Rohn, gente allegada al llamado grupo Atlacomulco –léase a Peña Nieto – y luego contra Pablo Salazar Mendiguchía, ex priísta, ex gobernador de Chiapas y ahora prolopezobradorista. Fue detenido por el gobierno de Juan Sabines, amigo del Presidente. Está pendiente el caso de Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca quien es acusado por su sucesor Gabino Cué de no acreditar el gasto de 2 mil millones de pesos cuando aquél fue mandatario. Cué es amigo del Presidente. ¿Sigue Moreira?

Como sea, al estilo Pancho Villa, los hechos están demostrando que primero se efectúan las detenciones y luego ‘viriguan’. Así fue el ‘michoacanazo’donde judicialmente hubo muchas inconsistencias y los  35 detenidos acusados por supuestos vínculos con los cárteles de la droga un año después tuvieron que ser puestos en libertad. Las consignaciones no tenían sustento y todo aquel complot se vino abajo. Fue el primer papelazo del gobierno federal. Lo de Hank Rohn fue otro. ¿Cuántos faltan?

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Hank, Salazar y Ulises

PAULINO CÁRDENAS

La misma estrategia que usó el gobierno panista contra los perredistas en el famoso  ‘michoacanazo’, se ha puesto en práctica ahora contra algunos hombres de nombre de la clase política priísta. Primero fue Jorge Hank Rohn y enseguida el ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, quienes fueron detenidos en plena época de campañas electorales. Asímismo, está por estallar el caso del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y otros más que pudieran anexarse en los próximos días o semanas a la lista de quienes el gobierno federal panista les tiene preparados sus ‘expedientes negros’ y que miltan en el tricolor.

A pesar de la negativa oficial resulta evidente que es una ‘cacería de brujas’ por la nociva intención política-electoral que entrañan esos operativos en contra de personajes que ciertamente tienen fama pública de tener la cola larga, pero que son arrestados justo en tiempos cercanos a los comicios que se celebrarán el próximo 3 de julio en algunas entidades del país, siendo las elecciones del estado de México de las que la clase política estará muy atenta, porque de lo que ahí suceda dependerán muchas cosas: vendrá la verdad electoral para el 2012 por la sucesión presidencial.

Cuando aquel ‘michoacanazo’ que se preparó en la víspera de las elecciones intermedias del 5 de julio del 2009, también había prisa del gobierno panista de poner en evidencia al perredismo michoacano y al gobierno de Leonel Godoy, pero faltó el sustento jurídico en las acusaciones contra los funcionarios y alcaldes detenidos en masa, por lo que unos antes y otros después, al año todos los detenidos fueron puestos en libertad. El ‘oso’ del gobierno no tuvo medida.

Y ahora, por falta de méritos, Hank Rohn no pudo ser culpado de tener vínculos con el crimen organizado como tenía previsto la PGR; sólo le hicieron cargos por posesión y acopio ilegal de armas y fue trasladado al penal conocido como ‘El Hongo’ en el municipio de Tecate, Baja California, en donde habrá de enfrentar el juicio por un delito que, comparado  con el de delincuencia organizada, es muy menor. Sus abogados confían en que por el desaseo jurídico que hubo con su detención, éste podría alcanzar su libertad.

Luego vino el caso de Pablo Salazar Mendiguchía, detenido el pasado lunes en el aeropuerto internacional de Cancún, acusado de peculado por 104 millones de pesos, cometido cuando fue gobernador de Chiapas del 2000 al 2006. Unos días antes de su detención, había culpado ante los medios al actual gobernador, Juan Sabines, de haber mandado gente a robarle 50 mil ejemplares de una edición especial de periódicos.

En ellos pretendía informar a los chiapanecos y al país sobre los recursos que ejerció en su periodo administrativo, sobre todo de los recursos referentes a la reconstrucción de Chiapas por los daños dejados por el huracán Stan. En el artículo explicaba que 70 por ciento de esos recursos federales no fue manejado por su gobierno, sino directamente por el gobierno federal a través de la entonces comisionada nacional, Josefina Vázquez Mota, actual coordinadora de los diputados federales de Acción Nacional y aspirante a la Presidencia de la República.

 En su columna de ayer, Carlos Loret de Mola refiere que una misteriosa tarjeta apócrifa llegó a Los Pinos en la que se lee que el ex mandatario Salazar Mendiguchía recientemente financió con 22 millones de pesos el movimiento de Andrés Manuel López Obrador; que impulsa la candidatura del priísta José Antonio Aguilar Bodegas para ser gobernado; que patrocina movimientos subversivos afines al EZLN, y que es responsable de lavado de dinero, peculado, malversación de fondos y tratos con personajes tachados de delincuentes.

En la misma aparecían dos peticiones: una que pide al gobierno arrestar al ex gobernador por cualquiera de las acusaciones, aunque sugiere que podría ser por el destino de los 11 mil millones de pesos destinado a la reconstrucción de Chiapas. Otra, que el general secretario de la Defensa –Guillermo Galván Galván– lo invitase a salir del país por los próximos 18 meses. Quien toma esas decisiones optó por la primera petición.

