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Tardía ayuda a Tamaulipas

PAULINO CÁRDENAS 

En el caso de Tamaulipas, la respuesta del gobierno federal ha sido igual de tardía que en Michoacán, en donde a pesar de haber enviado decenas de tropas del Ejército, la Marina y la Policía Federal y haber sido designado un comisionado plenipotenciario para hacer lo que el gobernador constitucional no ha podido o no ha querido hacer, las cosas no han mejorado sustancialmente, mientras que el líder templario Servando Gómez Martínez, alias ‘La Tuta’, sigue vivito y coleando. Al anunciar el pasado martes el Plan Tamaulipas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que hasta dentro de seis meses se verán los resultados de la estrategia de seguridad, “porque la población no puede esperar”.

Es decir, que además de todo el tiempo que miles de tamaulipecos han tenido que esperar a que reaccionara el gobierno federal para brindarle ayuda a ese estado, ante la ineptitud e incapacidad de Egidio Torre Cantú, la población que vive en los municipios que han sido escenarios de violencia y muertes, lo que ha motivado que vivan en la permanente zozobra, tendrán que esperar otros seis meses más a ver si la nueva estrategia anticrimen de la Federación funciona. El titular de Gobernación, como si fuera decreto, declaró que bajo ninguna circunstancia se admitirán hechos de violencia, como si a ello harán caso los sicarios del cártel del Golfo y de los Zetas, que lucha a muerte por lograr el predominio de la plaza. A pesar de las advertencias oficiales, se da por hecho que los encuentros armados seguirán.

Los que tendrán que afrontar las consecuencias son los mandos pero más las tropas destacadas en Tamaulipas por órdenes del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, quienes tendrán que vérselas con la fiereza de los dos cárteles más desalmados de todos los que operan en México. No tardará en verse la reacción de ambos bandos delictivos al anuncio de Osorio Chong, que serían los primeros mensajes para un gobierno que por razones desconocidas reaccionan tardíamente al llamado de auxilio de quienes sufren el agobio de los cárteles de las droga en varios estados de la república. Los gobernadores priístas de Michoacán y Tamaulipas adolecen de los mismos males: su incapacidad e ineptitud para enfrenar y resolver el problema de la violencia.

En el caso de Michoacán el gobernador Fausto Vallejo ha dado muestra de ser un cero a la izquierda, cuya ineptitud ha dado paso a la ingobernabilidad en ese estado, por lo que, aunque tardíamente, el gobierno federal optó por imponerle un comisionado plenipotenciario en la persona de Alfredo Castillo Cervantes, quien ha gobernado de manera autoritaria y ha echado fuera a dirigentes de esos grupos comunitarios que le han resultado incómodos, como fue el caso de Hipólito Mora y del médico José Manuel Mireles Valverde a quienes les han imputado cargos basados en meras sospechas y dichos sin confirmar. Mora está en la cárcel por ello y a Mireles le anda buscando cargos criminales para aprehenderlo y sacarlo de la jugada.

Por ello el activista de Tepalcatepec decidió crear el Movimiento Nacional de Autodefensas, para contrarrestar la pretensión del gobierno de acabar con esos grupos comunitarios de civiles armados para defenderse de los cárteles que merodean y cometen crímenes de lesa humanidad contra gente inocente, cuando lo que debería de hacer la Federación es dar con ‘La Tuta’ y otros cabecillas de los Caballeros Templarios, en lugar de querer aniquilar a las autodefensas que le han servido a Castillo de su mejor aparato de inteligencia para dar con los capos en esa entidad, ante la incapacidad oficial de lograrlo.

En Tamaulipas, el caso de Egidio Torre Cantú el reto ha sido mucho mayor, pero la incapacidad también. Por ello el gobierno federal decidió actuar en esa entidad, ya que las complicaciones son de otra índole. Solo hay que recordar los hechos del 2011. El 7 de abril de aquel año se descubrió en el municipio de San Fernando, una fosa clandestina con 66 cadáveres. No pasaron ni dos días cuando se localizaron otros 35 cuerpos, enterrados en una zona cercana. El secretario de Gobernación de entonces se apresuró a aclararle a Amnistía Internacional que entre los muertos no había ningún migrante centroamericano: todos eran originarios del país. Los macabros descubrimientos confirmaron que eso era mentira.

