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El fantasma de los 43 en NY

PAULINO CÁRDENAS

El presidente Enrique Peña Nieto sabía que en su visita a Nueva York con motivo de su participación en la sede de la Organización de Naciones Unidas, podría haber protestas en su contra, y las hubo. Un grupo de manifestantes, a las afueras del hotel donde se hospedaba, llamó “asesino” al mandatario, todo esto como parte de la Acción Global por Ayotzinapa a un año de la desaparición de los 43 normalistas que no se ha esclarecido.

Mientras la guardia del presidente maniobraba para evitar cualquier roce con los manifestantes, los activistas gritaban vivas a Ayotzinapa y pedían su renuncia por su presunta responsabilidad en la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, Guerrero. Cada día van haciéndose más constantes las manifestaciones de repudio en contra del jefe del Ejecutivo federal mexicano, por encabezar un gobierno que prefiere esquivar los problemas que enfrentarlos.

Esa protesta de activistas que improvisó una protesta en las afueras del hotel donde se hospedaba en la Gran Manzana, ya se la esperaba el mandatario mexicano, de lo cual le había advertido sus asesores que sucedería casi por obvias razones. Dicha protesta estuvo a cargo de un grupo de migrantes mexicanos, en apoyo a un pequeño grupo de madres de los 43 normalistas desaparecidos que viajaron ayudados con recursos de amigos a Nueva York para ver al Papa y pedirle su intercesión ante el gobierno mexicano para saber dónde quedaron sus hijos.

Incluso se ha escrito el por qué el papa Francisco decidió no venir a México como trascendió que tenía planeado hacerlo cuando viajara de Cuba a Estados Unidos en su gira episcopal en este mes de septiembre, haciendo escala en Ciudad Juárez. Se afirma que el Papa le habría mandado decir a Peña que en su visita a territorio mexicano querría oficiar una misa en memoria de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, a lo que hubo una negativa del mandatario mexicano, por lo que Francisco prefirió no realizar esa breve visita a nuestro país.

Como sea, aprovechando la visita episcopal del máximo representante de la Iglesia católica a Estados Unidos, cinco madres de los estudiantes tratarían de tener una audiencia con el Pontífice, para lo cual habían hecho la gestión pertinente desde antes de que viajara a nuestro continente. El caso es que no solo tratarían de ver la Papa sino también intentarían ser recibidas y escuchadas por senadores y representantes del Congreso de este país.

Planeaban irse de Filadelfia a la Ciudad de Nueva York el pasado domingo 27 para hacerse presentes en Manhattan y manifestarse ante el edificio de las Naciones Unidas, donde ayer lunes 28 Peña Nieto hablaría ante la Asamblea General del organismo multilateral. Ellas son Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño; Blanca Luz Nava Vélez, madre de Jorge Álvarez Nava; Hilda Hernández Rivera, mamá de César Manuel González Hernández; Luz Mariah Telumbre Casarrubias, progenitora de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, y Angélica González González, madre de José Ángel Navarrete González.

El fantasma, pues, de Ayotzinapa, persigue a Peña Nieto. La razón es que los familiares de los normalistas desaparecidos sienten que traicionó su confianza con una investigación simulada dando por buena la ‘verdad histórica’ que manejó el ex procurador Jesús Murillo Karam, en la que nadie cree, la cual desentrañó el grupo interdisciplinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los hombres del presidente saben que la lucha emprendida por los padres de los 43 continuará hasta que aparezca la verdad de los hechos y se haga justicia contra quienes ordenaron y ejecutaron la desaparición masiva forzada de los estudiantes de la escuela rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Las voces que se han unido a ese reclamo en México y en el extranjero, va sonando cada vez más fuerte reclamando justicia.

Esos hechos, junto con otros donde ha habido derramamiento de sangre y en las que han estado involucradas las fuerzas del orden, civiles y militares, no dejarán en paz a Peña Nieto donde quiera que se pare. Mientras el mandatario federal no se decida a castigar a quienes resulten responsables del caso Ayotzinapa, los dolidos padres de los estudiantes lo seguirán inculpando, por omiso.

Esa es una de las razones por las que el jefe del Ejecutivo federal ha caído en las preferencias que realizan las empresas encuestadoras, aún las que reciben pago por favorecer y maquillar cifras. Tan está convencido de que ha perdido credibilidad y confianza incluso entre los que votaron por él, que un grupo de ‘notables’ ya andan en busca de la fórmula para evitar que en 2018, quien más ventaja lleva hasta ahora en las preferencias, el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ahora sí, gane la presidencia de la República.

