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Cárdenas tras movimiento unificador

PAULINO CÁRDENAS

Aprovechando el hartazgo social por tan malos gobiernos federales que ha padecido México en los últimos sexenios incluido el actual, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano hizo un llamado a un movimiento nacional que logre impulsar los verdaderos cambios que requiere el país. Después de reunirse el lunes con legisladores y personajes de izquierda, planteó la idea de retomar las propuestas que llevarían a la redacción de una nueva Carta Magna y a la construcción de lo que ha llamado un Proyecto de Nación que empezó a discutirse en noviembre del año pasado.

Al hacer un llamado general a todos los sectores de la sociedad a sumarse a ese movimiento nacional, el ex candidato presidencial en 1988 anunció la creación de la llamada Fuerza Política Progresista ‘sin fines electorales’. Propuso que la gente aporte ideas serias a través de ese nuevo movimiento en busca de que mejore la situación del país. Ese movimiento, expresó, busca construir un gran encuentro plural que impulse los cambios que requiere México, que reclama el pueblo, que mueva conciencias y articule una amplia unidad social y política. “Debemos desatar una amplia discusión por todo el país sobre el proyecto de nación que aspiramos edificar, un serio análisis sobre los cambios que se requieren efectuar a nuestra Constitución”, dijo Cárdenas.

Aunque no especificó aún los planes que habría que dar ese movimiento, se infiere que lo primeros pasos son integrar un equipo de trabajo, el cual podría quedar constituido por quienes tiene afinidades ideológicas, como son Porfirio Muñoz Ledo, la maestra Ifigenia Martínez, el senador Alejandro Encinas y Armando Ríos Piter, entre otros políticos de oposición que lo acompañaron en su planteamiento que hizo el pasado lunes. El ingeniero propuso crear “una nueva mayoría” que impulse los cambios que requiere el país. Propuso crear grupos de trabajo para acelerar el avance del Proyecto de Nación que comenzó a discutirse desde noviembre pasado.

“Nos toca construir un gran encuentro plural que impulse los cambios que requiere el país, que reclama el pueblo, que mueva conciencias y articule una amplia unidad social y política. Desde ningún punto de vista, estoy proponiendo una alianza electoral”, dijo. En el Centro de Estudios Lázaro Cárdenas del Río, el ingeniero propuso articularse con otros grupos sociales. “Les pediría que cada quien pensara en cómo ayudar para establecer contactos y en su caso se propusiera para buscar acercamientos con quienes sabemos trabajan ya en proyectos de nueva Constitución como nuestros amigos Javier Sicilia y el Obispo Raúl Vera”, indicó.

Destacó la importancia de buscar a grupos empresariales, de cultura, jóvenes y medios universitarios, ambientalistas, grupos defensores de derechos humanos y a mexicanos en el exterior. El ex candidato presidencial mencionó que ya hay varios grupos que se han sumado a esa propuesta, entre los que están Sergio Benito Osorio, Carlos Heredia, Roberto Eibenschutz, Emilio Pradilla, Félix Hernández Gamundi, Saúl Escobar, Leonel Durán, Eduardo Vázquez, Enrique Calderón Alzati y Carlos Lavore. “Debemos desatar una amplia discusión por todo el país sobre el proyecto de nación que aspiramos edificar, un serio análisis sobre los cambios que se requieren efectuar a nuestra Constitución”, dijo Cárdenas.

Alejandro Encinas señaló por su parte que el actual sistema de partidos se agotó, por lo que se debe buscar coordinación con los grupos que buscan un mejor país. “Es necesario recuperar los vínculos con la academia, ciencia y cultura, rescatar la vocación del poder. Es necesario conformar una nueva mayoría, la más amplia red social y política”, detalló. Encinas indicó que la izquierda partidaria dejó de ser un “instrumento legítimo”. Puntualizó: “Los gobiernos que encabeza la izquierda, no se diferencian de otros partidos. El pactismo desdibuja el perfil opositor de la izquierda”, señaló.

Indicó que para formar parte de Fuerza Política Progresista “no hace falta tener partido”; basta con sumarse a ese movimiento “para cooperar con otros en aquellas cosas en las que uno pueda estar de acuerdo”, precisó. Los comentarios derivados de ese anuncio del ingeniero Cárdenas Solórzano fueron recibidos con simpatía no solo por políticos de la oposición sino por gente indignada, tanto quienes están organizadas en movimientos, como quienes no. Uno de esos personajes, José Mora, resume lo que muchos opinan al respecto. Dice que incluso quienes están organizados en movimientos, se encuentran recíprocamente desconectados entre sí.

