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Mito genial lo de Brownfield

PAULINO CÁRDENAS

No es creíble que el subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Internacionales de Narcótico del gobierno de Estados Unidos, William Brownfield, responsable antidrogas del Departamento de Estado, no sepa que en los casi seis años que lleva la llamada guerra de Calderón contra los capos, las cosas siguen igual o peor, y que por esa causa han muerto miles y miles de gentes –¿70 mil, 80 mil, 100 mil, 150 mil?– la mayoría quedando en la impunidad sin saber ni siquiera dónde pararon sus cadáveres, muchos de las cuales han sido hombres, mujeres, ancianos y niños que han sido víctimas del fuego cruzado o por abusos de agentes policiales y efectivos de las Fuerzas Armadas.

El funcionario norteamericano parece ignorar que al menos siete cárteles que son los que se disputan rutas y territorio para realizar sus actividades, ha dado lugar a que haya miles de desplazados de sus lugares de origen por voluntad propia por ser imposible vivir bajo amenazas del narco o que huyen del fuego armado, además de aquellos que han sufrido desapariciones forzadas, secuestros, torturas y violaciones por parte de efectivos del Ejército, la Marina o policías federales, estatales y municipales.

El comentario viene al caso por lo que dijo ese funcionario esta semana en una entrevista al diario digital colombiano El Tiempo, de que los cárteles que operan en México ‘han colapsado’ y que en nuestro país ‘se ve el comienzo del fin de la industria del narcotráfico’. Lo que dijo resulta ser más un mito genial que otra cosa. Parecería que esa declaración es para que el presidente Calderón se pare el cuello en alguno de sus discursos antes de que deje el cargo, en busca de que los mexicanos le aplaudan. Aunque esa declaración suena más a complacencia, en México las cosas se ven muy diferentes.

¿El funcionario norteamericano no sabe que la corrupción y la impunidad es lo que ha impedido el éxito de esa guerra de Calderón? ¿A poco ignora que esos dos factores, que no han querido ser erradicados por complicidades y colusiones entre las mafias y muchos mandos y autoridades que deberían desmantelarlas, son la principal causa del fracaso de esa lucha en este sexenio? ¿No sabe que el clamor de todos los sectores de la sociedad en México es el mismo: ¡Basta de derramamientos de sangre! y que los mexicanos están hasta la madre de las miles de muertes que han quedado en la impunidad?

¿De veras cree el funcionario del Departamento de Estado que con ese tipo de declaraciones de que los cárteles de la droga mexicanos están colapsando, basta para que los mexicanos le aplaudan a Calderón? Resulta más cierto lo que señaló el especialista en asuntos de narcotráfico y del crimen organizado, Edgardo Buscaglia, de que las declaraciones del funcionario norteamericano “son más que nada declaraciones políticas, que a veces son el producto de lobbis, de empresas norteamericanas y mexicanas, pero no son declaraciones fundamentadas en trabajos de campo”.

El también presidente del Instituto de Acción Ciudadana, refutó así las declaraciones del subsecretario de Estado Adjunto, y aseveró que la administración de Felipe Calderón falló en materia de seguridad pública. Señaló: “México está viviendo la peor crisis de seguridad humana que ha vivido desde la Revolución Mexicana misma, por lo tanto declaraciones demuestran un divorcio del Departamento de Estado de la situación real de la ciudadanía mexicana”. El especialista en asuntos de narcotráfico y crimen organizado hizo hincapié en que la Secretaría de Seguridad Pública ha sido uno de los factores que explican el colapso de seguridad humana que se registra en México.

Brownfield debe saber de las refriegas armadas que se prolongan por horas en medio de disparos de fusiles de asalto y explosiones de granadas de fragmentación que dejan muertos y heridos, además de una estela de temor e inseguridad en cada zona donde se dan esos encuentros en territorio nuestro. Por eso lo que declaró se escucha más como un mito genial que como una realidad fehaciente. Debería preguntarle ese funcionario al Presidente saliente de México ¿por qué en su propia tierra en donde hay desplazados miles y miles de efectivos del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal, en seis años no ha cedido la presencia de grupos criminales?