Porque ni el PRI con su contlapache el Verde, ni con las alianzas que pudieran hacer la izquierda o el PAN, ninguno podrá alcanzar la victoria en los comicios para elegir al sucesor de Peña Nieto. Por ello es que ya andan en busca de que haya un candidato ‘independiente’ pero apoyado por la mafia del poder como le llama el tabasqueño a quienes han vivido al amparo de los cargos públicos que, en lugar de gobernar, llegan a hacer negocios a costillas del erario.

De eso es de lo que ya está harta la gente, millones de mexicanos a los que ha decepcionado el sistema de partidos que solo ven para su santo, con candidatos venales que roban y medran con el poder y ni quien los moleste, porque están amparados por la Santa Impunidad que prevalece en el país, que es uno de los grandes males que padecen los mexicanos.

Lo que le acaba de suceder al ex presidente guatemalteco Otto Pérez Molina ha puesto a pensar seriamente a los hombres del presidente en México y al propio mandatario. Por eso temen que llegue López Obrador al poder federal. Por eso esa campaña oficial de miedo que han emprendido contra el tabasqueño de manera tan anticipada.

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Mayans vigilará la frontera sur

PAULINO CÁRDENAS

El tabasqueño Humberto Mayans Canabal fue designado Coordinador para la Atención Integral de los Migrantes en la Frontera Sur, por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Con una larga trayectoria política a nivel estatal y federal, ahora tendrá la responsabilidad de velar por las garantías individuales de quienes cruzan el país por la frontera mexicana que ha sido puerta abierta de par en par a migrantes centroamericanos, sudamericanos y de muchas partes del mundo, y entrada franca para millones de indocumentados a lo largo de varias décadas. Mayans es senador del PVEM por el estado de Tabasco y preside la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur. Es hermano del perredista Fernando Mayans, presidente de la Comisión de Seguridad Social e integrante de las de Salud, Recursos Hidráulicos y Energía.

Desde octubre pasado se ha incrementado velozmente el paso a nuestro país de migrantes sin documentos por esa frontera sur, de gente que simplemente se encarama y se monta en el lomo del tren de carga conocido como ‘La Bestia’, que los acerca a la frontera norte colindante con Estados Unidos y entran a territorio estadounidense de manera ilegal conducidos por ‘polleros’ coludimos con las mafias, que con engaños le cobran a los indocumentados cifras fuertes de dinero para ‘pasarlos’ al otro lado. Pero de unos meses a la fecha, lo que ha crecido de manera descomunal ha sido el paso de decenas y decenas de niños que viajan solos y que sus padres encomiendan a los ‘polleros’ que los lleven hasta el otro lado de la frontera cobrando altas sumas en dólares. Al final los dejan a su suerte y es la ‘migra’ norteamericana la que se encarga de detenerlos. A los adultos se les deporta casi de inmediato.

Sin embargo los niños, una vez detenidos, suelen tener diferentes destinos: unos van a parar a albergues en donde quedan recluidos en hacinamientos que no guardan reglas de sanidad y en donde la alimentación es precaria y mala. Otros son deportados a sus países de origen. Sin embargo, hay señales de que mafias dedicadas al tráfico de órganos humanos están al asedio de muchos niños que de hecho no tienen dueño y que son raptados con engaños y llevados a sitios clandestinos, en donde son ‘repartidos’ posteriormente para ser sacrificados para extirparles sus órganos internos, quedando mutilados en el mejor de los casos, cuando no es que mueren al ser sometidos s la extracción de hígados, riñones, páncreas y otras partes del organismo. Muchas veces son sacrificados para robarles literalmente el corazón.

De este peligro latente ha advertido la organización humanitaria Save The Children, que ha enviado distintos mensajes a los gobiernos del mundo a que esté alertas de esa bandas criminales que se dedican a la extracción de órganos humanos, en donde la demanda ha crecido considerablemente por parte de muchos países desarrollados. Incluso esa organización alertó que eso pudiera estar sucediendo en la frontera de México y Estados Unidos, justo en donde actualmente se está dando ese fenómeno de llegadas masivas de niños solos que quedan a expensas de los sicarios que les pagan a los ‘polleros’ por ponerles en suerte a migrantes indocumentados, ya sea para sumarlos a las redes de tráfico de personas que a grupos que manejan la prostitución.

