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¿Seguirá la debilidad del Gobierno?

PAULINO CÁRDENAS

Hoy comienza el tercer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Un año que él visualiza con un forzado optimismo, pero que en realidad lo comenzará abrumado por tantos problemas irresueltos y tantísimos reproches de los distintos sectores de la sociedad. La mayoría de los mexicanos no creen que las cosas vayan a mejorar en materia de inseguridad, secuestros, desapariciones forzadas, violaciones a los derechos humanos y hallazgos de más fosas clandestinas. Consideran más bien que será otro año de incertidumbres, terror y miedo, ya que las mafias del crimen organizado no saben de discursos los cuales oyen como llamadas a misa. Y por ende, en lo económico irían peor las cosas y el país continuará estancado. La corrupción e impunidad seguirán. Es la creencia generalizada.

Muchos observadores y analistas coinciden en señalar que la ineficiencia de su gobierno seguirá propiciando una parálisis en los temas de desarrollo y de crecimiento por más que se den cifras alentadoras, y se verán afectados, porque muchos de los recursos que deberían ir para los rubros que permitan incentivar la productividad, los dedicarán a la lucha contra el crimen organizado, con la esperanza de que con eso su gabinete de seguridad podrá detener su avance. Sin embargo, los hechos hablan de otra cosa. A las mafias le valen los anuncios presidenciales. Un ejemplo de ello se dio la semana pasada, justo el mismo día que el presidente dio a conocer su decálogo.

El jueves anterior aparecieron 11 cuerpos tirados en plena carretera en Cocula, Guerrero, desnudos, decapitados y semicalcinados, y el sábado otros cinco más fueron hallados calcinados en una camioneta en una comunidad indígena del municipio de Acatlán, en el mismo estado, lo que significa que las mafias del crimen, lejos de amedrentarse con el anuncio de Peña Nieto, lanzan un reto directo al mandatario y a su gabinete de seguridad, lo que significa toda una afrenta para el máximo mando del país que acababa de dar a conocer medidas contra la inseguridad.

Otro tema que está ahí es el del caso de 31 estudiantes de secundaria que habrían sido secuestrados y desaparecidos a principio de julio del año pasado. Según esto, el secuestro se produjo, también en Cocula, el último día de clases y hasta ahora se desconoce el paradero de los estudiantes, de acuerdo con la versión de la televisora France 24. Se dice que durante y después del secuestro masivo, los secuestradores amenazaron a habitantes de ese municipio con asesinarlos si hablaban del caso. Esa versión fue secundada por el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega.

El mandatario guerrerense dijo que el secuestro fue entre el 2 y 3 de julio del año pasado. Mencionó que eso se documentó en el portal del gobierno del estado de Guerrero, a pesar de que “no hubo denuncia”. Esto al término del mensaje que hiciera el presidente Peña Nieto, cuando se le preguntó si era cierta la versión de la televisora francesa. Por su parte, la televisora France 24 -que es copropiedad de la privada TF1 y del ente estatal de televisión y transmite noticias sin interrupción en francés, inglés y árabe en canal abierto, por cable y por internet-, dijo que las familias de las víctimas, aterrorizadas, no reportaron el asunto a las autoridades ni a la prensa hasta ahora.

En una breve nota en su portal de noticias, la emisora dijo que el silencio colectivo se debe en parte a “lo que parece ser otro caso de complicidad criminal entre las fuerzas policiacas locales y los cárteles de la droga que operan con impunidad en la región”. El reporte agregó que, aunque los secuestradores iban enmascarados, se llevaron a los muchachos en vehículos policiales que no se preocuparon por camuflar. Estos son ejemplos de que la criminalidad sigue en su apogeo, a pesar de los anuncios de que ‘ahora sí’, las cosas van a cambiar.

Igual que muchos sectores, la ciudadanía para nada quedó convencida con el decálogo que anunció el jefe del Ejecutivo federal el pasado jueves. Incluso los partidos de oposición en el Senado, PAN y PRD, criticaron que con el mensaje presidencial sobre la estrategia de inseguridad, elude su responsabilidad en la crisis por la que atraviesa el país, y calificaron el mensaje como un discurso electorero. Los legisladores coincidieron que por sí solo, el decálogo no resolverá la “situación de emergencia nacional”, mientras el presidente no ejerza la autocrítica para remover a los colaboradores que no han dado resultados, y responsabilice a los gobiernos municipales y al sector empresarial por las fallas institucionales.

Pese a nuevas promesas, el país seguirá viviendo en la zozobra y en la incertidumbre porque nadie garantiza que las cosas vayan a cambiar por el solo hecho de que se hayan anunciado medidas que han sido criticadas por tardías y porque son un refrito de lo que se había prometido en campaña y luego al arranque del sexenio peñanietista. A muchos sectores decepcionó de plano su decálogo. Y a la oposición ni se diga. Un anuncio que de plano erizó la piel de muchos lugareños fue que las policías municipales quedarán bajo un mando único que estará a cargo de los gobernadores. Los veracruzanos han de haber dicho: “coño, que no joda Peña, ¿qué no conoce a Javier Duarte?”; y los poblanos, con Rafael Moreno Valle, dirían algo igual o peor. Y muchos otros mexicanos en sus lugares de origen, lo mismo.