Un botón de muestra es el caso de Urapicho, Michoacán –un lugar de alrededor de mil 600 pobladores donde manufacturaban guitarras como las de Paracho–, cuyos habitantes, hartos del dominio de los cárteles de la droga que no solo se disputan esta región como otras tantas del territorio nacional, sino que tienen aterrorizada a esa población michoacana, decidieron armarse y encapuchados hacerles frente. Este es un ejemplo que pone en evidencia al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, ya que ni en su estado natal ha podido con las mafias a las que en diciembre de 2006 dijo que iba exterminar en todo el país. ¿Eso lo sabrá Brownfield?

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En la impunidad, miles de muertes

PAULINO CÁRDENAS 

El clamor de todos los sectores de la sociedad es el mismo: !basta de derramamientos de sangre!; los mexicanos están hasta la madre de las miles de narcomuertes por la guerra de Calderón. Es necesario exigir ya el esclarecimiento de tantos miles de decesos a consecuencia de la fallida estrategia del mandatario panista, y no solo darle prioridad a los muertos de la élite política como el caso Moreira Rodríguez a donde ocurren todas las instancias investigadoras por tratarse de quien se trata. La cosa debería ser pareja, pero en México no es así. Hay de muertos a muertos. La exigencia de todos los sectores de la sociedad, sobre todo de los deudos de tantos miles y miles sin nombre ni renombre que han sido víctimas mortales de esa guerra, es que alguien responda por ellas.

No basta, como lo dijo hace unos días el coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Barbosa Huerta, una declaración oficial para mitigar el dolor de los familiares de las víctimas de esta guerra contra el narcotráfico. Y eso  tratándose de muertos con apellido importante. Cada vez que se toca el tema, el gobierno calderonista se defiende como gato boca arriba. Fue el caso del presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Roberto Gil Zuarth, quien afirmó que quien provoca la violencia y los actos delictivos en México no es el gobierno sino “los delincuentes que realizan acciones como el asesinato de Eduardo Moreira”.

Al ex secretario particular de Calderón se le olvida quién comenzó esa guerra contra los capos de la droga  aventándose como el Borras, sin consenso alguno de las consecuencias que podría tener esa aventura bélica tomada a la deriva, sin consultarle a nadie y tomada unilateralmente, creyendo que bastaba con poner de carne de cañón al Ejército y la Armada con la concurrencia inocua de la SSP federal que ni ata ni desata. La gente se pregunta ¿por qué no fueron relevados en su momento los mandos de esas instituciones y de esa corporación policial que no se pudieron poner de acuerdo nunca? ¿Por qué el afán de sostenerlos pese a los desatrosos resultados de esa lucha armada contra los capos que, por lo demás, siguen operando como si nada?

El problema es de origen, al creerle el mandatario panista a sus asesores bélicos que acabar con ese flagelo era pan comido si les echaba por delante a las Fuerzas Armadas que no están para hacerle de policías y asumiendo erróneamente que así sería, lo que la realidad ha venido desmintiendo día a día. El otro cuento que compró es que con ese combate frontal contra las mafias del crimen organizado, Calderón estaría reivindicándose frente a la sociedad, sobre todo con aquella que no votó por él y que todo el sexenio le ha venido cuestionando, sobre todo la izquierda, aquella que apoyó a Andrés Manuel López Obrador en el 2006, de que ‘usurpó’ el cargo con la ayuda de la mafia del poder.

Para defender su guerra Calderón ha manifestado que las miles de muertes que ha cobrado su guerra, es por los enfrentamientos entre los propios criminales que buscan afianzar parcelas territoriales para realizar sus actividades, y no por la lucha que lleva a cabo en su contra él en su carácter de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Ha señalado repetidamente que hay violencia, homicidios y delitos en diversas partes de país provocados por la criminalidad organizada, por lo que la autoridad tiene que reaccionar y asumir su responsabilidad constitucional y legal, “ya que ese es el primer mandato que deriva de la ley”.

Pero esa misma ley señala que el Estado está obligado a procurarle paz a los ciudadanos y la paz no se logra haciendo la guerra. Por ello resulta obvio que la estrategia de Calderón ha sido un fracaso, lo que le ha costado reconocer y hasta ahora ha negado que así sea. No le basta saber de los muertos que cada día cobra su guerra, entre los cuales aparecen no solo gente perteneciente a los sicarios de los diferentes cárteles, sino también gente inocente que ha sido alcanzada por el fuego cruzado, las cuales durante un tiempo el propio Presidente consideró como ‘daños colaterales’.

