PAULINO CÁRDENAS
Al parecer Enrique Peña Nieto busca empezar a romper paradigmas entre autoridades y mafias; acabar con complicidades. Ese parece ser el mensaje con lo que acaba de ordenar en Lázaro Cárdenas, Michoacán, de que la Marina-Armada de México tome el control operativo y administrativo de ese puerto, con lo que busca evitar el descarado trasiego de drogas que se ha venido realizando desde hace años por ese importante puerto industrial y comercial que da al Pacífico mexicano, acondicionado para recibir navíos de grandes dimensiones y todo tipo de cargas, incluidos cargamentos de droga. El titular de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, recibió la orden de tomar literalmente el lugar y sustituir con personal de su dependencia a autoridades aduaneras y capitanía del puerto que incluye mandos y personal operativo que laboraba en el lugar, por presuntos actos de corrupción. Para ser congruente, el siguiente paso sería que la PGR realice las detenciones de quienes habrían estado coludidos en las actividades delictivas con las mafias, y aplicar la ley en los casos que haya lugar para ello.
El asunto resultó mediáticamente sonoro, pero para muchos no significa que se esté atacando de fondo el problema del trasiego de drogas. En ninguno de los dos anteriores sexenios panistas se dio una operación de esa naturaleza en plazas dominadas por el narco que dan al mar, por donde llegan y salen drogas al por mayor, noche y día, sin que se haya hecho nada para frenar el tráfico de todo tipo de estupefacientes y materias primas como las anfetaminas con las que se elabora droga sintética como el cristal o ice. Lo mismo tendría que hacerse en otros puertos como Manzanillo o Veracruz y en otros de menor fama y calado, por donde también entra y sale droga al por mayor, si de veras se trata de evitar que las mafias sigan siendo las que dominen esas plazas en nuestros litorales. Ojalá ese sea el principio de una nueva etapa de lucha contra los cárteles de la droga y las mafias del crimen organizado. Es un buen principio romper complicidades. Sin embargo, hay quienes aseguran que se debe ir al fondo.
Eso significa que, como lo ha señalado en reiteradas ocasiones el especialista en asuntos de la criminalidad organizada en el mundo, Edgardo Buscaglia, la tarea, si va en serio, debe comenzar con romper con los ‘pactos mafiosos’ entre autoridades y capos. Así de simple. Sin desdoro de esa sorpresiva y meritoria actuación de la Secretaría de Marina en esa nueva encomienda, el gobierno priísta debería avocarse a desmantelar las estructuras financieras de los capos de los cárteles de la droga y del crimen organizado que operan en México pero desmantelando las estructuras financieras de los capos de la droga. Señalaba Buscaglia que el gobierno de Felipe Calderón nunca quiso iniciar en serio el combate a los cárteles mexicanos mediante el desmantelamiento de sus estructuras financieras de los cartels de la droga. Ha dicho que bastaría con aplicar la Convención de Palermo para atacarlos económica, judicial, política y socialmente.
Por ahora quedó claro que la toma del puerto de Lázaro Cárdenas por parte de la Marina fue por causas de la corrupción que venía imperando en el lugar, como ha sido de hecho en muchos municipios de Michoacán, como ha quedado públicamente demostrado con hechos criminales registrados desde ya hace tiempo y más recientemente con los ataques a instalaciones estratégicas de la CFE por parte de grupos que actuaron con tácticas de guerrilla urbana hace dos semanas en 18 municipios de esa entidad, de manera simultánea. En México todo mundo sabe que no solo es por mar, sino por tierra firme, por aire e incluso a través de túneles como el que fue reciclado hace unos días por el crimen organizado –después de que había sido ‘clausurado’ hace meses por las autoridades– que va de Tijuana hasta San Diego, por donde cotidianamente desde hace años las mafias pasan droga, armas y personas ilegalmente.
Resulta evidente que ello es a causa de ‘los pactos mafiosos’ de los que habla Buscaglia. Y eso sucede en México, en Estados Unidos, y en cualquier país de América, Europa, Asia u Oceanía, en donde por esos acuerdos mafiosos es que continúa habiendo corrupción e impunidad y el tráfico de drogas ha proliferado en todas las latitudes del orbe. El especialista ha señalado que en asuntos del comportamiento del crimen organizado y las mafias del narcotráfico, la estrategia implementada por el gobierno federal para combatir a la delincuencia organizada tiene una falla de origen: no ataca la estructura financiera de los cárteles y por ello es predecible que aumenten los casos de corrupción cobijados por la impunidad.
Ha reiterado que los gobiernos federales mexicanos hasta ahora no han querido iniciar el combate a los cárteles mexicanos mediante el desmantelamiento de sus estructuras financieras para atacarlos económica, judicial, política y socialmente. Para Buscaglia, el gobierno mexicano sigue sin tener estrategia anticrimen eficaz, cuando bastaría implementar la Convención de Palermo adecuadamente. Ojala que Peña traiga otra intención al respecto, porque hay casos que se salen de madre, como lo que sucede actualmente en Matamoros, Tamaulipas.
En ese estado hay cosas aberrantes; ni siquiera hay una fuerza pública que defienda a la población del narco. La presidenta municipal, Leticia Salazar, pidió a la población no salir de sus hogares ante informes de autoridades federales de que hombres armados estaban ingresando a la ciudad. Señaló que hubo enfrentamientos, por lo que había estado pidiendo a los ciudadanos de Matamoros, ‘toda vez de que información de acuerdo a Marina, a la Sedena y de la PFP’, que no salgan de sus casas como medida de precaución. “Les pedimos a población que se mantengan en sus casas, si no tienen a que salir, pues no salgan, mientras las autoridades federales terminan con este proceso”, declaró. Un virtual estado de sitio, pues. Son cosas que no pueden estar sucediendo en México.
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