Pero en el caso de los menores, el temor es que caigan en manos de agentes criminales que trabajan para bandas internacionales robando niños y jóvenes para ser llevados a lugares clandestinos en donde les son extraídos sus órganos internos. Todo ese problema que comienza en la zona fronteriza del sur de nuestro país no se da sola. Tiene cómplices. Y esos cómplices están incrustados en Migración y en otras instancias como las policías locales que supuestamente están para vigilar que haya orden y combatir el crimen de orden municipal, pero que en realidad acaban siendo parte de las redes criminales de las mafias y los cárteles que han visto en ese tipo de actividades otros nichos de prósperos negocios.

Se dice que pronto cambiará de administración la operación del ferrocarril Chiapas Mayab que es la que maneja al famoso tren de carga conocido como ‘La Bestia’ el cual estará bajo la concesionaria Viabillis Holdings. En ese internacionalmente famoso tren de carga por décadas ha trasladado en su lomo a miles y miles de indocumentados que se internan a nuestro país por la frontera sur ilegalmente, el cual los acerca a la frontera con Estados Unidos, país al que millones de indocumentados -incluidos mexicanos también- aspiran llegar para probar suerte ya que huyen de sus países por la pobreza o inseguridad creyendo que al llegar a territorio norteamericano las cosas cambiarán para bien, pero eso no suele ser así, sino al contrario.

Lo que acontece con muchos indocumentados -adultos, ancianos, niños, jóvenes que se arriesgan a esa aventura-, es que muchos mueren en el intento o acaban siendo víctimas de las mafias criminales. Incluso se ha documentado que los cárteles les ofrecen a hombres jóvenes, ser parte de sus filas trabajando como sicarios y quienes se niegan acaban siendo ejecutados y enterrados en fosas clandestinas. El padre Alejandro Solalinde, coordinador de la Pastoral Social de Movilidad Humana de la Diócesis de Tehuantepec, Oaxaca, y fundador del albergue de migrantes Hermanos en el Camino, en Ixtepec,tiene mucho que contarle al mundo sobre esos dramas, como lo ha hecho en infinidad de ocasiones.

Para el nuevo coordinador para la Atención Integral de los Migrantes en la Frontera Sur, Humberto Mayans Canabal, esa complejísima problemática no es desconocida, ya que el senador priísta la conoce como secretario que es de la Comisión Especial Sur-Sureste y como integrante de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe y de Seguridad Pública. Lo cierto es que al nuevo encargado de velar por las garantías individuales de quienes cruzan el país por la frontera mexicana, le espera una de las tareas más duras y comprometidas no solo con la administración del presidente Peña Nieto, sino con el gobierno norteamericano que encabeza Barack Obama.

Sin duda una compleja tarea le espera al tabasqueño. Ojalá cuente con todos los apoyos que requiere esa monumental tarea que le acaban de asignar. El principal reto es evitar el paso de indocumentados, especialmente de niños que viajan solos y que entran por la frontera sur para llegar a EU en busca de una vida menos hostil que la que sufren en su patria, asunto en el que México tiene mucho que ver. La mezcla de experiencia y sensibilidad de Mayans podrían ser de gran utilidad a la causa.

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Conflicto armado interno

PAULINO CÁRDENAS

Netzahí Sandoval, el abogado del grupo de académicos, intelectuales y periodistas que interpuso un recurso en la Corte Penal Internacional de La Haya contra quienes resulten responsables por la crisis humanitaria y la agresión generalizada producto de la guerra emprendida por el Presidente contra los cárteles de la droga y que incluye ejecuciones, decapitaciones, múltiples violaciones a los derechos humanos y secuestros masivos de migrantes, reveló que el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados ha calificado la lucha del gobierno con el narcotráfico en México como un ‘conflicto armado interno’, por lo que puede considerarse como tal. Por si hubiera dudas.

Dijo que esto anima a quienes han pedido a esa corte con sede en Holanda que se estudie y analice la petición  formulada, para que el fiscal Luis Moreno Ocampo pudiera darle curso a los documentos que han estado enviándole con la intención que analice y determine el caso-México. Lo cierto es que alguien tendrá que pagar por todo ese infierno que ha generado la guerra de Calderón y responder por la lacerante impunidad que va de la mano de la corrupción, factores que han estado en medio de esa infructuosa guerra, costosa en dinero y más costosa en vidas.

En entrevista con Carmen Aristegui para MVS, el abogado egresado de la UNAM señaló ayer que la denuncia ‘ya pasó el primer filtro’, es decir que ya está a consideración del fiscal para que la información que originalmente había recibido por parte de los activistas, más otras que le han hecho llegar de noviembre a la fecha, opine y en su caso juzgue el papel y la presunta responsabilidad de actuación del mandatario federal y sus subordinados integrantes del gabinete de seguridad, quienes presuntamente tendrían que responder de muchos acontecimientos de lesa humanidad, como los principales responsables de los encuentros armados.