Felipe Calderón sabe mejor que nadie que fue una locuaz aventura lanzarle la amenaza de exterminio al crimen organizado al asumir la presidencia hace casi seis años, sin calcular las consecuencias. La espiral de violencia, homicidios y delitos que se registran a diario en diversas partes de país sigue igual o peor. A consecuencia de ello a Enrique Peña Nieto se le empieza a exigir que al asumir la presidencia de México, una de sus grandes tareas de gobierno debe ser la recuperación de la seguridad en el país. Ciertamente impostergable. Sin embargo, la pregunta es: ¿Qué va a pasar con las miles de muertos habidos en este sexenio? ¿Quedarán en la vil impunidad? Y ni madres que esos muertos deban cargárselos a Peña Nieto dirían sus allegados.

@Paulinocomenta

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Miles de ánimas lo perseguirán

PAULINO CÁRDENAS 

Igual que al ex presidente Gustavo Díaz Ordaz y a quien fuera su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, artífices, junto con el Ejército, de la matanza estudiantil de Tlatelolco de 1968, al presidente Felipe Calderón las ánimas de su guerra contra los capos de la droga que acabará muy probablemente con una cifra de muertos de más de cien mil al término de su administración, lo perseguirán por el resto de su vida. Si aquel genocidio no ha sido olvidado, menos lo será el de este sexenio en donde se han registrado además de los miles de muertos, miles de desapariciones forzadas, miles de familias desplazadas de sus lugares de origen que han huído de los encuentros armados. Tal parece que la divisa de esa guerra es ‘entre más muertos mejor’ porque así acabará el crimen organizado al matarse entre ellos mismos, según el gobierno federal.

El 27 de marzo de este año, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, dijo que, según cifras proporcionadas por funcionarios de México, un total de 150 mil personas habían muerto en la guerra contra el narcotráfico en nuestro país. Aunque luego hubo dizque una ‘aclaración’ de que eran 50 mil y no 150 mil, hay quienes afirman que la cifra de muertos pudiera llegar incluso a los 200 mil en la suma total de víctimas sólo como saldo de esa inútil guerra contra las mafias, cuyas principales cabezas dice el gobierno que han ido cayendo, pero que en la vida real siguen multiplicándose y actuando cada vez con más fiereza. El gobierno calderonista, por angas o mangas no ha querido entrarle de frente al lavado de dinero, que es la savia que circula por los vasos conductores que le dan vida y fortaleza a las mafias.

Se dirá que entre los hechos de Tlatelolco y la guerra de Calderón contra los capos nada tienen que ver. Sin embargo, lo que hermana a ambos dramáticos acontecimientos son los muertos; ni siquiera el número de ellos, sino el hecho de que han sido vidas perdidas, víctimas mortales caídas, unos por sus convicciones, otros por sus necedades o por haber tomado el camino equivocado. Pero la falta de oportunidades es otro gran factor. ¿Y en esto quién es el culpable?

En 1959 Díaz Ordaz, secretario de Gobernación, había ordenado el arresto de 10 mil trabajadores ferrocarrileros en huelga, incluídos los líderes de ese movimiento, Demetrio Vallejo y Valentín Campa. Pero nadie imaginó que siendo Presidente ordenaría al Ejército disparar contra una muchedumbre pacífica integrada por estudiantes que se reunía en la Plaza de las Tres Culturas. En medio de ello estaba su entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, quien luego lo sucedió en Los Pinos.

Batallón Olimpia, agentes con guante blanco, aquella noche del 2 de octubre fue el caos. Los soldados dispararon contra la muchedumbre que comenzó a dispersarse por donde pudo en aquella plaza. Unos caían heridos, otros muertos. La antropóloga Margarita Nolasco le dijo a su amiga Elena Poniatowzka que ella había visto desde una ventana del edificio Chihuahua donde se encontraba con otra colega, cómo arrastraban soldados a estudiantes y que había contado sesenta y ocho muertos. ¿Cuántos fallecieron al final? Poco se sabe con exactitud. Aquella fue una historia ignominiosa que hasta hoy no ha terminado de ser contada. Y menos olvidada. Esa fue la historia de la matanza de Tlatelolco que ayer fue recordada con diferentes marchas, la principal que salió de la Plaza de las Tres Culturas y se dirigió hacia el Zócalo. Andrés Manuel López Obrador aprovechó para llevar agua al molino de su Morena. Pero esa es otra historia.

