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Ayotzinapa, ¿tumba del régimen?

PAULINO CÁRDENAS

Ha sido tal la ineficacia en las indagatorias del caso de los normalistas desaparecidos, que un equipo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que encabeza Emilio Álvarez Icaza, viene a México con tres propósitos fundamentales: revisar la labor que ha tenido el gobierno federal en el caso, evitar que se desechen líneas de investigación, y que se haga énfasis en la necesidad de buscar con vida a los jóvenes de la escuela rural ‘Raúl Isidro Burgos’, según dijo Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, quien representa jurídicamente a los padres y madres de los normalistas desaparecidos.

Durante una conferencia que ofreció Álvarez Icaza la semana pasada, cuestionó la inacción del Estado mexicano ante el grave problema de la desaparición forzada. Sostuvo que no sorprende que haya ocurrido el caso de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, ya que desde hace varios años se ha señalado el problema que enfrenta México con las desapariciones forzadas que siguen sin ser atendidas ni resueltas. Por ello envió a cinco expertos -abogados y médicos- que asesorarán a los familiares de los jóvenes que no aparecen desde el 26 de septiembre pasado.

En la conferencia titulada “La crisis mexicana de derechos humanos: ¿Qué puede hacer la comunidad internacional?”, dijo que “el problema es que los asuntos estructurales se dejaron crecer, no se atendieron”; en el seminario impartido en el Colegio de México, el secretario ejecutivo de la CIDH recordó que en 2011, tras una visita del Comité sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, se denunciaron 64 mil casos conocidos, de los cuales sólo uno estaba reconocido como desaparición forzada. Aún más, dijo, se revelaron 3 mil desapariciones forzadas durante la Guerra Sucia, de las cuales una tercera parte se registraron en Guerrero.

Como parte de la visita, detalló, se dictaron 34 recomendaciones, incluyendo la generación de un plan nacional de búsqueda de personas y una base de datos genéticos. “Cuando las familias tenían que buscar a sus familiares, iban a otro estado, abrían el libro para ver las fotografías de cadáveres. La revictimización que eso suponía, (porque) buscando a sus familiares, tenían que echarse el compendio del horror”, indicó.

“No hay una sola base de datos nacional que integre los datos de ADN, que le evite a las víctimas la pérdida de tiempo y la generación de dolor. Esto se sabía desde hace años y no se hizo nada, ¡es inadmisible!”, expresó molesto. Desde 2011, añadió, en los diálogos con el ex presidente Felipe Calderón, las víctimas alertaron que las policías municipales, entre otras corporaciones federales de seguridad, participaban en las desapariciones.

Desde entonces, afirmó, también se solicitó la creación de una Ley sobre Desaparición, así como un plan para buscar fosas clandestinas en determinados lugares. Álvarez Icaza reconoció que México ha hechos esfuerzos importantes a nivel regional para atender el problema, pero estimó que las acciones no han sido suficientes. Atender el problema de la desaparición forzada debe ser una prioridad del gasto público, añadió, de forma que las familias ya no tengan que salir a buscar a sus seres queridos, si no que haya bases de datos, protocolos de investigación y peritos capacitados para dicha tarea.

Sin embargo, es lo que han estado haciendo los padres, familiares y amigos de los estudiantes normalistas desaparecidos. Incluso en noviembre pasado, el embajador mexicano ante la OEA, Emilio Rabasa, declaró que el equipo técnico designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para apoyar las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas tendría acceso a toda la documentación relativa al caso. “El equipo que se designe tendrá acceso ilimitado a todos los lugares que quieran visitar y también a toda la documentación, los expedientes de las investigaciones, etcétera”, dijo en entrevista. “Todo eso está garantizado, además de sus inmunidades y privilegios de acuerdo con las convenciones internacionales”, aseveró.