De hecho desde entonces no hay ley en Tamaulipas. Hay ausencia del poder institucional. Las mafias se han vuelto más violentas y han venido actuando con toda libertad en ese estado. Los hecho de las últimas semanas lo confirman. De ahí que los seis meses que plantea de plazo Osorio Chong para ver los primeros resultados de la nueva estrategia anticrimen, es demasiado tiempo para miles de tamaulipecos que han estado viviendo en la angustia día a día. Por ello se ha empezado a dar en esa entidad el fenómeno de los desplazados; familias enteras que huyen del lugar en que habitan por temor a morir o ser víctima de los abusos de los criminales. Habrá que ver por cierto, si la llegada de más tropas de Ejército, la Marina y de la Policía Federal a esa entidad, no acaba siendo otro problema más para la ciudadanía, ya que son comunes las violaciones a los derechos humanos por parte de los uniformados contra la población civil con el pretexto de la lucha anticrimen.

Mientras el gobierno federal acaba de realizar un diagnóstico integral y profundo de la inseguridad en el país, para conocer las verdaderas causas de la violencia y hechos de sangre y ver la manera de enfrentar esos flagelos, hay dos rubros que son vitales para la estrategia gubernamental, los cuales debería atender para cerrar el círculo virtuoso que se ha propuesto: uno es el trasiego de armas, y otro es el freno al lavado de dinero del narco, a través de prestanombres. ¿Qué pasó con las investigaciones de la operación ‘Rápido y Furioso’? ¿Qué hay con la Unidad de Inteligencia Financiera para evitar el lavado de dinero del narco? ¿Y los costosos servicios de inteligencia, de veras funcionan? ¿Habrá quienes crean que la honda rivalidad de los cárteles de Los Zetas y del Golfo cesará por el llamado que acaba de hacer el titular de Gobernación?

 

 

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Retiran militares de narcozonas

PAULINO CÁRDENAS

¿Por qué el Gobierno federal ha ordenado el repliegue de militares en zonas productoras de enervantes o en donde se sabe que los cárteles operan o utilizan como corredores para el traslado de drogas? Una razón podría obedecer a que para el nuevo gobierno, se supone que el gasto militar no es prioritario. A juzgar por los discursos oficiales, se le quiere dar prioridad al gasto en otros rubros como el fomento al empleo, la educación, y otros aspectos sociales para la población; situación que, de darse en los hechos, sería de aplaudir. Sin embargo, se dice que desde el pasado mes de marzo, elementos del Ejército y de la Marina han comenzado retirarse discretamente de diversos puntos del país señalados en rojo en el mapa de inseguridad donde se enseñorean las organizaciones delictivas organizadas, en una operación ‘retiro’, supuestamente debido por un lado a un ajuste en la estrategia de seguridad y por otro al elevado costo que ha significado su permanencia en decenas de puntos conflictivos en la lucha contra los cárteles de la droga y el crimen organizado.

Otra versión asegura que ese repliegue se debe a la integración de la Policía Estatal en cada entidad. Otra de las causas, se señala, es que los militares han estado realizando su retiro de las zonas en conflicto porque es parte del regreso a sus cuarteles, lo que ha sido una reiterada demanda no solo de algunos sectores de la sociedad, sino de los propios mandos castrenses. Se habla de que en algunos destinos donde estaban destacados, alrededor del 50 por ciento de las fuerzas que se hacían cargo de la seguridad en distintos puntos del país, han abandonado los sitios en donde se encontraban en misión de servicio. Para muchos efectivos militares eso ha sido una buena noticia, pero ese retiro ha traído serias consecuencias para los pobladores que se han quedado al garete, a expensas de la delincuencia organizada que opera en sus comunidades y poblados. Las extorsiones bajo amenaza de muerte aumentan y el salvajismo criminal no para.

Al haber quedado a la buena de Dios, muchas comunidades han decidido integrar grupos de autodefensa popular, para evitar, como ha estado sucediendo desde hace meses, que de manera salvaje e impune los sicarios vayan y quemen las casas de quienes se oponen a sus designios o matando a mansalva a quienes se oponen a pagar ‘derechos’ que ha impuesto la delincuencia organizada en muchos lugares del país, en donde los gobernantes de hacen pato y no actúan contra ese flagelo que tiene sometidas a cientos de pobladores ante la indiferencia del gobierno federal. Ya son decenas de entidades federativas en donde se ha estado presentando el nacimiento de grupos civiles armados no agresivos, excepto para cuando se requiera.