Díaz Ordaz-Echeverría-Ejército son los protagonistas de una infamia, la de la matanza estudiantil del 68; otro lo es Calderón y su gabinete de seguridad por la inútil lucha armada que le decretó a los cárteles de la droga, que ha resultado infructuosa porque los cárteles siguen en lo suyo como si nada. El recuento de desparecidos no lo ha hecho el gobierno como lo prometió a los deudos de las víctimas inocentes que murieron en el fuego cruzado. Ni siquiera eso. Javier Sicilia, a cuyo hijo victimaron manos asesinas junto con otros compañeros en el estado de Morelos, se ha cansado de hacer ese llamado y las autoridades lo han ignorado.

Por lo pronto el año pasado llegó a la Corte Penal Internacional de La Haya, una acusación contra el presidente Calderón por crímenes de guerra y lesa humanidad, ante el elevado número de mexicanos asesinados y desaparecidos derivados de la confrontación entre el gobierno y grupos delincuenciales del narcotráfico. También fueron demandados los secretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna; de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván y el de Marina, Mariano Francisco Sáynez Mendoza, así como el narcotraficante estrella Joaquín “El Chapo” Guzmán, entre otros. El mandatario panista confía en que esa demanda no prosperará. ¿Y si sí? Por lo pronto, la leyenda comienza y las ánimas de los muertos por su guerra lo empezarán a perseguir a donde quiera que vaya.

@Paulinocoemnta

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Oye apá ¿y los miles de muertos?

PAULINO CÁRDENAS

Respecto a su tema favorito al que le dedicó una gran parte de tiempo en su último Informe de gobierno, el presidente Calderón declaró que la lucha contra el crimen organizado impidió que los delincuentes tomaran el control del gobierno, aunque no habló de los miles y miles de muertos que ha cobrado su fallida guerra contra el narcotráfico de los cuales su gobierno se ha desentendido totalmente. Ayer decíamos aquí que hay rubros que el mandatario panista dejará en muy graves y peliagudos términos a su sucesor, y este es uno de ellos.

Aunque para él la guerra contra los cárteles de la droga y el crimen organizado a lo largo de su administración ha sido toda una proeza, para la mayoría de los mexicanos, sobre todo los que han padecido el rigor de las balas y los estallidos de granadas o han olido de cerca el tufo de la muerte, ha sido un total fracaso, ya que las mafias y los señores del narco siguen actuando como si nada, no obstante las cifras que dio a conocer el mandatario panista. La realidad echa por la borda cualquier intento demagógico de querer hace creer lo que no es. De los miles y miles de muertos que ha cobrado esa fallida lucha, ni el gobierno sabe cuántos van.

La razón es simple: al mandatario saliente no le han interesado los muertos de esa guerra; ni siquiera las víctimas que ha dejado ese baño de sangre que será el referente hacia él por el resto de su vida. Nadie sabe si son 55 mil, 70 mil, 90 mil, 120 mil 150 mil o más muertos, más los que se acumulen de aquí a que deje la presidencia. Eso sin contar los que han sufrido desapariciones forzadas, ni gente inocente que ha sido víctima del fuego cruzado y que ha caído sin vida en las cotidianas refriegas por esa estéril lucha armada que se ha generalizado en más de la mitad de las entidades del país.

Dijo Calderón que la lucha contra el crimen organizado impidió que los delincuentes tomaran el control del gobierno, en el inicio de su mensaje con motivo del sexto y último informe de gobierno. En realidad los términos serían otros muy distintos: más bien la corrupción y la impunidad que existe entre las mafias y las autoridades gubernamentales que deberían perseguir a la delincuencia organizada, ha permitido que los capos vayan ganando terreno en las entidades federativas con gobiernos abyectos.