Sin embargo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aclaró la semana pasada que el gobierno federal no permitirá que se involucre al Ejército en el caso Ayotzinapa, y que solo habría acceso para asomarse al campo militar del 29 Batallón de Infantería de Iguala, en donde los padres de los normalistas desaparecidos realizaron la semana anterior una manifestación de protesta que acabó en zacapela con militares que no permitieron el acceso masivo y solo dejaron pasar a una mujer que afirmaba que ahí estaba su hijo desaparecido, a la cual acabaron sacando del recinto militar.

Como sea, si Michoacán sigue siendo un expediente abierto de criminalidad, el caso Ayotzinapa -junto con la matanza de Tlatlaya que el 30 de junio del año pasado militares acribillaron a un supuesto grupo de delincuentes cuando ya se habían rendido-, podría ser la tumba del actual régimen, si es que no se suscita otro evento igual o peor que el de la desaparición forzada de los estudiantes normalistas, hecho que tiene en capilla al gobierno. Ello aniquilaría la esperanza de que el PRI repita en el poder federal en la elección presidencial de 2018.

Opinan observadores que esa posibilidad se aparta cada vez más de hacerse realidad, porque en el caso de la desaparición de los estudiantes de la escuela rural ‘Raúl Isidro Burgos’ no ha habido la voluntad política suficiente para desentrañar lo que hubo detrás; más bien las autoridades le apuestan al olvido de algo que, como la matanza estudiantil del 68 en Tlatelolco, nunca se va a olvidar. Las elecciones intermedias que se realizarán el primer domingo de junio próximo será la primer prueba de cara a la ciudadanía, para saber las posibilidades reales de que el priísmo continúe en el poder presidencial.

Ahí se empezará a ver si, como lo afirma el mesiánico Andrés Manuel López Obrador, el PRI tratará de imponer sus triunfos ‘a billetazos’. Por lo pronto ya comenzó la entrega de televisores dizque para potenciar y asegurar la implantación de la televisión digital abierta, como si eso fuera gran prioridad nacional. Esa entrega gratuita de televisores a gente pobre en varios estados de la República tiene más cara de vil compra anticipada de votos, que otra cosa.

 

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¿Que sí renuncia Ángel Aguirre?

PAULINO CÁRDENAS

Algunos dan por hecho que el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, siempre sí dejará el cargo por las presiones de los diferentes sectores de ese estado y porque, se dice, ya es un acuerdo tomado ‘desde el centro’. Por lo pronto, quien afirma que si está por irse es el dirigente del PRD, Carlos Navarrete. Dice que su salida es una decisión tomada por el gobierno federal. El caso es que, se vaya o no, la indignación por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que no aparecen vivos ni muertos, crece cada día dentro y fuera del país. Le cuestionan ser omiso no solo en el caso de los normalitas desaparecidos, sino de otros muchos conflictos que ha tenido que enfrentar su gobierno.

Hace unos días, el aún gobernador dijo: “Tengo las manos limpias”, e insistió: “Lo dejo muy en claro. Tengo las manos limpias; no tengo nada de qué avergonzarme. Soy el primero en decirlo: acudo con mucho gusto a las instancias correspondientes. No tenemos de qué avergonzarnos mi familia, mi esposa y mis hijos”. Y retó: “Si el pueblo de Guerrero quiere me vaya, me voy, pero no como delincuente, ni como asesino, porque no lo soy”, y demandó que los hechos sean investigados por la autoridad “correspondiente”. No obstante en las pintas de los que demandan su salida le escriben ‘asesino’. Y reclama: “Es duro que lo llamen a uno asesino”. Según él, “se ve la mano perversa” de grupos que quieren que se vaya.

Lo acusan de omiso. Aguirre Rivero y el secretario de gobierno, Jesús Martínez Garnelo, reconocieron hace unos días ante legisladores federales, que al momento de conocer la agresión a los estudiantes, no ordenaron la intervención de la policía estatal, porque el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ‘no les respondió el teléfono’. Ambos argumentaron que no dictaron la orden de intervención al cuerpo de agentes estatales, porque esa determinación no correspondía con el protocolo de mando único. El procurador de Justicia de la entidad, Iñaki Blanco, a pregunta de un diputado de por qué se permitió la fuga del edil, respondió: ‘‘No sabemos cómo se nos escapó’’.