Solo había que preguntar qué pasaría en aquellos municipios alejados de la civilización, donde los sicarios del narco entran como Juan por su casa; ahí los alcaldes no intervendrán porque dirán: “ese es asunto del gobernador”. Sin duda, el peor de los males para los mexicanos seguirá siendo la ‘estrategia’ de seguridad, que hasta ahora no ha servido para nada. Y con las ‘nuevas ideas’, menos. Eso ha sido parte de la crisis por la que atraviesa el país. Y el sector empresarial seguirá renegando, no solo por la inseguridad, sino por la parálisis que ha propiciado esa pandemia en las instituciones. Así pues, los mexicanos poco esperan del gobierno del presidente Peña Nieto y de los miembros de su equipo que seguirán siendo los mismos, para el tercer año de su gobierno.

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¿Narcocrimen matará reformas?

PAULINO CÁRDENAS

Ante el evidente fracaso gubernamental respecto a la inseguridad y especialmente al combate al crimen organizado y las mafias del narco que operan en México, hay quienes se vienen preguntando si esa pesadilla que vive México de hechos sangrientos y despiadados no impedirán que la apuesta del presidente Enrique Peña Nieto en las reformas estructurales que le fueron aprobadas por el Congreso para impulsar el desarrollo del país, pudieran fracasar. Sobre todo hay quienes temen que las inversiones extranjeras que vendrían junto con los emporios petroleros ahora que está vigente la apertura para que las grandes empresas mundiales vengan a explotar nuestros hidrocarburos, pudieran arrepentirse o alargar su decisión de venir a México.

El propio secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, reconoció que esos “brotes” de violencia, “pueden afectar el ánimo de los inversionistas en un momento en que el país se halla inmerso en la instrumentación de reformas impulsadas por el gobierno para atraer capitales”. Por su parte, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens quiso matizar las palabras de Videgaray, y declaró que el ambiente de inseguridad no afectarán las inversiones que espera el gobierno de México gracias a las reformas estructurales aprobadas por el Legislativo. Reconoció que son tiempos difíciles pero estimó que el factor de inseguridad irá perdiendo peso y no afectará el crecimiento económico del país.

El hecho es que, por diversos factores, la supuesta estrategia anticrimen del gobierno peñanietista no ha dado los resultados esperados, entre otras cosas por la ingobernabilidad que priva en varios estados de la República en los que, por colusión o falta de oficio político, los mandatarios locales y municipales han sucumbido ante el poder de sometimiento del narcocrimen. El propio Enrique Peña Nieto ha dicho, palabras más palabras menos, que hay gobiernos que demuestran debilidad ante el acoso del crimen organizado.

En el caso de Guerrero, advirtió que aunque el gobierno federal respaldaría las labores de seguridad, la administración estatal debe asumir su responsabilidad ante la situación que padece esa entidad. Fue un severo llamado de atención al gobernador Ángel Heladio Aguirre por la falta de gobernabilidad que ha mostrado su mandato ante los acontecimientos que se han vivido en esa conflictiva entidad. El más reciente es el de los 43 estudiantes normalistas que siguen desaparecidos y que se teme que de ellos sean los restos que han sido hallados en diez fosas clandestinas.

A esos hechos debe agregarse el de la matanza a mansalva de los 22 supuestos criminales que fueron ultimados en Tlatlaya, estado de México en pasado 30 de junio, que el gobierno ocultó y fue hasta que la revista Esquire y la agencia AP, tres meses después, sacaron a la luz una entrevista con una testigo de esos hechos, lo que obligó a que oficialmente se reconociera el asunto y la participación de varios soldados y un militar de grado, como autores de esas ejecuciones, asuntos ambos que ha empañado la imagen de México a nivel mundial dejándolo como un país bárbaro en donde la delincuencia organizada es la que manda en muchos estados de la República.

Pero la matanza estudiantil en Iguala ni la ejecución de presuntos delincuentes a manos de soldados en Tlatlaya, son los únicos por los que la comunidad mundial repudia las violaciones a los derechos humanos que se repiten y se repiten sin cesar en México, por lo que ya corren apuestas de que el desmesurado optimismo que hubo después de aprobadas las reformas que Peña Nieto envió al Congreso y que le fueron aprobadas, podrían toparse con la necia realidad que significa una nación insegura en donde se cometen a diario matanzas, decapitaciones, desmembramientos, colgados, restos mutilados y calcinados echados a fosas clandestinas.

Pero además, un país en el que los hechos criminales no son esclarecidos por lo que suelen quedar impunes, sin culpables y sin castigos, como ha ocurrido en infinidad de acontecimientos delictivos del crimen organizado y del fueron común. Hay omisiones del gobierno federal y de las Fuerzas Armadas -como se pretendió con el caso de la matanza de presuntos delincuentes a manos de militares en el municipio mexiquense de Tlatlaya, que durante casi tres meses se pretendió ocultar- o la incapacidad de las autoridades encargadas de investigar hechos criminales -como es el de los estudiantes normalistas desaparecidos de manera forzada-, lo que ha colocado a México en el mundo con la etiqueta de país de barbarie.