El mandatario panista reconoció que en esta lucha “algunos” elementos de las fuerzas federales “han cometido errores y abusos”, pero sostuvo que estos han sido la excepción y no la regla. Señaló que lejos de ocultar estos abusos, se ha actuado con justicia y castigado a estos elementos militares y policiacos. Y estimó que por algunos casos no se puede juzgar lo que hacen todos los días el Ejército y las corporaciones policiacas, de trabajar de manera permanente por la seguridad de los mexicanos.

En el caso de las víctimas, el poeta y escritor  Javier Sicilia le acababa de reclamar que al haber enviado una nueva Ley General de Atención y Protección a las Víctimas al Congreso, “Calderón borra, miente, trampea y manda una iniciativa de ley que no es la que debe estar a la altura de la emergencia nacional y de la responsabilidad del Estado y los criminales frente a este desastre que vive México”. Para Sicilia, el presidente saliente “traicionó su palabra, no está siendo honesto y traiciona a las víctimas”. Además, reclamó, dota de atribuciones a Províctima, una instancia sin presupuesto ni personal. “Nos quiere dar atole con el dedo”.

El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, ahora en su nuevo cargo se ha convertido en el vocero defensor de la política de inseguridad –que no de seguridad como pomposamente la llaman–, y a base de verborrea quiere convencer de que la lucha contra los cárteles de la droga y el crimen organizado ha sido exitosa. Habla por ejemplo de los exámenes de confianza que ni están completos, ni han servido para gran cosa, ya que lo que ha imperado –y él lo sabe mejor que nadie–, es la corrupción y la impunidad impuesta por los capos en los tres niveles de gobierno a base de dinero, ya no se diga entre los mandos altos y medios de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de Seguridad Pública.

Para los mexicanos la guerra de Calderón contra la criminalidad organizada se ha convertido en emergencia nacional, mucho a causa de no haber querido modificar su estrategia en esa lucha armada que ha puesto en evidencia a las Fuerzas Armadas haciendo un papel que no les corresponde. El propio titular de Marina, Francisco Sáynez, dijo el día del Informe que el próximo Jefe Supremo deberá actuar contra los capos “con más inteligencia y menos violencia”. Esa fue una crítica a su actual jefe soberano, señalándole de paso que sí pudo haber otra estrategia. Lo que le faltó a Calderón fue voluntad política. Es la lectura a esa declaración del almirante.

El hecho es que esa guerra será sin duda la peor herencia que le dejará su antecesor a Peña Nieto. Y los pobres muertos que ha cobrado esa aventura bélica, seguirán en las mismas. ¿Cuántos son? ¿Cómo murieron? ¿Existen actas circunstanciadas de sus decesos? ¿Dónde quedaron? Como dijo el Monje Loco: nadie sabe y nadie supo. Esa grave omisión la tendrá que encarar el michocano tarde o temprano.

@Paulincomenta

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Acabará Calderón en el escándalo

 PAULINO CÁRDENAS

Por varios frentes le empezó a llover fuerte al presidente Felipe Calderón a escasos 98 días de que deje el cargo, lo que augura que, como pocos mandatarios, terminará su gestión en medio de muchas broncas de diferente calibre, algunas de las cuales más temprano que tarde tendrá que responder a los mexicanos, esté donde esté, después del 1 de diciembre próximo cuando le pase la estafeta a Enrique Peña Nieto. Por si algo le faltara, Andrés Manuel López Obrador le está pidiendo que dé a conocer la información sobre el lavado de dinero que según el tabasqueño habría usado en campaña el priísta ganador de la contienda electoral. No cabe duda que el mandatario panista terminará su gestión en medio del escándalo.

Todos los mexicanos coinciden en que una herencia al rojo vivo que le dejará a su sucesor, será sin duda la interminable, abominable, cruenta e inútil  guerra contra el narco, ya que las mafias siguen operando más y mejor que antes, y ni hablar de los miles y miles de muertos que esa guerra armada ha cobrado en lo que va del sexenio. La cifra no está actualizada. Se habla de que al térimo de su administración su guerra habría cobrado unas 100 mil víctimas mortales. Será una negra herencia que recibirá el nuevo Presidente de México de lucha armadas, violencia, muerte y horror.  Una ‘papa caliente’.