Como lo dijo hace poco Edgardo Buscaglia, la sociedad civil todavía está débil en México porque está fragmentada en diferentes movimientos, cada uno luchando en sus propios frentes y separados de los demás: los maestros de la CNTE, los electricistas del SME, los grupos de Autodefensas, los estudiantes del YoSoy132, los Zapatistas, el Movimiento de Ayotzinapa, así como otros que surgen espontáneamente en torno a demandas coyunturales que después pueden pasar de moda. Las demandas permanentes son contra la corrupción, la impunidad y la violencia.

Aquí es donde aparece la relevancia, si no de Cárdenas, sí de la propuesta que él ha lanzado a la discusión: impulsar “la sincronización” de los movimientos sociales y ciudadanos fuera de los cauces partidistas y sin líderes que obstaculicen la participación amplia, plural y directa de la gente en las discusiones, decisiones e implementación de las estrategias de lucha ciudadana y construcción de un nuevo proyecto de nación y de vida más acorde con el respeto hacia el planeta y hacia nuestros semejantes.

Esa Fuerza Política Progresista, “sin fines electorales” como dijo Cárdenas, busca construir un gran encuentro plural que impulse los cambios que requiere el país, “que reclama el pueblo, que mueva conciencias y articule una amplia unidad social y política”, además de frenar la violencia. Ahí está, pues, esa una nueva opción de participación ciudadana. Habrá que ver las reacciones a esa propuesta por parte del PRI, del PAN y del PRD, partido éste último al que renunció hace poco tiempo y que había creado hace 25 años. También AMLO y su Morena algo dirán.

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Alcoholímetro, ¿la solución?

PAULINO CÁRDENAS

Después del desaguisado del martes en San Lázaro quizá la solución sería utilizar el alcoholímetro. La ingesta de alcohol es sin duda la adicción más grave que hay en México. El alcoholismo es un peligro para la sociedad, acaso equiparable a los estragos que ha dejado a su paso la narcoguerra en el país. Su uso y abuso está causando en el país un problema cada vez más creciente, no sólo en cuanto a accidentes automovilísticos que provocan a diario decenas de muertos y heridos a causa de que hay irresponsables que combinan la bebida con el volante, sino porque ese vicio provoca también suicidios y homicidios.

Ese problema hizo mella en el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados cuando en plena sesión –cuando se debatía la reforma política que se había aprobado en lo general y que bancadas del PRD, PAN y PT calificaron de “mocha y mutilada”, al considerar que no concede más atribuciones a los ciudadanos, sino que fortalece el poder presidencial, y que su redacción estuvo condicionada a la voluntad de Enrique Peña Nieto–, hubo un exabrupto al que le siguieron otros.

Cuando se discutía acaloradamente la revocación de mandato que al final echaron para atrás los del PRI y Partido Verde, de entre los que sí querían que se aprobara alguno alzó la voz para acusar que las votaciones se hacían en estado etílico por parte de algunos diputados sentados en las curules de la parte de atrás del recinto. La diputada Enoé Uranga, del PRD y Porfirio Muñoz Ledo del PT lo mismo que su compañero de bancada Jaime Cárdenas, pidieron investigar el “ambiente etílico” que según ellos se respiraba en el pleno, en tanto el panista Óscar Saúl Castillo afirmaba que las bebidas corrían “en la bancada de Peña Nieto”.

En respuesta el ganadero de la bancada priísta Julián Nazar se puso de pie y desde su curul gritó:  “Si le hiciéramos un examen de sangre a Porfirio (Muñoz Ledo), 90 por ciento sería alcohol y 10 por ciento botana”. Por supuesto que se armó la tremolina, lo que obligó al presidente de la Cámara de Diputados, el priísta Emilio Chuayffet Chemor, a suspender la sesión para reanudarla ayer a las once de la mañana. Pero Muñoz Ledo pidió la palabra para criticar al presidente de la Cámara de Diputados:

“En todos los parlamentos, cuando un presidente de asamblea ve que se le está faltando al respeto a cualquier legislador, debe parar y borrarlo del diario de los debates. Pero nos ocurrió también en la comparecencia de (Javier, secretario del Trabajo) Lozano, que empezó a injuriar a los legisladores”. Pero Chuayffet no hizo caso y levantó la sesión. El propio priísta Nazar ofreció disculpas al petista por ponerlo de ejemplo y pidió a la presidencia que se borrara ese episodio del Diario de los Debates.