Ese panorama de crímenes bestiales que priva en muchas partes de la nación mexicana es la que podría anular el optimismo gubernamental de que pronto lleguen las inversiones esperadas. Incluso países como Estados Unidos han freiterado sus advertencias de viaje a sus connacionales para no viajar a Guerrero, lo mismo que había hecho para el caso de Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, y otros estados de la República. Pero no solo eso, la Casa Blanca ha visto con tal preocupación el avance y dominio de los capos del narco en México, que también están apuntando que se aceleren las investigaciones sobre los últimos hechos de sangre que han manchado la imagen de nuestro país.

Por lo pronto en Puebla, el presidente Peña Nieto ratificó su compromiso por fortalecer el marco legal en favor de los derechos humanos, que son la piedra angular de nuestro orden constitucional y “deben ser también de nuestra realidad cotidiana”. Al inaugurar el XII Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil: Nuevos Roles y Expresiones de la Sociedad Civil, el mandatario federal dijo que cuando hay disposición en los gobiernos es más fácil avanzar, construir y modelar la sociedad de progreso que todos deseamos. Aseguró que su administración seguirá compartiendo esfuerzos con la ciudadanía para fortalecer el marco legal y el andamiaje institucional en favor de los derechos fundamentales, incluyendo la protección de los niñas, niños y adolescentes, así como el desarrollo integral de las mujeres. Pero los hechos hasta ahora hablan de otra cosa.

 

 

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Bajo el yugo del narco

PAULINO CÁRDENAS 

En Tamaulipas las calamidades no paran. Ayer en la plaza comercial de Reynosa, cerca de la delegación de la PGR, se registró una fuerte explosión que alertó a los cuerpos de seguridad. Según el gobierno del estado el estallido fue ocasionado por acumulación de gas en uno de los locales de ese centro comercial, pero fue de tal magnitud el estallido, que provocó la destrucción de parte del centro comercial, incluido el restaurante ‘Valle del Vergel’ que se colapsó. Paramédicos y bomberos encontraron bajo los escombros a dos personas muertas y a otras trece heridas; los rescatistas seguían buscando mas posibles víctimas; esas cifras, dijeron, son preliminares y podrían aumentar. También hubo vehículos destruidos. La explosión se registró en la entrada del fraccionamiento residencial Valles del Pedregal poco después del medio día y causó terror en los alrededores. Después de ver la magnitud de los destrozos, muchos tamaulipecos no quedaron muy convencidos de que el estallido haya sido producto de la acumulación de gas.

Hubo incluso rumores de que esa explosión pudo haber sido provocada por alguno de los cárteles que se pelean la plaza, como respuesta al titular de Gobernación, Migue Ángel Osorio Chong, quien el martes declaró en ese estado que bajo ninguna circunstancia se admitirán hechos de violencia en esa entidad federativa. Acompañado del gabinete de Seguridad anunció el Plan Tamaulipas para disminuir los índices de violencia, además del envío de tropas de refuerzo para supuestamente combatir a los cárteles más feroces y desalmados que se disputan el predominio de esa plaza para sus actividades delictivas, fundamentalmente el trasiego de droga a Estados Unidos, el paso de armas del vecino país al nuestro, y la trata de migrantes. La disputa territorial es por parte de los cárteles del Golfo a quienes ayudan células de los Caballeros Templarios para sacar de ahí a Los Zetas, y viceversa.

En otras latitudes la gente vive también bajo el yugo del narco. En Chihuahua, Durango y Coahuila; Sinaloa, Veracruz y el estado de México, así como Guerrero, Morelos, Hidalgo y San Luis Potosí, entre otras entidades de la República, sus habitantes están como los de Michoacán y Tamaulipas: bajo el miedo de los cárteles de la droga y las mafias del crimen organizado. Hay lugares como Gran Morelos en Chihuahua, donde su gente ha decidido no salir de sus casas luego de una masacre en la que perdieron la vida cinco agentes policiacos y el director de Seguridad Pública municipal el pasado viernes; los maestros del jardín de niños y del Centro Regional de Educación Integral decidieron suspender clases, y el presidente municipal, Gilberto Gutiérrez Montes, de plano se ausentó del pueblo con todo y su gabinete, incluidos los regidores.

Durango y Coahuila siguen siendo cotos del cártel del Pacífico, cuyo santuario principal ha sido Sinaloa. Pese a la detención y encarcelamiento de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en febrero pasado, ese cártel sigue teniendo el control de la red de actividades de trasiego de drogas que incluye a 57 organizaciones que operan en países de gran parte de América, Europa, Asia y Australia. Ese cártel, considerado el más complejo y global de todos, ha sabido mantener relaciones de complicidad con muchos gobiernos para la realización de sus actividades. Se dice que alrededor del 40 por ciento de los alcaldes que hay en el país, y un buen porcentaje de gobernadores, así como funcionarios de las más altas esferas del sistema político, administrativo y judicial, están coludidos en mayor o menor medida con esa organización delictiva, que ahora se supone maneja Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Desde hace una década, Veracruz ha sido escenario de actividades del narco y la disputa del territorio por parte de varios cárteles. Las céntricas avenidas del puerto y sus municipios colindantes han sido escenario de tétricas jornadas, como la que vivió en agosto de 2011 en Boca del Río, a un costado de Plaza Las Américas, a pocos metros del conocido monumento a los Voladores de Papantla, en donde abandonaron dos camionetas de redilas en color blanco, mismas que estaban repletas de cadáveres. Testigos indicaron que hombres armados que viajaban en al menos seis vehículos iban custodiando las dos camionetas donde transportaron los cuerpos, ellos se retiraron no sin antes dejar dos narcomantas en la que decía que el final de los Z estaba sellado en esa entidad.