Otro tema es la rebatiña entre la Presidencia de la República y la empresa MVS, en donde al no coincidir los criterios sobre la banda ancha de 2.5 Ghz, han salido a relucir públicamente los trapos sucios al sol, con fuertes diálogos que hablan de chantajes mutuos, y donde Carmen Aristegui acabó enterándose que fue usada como moneda de cambio por Joaquín Vargas, su hasta ahora jefe, por aquella referencia que la conductora hizo al aire del supuesto alcoholismo de Calderón, después de la manta que exhibió el petista Gerardo Fernández Noroña en San Lázaro, y que ella dijo que era oportunidad para que Los Pinos aclarara si padecía esa enfermedad, lo que motivó enojo en la casa presidencial.

Otro asunto caliente es el de la utilización del Ejército y la Armada como policías perseguidores de narcotraficantes, haciendo quedar mal a las Fuerzas Armadas en la necia guerra contra las mafias, empezando por la falta de coordinación con la Policía Federal cuyo mando tiene mucho más ascendiente en las decisiones del Comandante Supremo que los del general y el almirante de cada uno de los institutos armados, cuyos mandos y tropas, junto con las de policías estatales y municipales, con sus contadas excepciones, han quedado infiltrados y han acabado subordinadas y sometidas a los designios de los capos del crimen organizado.

Hay tal desdeño por el Ejército que la honestidad de los más altos mandos de la  Secretaría de la Defensa ha sido puestos en evidencia, al ser detenidos varios militares de alto rango acusados por supuestos vínculos con el narcotráfico, incluido el general Tomás Ángeles Dauahare, quien al inicio del sexenio fue subsecretario de la Defensa, asunto que, como la mayoría de los que han cobrado nivel de escándalo público, están colmados más de razones políticas que de ninguna otra índole. Este caso, que es más político que narcodelincuencial, al final podría acabar en el ridículo gubernamental como sucedió con el famoso ‘michoacanazo’ que hizo ver muy mal a Calderón y sus instancias anticrimen y de procuración de justicia.

Sin duda terminará su mandato en medio del escándalo por tantos frentes abiertos que viene arrastrando, más otros que ya empezaron a salir. Uno de tantos es el del lavado de dinero que han venido realizando los capos de la droga en México, como lo han venido señalando instancias fiscalizadoras de Estados Unidos. El sistema financiero, principalmente la banca mexicana, se han prestado a ese juego. Sobre eso le empezó a exigir cuentas López Obrador en el caso de Peña Nieto. Dice el tabasqueño que si Calderón no da datos de presunto lavado de dinero a favor del priísta, sería ‘un traidor a la patria’.

A toda esa pesada carga habrá que sumarle temas viejos y recurrentes como el no haber impulsado la creación de empleos, ni la propuesta de baja de impuestos, y sí insistir en el incesante alza de las gasolinas que provoca carestía que le pega a los más pobres, además de la ausencia de políticas públicas que han hecho que este gobierno haya estado en falta con millones de mexicanos, sobre todo los que viven en la marginación.

Asuntos como la liquidación de Luz y Fuerza del Centro que fue una chicanada, el dejar pasar y dejar hacer en el caso de Mexicana de Aviación a la que se pretende liquidar para darle oportunidad a otras empresas, y muchos otros torcidos asuntos, como los turbios negocios que siguen dándose de última hora en Pemex, además de la elevada deuda pública que le dejará a su sucesor, entre otras razones, lo colocarán en una situación muy vulnerable antes de que termine su gestión, y peor después cuando deje el cargo y abandone el país como algunos presumen.

@Paulinocomenta

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El repudio se verá en las urnas

PAULINO CÁRDENAS

Cuestionado sobre las marchas de estudiantes y organizaciones que han habido en contra del candidato del PRI a la Presidencia, el mandatario panista Felipe Calderón dijo orondo que en México, a diferencia de lo que ocurre en otros países, las manifestaciones de grupos sociales no han sido en contra del mandatario en turno, sino de otros actores. Soslaya que los que protestan lo hacen por lo que consideran que puede tener remedio, no por lo irremediable; que se trata de señalarle cosas al que viene y que escucha, no al que está de salida y ha puesto oídos sordos a todo, y que la verdadera manifestación de repudio masivo será en las urnas el primer domingo de julio, entre otras razones por tantas promesas incumplidas, tanta demagogia, tanta guerra inútil y tantísimos muertos que nadie sabe dónde quedaron.