“Hay una estrategia de cambio” han dicho funcionarios gubernamentales que prefieren que sus nombres no se hagan públicos. Hay que recordar, dicen, que los gobiernos de los estados son los que han venido manteniendo a todos esos elementos extra que están en los distintos territorios, lo que “representa una inversión fuertísima en términos de dinero”; se supone que muchos de los ajustes –refiriéndose al repliegue militar que aunque discreto ha sido constante– que se están dando, es por eso, señalan. Acaso ese es uno de los acuerdos secretos que se han ido tomando en las reuniones entre gobernadores y los integrantes del gabinete de seguridad. Pudiera ser parte de una nueva estrategia que aun se quiere mantener en reserva, esperando primero los resultados y, sobre todo, en espera de la reacción de los pobladores de las zonas conflictivas de donde se han ido retirando las fuerzas gubernamentales armadas. Se supone que el costo en dinero es punto clave. Otro es que hay la obsesión de que Peña Nieto no quiere, en materia de lucha anticrimen, parecerse a su antecesor.

El hecho es que varias poblaciones en México que han sido tradicionales enclaves para la siembra de enervantes, que son santuarios donde actúan o viven los capos o lugares que las mafias han convertido en corredores para el paso de drogas, han ido careciendo cada día más de presencia militar. Por eso muchas familias han decidido huir de sus lugares de origen. Son los desplazados que han proliferado desde el sexenio anterior y que en esta administración siguen emigrando a otros lugares más seguros, con todo lo que ello implica porque son gentes de escasos recursos que tiene que dejar atrás lo poco que les ha permitido la vida. Ante ese drama cotidiano está la indiferencia gubernamental, que cuando no se la pasa criticando la integración de grupos de autodefensa, afirma en cada discurso sobre inseguridad, que en el país han disminuido las actividades de los cárteles de la droga y del crimen organizado, lo que los hechos desmienten.

Por lo pronto los planes de crear una Gendarmería Nacional ha quedado en veremos. La idea de un cambio de una policía civil a una Policia Militarizada, absorviend a todas las corporaciones a nivel nacional, por alguna razón no ha acabado de cuajar. Parece que no acaba de convencer a quien tiene la última decisión, que haya militares disfrazados de policías ya que es diametralmente distinto el trabajo policial que la actuación militar. Tal vez ese sea el meollo deliberativo. Otro personaje que con mucho bombo fue presentado como asesor estrella de Peña Nieto en materia de seguridad, el general colombiano Oscar Naranjo, ha estado prácticamente ausente de las tareas de seguridad pública. Hay de dos: O ya no está en el esquema, o quizá esté cocinando en lo oscurito un guiso tan especial que acaso el anuncio sería una verdadera bomba.

paulinocardenas.wordpress.com

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Aflojó lucha anticrimen

PAULINO CÁRDENAS

El gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de lucha anticrimen ha optado por ir a las causas y dejar al garete los efectos, como es el avance de los cárteles que no dejan de someter a autoridades y población en general. Esa idealización del nuevo esquema de guerra contra los cárteles creyendo que solo poniendo énfasis en la prevención, la educación y el empleo, es como se aquietará la furia y ambiciones de los capos mexicanos más fuertes, que se han convertido en verdaderas potencias transnacionales, tiene preocupado a Washington. Al gobierno norteamericano no lo convence esa nueva estrategia de haber aflojado la rudeza armada contra los capos y sus sicarios, en aras de no parecerse al gobierno anterior. Aunque a la guerra contra los cárteles ahora le llaman cariñosamente ‘seguridad ciudadana’, los espeluznantes narcocrímenes siguen.

Lo cierto es que el gobierno de Washington no está convencido de que esa fórmula que contó el secretario de Relaciones Exteriores hace dos semanas a los encargados de la seguridad interna norteamericana cuando fue a detallar la agenda del próximo viaje que hará a México el presidente Barack Obama, sea la adecuada para combatir a las mafias. Para los consejeros del mandatario norteamericano en asuntos antimafias y a sus enclaves antinarcóticos, la fórmula en todo caso está incompleta. Tienen la impresión de que el gobierno de Peña bajó la guardia en la guerra contra los cárteles de la droga y el crimen organizado, lo que celebran las mafias pero lamenta la ciudadanía que cada vez queda más expuesta al sadismo criminal.

Se afirma que durante la visita que realizará a México en mayo próximo, el presidente de Estados Unidos reafirmará a su homólogo de México, su disposición de continuar con el apoyo a sus esfuerzos sobre esa ‘seguridad ciudadana’, “en los términos que el gobierno mexicano establezca”, dijo el subsecretario de Estado para Asuntos de Narcóticos Internacionales, William Brownfield. Indicó que será Peña Nieto “el que decida la política, la estrategia, las áreas donde podemos colaborar y vamos a colaborar en el futuro”. ¿De veras? ¿No será al revés?