Y en otra pista, al parecer ya está listo el caso del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, a quien su sucesor Gabino Cué acusa por desfalco por alrededor de 2 mil millones de pesos. Tanto el actual gobernador de Chiapas como el aliancista de Oaxaca llevan una excelente relación con el presidente Felipe Calderón.

¿Quiénes siguen en la lista? Los ociosos cuentan que los nombres están vinculados a los estados de Puebla, Chihuahua, Sinaloa y Veracruz y algunos otros. Pero quienes gustan del juego de palabras dicen que quien decide sigue estando obsesionado con que sea un ‘ex’ del pasado reciente del estado de México, cuyo primer apellido es el acrónimo de ‘Monte fiel’. ¿Será?

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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¿Más cambios en Seguridad?

PAULINO CÁRDENAS

Desde el pasado 8 de marzo, cuando en Estados Unidos se hizo un reconocimiento a su valor por parte de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, teniendo como testigo a la primera dama norteamericana Michelle Obama, ya estaba sellado el destino de Marisela Morales Ibáñez para convertirse en la primera Fiscal de Hierro en la historia de la PGR. Su principal reto será luchar contra la impunidad. Al parecer ese cambio sería el primero de varios que se darían en el gabinete de Seguridad y Justicia.

En Washington fuentes relacionadas al sistema de Seguridad Interior del vecino país han estado insistiendo de manera soterrada en que los relevos debieran alcanzar también instancias de las secretarías de la Defensa, Marina y de Seguridad Pública federal, para acabar con la descoordinación que ha prevalecido en esas dependencias, y para investigar las colusiones que existen entre los diferentes niveles de mando civiles y militares con el crimen organizado y castigar a quienes estén involucrados por lo que no se avanza en esa lucha.

Al combate a las mafias se le han inyectado miles de millones de pesos desde que comenzó el sexenio, obteniendo hasta ahora magros resultados por la corrupción e impunidad imperante en esa lucha donde el poder económico y de armamento que poseen los capos –cuyos ejércitos están entre las diez fuerzas militares más poderosas del mundo según dijeron expertos– se ha impuesto, por lo que las fuerzas gubernamentales armadas no han podido detener su avance en más de cuatro años de lucha.

En la Casa Blanca hay una honda preocupación porque el poderío de los cárteles de la droga y su desbordante furia traspase la frontera y se empiecen a dar en territorio norteamericano escenas cruentas y salvajes como las que se ven diariamente en México, cuyas matanzas ya alcanzan la cifra de los 38 mil muertos, un número escalofriante que ha puesto al país en boca de todos, obviamente en términos negativos, fuera de nuestras fronteras.

La sola declaración que hizo hace unos días el presidente Obama de que los cárteles en México se han fortalecido lo que ha provocado una seria frustración en su homólogo mexicano Felipe Calderón, es botón de muestra de la enorme preocupación que hay en Washington sobre una lucha que no se ha podido contener, aunque existe –y en la Casa Blanca lo saben–, una enorme corresponsabilidad que no ha cristalizado cabalmente por la parte americana.

El 4 de agosto de 2008 el entonces procurador federal Eduardo Medina Mora nombró a Marisela Morales al frente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, SIEDO, a quien por su fama de mano dura le encomendó ir tras los mandos corruptos de esa corporación que estuvieran vinculados al narcotráfico o al crimen organizado en lo que se llamó ‘Operación Limpieza’.

Hacia dentro, si las indicaciones van por ahí, en las instancias que dependen de la PGR no tardarían en empezar a destaparse asuntos que podrían corresponder a una suerte de segunda etapa de esta ‘limpieza’ que se quedó inconclusa.

A los tres meses de su llegada al cargo la funcionaria ejerció acción penal nada menos que contra su antecesor Noé Ramírez Mandujano y varios colaboradores de éste, acusados de presuntos vínculos con integrantes del cártel de los Beltrán Leyva. El ex titular de la SIEDO había sucedido a José Luis Santiago Vasconcelos quien el 4 de noviembre de 2008 pereció en el misterioso avionazo del LearJet donde murió también el entonces secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño.

La funcionaria trae sin duda muchas encomiendas. Sólo habrá que ver cómo será el trato de ella al frente de la PGR con el secretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna, ya que éste, ni con Arturo Chávez Chávez ni con Eduardo Medina Mora, tuvo una buena relación. Además de tener derecho de picaporte en Los Pinos, el titular de la SSP tiene un fuerte ascendiente con el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón, quien el pasado jueves le aceptó la renuncia al hoy ex procurador.

Sólo que Marisela Morales, además de haber sido propuesta por el Presidente de la República, trae nada menos que el visto bueno del poder ejecutor del mando supremo del vecino país del norte encarnado en Hillary Clinton y el aval de Michelle Obama, esposa del presidente de los Estados Unidos. Habrá que ver pues a qué llega a la PGR. Porque ‘dama de la caridad’ no es. De los más reciente, además de la ‘Operación Limpieza’ tiene en su haber el ‘Michoacanazo’.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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