Añadió que de los datos y contancia de hechos que se han agregado al expediente de la Corte –entre ellos la respuesta amenazante del gobierno mexicano a los demandantes, que un boletín de la Presidencia se señalaba que evaluaba la posibilidad de ocurrir a alguna instancia legal para algo que consideran difamatorio–, ya los tiene la oficina del fiscal quien ya tomó nota de ello, lo cual el abogado Sandoval lo considera un punto a favor de quienes gestionaron la petición a la mencionada corte.

Indicó que hicieron llegar a aquel tribunal penal internacional los casos de los homicidios de Nepomuceno Moreno y de Trinidad de la Cruz, así como el atentado sufrido por Norma Andrade. Pero hubo un dato que sacudió a quienes de una u otra manera están familiarizados con la ola de violencia y sangre que se ha dado en el país en los últimos cinco años. Aseguró tener informes que indican que en lo que lleva la guerra del gobierno contra las mafias, van un millón 600 mil desplazados forzados. Dijo que este es un dato gravísimo e insistió que va a ser un elemento primordial dentro de la petición que se está haciendo a la Corte Penal Internacional.

Otro asunto muy grave es el de los secuestros masivos contra migrantes sobre lo cual dijo tener documentado que, de abril a septiembre de 2010, hubo 11 mil 333 víctimas de secuestro masivo en México lo cual calificó, con toda razón, que es una situación terrible. Dijo que también se envió al fiscal Moreno Ocampo documentación sobre los ataques que han sufrdio las ambulancias por parte de crimen organizado y los asaltos a los hospitales con gente armada, lo cual está prohibido terminantemente por el Derecho Internacional Humanitario y por la propia ONU.

Cierto es que, como lo dijo el abogado, nadie puede defender una estrategia de guerra en la que está empeñado el Presidente, cuando lo que se está viviendo en Méxio es una  crisis humanitaria y de agresión generalizada que alguien debe frenar. Indicó que el grupo demandante aspira a que se realice un juicio internacional ante esa grave situación que está llevando al país a eventos insospechados. La Haya ha confirmado la recepción de toda la documentación. Los demandantes confían que allá se analizará la gravedad de la situación y acá esperan pronta respuesta.

Lo que comentó el juez español Baltasar Garzón esta semana, de que Ernesto Zedillo no podría alcanzar ‘inmunidad soberana’ por la acusación de crímenes de lesa humanidad tras la matanza de 45 personas en Acteal, Chiapas en diciembre de 1997, en la Corte Federal de Hartford en Connecticut, preocupa en Los Pinos. Hay razones para ello. Más aún con las últimas declaraciones del abogado Netzahí Sandoval. Se teme que la solicitud del gobierno de Felipe Calderón formulada en noviembre pasado al Departamento de Estado norteamericano, de otorgarle inmunidad al ex presidente, pudiera ser en sentido negativo.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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Juicio contra Calderón

PAULINO CÁRDENAS

El gobierno que encabeza Felipe Calderón niega que la política de seguridad y la lucha que emprendió contra los cárteles de la droga y los capos del crimen organizado no constituyen un crimen internacional ya que sus acciones están apegadas a derecho, manifestó la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a la demanda que será interpuesta el 25 noviembre en la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad contra el mandatario panista y varios de sus colaboradores e incluso contra capos como Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’, líder del cártel de Sinaloa.

Otros de los funcionarios del gabinete calderonista que serán acusados son Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal; los secretarios Guillermo Galván Galván, de la Defensa, y Francisco Sáynez Mendoza, de la Marina-Armada de México, y otras autoridades civiles y militares, así como narcotraficantes de los divesos cárteles que operan en México, que resulten responsables de los crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos que se han dado en México durante la presente administración por esa lucha armada.

Un grupo de académicos, abogados y personas ligadas a la defensa de los derechos humanos, se avocó a recopilar información e integrar la demanda que será presentada en la Corte Penal Internacional, interpretando el sentir de decenas de miles y seguramente millones de personas que han sido afectadas directa o indirectamente por esa guerra o que están hartas de tanto baño de sangre, por una estrategia que no ha querido ser cambiada por el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, contra quien están emplazadas principalmente las baterías en torno a ese pliego acusatorio.