¿A cambio de qué le seguiría permitiendo el gobierno federal que sus agentes operen libremente en México? Porque eso es lo que parece que estará en juego a manera de trueque. ‘Yo te doy la ayuda que necesites a través de la Inciativa Mérida, y tu me permites, como Calderón lo hacía, que los agentes norteamericanos trabajen en territorio mexicano a sus anchas’. Genaro García Luna, su asesor estrella en esos asuntos, le sacó a esa ‘cooperación’ de Washington, al menos dos helicópteros Black Hawk, uno de los cuales para ser utilizado diariamente como taxi aérero por el funcionario consentido del gabinete calderonista, quien anda, dicen, en la mira de la justicia peñista, pero no por usar el helicóptero Sikorsky UH-60 de asalto aérero, sino por el caso Cassez.

Durante la visita a México de una delegación de varias agencias del gobierno estadounidense de la que William Brownfield fue integrante, el subsecretario comentó que durante esos encuentros “nuestro mensaje fue que es el gobierno mexicano es el que decide” la estrategia en el frente de seguridad ciudadana, tanto en sus temas, objetivos y alcances.

 El zar antinarcóticos hizo sus declaraciones durante una videoconferencia de prensa, en la que confirmó la visita de Obama a México en mayo próximo para continuar con este diálogo.

 El encuentro entre ambos mandatarios será una oportunidad para que el presidente Peña Nieto exponga “su visión para la colaboración bilateral”, consideró
 el funcionario.

“No tengo duda alguna que la respuesta del presidente de Estados Unidos es que vamos a apoyarlo en las áreas que usted designe señor presidente, para la colaboración bilateral”, dijo el funcionario estadounidense al ser cuestionado al respecto.

 La visita de Obama a México forma parte de la gira de trabajo que el presidente estadounidense realizará del 2 al 4 de mayo y que lo llevará también a Costa Rica.

 La Casa Blanca dijo el pasado miércoles que la visita a México será para Obama ‘una oportunidad’ para analizar cómo profundizar la alianza económica y comercial bilateral.

 Además, la visita servirá para consolidar la participación de Estados Unidos “en el amplio abanico de asuntos bilaterales, regionales y globales que conectan a nuestros dos países”.

Pero hay varios ejes principales sobre esa visita. Uno es el apoyo que le viene a brindar a Peña Nieto respecto a sus reformas que pronto enviará al Congreso de la Unión, en especial a energética en donde estará en juego la participación de capitales en dólares que serían inyectados a Pemex para reavivar esa industria en cuanto a exploración, perforación y extracción de crudo, y una mayor participación de capital privado para optimizar la producción de energía eléctrica que tiene a su cargo la CFE. A Washington le interesa que queden garantizadas las dotaciones tanto de crudo mexicano como de energía eléctrica, que son considerados para el vecino país insumos de seguridad nacional.

Otro es precisamente el asunto de ‘seguridad ciudadana’ como le llaman ahora  eufemísticamente a la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado. De hecho en eso consiste el ‘cambio de estrategia’ de este gobierno con respecto al de Calderón. Una innovación es que el asunto de la violencia será tratado como un asunto de salud pública. Nunca es tarde. Lo malo es que la administración peñista aflojó el ritmo de enfrentamientos armados contra la criminalidad organizada, lo que le preocupa sobremanera al gobierno de Washington. Ese será otro asunto toral que abordará Obama con su homólogo mexicano Peña Nieto en la primera semana de mayo próximo.

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Fría, la relación con EU

guerra fracasada, PAULINO CÁRDENAS

Algunos observadores en asuntos bilaterales opinan que la relación entre México y Estados Unidos no es la óptima. Y no están muy optimistas de que esa situación pudiera cambiar en el corto plazo. Ven más bien que existe desconfianza por parte del nuevo gobierno peñista con el del vecino del norte. Estiman que mucho de ese resquemor lo motivó el comportamiento de Felipe Calderón con el gobierno de Washington que en materia de lucha contra el narcotráfico, siguió el camino de su antecesor, el también panista Vicente Fox, de suscribir un pacto de ayuda y cooperación, el llamdo Plan Mérida, que le permitió a la contraparte norteamericana injerencia en las decisiones que se toman en México relacionadas con el crimen organizado. Eso no quiere Peña. Incluso hay dudas de que quiera efrendar esa ayuda, porque asignificaría seguir con el mismo esquema injerencista.