Se dijo que habían sido contabilizados 35 cadáveres supuestamente pertenecientes a Los Zetas y que el cártel Gente Nueva, apéndice del cártel de Sinaloa, había reivindicado los crímenes. Fue cuando nació la leyenda de los ‘matazetas’. De aquellas fechas para acá, la violencias, los secuestros, las extorsiones, el cobro de piso y de paso, y las ejecuciones, no han parado en esa entidad gobernada por el priísta Javier Duarte. Incluso al ex gobernador Fidel Herrera, también priísta, lo apodaban el Z-1, mientras que el actual mandatario sigue con el clásico ‘en Veracruz no pasa nada, es un estado seguro’ y echándole la culpa a los medios ‘que todo inventan’, pese al incremento de la violencia y los hechos de sangre.

En Michoacán, el pasado miércoles, el comandante de custodios del penal de Mil Cumbres, Raúl Osornio Cruz, de 31 años, fue ejecutado por dos sicarios a la altura del poblado Los Girasoles. Hace casi tres meses también fue atacado a tiros otro jefe de custodios de esta cárcel, quien resultó gravemente herido y fue hospitalizado, agresión ocurrida en la colonia Puerto de Buenavista, al oriente de la capital michoacana. En ese mismo estado, la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán detuvo a 32 policías municipales de Tangancícuaro y Chilchota, tras un enfrentamiento en este último ayuntamiento, en el que perdieron la vida cuatro presuntos plagiarios y el agente ministerial Edgar León López. Asímismo, comuneros indígenas de San Miguel de Aquila denunciaron que el comisionado para Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, alienta el paramilitarismo y confronta a las comunidades. Las cosas en Michoacán, pues, no han mejorado sustancialmente.

En Guerrero, Morelos, Hidalgo, San Luis Potosí y el estado de México, entre otros estados de la República, las cosas andan por las mismas en cuanto a actividades delictivas del crimen organizado que se han visto incrementadas a últimas fechas. La ley del narco mantiene en esos y otros estados a comunidades y pueblos bajo la zozobra y el miedo. Los gobernadores de esas entidades se la pasan minimizando esos hechos o afirmando que mucho de lo que acontece en sus entidades es obra de la exageración mediática. El panorama de la inseguridad está así en casi todo el país. Eso preocupa seriamente al gobierno federal. Y con razón.

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¿Pacta Castillo con un narco?

PAULINO CÁRDENAS

Otro escándalo  se avecina en torno al caso Michoacán. Es sobre el encuentro que sostuvo Alfredo Castillo Cervantes, Comisionado para la Paz y Seguridad y el Desarrollo Integral para ese estado,  y un presunto líder del cártel de Los Valencia, Juan José Farías, “El Abuelo”, con quien dialogó en una bodega de Tepalcatepec para supuestamente pactar estrategias de seguridad en la región. Esto ha sido mal visto por los partidos de oposición, PAN y PRD, y motivó un comentario del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, un tanto suspicaz. Según un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, el 4 de marzo de 2009 Farías fue detenido en Tepalcatepec como parte de la campaña anticrimen de Felipe Calderón. Se presume que al poco tiempo el minicapo habría sido puesto en libertad.

La indagatoria SIEDO/ UEIDCS/191/2006, abierta por la PGR en 2006 en su contra, vinculó al ‘Abuelo’ también con Zhenli Ye Gon y Rubén o Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, actual capo del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Los Valencia tienen su principal centro de operaciones en Michoacán y Jalisco. Una versión habla de que el criminal dejó de pertenecer al mencionado cártel y que ahora encabeza un grupo de autodefensa. Otra versión señala que sigue siendo lugarteniente de Los Valencia. Farías, según una de las versiones ahora integrante de la dirigencia de las brigadas de autodefensa, participó en tal condición en el encuentro que se habría celebrado a puerta cerrada el pasado 5 de febrero.

Castillo Cervantes arribó a Tepalcatepec con un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó a decenas de federales y soldados encabezados por el General Miguel Ángel Patiño, comandante de la 43 Zona Militar, y Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal.  Por su parte, Jesús Murillo Karam, procurador General de la República, aseguró que el comisionado federal en Michoacán, Alfredo Castillo, se reunió con el lugarteniente del Cártel de los Valencia por alguna razón. “Alguna razón debe haber habido y no necesariamente una mala razón, puede ser incluso una buena razón”, dijo al ser cuestionado sobre la reunión que sostuvo el funcionario federal con Juan José Farías, alias “El Abuelo”. Sin embargo, el funcionario no quiso opinar sobre el caso que, dijo, desconoce.