El titular del Ejecutivo habló después de participar en la segunda Cumbre de México y la Comunidad del Caribe celebrada en Barbados, en donde refrendó en conferencia su respeto a la libre expresión. “No deja de ser paradójico que en otros países haya manifestaciones, en la gran mayoría o en casi todos las manifestaciones son en contra del Presidente. En México no es en contra del Presidente, sino de otros actores. Pero eso es una curiosidad nada más”, expresó.  Por suerte los hechos lo volverán a la realidad y lo sacarán de su sueño guajiro en las próximas elecciones, en donde su partido, si no hay alianza, quedará tercero. Él mismo será testigo.

Y perderá porque a los mexicanos -jóvenes, adultos y viejos-, les quedó claro que en los doce años de gobiernos panistas no hubo los famosos cambios que ofrecieron en campaña su antecesor y él,  por lo que  las cosas no mejoraron ni un ápice sino al contrario, ya que la situación económica familiar de millones de mexicanos, en lugar de mejorar, empeoró y como se la pongan a los gobiernos anteriores -esos a los que, para justificar tantas pifias, fallas y omisiones de su gobierno, hoy trata de echarles todas las culpas habidas y por haber en un acto de desesperación que quiere disfrazar con acervas críticas sin tener el valor y la honestidad de reconocer los propios errores de su administración- antes no era así.

En otra parte de su intervención habló de los arraigos de tres generales y un coronel del Ejécito. Afirmó que son sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado y dijo que en su administración no se tolerarán actos contra la ley, “vengan de quien vengan”. Aunque lamentó y condenó que algunos militares hayan incurrido en actos ilícitos, enalteció la labor de la milicia contra el crimen organizado.

“Mi gobierno reconoce el esfuerzo y la patriótica tarea que han venido desempeñando las Fuerzas Armadas y en particular el Ejército. Sin él, probablemente el país hubiera caído en manos de criminales. Las Fuerzas Armadas han defendido la seguridad interior del país con valentía, con lealtad y con patriotismo”. Esto aunque él mismo ha aceptado que los cárteles de la droga han establecido gobiernos paralelos en México, donde cobran lo que el Estado no recauda.

Respecto a este tema del Ejército, habría que preguntar por qué, si la pista que tenía la DEA de los supuestos vínculos con los cárteles de la droga por parte de los militares arraigados, tenía años, ese asunto se tiene que ventilar en pleno proceso electoral, a modo de cortina de humo para hacer escándalo y ocultar nadie sabe qué cosa. Lo que se dice es que al menos uno de los casos, el del general diplomado del Estado Mayor, Tomás Ángeles Dauahare, tiene más tintes políticos que otra cosa.

En este sexenio, de 2006 a 2008, fue subsecretario de la Defensa Nacional y tiene una impresionante trayectoria militar, pero su pecado habría sido no sólo el haberse reunido en un foro de discusión sobre el futuro de México en el que estuvo el candidato priísta Enrique Peña Nieto, sino lo que en el mismo dijo. Invitado por la Fundación Colosio, señaló que la estrategia de guerra de Calderón contra los cárteles de la droga era equivocada y criticó que el Ejército siguiera en las calles combatiendo delincuentes, cuando ese no es su papel.

Eso obviamente al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón, le cayó en la punta del hígado. Los otros militares que han sido arraigados e incomunicados ilegalmente son Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, a quienes se les acusa también de estar vinculados con el cártel de Los Beltrán Leyva, según ‘testigos protegidos’. Lo que espera la alta jerarquía militar es que esas detenciones no vayan a resultar otro ‘michoacanazo’ u otro ‘hankazo’, porque podría haber un motín en su contra. El arraigo es por 40 días y terminará en vísperas de las elecciones. Algo perverso entraña ese cálculo.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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Fracasa ‘Operativo Seguro’

PAULINO CÁRDENAS 

Pese a la empeñosa insistencia del gobierno federal de empujar el programa ‘Operativo Seguro’ en los estados en donde las bandas del narcotráfico están infiltradas, dizque para darle un combate frontal a los ejércitos de sicarios al servicio de los capos, esa modalidad ha sido un fracaso porque son los mandos federales y locales de las policías y del Ejército que están coludidos con las mafias y su poder corruptor, lo que no permite volver exitoso ese programa coadyuvante anticrimen de la administración calderonista que, además, inició a destiempo. Los hechos son los que hablan. El baño de sangre sigue en todo el país. Las fuerzas armadas están rebasadas. La inteligencia anticrimen del gobierno federal no funciona.