Por ello se cree que fue un ‘cale’ el reciente buscapiés de que el general Moisés García Ochoa –quien desfiló a la cabeza del contingente militar el pasado 16 de septiembre–, había sido vetado por Estados Unidos para que fuera el secretario de la Defensa Nacional, por presuntos vínculos con el narcotráfico. Según una publicación de The New York Times, el embajador Anthony Wayne se habría reunido con el equipo del Presidente mexicano antes de definir las piezas claves de su gabinete, para expresar la alarma en Washington sobre presuntos nexos de ese general con el narco. Esto fue desmentido por el embajador Wayne, mientras que la noticia causó grave malestar en el equipo de Peña.

Hay por supuesto una amplia gama de asuntos en los que Washington estaba acostumbrado a que el gobierno mexicano le consultara a nivel ultraconfidencial. Sin embargo parece que esta vez no está sucediendo así, por lo que empieza a haber malestar en la Casa Blanca, y de ahí que hayan comenzado las presiones, como fue el caso del general García Ochoa, asunto que encendió los focos rojos en la residencia oficial de Los Pinos y en el equipo de seguridad nacional. Hay temor de que pudiera estarse gestando otro golpe mediático similar, pero que podría estar relacionado con el estallido en el edificio B2 de la Torre de Pemex y otros eventos similares que han sucedido en esa paratestal y que la empresa ha mantenido en el más completo misterio.

El caso es que hay el convencimiento de que el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto no quiere un trato con el gobierno de Estados Unidos como el que sostuvo con el de su antecesor, controvertido en ocasiones o siendo elogiado a veces, como cuando Obama lo llamó el ‘Eliot Ness’ mexicano para llenar el ego de quien se dedicó todo el sexenio a su guerra contra los cárteles de la droga con estrategia fallida y haciendo a un lado muchos otros rubros, por darle todo los recursos y tiempo a esa aventura bélica que cobró miles y miles de muertos, dándose cientos de desapariciones forzadas, o tantas y tantas familias que por el temor a morir decidieron desplazarse de sus lugares e irse a otros lados.

Aunque se ha negado que las revelaciones de Wikileaks hayan afectado la relación que históricamente ha sido de desconfianza entre México y EU por lo que Hillary Clinton  pedía a su embajador Carlos Pascual saber del estado anímico de Calderón respecto del estrés por el fracaso de su guerra, quizá un factor que sí haya influido para que se diera un distanciamiento más serio en el sexenio pasado entre los dos gobiernos, haya sido el ataque al Consulado norteamericano en Chihuahua, en marzo de 2010, que cobró la vida de tres funcionarios –una era sobrina de Antonio Enríquez Savignac, quien fue secretario de Turismo con Miguel de la Madrid–, y que marcó un antes y un después en esa relación.

Vinieron luego otras agresiones armadas, como la ejecución en febrero de 2011 del agente de migración estadounidense Jaime Zapata a manos de un supuesto comando de Los Zetas, según dijo en su momento el congresista republicano Michael McCaul, presidente de la Subcomisión de la cámara de Representantes sobre Seguridad Nacional. Está también el rasposo caso de Tres Marías, sucedido el pasado 24 de agosto, donde policías federales quisieron ejecutar a dos supuestos agentes de la DEA, que han quedado señalados como una afrenta a la cooperación norteamericana con México en asuntos de antinarcóticos. Todo esto independiente que hay otros muchos asuntos pendientes en la agenda bilateral, principalmente en su relación comercial que siempre se ha caracterizado por la asimetría.

México tiene un interés vital en la relación comercial con Estados Unidos dado que concentra más del 80 por ciento del volumen de su intercambio comercial con este país ya que no posee opciones reales de diversificación pese a su vasta red de acuerdos comerciales. El comercio con América Latina ha mostrado una tendencia decreciente; Europa y Asia son regiones a las que ha prestado poco interés. En eso anda Peña Nieto, tratando de enderzar esos entuertos, además de reparar los daños colaterales que dejó su antecesor con varias naciones latinoamericanas. Mientras tanto, el clima entre México y EU no es la óptima. Y la frialdad entre los dos gobiernos se siente. ¿Eso es bueno o malo?