Entrevistado luego de participar en el 101 aniversario de la Marcha de la Lealtad, el funcionario federal informó que no tienen ningún nuevo indicio sobre el presunto vínculo entre los grupos de autodefensa de Michoacán y el cártel de Jalisco Nueva Generación. “No, ninguno nuevo. Son los mismos indicios que he tenido, no hay ninguno nuevo”, aseveró. Cuestionado sobre la incursión de las guardias comunitarias al Municipio de Apatzingán, el titular de PGR advirtió que el que tiene el control es el Gobierno. “En Michoacán lo que está actuando es el Estado, el Gobierno”, afirmó.

Las dirigencias del PRD y PAN en Michoacán exigieron al comisionado federal de seguridad Alfredo Castillo que explique el diálogo que tuvo con el lugarteniente del Cártel de los Valencia en Michoacán. Víctor Báez, líder estatal del PRD, consideró lamentable, si se comprueba, que el Gobierno federal está favoreciendo con su estrategia a algún grupo delictivo. “Nosotros no hemos querido alimentar esa especulación, pero ante esta evidencia habrá que esperar a que el comisionado dé una explicación al respecto”, declaró. Miguel Chávez, dirigente estatal del PAN, consideró que ese encuentro genera dudas sobre la legalidad y constitucionalidad del plan que está emprendiendo la Administración del presidente Peña Nieto en la entidad.

“No se puede permitir que el fin justifique los medios en la estrategia de seguridad, al grado de que se permita poder estar dialogando y negociando con delincuentes”, expresó. El panista señaló que sería ingenuo por parte de Castillo no conocer que se estaba reuniendo con un personaje que ha sido vinculado como lugarteniente del Cártel de Los Valencia y con líderes del cártel jalisciense Nueva Generación. “Esto a la larga puede resultar contraproducente. Puede deslegitimar a los grupos de autodefensa que hasta el día de hoy gozan de credibilidad y que se han convertido en aliados efectivos de la estrategia de seguridad federal”, advirtió.

Señalaron que el Comisionado federal debe dar una explicación y pronunciarse con toda puntualidad sobre los límites y alcances de la estrategia y cuáles son las prácticas que pretende seguir realizando a fin de que no se cometan este tipo de pifias y de actos que hacen vulnerable la estrategia del Gobierno”. Mientras se aclaran las cosas, ahí está otro ‘negrito’ en el arroz en el  caso Michoacán. Felipe Calderón siempre negó que su gobierno hubiese pactado con el narco. Habrá que ver lo que pasa con Peña Nieto. Por su parte los priístas apoyaron el trabajo del Castillo Cervantes en la entidad.

El ex gobernador priísta de Quintana Roo, Joaquín Hendricks, afirmó que la reunión no demerita los trabajos de seguridad que el Ejecutivo realiza en Michoacán. “No hay demérito en absoluto porque se está dando de manera coordinada. El comisionado no está actuando por ocurrencias. Lo que está haciendo el comisionado es siempre mediante la coordinación cercana”, sostuvo. “Entendemos desde aquí, del centro del País, que esas fueron las instrucciones que recibió, de manera muy coordinada y cercana con las autoridades estatales. No hay ahí un trabajo disperso sino estrechamente vinculado y muy coordinado”. ¿El fin justifica los medios? De hecho salió en defensa del capo Juan José Farías. Dijo que las acusaciones contra ‘El Abuelo’ podrían tratarse de suspicacias porque al no encontrarlo responsable, pues no está detenido; se puede considerar que subsanó –¿$$$$?- las acusaciones que se le han imputado.

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Gente armada, ¿qué hay detrás?

PAULINO CÁRDENAS

¿Que hay detrás de esos extraños fenómenos de gente armada que está proliferando en México? ¿Quiénes surten de armas a cárteles y autodefensas? ¿Hay ‘mano negra’ extranjera en ese raro esquema? ¿La CIA está detrás, como sucedió en tiempos pasados? ¿Existe una soterrada ofensiva contra México para subordinarlo a Washington en materia de seguridad? ¿Acaso hay grupos guerrilleros detrás de esos crecientes flagelos? ¿O son las FARC como alguien sugiere? ¿Y los servicios de inteligencia del Gobierno federal y de las Fuerzas Armadas? ¿Funcionan solo para espiar a los políticos que andan a la greña como Cordero y Madero? ¿Qué hay con el primer eje del gobierno de Peña Nieto de “lograr un México en paz”? ¿Dónde quedó por cierto el superpolicía colombiano Oscar Naranjo que vendría a asesorar al Presidente en asuntos de seguridad? ¿Responderá esta semana el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, algunas de estas preguntas?

Por instrucciones de su jefe, el responsable de la política interior y seguridad interna del país hablará a la nación y revelará varios misterios sobre las causas que han motivado el avance de los grupos delictivos organizados, el de la proliferación de los grupos de autodefensa, y explicará el por qué las Fuerzas Armadas han estado en la contemplativa ante esos problemas. Hasta ahora pocos saben por qué las fuerzas gubernamentales armadas han estado a la expectativa ante ese actuar de los grupos delincuenciales organizados, pese a que numerosos contingentes castrenses por miles han sido destacados en diversas entidades del país, dizque para poner orden y dizque para defender a los habitantes de los pueblos asediados por el crimen, en lugares como Michoacán, en donde la dejadez del gobierno local ha permitido que los criminales cometan todo tipo de abusos contra la población en muchos municipios, incluidos violaciones a niñas y ejecuciones de gente inocente.