Arguyen los promotores de ese juicio que “México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente que ha dejado ya más de 50 mil muertos, 230 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y mil 300 jóvenes y niños asesinados”. Añaden: “Existe también una constante violación a los derechos humanos de la población civil, en particular de los grupos más vulnerables como las mujeres y los migrantes quienes constantemente son victimizados por las autoridades y el crimen organizado”.

La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas. Está encargada de decidir conforme al Derecho Internacional las controversias de orden jurídico entre Estados y de emitir opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas que pueden serle sometidas por órganos o instituciones especializadas de la ONU.

Además de señalar –en un documento que se hizo público esta semana–, que Calderón “ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirige a los Estados Unidos de Norteamérica” y que  “es tan evidente que se trata de una política del Gobierno panista –concebida desde Washington- que incluso se ha comenzado a legislar para convertirla en una obligación a cargo de las autoridades”, hacen un recuento de esta controvertida política de Estado y de sus consecuencias.

En el mismo se señala que desde el 11 de diciembre de 2006, cuando el Presidente mexicano emprendió la lucha contra las mafias, “ha ordenado continuar con dicha guerra a pesar de que organismos internacionales le han solicitado dejar de emplear al Ejército en funciones que deberían desarrollar los cuerpos policíacos. Agregan que tan sólo en cuatro años en México se han registrado más muertes y crímenes de guerra que en los conflictos armados emprendidos por Estados Unidos en Afganistán y Paquistán.

La narcoguerra ha dejado alrededor de 120,000 personas desplazadas debido a la violencia generalizada en el país, expresa el documento y añade que  la situación de los jóvenes y niños es particularmente vulnerable y dan esta cifra: mil 226 de los muertos que perecieron en fuego cruzado o ataques directos, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, son niños, niñas y adolescentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo a través de un comunicado que se ha impulsado la protección de los derechos humanos con la promulgación en junio pasado de una reforma, con la que se da rango constitucional a todos los tratados internacionales en la materia ratificados por México. “El Gobierno de México asume a cabalidad su responsabilidad de promover y procurar una comunidad internacional segura, democrática y donde se haga valer tanto el Estado de Derecho como los Derechos Humanos”.

Afirma que las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad están enfocadas en detener a las organizaciones criminales y evitar la violencia que generan en el país. El gobierno calderonista cree que no procederá en la Corte de La Haya la acusación por crímenes de lesa humanidad. Los demandantes consideran que sí. Mientras tanto, el número de muertos por esa guerra se sigue incrementando en el país.

En la página http://www.petitiononline.com/CPI/petition.html se continúan recibiendo firmas de adhesión a este juicio en contra de esa guerra y sus consecuencia y contra quienes resulten responsables, bajo un programa que garantiza la no repetición de nombres.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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Los azotes de México

PAULINO CÁRDENAS

Las amenazas a la seguridad nacional del país son el crimen organizado, el terrorismo, los grupos armados, la pobreza, la desigualdad, el descontento juvenil, el paso indiscriminado de migrantes indocumentados de otros países al nuestro para llegar a Estados Unidos, los desequilibrios demográficos y la inseguridad cibernética, según la clasificación de peligros contra la nación que hizo el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés Castellanos, al participar en el foro Importancia de la Seguridad Nacional en el Marco de una Sociedad Democrática.

Es la primera vez en mucho tiempo que un funcionario del gobierno federal encara de modo integral el entorno de peligro que acechan potencial y realmente al país por varias vertientes, aceptando las cosas como son, hablando con un lenguaje claro sin  tratar de maquillar la realidad como lo hacen otros colaboradores del propio gabinete de seguridad para explicar la problemática y los esfuerzos que realizan los tres niveles de gobierno contra esas amenazas. Es mejor hablar con la verdad que andar dándole vueltas a los azotes de México con retóricas que no son creíbles. La gente lo que quiere es que no le vean la cara.

En la mesa Importancia del Poder Legislativo en el control y evaluación de la seguridad nacional, señaló que al Cisen le preocupan los jóvenes que quedan fuera del sistema de educación superior, por el fenómeno que podría generar condiciones para alimentar opciones radicales, extremistas, violentas. El mismo grado de preocupación lo entraña el tema de la corrupción cuando llega a instituciones estratégicas como el Ejército, la policía y Pemex en donde este nocivo fenómeno es creciente.