La ola de crímenes, de decapitados, colgados, descuartizados, secuestrados, torturados, sepultados después de ser ejecutados, disueltos en ácido o lanzado a las calles partes de cuerpos mutilados, ha quedado de manifiesto en Veracruz, en Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, en Nuevo León, en Chihuahua, Coahuila, Colima, Baja California, Morelos, etc., en donde se han  puesto en marcha esos operativos aleatorios o se ha reforzado la militarización, no cesan las ejecuciones ni la desaparición de personas, muchas de ellas sin que tengan que ver con el crimen organizado y que en muchos casos sufren abusos o violación de sus derechos por parte de uniformados o agentes del gobierno, como sucede con los migrantes que entran por Chiapas.

En los estados de la República en los que se ha puesto en marcha ese programa de reforzamiento en la lucha contra el crimen organizado, los resultados han sido magros, ya que la delincuencia no ha cesado y al contrario se ha incrementado la criminalidad, lo que al final resulta un claro mensaje de los capos a esas acciones del gobierno federal, de que no servirán para mucho y serán apenas un paliativo contra las incursiones del narco en su lucha contra las fuerzas armadas del gobierno, cuyos combates han dejado una estela de sangre de más de 70 mil muertos y miles de desaparecidos en todo el país, en los casi cinco años y medio que lleva esa lucha armada.

Organizaciones criminales como la de Los Zetas o del Cártel del Golfo han demostrado que los esfuerzos del gobierno con su ‘Operativo Seguro’ sólo ha quedado en decálogos de buenas intenciones, ya que ante la cruenta realidad, ese tipo de programas poco tiene que hacer. Junto con otras bandas, esos cárteles han puesto en jaque no sólo a los militares y policías ministeriales que persiguen a los jefes de plaza, sino que tienen amagados  a miles de ciudadanos comunes y corrientes que son víctimas de la frustración, el miedo y el terror, por la impunidad, las omisiones, el cochinero y la colusión que hay entre autoridades y mafiosos.

¿De qué sirve ese programa ‘Operativo Seguro’ si el narco ha tomado por asalto las estructuras de mando de las autoridades que han quedado sometidas, infiltradas y coptadas por los capos de los cárteles que es donde radica el principal problema? Eso lo saben las autoridades gubernamentales, pero es lo que ha sido precisamente su talón de Aquiles: la corrupción y la impunidad. Hay expedientes judiciales que así lo demuestran, en donde se dan nombres, detalles y montos de sobornos de mandos federales y policiales estatales y locales y del Ejército mismo, por parte de los capos.

Un botón de muestra acaba de ser revelado por las autoridades de Estados Unidos, con el caso de uno de los dos hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán que quedó en la lista de narcotraficantes más buscados, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, quien en 2005 fue detenido en México por la PGR acusado de lavado de dinero, pero fue puesto en libertad porque esa dependencia no pudo acreditar, dizque, su responsabilidad en ese ilícito. El gobierno estadounidense también identificó como narcotraficante a Ovidio Guzmán López, otro hijo del capo, quien presuntamente tiene un papel significativo dentro de la estructura de esa organización criminal.

En este sexenio, el líder del cártel de Sinaloa –que en EU también identifican como el del cártel del Pacífico–, ha gozado de la anuencia del gobierno para operar en territorio nacional sin que sea molestado en la medida que sucede con otros cárteles, según afirman voces autorizadas. Se recordará que al inicio del sexenio de Vicente Fox, ‘El Chapo’ sobornó a autoridades para salir del penal de ‘alta seguridad’ de Puente Grande, Jalisco en enero de 2001. Es así como de hecho se han venido manejando los dos gobiernos federales panistas, respecto al tan cacareado combate al crimen organizado. Mientras siga habiendo corrupción e impunidad, programas como el de ‘Operativo Seguro’ serán un fracaso.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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