Lo mismo ha sucedido en otras entidades federativas, en donde, tanto las autoridades del gobierno federal, como los estatales y municipales, han estado prácticamente en un estado de mutismo frente a la desgracia ajena, el de la población. Se supone que eso sucede porque así esta dada la orden de la superioridad: no meterse frontalmente con los grupos del narco y del crimen organizado, para no caer en la misma tentación que cayó el gobierno de Felipe Calderón, que militarizó a medio México en su afán de querer abatir a los grupos delincuenciales organizados a base de fuego y sangre, poniendo a las Fueras Armadas a hacerle de viles policías persecutores de sicarios y capos. Aunque una y mil veces se le hizo ver al ex presidente panista que eso era inconstitucional, al michoacano le valió sorbete. El resultado de su necedad tuvo dos consecuencias: una, que en su sexenio fueron más de 80 mil muertes los que cobró su ‘guerra’ contra el crimen –algunos hablan de que fueron más de 150 mil muertos en seis años–; y dos, que escogió una pésima estrategia anticrimen porque las cosas no mejoraron ni un ápice.

Esa fue la tenebrosa herencia que le dejó Calderón a Enrique Peña Nieto, quien desde el inicio de su gobierno el mexiquense ha querido borrar esa imagen de derramamiento de sangre y un México en guerra contra los capos de la droga. En sus discursos quedaron proscritas las palabras guerra, narcocrimen, cárteles de la droga, y muchas otras que componían el léxico bélico que utilizaba cotidianamente el régimen anterior, empezando por él. En su primer discurso como jefe del Ejecutivo federal, el mexiquense dijo que el primer eje de su gobierno sería “lograr un México en paz; pondremos al ciudadano y a su familia en el centro de las políticas de seguridad”. Por más que sus voceros han querido hacer creer que así es, eso resulta imposible si simplemente se observa lo que cotidianamente sucede en el país. Lo cierto es que el incremento de la violencia ejercida por el crimen organizado, ahora con el ingrediente de las autodefensas armadas, evidencia que las instituciones oficiales no garantizan condiciones de seguridad.

A diferencia de su antecesor, el presidente Peña Nieto dijo que el delito no puede combatirse sólo con acciones de fuerza. “Debemos cambiar de paradigma, entender que no habrá seguridad mientras no haya justicia”. Pero todo quedó en promesa, porque muchos mexicanos en diferentes estados del país siguen padeciendo de inseguridad y de injusticias. Y peor que eso, han quedado a la deriva y a expensas del crimen organizado. Eso le ha dado una muy mala imagen a México en el extranjero. Ese dejar hacer y dejar pasar podría echar abajo las pretensiones anticipadas del gobierno peñanietista de que con la reforma energética vendrán grandes capitales al país y la nación estará encaminándose hacia el primer mundo, como varios de sus antecesores le hicieron creer a los mexicanos, como José López Portillo con la riqueza petrolera o como Carlos Salinas de Gortari con el TLC.

En el recuento del 2013 se puede ver que todo el esfuerzo presidencial se concentró en los temas de las reformas estructurales que en racimo envió Peña Nieto al Congreso de la Unión teniendo de parapeto al Pacto por México. El caso de la creciente inseguridad fue ‘bateada’ en los doce primeros meses de su gobierno. Hoy, cuando la situación es prácticamente insostenible es que el presidente Peña Nieto reacciona. Qué bueno. Más vale tarde que nunca. Ojalá que Osorio Chong le hable claro a los mexicanos sobre lo que realmente habrá de hacer el gobierno federal para frenar la peligrosa espiral de incontenible violencia y explique por qué hay tanta gente armada cuyo número está multiplicándose en muchos estados de la República. Ese es el punto.

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¿Peña romperá paradigmas?

PAULINO CÁRDENAS

Al parecer Enrique Peña Nieto busca empezar a romper paradigmas entre autoridades y mafias; acabar con complicidades. Ese parece ser el mensaje con lo que acaba de ordenar en Lázaro Cárdenas, Michoacán, de que la Marina-Armada de México tome el control operativo y administrativo de ese puerto, con lo que busca evitar el descarado trasiego de drogas que se ha venido realizando desde hace años por ese importante puerto industrial y comercial que da al Pacífico mexicano, acondicionado para recibir navíos de grandes dimensiones y todo tipo de cargas, incluidos cargamentos de droga. El titular de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, recibió la orden de tomar literalmente el lugar y sustituir con personal de su dependencia a autoridades aduaneras y capitanía del puerto que incluye mandos y personal operativo que laboraba en el lugar, por presuntos actos de corrupción. Para ser congruente, el siguiente paso sería que la PGR realice las detenciones de quienes habrían estado coludidos en las actividades delictivas con las mafias, y aplicar la ley en los casos que haya lugar para ello.