Dijo que el tema de los grupos armados como el del EPR son de consideración prioritaria y que los movimientos sociales no son vistos como un riesgo o una amenaza. Lo que nos preocupa, dijo, “son los grupos antisistema y los violentos” –refiriéndose presumiblemente, sin mencionarlos, a los grupos criminales y a las mafias que operan en el país–, que abiertamente declaran que la vía de transformar es la violencia, declaración que en todo caso aludía de modo directo a la estrategia armada del gobierno contra los cárteles.

Señaló que son focos de atención temas como la pobreza y desigualdad e instituciones políticas, los desequilibrios demográficos, los movimientos de migración, la cultura de la legalidad, y que algunos temas económicos también forman parte de la agenda de seguridad nacional, entre ellos la debilidad fiscal del Estado, como es la derivación de una parte de la economía informal en economía criminal.

También nos preocupa el calentamiento global y sus implicaciones para México, manifestó. Otro importante ámbito, dijo el titular del Cisen, lo constituye el entorno internacional, donde pueden derivar amenazas para México, como pueden ser conflictos regionales en nuestra zona de influencia, Centroamérica y el Caribe, y algunas otras formas de riesgos y tendencias globales.

Sin embargo, Valdés Castellanos y los demás miembros del gabinete de seguridad saben que hay temas que no han sido tocados con la energía y decisión que se merecen en aras de disminuir el avance del crimen organizado, como es el del lavado de dinero, porque seguramente, como lo han dicho varios especialistas en la materia, muchos de esos dineros sucios son lavados en inversiones de negocios diversos o en las múltiples opciones y modalidades del mundo financiero del país.

El ‘modus operandi’ de las mafias es muy diverso. Su poder económico es inaudito y capaz de abrir casi cualquier puerta que deseen a  través de gente calificada en materia económica y financiera que trabaja para los capos. Y cuando no es a través del convencimiento del dinero –miles de millones de dólares anuales dedicados a corromper gente–, los capos utilizan la fuerza de las armas para lograr sus propósitos que casi siempre consiguen por medio de sus sicarios.

Eso lo saben las autoridades encargadas de combatirlas y los capos de las mafias. Resulta obvio que hay valores entendidos entre los corruptos empleados y funcionarios, militares y policías federales, estatales y municipales coptados por los capos, como ha quedado demostrado al paso del tiempo. Una probadita de esas colusiones fueron los resultados  de la inacabada ‘Operación Limpieza’ de donde salió estiércol pero donde hay todavía toneladas de porquería que habría que sacar aunque sea con esas máquinas que extraen lodo, desechos y basura descompuesta acumulada de las alcantarillas en época de inundaciones.

Si esa ‘limpieza’ de veras se hubiera hecho de ‘arriba para abajo, como se barren las escaleras’ como presumió el Presidente, el director del Cisen no estuviera advirtiendo a estas alturas de todas las amenazas que hay contra el país. El problema estriba en la corrupción y en la impunidad que sigue imperando entre ‘los violentos’ y los funcionarios coludidos que se focalizan desde arriba hasta abajo de la estructura del sistema. Y eso lo saben los encargados de la seguridad nacional y su jefe mayor. Los diagnósticos siguen. ¿Y?

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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Migrantes víctimas de mafias

PAULINO CÁRDENAS

A juzgar por el comportamiento de los agentes del Instituto Nacional de Migración que se dedican a extorsionar e incluso vender indocumentados –de Centro, Sudamérica y otras naciones incluso de Asia–, a las mafias tratantes de personas, como ha sido documentado una y otra vez, será menos que imposible que la nueva ley migratoria que anunció hace unos días con bombo y platillo el presidente Felipe Calderón, se aplique cabalmente. Él mismo lo reconoció cuando suscribió el acuerdo para su promulgación, que las cosas “están funcionando mal” en migración.

Como en otros rubros, ahí siguen prevaleciendo dos problemas graves: la corrupción  y la impunidad. Incluso la ONU acaba de denunciar los crímenes que se cometen contra los migrantes en su paso por México. Ese organismo internacional comparó el caso de nuestro país con lo que sucede con los migrantes en Libia y Siria en donde no se respetan los derechos humanos de la gente que huye del hambre y de las guerras. Las llamadas de atención han sido constantes por parte de Naciones Unidas contra las violaciones a los derechos humanos de los migrantes que se encuentran en tránsito aquí.

“Sufren extorsiones y secuestros por parte de organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico. Está claro que en México existe el llamado negocio de la migración y resulta altamente preocupante que el gobierno no haya hecho progresos evidentes para procesar a los responsables del delito de tráfico de personas”, había señalado hace poco el relator del informe sobre México, Francisco Carrión Mena. Reconoció que la acción de las bandas criminales “distorsiona el esfuerzo que se plantea el Estado” mexicano para combatir este delito, pero recordó que eso no excluye su “responsabilidad” para atajarlo. También admitió que el problema de la corrupción dinamita ese trabajo.