Ángel Aguirre había dicho que no se iría, ‘ni aunque lo saquen con grúa’, sus amigos  “Los Chuchos” -Zambrano y Ortega-que dizque lo apoyan para que se siga al mando del estado, se sabe que ya le tienen hasta sustituta. Se trata de Beatriz Mojica, la secretaria de Desarrollo Social guerrerense, quien sería la gobernadora interina. Eso ha trascendido entre las huestes de Nueva Izquierda. La funcionaria estatal es la máxima representante de esa tribu en el estado, lo que le permitiría a ese grupo mantener esa posición bajo su poder, porque al parecer creen que es de su propiedad. Tal vez hasta Carlos Navarrete sabe quién sería la gente que vendría a ocupar el cargo de gobernador interino, si de veras se hace realidad la versión.

Sin embargo, con los acontecimientos que ha venido viviendo el estado de Guerrero, en donde ha quedado de manifiesto la ingobernabilidad y la colusión de funcionarios con la criminalidad organizada como ha sucedido en Michoacán y otras entidades federativas, el PRI empieza a frotarse las manos porque cree que bajo ese panorama tan negativo para el gobierno de Ángel Heladio Aguirre, el terreno se allana para ganar las elecciones del próximo año en esa entidad federativa. Incluso se dice que ya tiene candidata: la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu Salinas.

Por ello, el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, se manifestó en contra de que renuncie el gobernador de Guerrero, Aguirre Rivero. “No queremos que se vaya, sino que se quede a asumir la responsabilidad que la Constitución, la ley y un elemental sentido de ética política le imponen”. En entrevista, dijo que es “corresponsable político” de la desaparición y asesinatos de normalistas en Iguala, hechos que “lesionan a todos los mexicanos que reclaman el pronto y total esclarecimiento”.

En el caso de Ayotzinapa dijo que no sólo hay obligaciones legales, sino también compromisos éticos con una comunidad “que lo que quiere es el cumplimiento cabal de la ley y el financiamiento de responsabilidades de carácter penal, cuando haya elementos que demuestran la existencia de conductas u omisiones que deben ser castigadas”. En asuntos de tal gravedad, destacó, no hay distinciones por origen partidista. Sin embargo, aprovechando ese entorno de sangre y colusiones de políticos con la criminalidad organizada, es que el Revolucionario Institucional ha prendido sus veladoras con miras al 2015.

Resulta evidente que la dirigencia de ese partido ha comenzado a moverse rumbo a las elecciones del año próximo que, por los acontecimientos recientes, saben cómo terminaría su mandato Aguirre Rivero, lo que sería aprovechado por el tricolor. Para nadie es sorpresa que el PRI quiera recuperar Guerrero, llevando de candidata muy posiblemente a la actual titular de Turismo federal, cuyo padre, José Francisco Ruiz Massieu, fue gobernador de esa entidad de abril de 1987 a marzo de 1993, en el sexenio de su cuñado Carlos Salinas de Gortari, ya que estuvo casado con Adriana Salinas de Gortari. Ruiz Massieu fue asesinado en septiembre de 1994, seis meses después del crimen de Luis Donaldo Colosio.

Por su parte el PRD ha señalado que estaría sopesando la posibilidad de una alianza con el PAN para evitar que el PRI vuelva a tener el poder en Guerrero. Se tiene previsto que el próximo año los blanquiazules se vistan de amarillo para apoyar al senador Armando Ríos Piter. De esta manera, podrían atajar al Revolucionario Institucional para volver a gobernar esa entidad. Mientras tanto, el cabildo municipal de Iguala confirmó que Luis Mazón Alonso sustituye a José Luis Abarca como edil de ese municipio. Es hermano de Lázaro Mazón, ex secretario de Salud de Guerrero, quien renunció recientemente a su puesto por petición del gobernador Aguirre Rivero, para que aclare su situación ante las autoridades federales, ya que tenía una estrecha relación con el edil de Iguala que sigue prófugo.

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