El asunto resultó mediáticamente sonoro, pero para muchos no significa que se esté atacando de fondo el problema del trasiego de drogas. En ninguno de los dos anteriores sexenios panistas se dio una operación de esa naturaleza en plazas dominadas por el narco que dan al mar, por donde llegan y salen drogas al por mayor, noche y día, sin que se haya hecho nada para frenar el tráfico de todo tipo de estupefacientes y materias primas como las anfetaminas con las que se elabora droga sintética como el cristal o ice. Lo mismo tendría que hacerse en otros puertos como Manzanillo o Veracruz y en otros de menor fama y calado, por donde también entra y sale droga al por mayor, si de veras se trata de evitar que las mafias sigan siendo las que dominen esas plazas en nuestros litorales. Ojalá ese sea el principio de una nueva etapa de lucha contra los cárteles de la droga y las mafias del crimen organizado. Es un buen principio romper complicidades. Sin embargo, hay quienes aseguran que se debe ir al fondo.

Eso significa que, como lo ha señalado en reiteradas ocasiones el especialista en asuntos de la criminalidad organizada en el mundo, Edgardo Buscaglia, la tarea, si va en serio, debe comenzar con romper con los ‘pactos mafiosos’ entre autoridades y capos. Así de simple. Sin desdoro de esa sorpresiva y meritoria actuación de la Secretaría de Marina en esa nueva encomienda, el gobierno priísta debería avocarse a desmantelar las estructuras financieras de los capos de los cárteles de la droga y del crimen organizado que operan en México pero desmantelando las estructuras financieras de los capos de la droga. Señalaba Buscaglia que el gobierno de Felipe Calderón nunca quiso iniciar en serio el combate a los cárteles mexicanos mediante el desmantelamiento de sus estructuras financieras de los cartels de la droga. Ha dicho que bastaría con aplicar la Convención de Palermo para atacarlos económica, judicial, política y socialmente.

Por ahora quedó claro que la toma del puerto de Lázaro Cárdenas por parte de la Marina fue por causas de la corrupción que venía imperando en el lugar, como ha sido de hecho en muchos municipios de Michoacán, como ha quedado públicamente demostrado con hechos criminales registrados desde ya hace tiempo y más recientemente con los ataques a instalaciones estratégicas de la CFE por parte de grupos que actuaron con tácticas de guerrilla urbana hace dos semanas en 18 municipios de esa entidad, de manera simultánea. En México todo mundo sabe que no solo es por mar, sino por tierra firme, por aire e incluso a través de túneles como el que fue reciclado hace unos días por el crimen organizado –después de que había sido ‘clausurado’ hace meses por las autoridades– que va de Tijuana hasta San Diego, por donde cotidianamente desde hace años las mafias pasan droga, armas y personas ilegalmente.

Resulta evidente que ello es a causa de ‘los pactos mafiosos’ de los que habla Buscaglia. Y eso sucede en México, en Estados Unidos, y en cualquier país de América, Europa, Asia u Oceanía, en donde por esos acuerdos mafiosos es que continúa habiendo corrupción e impunidad y el tráfico de drogas ha proliferado en todas las latitudes del orbe. El especialista ha señalado que en asuntos del comportamiento del crimen organizado y las mafias del narcotráfico, la estrategia implementada por el gobierno federal para combatir a la delincuencia organizada tiene una falla de origen: no ataca la estructura financiera de los cárteles y por ello es predecible que aumenten los casos de corrupción cobijados por la impunidad.

Ha reiterado que los gobiernos federales mexicanos hasta ahora no han querido iniciar el combate a los cárteles mexicanos mediante el desmantelamiento de sus estructuras financieras para atacarlos económica, judicial, política y socialmente. Para Buscaglia, el gobierno mexicano sigue sin tener estrategia anticrimen eficaz, cuando bastaría implementar la Convención de Palermo adecuadamente. Ojala que Peña traiga otra intención al respecto, porque hay casos que se salen de madre, como lo que sucede actualmente en Matamoros, Tamaulipas.

En ese estado hay cosas aberrantes; ni siquiera hay una fuerza pública que defienda a la población del narco. La presidenta municipal, Leticia Salazar, pidió a la población no salir de sus hogares ante informes de autoridades federales de que hombres armados estaban ingresando a la ciudad. Señaló que hubo enfrentamientos, por lo que había estado pidiendo a los ciudadanos de Matamoros, ‘toda vez de que información de acuerdo a Marina, a la Sedena y de la PFP’, que no salgan de sus casas como medida de precaución. “Les pedimos a población que se mantengan en sus casas, si no tienen a que salir, pues no salgan, mientras las autoridades federales terminan con este proceso”, declaró. Un virtual estado de sitio, pues. Son cosas que no pueden estar sucediendo en México.

