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Seguro que habrá narcocandidatos

PAULINO CÁRDENAS

¿Cómo evitar que haya candidatos ligados al narco para la contienda electoral del 7 de junio? Es una pregunta que se vienen haciendo muchos sectores de la población. ¿Cómo saber si fulano o sutano, del partido que sea, tiene ligas con tal o cual cártel de la droga? ¿Qué instancia debe obligar a los partidos políticos a garantizar que sus candidatos no estén ligados al crimen organizado? El INE ya dijo que no es la instancia. Acaso la PGR, a solicitud expresa. ¿A solicitud expresa de quién? ¿De los partidos? ¿Del INE? ¿De los ciudadanos?

Por lo pronto el sector empresarial, en voz de su máximo representante, Gerardo Gutiérrez Candiani, señaló que los partidos políticos están obligados a comprobar que sus candidatos a cargos de representación popular no estén vinculados con el crimen organizado. También, el presidente de los patrones privados, Juan Pablo Castañón, demandó a los partidos políticos que, a través de un compromiso público, se hagan responsables de todas las acciones que lleven a cabo sus candidatos, en caso de resultar electos.

Otro cúpulo empresarial, Rodrigo Alpízar, representante de la industria de la transformación, exhortó a la ciudadanía a no hacer caso de quienes pretenden descarrilar el proceso electoral intermedio. Dijo que los ciudadanos estarán atentos para que ningún grupo de interés imponga su agenda destructiva de la democracia y llamó a los actores políticos a conducirse con responsabilidad social y política.

En este sentido, los dirigentes empresariales coincidieron en manifestar su rechazo a quienes han llamado a boicotear las elecciones en algunos estados y pidieron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno garantizar comicios libres y en paz. Argumentaron que la democracia y su vertiente electoral es la mejor forma de diálogo social que los mexicanos tienen para expresar sus diferencia en pluralidad y respeto, pero sobre todo, sin violencia.

Pero lo que opina la clase popular es más preocupante. Señala, por ejemplo, el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), que cada día radicaliza sus protestas, que si no se resuelve la crisis social a causa de las pésimas políticas del gobierno, pronto habrá levantamientos armados, empezando por Guerrero, que tiene amplios antecedentes de actividad guerrillera.

Integrado por maestros, sindicalistas, padres de familia, organizaciones de derechos humanos y policías comunitarios, el Movimiento ha amenazado al INE con que en esa entidad no habrá elecciones.

Ese Movimiento ha realizado manifestaciones, bloqueo de carreteras, quemas de vehículos y actos vandálicos, desde que decidieron oponerse a la reforma educativa, lo mismo que ha sucedido en Oaxaca. El magisterio disidente sigue demandando que se tome en cuenta su propuesta de reforma educativa, que incluye la creación de un instituto estatal de evaluación, respeto a sus derechos laborales, gratuidad de la educación y que se evalúe a los docentes de acuerdo con los estándares del estado y de cada región.

Pero en los meses que han pasado, desde los acontecimientos de Ayotzinapa en donde desaparecieron de manera forzada los 43 normalistas de la escuela normal rural ‘Raúl Isidro Burgos’ la noche del 26 de septiembre pasado, a la fecha, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) que forma parte del MPG, ha radicalizado sus protestas en aquella entidad.

Los padres de los 43 normalistas desaparecidos se unieron al Movimiento Popular Guerrerense, en el cual toman parte activa el Frente Único Estatal de Representantes Sindicales Autónomo -que agrupa más de 12 sindicatos, entre ellos el de la Universidad Autónoma de Guerrero-, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, y la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), fundada desde 1995 en La Montaña y Costa Chica del estado, además de la CETEG.

Y en Oaxaca los ánimos andan igual o peor de enardecidos. Ese estado, sobre todo en su capital, es donde, azuzados por la Sección 22 del magisterio, muchos ciudadanos, al igual que en el estado de Chiapas y Guerrero, se unen a las manifestaciones públicas para ejercer su derecho a la manifestación, asistir a las marchas y protestas como forma de participación política, que se suma el factor electoral cuando se acercan los comicios. Entre las organizaciones que participan generalmente está la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y en Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así como las policías comunitarias y los grupos de autodefensa, entre otras organizaciones.

En estos estados -Guerrero, Oaxaca y Chiapas-, pues, es donde la violencia callejera por parte de grupos vandálicos se ha incrementado en los últimos años. Hay otras entidades en donde la violencia se genera por la lucha territorial, con las autoridades policiales y militares en medio que supuestamente tratan de impedirlo, entre los distintos cárteles de la droga. Esos estados son Michoacán, Tamaulipas, Guerrero mismo, Jalisco, Coahuila, Sinaloa, Veracruz y Morelos entre otros. Las autoridades federales anuncian esporádicamente la detención de algunos capos, pero eso no quiere decir que la violencia, la inseguridad y el derramamiento de sangre, haya cesado.

Las emboscadas a policías federales y militares están de moda. Es una reacción al clima de persecución de las autoridades federales contra ciertos cárteles de la droga. Los capos, cuando ordenan reaccionar al acoso federal, son temibles. Los Zetas, el cártel de Sinaloa, los Caballeros Templarios, los del cártel del Golfo, los de Jalisco Nueva Generación, el cártel de Tijuana, el cártel del Milenio, el cártel de Juárez, Los Negros, Los Rojos, Guerreros Unidos, todos, sin excepción, mandan a sus sicarios a realizar matanzas de policías estatales y federales y militares y marinos.

Si eso hacen con gente armada de la Policía Federal, del Ejército, la Marina, ¿qué no harán con los candidatos a quienes les ofrecen ayuda para ganar, y luego cobrarles el favor? ¿Quién lo va a impedir? ¿El INE? ¿Los partidos políticos? ¿La PGR? ¿La denuncia ciudadana? De que habrá la mano del narco en el proceso electoral, la habrá.

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