Por su parte Ana Elisabeth Cubias Mena, integrante del mismo comité, señaló: “Constatamos con preocupación el recrudecimiento de las violaciones a los derechos de los trabajadores migrantes (…) “Existe un verdadero negocio de la migración (…) Vemos que el problema se extiende como cáncer y que funcionarios locales se aprovechan de esa situación; hay que poner freno a esta situación”, sostuvo.

En el papel la nueva ley habría de procurarle garantías a los migrantes que entran a nuestro país privilegiando el respeto a los derechos humanos en su paso por México en tránsito hacia Estados Unidos en busca del ‘sueño americano’. Sin embargo, la realidad a la que habrán de enfrentarse, con todo y ley, es a la colusión que hay de malos elementos de esa dependencia con las mafias que cometen abusos contra los migrantes que son víctimas de extorsión, a violaciones u obligados a ser parte del crimen organizado y a que sus familiares paguen rescates en dólares a cambio de dejarlos en libertad.

Y si no cumplen puede sucederles lo que aconteció aquel martes 24 de agosto de 2010 cuando fueron encontrados 72 cadáveres de migrantes en el ejido El Huizachal del municipio de San Fernando en el estado de Tamaulipas, los cuales provenían de Centro y Sudamérica y a quienes ejecutaron por la espalda, hallados muchos de ellos incluso con el tiro de gracia. Los cuerpos estaban apilados y a la intemperie, según las crónicas. Las autoridades señalaron al cártel de Los Zetas como los autores de esas ejecuciones. A saber.

“Espero que esta nueva ley migratoria simbolice también una nueva era migratoria”, puntualizó el mandatario panista, quien instruyó al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, a acelerar la depuración del Instituto Nacional de Migración y advirtió que “quienquiera que viole la ley será llevado ante la justicia”. Sin embargo, para el crimen organizado y los funcionarios corruptos no bastan ni los buenos deseos ni las advertencias.

Basta echarle una mirada a casos como el de las dos jovencitas hondureñas que al querer alcanzar el ‘sueño americano’, al pasar por la frontera sur con Guatemala, en Chiapas mismo fueron secuestradas y dedicadas a la prostitución por dos agentes de Migración que se convirtieron en los ‘padrotes’ de las adolescentes. Hace unos días detuvieron a dos de ellos luego de haber sido acusados por una de las chicas explotadas sexualmente. Pero fueron puestos en libertad de inmediato por un juez local. El caso quedó documentado en el programa televisivo de Denisse Maerker de la semana pasada.

La nueva ley faculta al Instituto Nacional de Migración para combatir la corrupción al interior del instituto y le da sustento a la aplicación del sistema de profesionalización y certificación de su personal a través de un Centro de Evaluación y Control de Confianza. Pero, ¿quiénes van a ‘certificar’ al personal? ¿De veras son de fiar? Por otro lado el propio reconocimiento del presidente Calderón de que que las cosas “están funcionando mal” en migración, habría sido una buena noticia para la delincuencia organizada.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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En busca del ‘sueño americano’

PAULINO CÁRDENAS

Como fenómeno derivado del deterioro social y económico, el problema de los migrantes que procede del sur del país es peor que la marcha de indocumentados que va de México hacia Estados Unidos. El torrente de gente que quiere ir en busca de una vida más digna, proveniente de naciones centro y sudamericanas pobres, utiliza territorio mexicano de paso hacia el engañoso sueño americano. La causa de esa búsqueda es la misma: la miseria en la que viven, la falta de trabajo y oportunidades y la incapacidad de sus gobiernos para solucionar los problemas vitales, de elemental subsistencia.

No todos los migrantes que pasan hacia territorio mexicano logran alcanzar su propósito. Se quedan en el intento: mueren o acaban siendo víctimas de organizaciones delincuenciales, de la discriminación, las vejaciones, violaciones físicas y violación a sus derechos fundamentales, no sólo los hombres que se arriesgan sino también las mujeres y niños que deciden correr la aventura solas o acompañando a sus maridos o parejas, provocando la dolorosa segregación familiar en sus lugares de origen en donde se quedan otros de su misma sangre a la vera de las escasas o nulas oportunidades que padecen en sus respectivos países.