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Nuevo código anticrimen

PAULINO CÁRDENAS

De que hay cambios en la estrategia anticrimen del nuevo gobierno, en comparación con la del calderonismo, los hay. Empezando porque al plantear su estrategia contra la violencia y el crimen organizado, ese programa ha sido bautizado eufemísticamente como Programa Nacional contra la Prevención del Delito. Incluso en la nueva envoltura hay un nuevo léxico para referirse a la lucha contra los cárteles de la droga y el crimen organizado, que prohibe tácitamente hablar de ‘narcocrímenes’, ‘cárteles de la droga’,  ‘narcoguerra’, ‘decapitados’, ‘ejecutados’,  ‘desapariciones forzadas’, ‘levantones’,  ‘entambados’, ‘descuartizados’, ‘desmembrados’, ‘secuestrados’, ‘torturados’,  ‘empaquetados’, ‘encajuelados’,  ‘bombazos’,  ‘lucha armada’, ‘narcoguerra’, etc., etc. La palabra que de plano está prohibidísimo usar por parte del gabinete de seguridad es la de ‘guerra’. Excepcionalmente será utilizada.

También está prohibido hacer apología de las detenciones de presuntos delincuentes y menos irlos a exhibir a la televisión antes que presentarlos ante el Ministerio Público, como hacía Genaro García Luna con la complacencia de su jefe. En las detenciones será indispensable que, al estilo americano, los policías y agentes les lean sus derechos a los detenidos, sea que presuntamente hayan cometido delitos del fuero federal o del fuero común. Si Felipe Calderón tuvo la desvirtud de darle todo el vuelo y el peso de su gobierno al crimen organizado y a su guerra contra los cárteles de la droga, Enrique Peña Nieto quiere que la política de su gobierno en materia de combate a la delincuencia contra los capos y las mafias, tenga un carácter menos belicoso con lo que pretende irse creando un nuevo ambiente menos agresivo contra esos flagelos, de cara a la nación. De ahí que el código anticrimen haya cambiado, empezando por utilizar un nuevo léxico para referirse a esa guerra, la cual se empieza a ver como una changa rasurada.

La paz no se logra haciendo la guerra, parece ser la premisa de la que parte el nuevo gobierno. Su Programa Nacional contra la Prevención del Delito no trata en sí de innovaciones que marquen grandes diferencias, sino más bien lo novedoso estriba en que todas las instancias involucradas en esa lucha anticrimen trabajen de manera de veras coordinada, y que los esfuerzos jalen hacia un mismo propósito, como aspecto fundamental para hacer las cosas como debieron haber sido en el sexenio anterior, en donde lo que privó precisamente fue la descoordinación de acciones que propició un pésimo desempeño en el cumplimiento de operaciones, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Federal y las policías estatales y municipales. De ahí que la estrategia de Calderón en esa materia, que tanto defendió, estaba destinada de antemano al fracaso. Peña quiere otra cosa.

La responsabilidad toral de ese nuevo Programa, por instrucción presidencial recae a partir de ahora de manera oficial en la Secretaría de Gobernación, la cual tendrá que lograr –entre muchas otras cosas que tiene que atender en su carácter de ‘Supersecretaría’– implantar un esquema eficaz que dé prioridad, paralelamente, a la capacidad técnica y a la capacidad operativa de los funcionarios que han designado para estar al frente de cada alta responsabilidad, cuya tarea deberá ser coordinada con las áreas del Ejército Mexicano y la Marina-Armada de México, en las que sigue recayendo la parte más importante de responsabilidad junto con la Policía Federal, además de las fuerzas que se incorporarán en su momento en esas tareas, correspondientes a la llamada Gendarmería Nacional. La idea de una Policía Única se estaría explorando. Más bien lo que se quiere es que cada gobierno estatal no solo participe en el Programa Nacional contra la Prevención del Delito, sino que cada gobernador se involucre, con su gente y sus recursos, en las tareas anticrimen.

Uno de los retos iniciales a los que se han avocado los mandos del gabinete de seguridad es a evaluar lo que se tiene en tanto instrumentos y herramientas tecnológicas de punta, que habrán de servir para fortalecer los servicios de inteligencia, que en el sexenio pasado eran ínsulas que se tenían como cotos privados y por ende desvinculados unos de otros. Lo mismo sucedía con las áreas de inteligencia militar de la Defensa Nacional, que de la Marina, del Cisen, del búnker de la Policía Federal o de la llamada Plataforma México. De todas no se hacía una. Cada una veía para su santo. La indicación presidencial es que ahora trabajen coordinadamente y bajo propósitos muy definidos en contra de la delincuencia organizada y los cárteles de la droga.