Hace unos días se había dado el caso del diputado de Nueva Alianza, Jorge Kahwagi Macari, quien reapareció en la sesión de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, para apoyar una votación a favor  del PRI sobre la reforma política. Se le vio con el rostro descompuesto, hinchado, en aparente estado etílico o drogado, con la camisa de fuera; como si viniera de una parranda, su intervención fue incoherente y motivó también muchos comentarios negativos en contra del Legislativo.

Según estadísticas sobre el alcoholímetro que fue puesto en marcha en varios entidades del país desde hace varios años, la mayoría de los conductores que son sometidos a esa prueba arrojan un resultado positivo. Quizá una buena medida sería que el Congreso de la Unión instale esa prueba antes de que comiencen las sesiones o al menos cuando los diputados regresen de comer –y también senadores no crea usted– para saber del porcentaje permisible para el manejo, pero para el manejo de los asuntos legislativos.

El estado etílico, dice los especialistas, se puede conocer también por métodos tradicionales como la dilatación de las pupilas, la prueba de nariz-dedo, (que consiste en pedirle a la persona que se toque la nariz con el dedo, tanto con ojos cerrados, como abiertos) o la prueba de Romberg (que mide la alteración a nivel nervioso a través del balanceo de la persona, con ojos cerrados y abiertos) y signos vitales. La ventaja es que ningún lesgilador irían a parar al Torito porque gozan de fuero. Y para cerra la pinza también debería haber una prueba antidoping.

El asunto por supuesto habría que legislarse. ¡Ahí está el detalle! diría Cantinflas. Por lo pronto es un hecho que el consumo de bebidas embriagantes en México no va a cancelarse en ninguno de nuestro estratos sociales ni políticos, a pesar de los graves estragos que causa. El tema no es cosa menor. Pero acaso el alcoholímetro o la prueba antodoping serían soluciones relativas ya que los desencuentros, con o sin ambiente etílico, seguirán en el Legislativo.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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Pudo narcodinero salpicar campañas

PAULINO CÁRDENAS

¿Cuántos candidatos de los que participaron en los comicios del domingo pudieraron haber recibido apoyos con dinero proveniente del narcotráfico? ¿Qué carteles de las mafias organizadas financiaron a qué aspirantes, por lo que muchos habrían ganado con la compra de conciencias para obtener el voto? ¿Qué favores habrán de pagarle a sus mecenas quienes hubiesen caído en esas redes?

Si como dicen los especialistas, en México más del 60 por ciento de los municipios están tocados por el crimen organizado, la pregunta resulta pertinente, sobre todo en ocasión de elecciones como las del domingo pasado en 14 entidades federativas del país, donde se votó por la renovación de ediles, de integrantes de poderes legislativos en dos estados, así como para el cambio de doce gobernadores.

Por ello, una pregunta recurrente es: ¿Qué carteles habrían financiado a qué candidatos? ¿En qué estados? ¿Fueron de aspirantes a gobernadores para abajo? ¿A cambio de qué? Sólo hay sospechas, pero nada más. El crimen organizado ofrece dinero a muchos candidatos a cargos de elección popular para sus campañas, a cambio de favores y negocios.

Lo anterior lo aseguró hace unos meses el empresario regiomontano Mauricio Fernández Garza, quien también confesó:  “A mí me ofrecieron dinero del narco, me dijeron que los millones de dólares que yo quisiera para mi campaña”. Así de claridoso fue el polémico político, miembro de consejos de administración de empresas de capital regiomontano, ex Senador del PAN y que repite como edil de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Como abanderado panista, el 6 de julio de 2003 Fernández Garza perdió la gubernatura de Nuevo León ante Natividad González Parás, con lo que el PRI recuperó aquel estado. Para esa contienda, el polémico empresario señaló que el crimen organizado le ofreció financiar su campaña con “millones de dólares”, a cambio de protección policiaca e impunidad.

En enero del año pasado, jueces y magistrados se reunieron para discutir y analizar la propuesta de ley de extinción de dominio que pretendía que fuera aprobada por el Congreso, y entre otras cosas coincidieron en señalar en que no hay duda que existe dinero del narco en las campañas políticas y que no hay voluntad para combatir el lavado de dinero.

También el diputado petista Porfirio Muñoz Ledo, siendo coordinador del Frente Amplio Progresista señaló que el dinero del narco ‘hace mucho que entró a las campañas políticas’, y aseguró que por eso algunos gobiernos se ven imposibilitados a actuar en contra del crimen organizado.

El fallecido ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, expresó en una reunión celebrada con diputados en septiembre de 2008, que algo habría que hacer de manera conjunta para evitar el riesgo de que en futuras campañas electorales corra dinero del narcotráfico para favorecer candidatos.