Muchos de ellos sufren desaparición forzada por parte de grupos delincuenciales que trabajan en colusión con autoridades, quienes telefónicamente piden rescates a los familiares de los indocumentados ya sea en Estados Unidos o en sus países de origen, amenazándolos con matarlos si no acceden a sus exigencias. Según fuentes federales ese ‘mercado’ lo tienen prácticamente en exclusiva Los Zetas, aunque hay otros cárteles dedicados a ese flagelo. Cada año, según estimaciones oficiales, cerca de 500 mil personas tratan de llegar a Estados Unidos atravesando México.

La Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, es la instancia encargada de darle protección y un trato justo y digno a los inmigantes indocumentados que son detenidos por las autoridades respectivas por no tener documentación en regla, para después repatriarlos a sus países de origen. En el peor de los escenarios, que resulta lo más común, es que las gentes que se internan ilegalmente por la frontera sur con la intención de llegar a Estados Unidos, acaben siendo víctimas de las mafias que se dedican a las extorsiones, al tráfico de personas, a raptar jovencitas para ser prostituídas o a hombres que los obligan a meterse al negocio de las drogas.

Como se sabe, en agosto pasado en el municipio de San Fernando en el estado de Tamaulipas, se registró una masacre de 72 indocumentados, centroamericanos la mayoría, lo que puso de manifiesto una vez más que en México existe una realidad irrefutable de violencia generalizada contra decenas personas que de manera ilegal cotidianamente cruzan la frontera sur de México. El secuestro de migrantes está ‘invisibilizado’ por las autoridades migratorias mexicanas, dijo en esa ocasión Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de Amnistía Internacional.

Al ofrecer la conferencia “Propuesta para una política migratoria mexicana ¿Y si los 72 indocumentados hubieran sido mexicanos?”, organizada por la Universidad Iberoamericana, subrayó que los abusos masivos a los derechos humanos de los migrantes es una realidad. Sin embargo, dijo entonces, los afectados no hacen la denuncia porque se les pide que comprueben su estancia legal en México, de la cual carecen. Señaló que en el caso de los 72 migrantes asesinados en San Fernando “el problema de la impunidad es el mensaje que trae detrás, el que se envía a la sociedad”. Indicó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó que entre 2008 y 2009, dos mil 700 migrantes fueron víctimas, lo que en definitiva ese grave problema se vuelve de primera importancia.

Hace unos días se suscitó una variación sobre el mismo tema en el poblado de Chahuites, Oaxaca, en donde fueron presuntamente secuestrados alrededor de 40  centroamericanos indocumentados que habrían pasado la frontera sur para alcanzar la aventura el sueño americano cruzando como ilegales la frontera norte. Su sueño fue frustrado porque no aparecen. Se supone que un grupo armado pudo haberlos secuestrado, pero esa versión no ha sido confirmada.

La información y los datos recopilados hasta el momento no ofrecen evidencias concretas que permitan suponer que el grupo de emigrantes indocumentados acabo siendo víctima de un secuestro como alguna instancias afirman, precisa el comunicado conjunto emitido por las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores. Si embargo, existe la creencia de que los cuarenta indocumentados centroamericanos o más pudeiron ser víctimas de alguna organización delictiva que opera en el país, en colusión con autoridades mexicanas.

Hubo inmediatas quejas de los ministros del Interior de Honduras, Guatemala y El Salvador, en tanto el titular de Gobernación de México, José Francisco Blake Mora, les participó que las autoridades nacionales se han avocado a darle seguimiento puntual al caso. Señaló el funcionario que ya impartió instrucciones precisas a las diferentes dependencias del Gobierno Federal para que, en estrecha coordinación con las autoridades locales de Oaxaca, intensifiquen las acciones de búsqueda, particularmente en el lugar de los hechos sucedidos el pasado 16 de diciembre. La PGR también actúa.

Y el pasado día 21 un grupo armado perpetró otro secuestro masivo en el tramo Ixtepec-Matías Romero, en donde falleció un inmigrante salvadoreño. La denuncia la hizo Heyman Vázquez Medina, sacerdote y coordinador del albergue “Hogar de la Misericordia”. El cadáver se encontraba cerca de un puesto de control militar conocido como “Las Malvinas” y ya se hacen los trámites para repatriarlo. Un testigo que logró huir, y que se encuentra bajo protección, aseguró que cuatro hombres armados obligaron a bajar del ferrocarril a unos 170 migrantes media hora después de haber salido de Ixtepec, Oaxaca. Es pues, el cuento de nunca acabar.

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