De manera también coordinada, las nueve secretarías involucradas habrán de hallar las causas y soluciones a los problemas que dan origen a la delincuencia, como son principalmente los aspectos de la pobreza y desigualdad y las brechas que existen en los extremos de ingreso en las distintas entidades federativas del país. En el mapeo inicial hasta ahora se han clasificado alrededor de 50 municipios que adolecen de esas desigualdades y una problemática que debe ser atendida por el Programa Nacional contra la Prevención del Delito. En ello estarán trabajando las secretarías de Gobernación, Hacienda, Sedesol, Trabajo, SEP, Salud, Economía, SCT, y Desarrollo Agrario. Por lo pronto, las escenas del crimen se siguen repitiendo en casi todo el país ya que los capos de la droga y las mafias del crimen organizado ni por asomo dan concesiones ni treguas.

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Asoma estrategia anticrimen

PAULINO  CÁRDENAS

Buena noticia que el gobierno que encabeza Peña Nieto incorpore la prevención del delito como punto de partida de la nueva estrategia anticrimen. Bueno que le dio tareas específicas a las nueve ssecretarías que estarán involucradas en el Plan Nacional de Prevención del Delito que anunció ayer, y que haya voluntad política y que se haya logrado alcanzar los consensos necesarios para establecer una serie de acciones de largo alcance, que implica realizar acciones inmediatas en todos los estados de la República. Y mejor que haya dado a conocer en Aguascalientes los primeros avances de la política de su gobierno contra la violencia y crimen organizado, ya que siguen haciendo correr ríos de sangre por todas partes. Eso inhibe de alguna forma la inquietud ciudadana que veía como inerte al gobierno de cara al avance de los cárteles de la droga. Y más aun porque los reclamos por la ausencia de una nueva estrategia anticrimen iban creciendo.

Quizá por ello el mandatario priísta decidió empezar a frenar las inquietudes y dar aliento a la sociedad, de que serán contrarrestadas la violencia y crimen organizado bajo una nueva visión, reclamos a los que se habían sumado las voces de la oposición que comenzaban a exigir una respuesta gubernamental a ese flagelo que sigue azotando a muchos estados de la República. Por presiones o no, dio a conocer el mencionado Plan y dijo que en ese esfuerzo no solo deben participar las instancias de gobierno federal y los gobiernos estatales, sino el propio pueblo, la gente, las madres y padres de familias, los maestros, y sobre todo los jóvenes, porque la tarea, insistió, debe ser una responsabilidad compartida. En la misma ceremonia, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, quien llevará la principal responsabilidad del programa, hizo un repaso sobre las acciones que se habrán de tomar.

El lunes, el funcionario había salido a responder a quienes venían criticado que el gobierno se había tardado en anunciar una estrategia definida al respecto, situación que ha estado siendo aprovechada por los cárteles de la droga y el crimen organizado y no organizado, para actuar como Juan por su casa en todo el país, rebasando con mucho a las autoridades militares y policiales, haciendo mella en cada vez más plazas del territorio nacional. Al responder a quienes preguntaban por qué la ausencia de una nueva estrategia anticrimen, el titular de la Segob dijo hace un par de días en rueda de prensa, que ‘no hemos estado cruzados de brazos’ en el tiempo que lleva la nueva administración; aseguró que se había estado trabajando en una nueva política anticrimen ‘diferente a la que había’, haciendo énfasis en que el problema no se resolverá de la noche a la mañana, lo que sonó a lugar común.

Esas declaraciones, dichas en tono que pareció molesto, no habrían consolado a quienes siguen sufriendo directa o indirectamente los embates de la delincuencia en donde suelen darse diariamente los encuentros armados o los ataques de sicarios contra funcionarios policiales y autoridaees militares y civiles, así como las ejecuciones y sanguinarios crímenes que continúan registrándose en casi todo el país, ya no como hechos aislados, sino como sucesos cotidianos. Ejemplos de ello sobran. Cuando no ha sido en Michoacán esos hechos han sido en Morelos o Nuevo León, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero, Durango, Veracruz, estado de México o el Distrito Federal, entre otras muchas entidades en donde la violencia criminal organizada está destada y los criminales hechos no paran. Cierto que por el solo hecho del cambio de gobierno las cosas no iban a cambiar por arte de magia en materia de inseguridad. Y tampco las mafias y los capos iban a hacer concesiones.