El IFE había declarado que el dinero sucio del narcotráfico ‘podrá detectarse en campañas’, ya que se tienen registradas las cuentas bancarias de los políticos y personajes que compiten en los comicios. “Prácticamente todos están siempre en observación desde el punto financiero”, había asegurado el consejero Virgilio Andrade.

En su edición 1754 la revista Proceso exhibió los nombres de varios legisladores del Congreso federal como presuntos involucrados con las mafias organizadas que han sido señalados por la DEA y la PGR como benefactores o protectores de la delincuencia organizada, que se les ha acusado de recibir financiamiento del narcotráfico o que han recibido amenazas de los grupos delictivos.

Con las muy respetables excepciones del caso, se infiere que ese mismo esquema se replica en otros Congresos y entre la clase política en general, incluídos aspirantes a ediles o a gobernadores, cada vez que hay campañas. Y en México cada año las hay.

Como sea, la suspicacia popular en torno a que el narcodinero haya salpicado las campañas y a uno que otro candidato que compitieron en las elecciones del domingo, está al orden del día. Quizá quienes perdieron, aporten más adelante algunos nombres y vínculos con las mafias, de sus adversarios ganadores. Tal vez algo trascienda pronto.

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LyFC: amparo frena extinción

PAULINO CÁRDENAS

Aunque continúe el procedimiento especial del aviso de terminación de la relación colectiva de trabajo, la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje no deberá dictar laudo alguno hasta que el amparo solicitado por la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas a través de sus abogados, se resuelva de manera definitiva.

Así lo determinó la juez Guillermina Coutiño Mata quien ordenó mantener el proceso de liquidación en el estado en que se encuentra, que había iniciado el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda.

Con ello, la titular del Juzgado 1 del Centro Auxiliar de la 1 Región, resolvió que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) debe abstenerse de emitir cualquier resolución sobre la liquidación de la paraestatal que dejó sin centro y materia de trabajo a más de 44 mil trabajadores electricistas.

La Secretaría del Trabajo manifestó que el amparo provisional concedido al SME contra la extinción de Ly FC no afecta el procedimiento de terminación de las relaciones de trabajo entre empresa y trabajadores.Indicó que el sábado pasado desahogaría el amparo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y que las liquidaciones seguirían su curso.

Esa dependencia informó que la liquidación voluntaria, que ya alcanza cerca de 19,000 trabajadores, habían acudido a realizar su trámite para finiquitar su relación laboral con Luz y Fuerza del Centro. Con ello, muchos de ellos, según la STPS, podrían ser contratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Mientras tanto, la dirigencia del SME se apresta a realizar el jueves próximo una manifestación en la capital de la República y otras paralelamente en diversas entidades del país, en las que participarán, además de agrupaciones sindicales que apoyarán a los electricistas, también organizaciones campesinas.

El viernes pasado fue masacrado en Cajeme, Sonora, el líder de la Unión General Obrero, Campesino y Popular (UGOCP), Margarito Montes Parra, y otras 14 personas más. En protesta por esa ejecución, marcharán también, junto con los electricistas, miembros de esa organización.

Pero en apoyo a los electricistas despedidos estarán también decenas de miembros de otros sindicatos disidentes, agrupados en la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) que estarían encabezados por el líder del SME, Martín Esparza, Francisco Hernández Juárez y Porfirio Muñoz Ledo, como sucedió el pasado viernes 16 de octubre.

Aquel día marcharon alrededor de 100  mil manifestantes de la columna del Angel de la Indpendencia al Zócalo. En aquella ocasión los discursos versaron sobre la sorpresiva decisión del jefe del Ejecutivo de decretar la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, cuyas instalaciones fueron tomadas por el Ejército y por efectivos de la Policía Federal Preventiva. Esta acción, conocida popularmente como el ‘sabadazo’, dejó sin materia de trabajo a más de 44 mil trabajadores electricistas.

En la movilización del jueves venidero seguramente volverán a escucharse severas críticas por la  medida tomada por el gobierno federal, como las que se escuharon aquel viernes 16 cuando fue fustigado en tribuna el método por el que optó el presidente Felipe Calderón contra 44 mil trabajadores, lo que sólo contribuye a aumentar el malestar y la inestabilidad social en México.

A esa manifestación seguramente habrán de unirse cientos de voces populares que empezarán a protestar públicamente por la aprobación de la nueva ley de impuestos, draconiana medida que si bien viene a resolverle al gobierno su problema de liquidez para sus programas del 2010, a millones de familias le vendrá a agravar aún más su deteriorada situación económica a partir de enero.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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