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Guerrero, el otro reto

PAULINO CÁRDENAS

El otro reto que tiene enfrente el presidente Enrique Peña Nieto y el gabinete de seguridad, es Guerrero, por las circunstancias tan similares de violencia como las que agobian a Michoacán en donde no ha bastado la actuación de las fuerzas armadas para contener los embates de los cárteles que operan en esta entidad, principalmente el de Los Caballeros Templarios y el de Jalisco Nueva Generación, lo que motivó que el mandatario priísta ordenara que un ejército de funcionarios de los tres niveles de gobierno y convocó a los representantes de los principales partidos políticos fueran juntos al rescate en esa entidad. Pero en Guerrero parece haber otro ingrediente. Además de demandar la salida de sus territorios del Ejército y la Marina, también van contra las reformas de Peña Nieto.

Este martes, en el poblado guerrerense de El Pericón, municipio de Tecoanapa, integrantes del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), mantenían retenidos a 100 soldados porque el lunes, ‘por órdenes superiores’, habían comenzado a desarmar a policías comunitarios perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres. En represalia pore se desarme optaron también por bloquear carreteras al tiempo que demandaban la salida de las tropas de sus poblados, manifestando su respaldo a sus compañeros que mantenían retenidos a los soldados. Pero entre sus demandas hacían alusión a una causa aparentemente ajena, con dedicatoria al jefe del Ejecutivo federal: “Desde Tixtla, la tierra de nuestro general Vicente Guerrero, decimos al gobierno que lucharemos contra sus reformas”.

La protesta principal era ciertamente la devolución de sus armas y la salida de las tropas enviadas por el gobierno federal a diferentes regiones de Guerrero, en donde el acoso de los cárteles de la droga no paran contra sus comunidades y sus familias, por lo que han decidido armarse para defenderse de los sicarios que ahora no solo piden ‘cuotas’ a la gente, sino que están yendo también por sus mujeres, sobre todo menores de edad. Consideran que el Ejército, La Marina y la Policía Federal no están cumpliendo con su papel de defender a las comunidades. Que su presencia obedece a que tienen órdenes de solo hacer acto de presencia ‘para mantener la paz’.

Sin embargo, Gonzalo Molina, promotor de la CRAC-Policía Comunitaria, respecto a la retención de los 100 soldados y a los bloqueos carreteros, manifestó: “Esta es una prueba del descontento de los pueblos contra los tres niveles de gobierno que están aliados con la delincuencia organizada, y contra las reformas de Enrique Peña Nieto, que si no luchamos, hará más pobres a nuestros pueblos”. Y declaró: “Desde Tixtla, la tierra de nuestro general Vicente Guerrero, decimos al gobierno que lucharemos contra sus reformas”. El martes comenzaron los bloqueos en la carretera federal que comunica a Chilapa y la Montaña baja y alta, a Chilpancingo, y a Zumpango e Iguala.

También en la cabecera municipal de Olinalá, en la Montaña alta, en sus dos accesos rumbo a los municipios de Tlapa, Chilapa, Huamuxtitlán, y con el estado de Morelos. En Huamuxtitlán bloquearon la carretera que comunica con el estado de Puebla, y la que va a Tlapa. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, amenazó con desalojar a los policías comunitarios. “No podemos permitir que se cometan actos al margen de la ley”, advirtió el mandatario aliancista. Alrededor del mediodía y por la tarde del martes, comenzaron a liberar las carreteras, luego de que el gobierno estatal se comprometió a recibir a una comisión de los inconformes en la Casa Guerrero. Por la noche ambos grupos buscaban llegar a un acuerdo.

El asunto pues, tiene otra connotación, además del mero asunto de defenderse de la delincuencia organizada, y la forma en que han optado por defenderse de los cárteles de la droga que tienen agobiados a municipios guerrerenses de las regiones de la Montaña, centro, y Costa Chica. Señalan que las instituciones oficiales no solo no garantizan condiciones de seguridad para la población local, sino que son partícipes activas de la violencia actual. Afirman que ‘con policía comunitaria vivimos en paz; no hay asaltos ni crímenes; ni violaciones a las mujeres en las comunidades indígenas’. Las tropas que manda el gobierno no hacen nada, ‘no cumplen con su función de garantizar la seguridad’. Esa es su verdad.

Para el gobierno de Peña Nieto está visto que en el caso del estado de Guerrero, igual que el de Michoacán, habrá de entrarle al quite la federación, porque no ha bastado el envío de tropas para contener el avance de los cárteles de la droga, ya que sus gobernantes están siendo rebasados por la violencia en esas dos entidades. A ese problema de falta de gobernabilidad, ineficacia y violencia que se vive en esas dos entidades federativas, se suman otras preocupaciones que tiene en su agenda el mandatario priísta.

Entre otras, cómo asegurar que pasen sin muchos cambios sus propuestas de reforma en el Congreso de la Unión. Una de ellas, la energética, se optó por enviarla hasta la próxima semana. Tal decisión se tomó la noche del martes, después de una reunión que sostuvieron los integrantes del Consejo Rector del Pacto por México. Quizá Peña Nieto esté molesto porque su gente ha manoseado más de la cuenta el tema, sobre todo en lo referente a los cambios que requiere la Constitución para que ‘transite’ su propuesta. Uno de esos cambios es si el sector público debe seguir teniendo a su cargo, de manera exclusiva, áreas estratégicas como las referentes a la industria petrolera, o abrirlas al sector privado.

paulinocardenas.wordpress.com

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