El silencio gubernamental empezaba a ser motivo de inquietud y reclamo por parte de la sociedad, de la oposición, y de algunos apuntes periodísticos críticos, cuya presión, por lo que se ve, llegó a incomodar al titular de Gobernación. Qué bueno que el presidente Peña haya empezado a hablar de lo que hará su administración en esa materia. Destacó que en el Plan Nacional de Prevención del Delito estarán involucradas nueve secretarías, cada una con tareas y responsabilidades muy específicas. Al programa se unirá la Gendarmería Nacional con 10 mil elementos; el territorio nacional quedará dividido en cinco regiones y se creará un fondo de prevención del delito por 118 mil millones de pesos. Indicó que la nueva política en materia de seguridad tiene una visión de Estado.

Afirmó que habrá de ponerse en el centro de la discusión el sentir y las opiniones de las familias mexicanas, de los jóvenes, del sector privado, y en general a todas las instancias que habrán de participar en ese esfuerzo integral, que –aunque evitó decirlo– incluye necesariamente a las Fuerzas Armadas, a los partidos políticos, y al poder Judicial cuando dijo que será necesario garantizar el Estado de derecho, que de paso alude de manera implícita la famosa ‘cartilla de derechos’ que asisten a las personas en detención y que deberá aplicar la Policía Federal. Habrá que esperar pues, que la estrategia anticrimen peñista resulte mejor que la del régimen pasado. Ojalá, porque todos los sectores del país esperan buenos resultados, porque quieren el México en paz que se merecen.

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EU: coto a narcolavado

PAULINO CÁRDENAS

Ante la creciente preocupación de que organizaciones terroristas o movimientos insurgentes hagan alianzas estratégicas con grupos criminales o cárteles del narcotráfico para diversificar más sus actividades a través de continentes y fronteras, el gobierno de Estados Unidos ha decidido actualizar y reforzar su estrategia de combate a los cárteles de la droga y del crimen organizado. Las agencias antinarcóticos y las encargadas de supervisar las actividades bancarias y financieras norteamericanas irán contra el lavado de dinero, que es la vía rápida para frenar el poderío de las mafias.

El anuncio del combate al crimen organizado transnacional fue hecho por la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano. La medida tocará directamente a México por la laxitud de sus leyes y de los altos niveles de corrupción y complicidad que existe entre mafias y autoridades, por lo que han proliferado las actividades criminales. Fuera de Estados Unidos, nuestro país estará encabezando la lista en el combate a los cárteles mexicanos que no sólo operan en nuestro territorio sino porque han extendido sus tentáculos hacia la Unión Americana y otras naciones del orbe.

El avance que han tenido en México los cárteles desquicia al gobierno norteamericano, y el número de muertos –se calculan alrededor de unos 50 mil o más– que ha cobrado esa guerra, aterra en la Casa Blanca. La medida de esa nueva estrategia también es porque en algunas ciudades de aquella nación ya empezaron a sufrir en carne propia el despiadado modo de operar de las mafias mexicanas. La línea fronteriza del lado americano tendrá un despliegue especial de sus fuerzas antinarcóticos para interceptar el paso de drogas, señaló la señora Napolitano.

Lo mismo sucederá con el indiscrimnado paso de armas que se realiza por tierra, mar y aire, como quedó visto con el vergonzoso caso de Rápido y Furioso que ha dejado mal paradas a las autoridades de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos que autorizaron ese programa, donde se sospecha que estarían involucradas también autoridades mexicanas, respecto a lo cual hasta ahora no ha habido un reclamo formal del gobierno mexicano por violación flagrante a nuestra soberanía.

Internamente, el objetivo primordial, dijo la funcionaria, es “romper el poder económico del crimen organizado”, “terminar con su poder de corrupción” que se da a través de inconfesas alianzas con funcionarios estatales y “proteger a mercados estratégicos y al sistema financiero estadounidense” de la “penetración y abuso” de estas organizaciones criminales que no conocen fronteras.

Señaló que los cárteles de la droga y las mafias del crimen organizado son entidades a las que su gobierno considera “más complejas, más volátiles y desestabilizadoras” y que invierten poco más de un billón de dólares al año en corromper a funcionarios gubernamentales o a intermediarios en entidades bancarias y financieras. Por ello se les buscará cerrar el acceso al lavado de dinero. Pero se infiere que no sólo en Estados Unidos, sino que invitarán al gobierno que encabeza Felipe Calderón a hacer lo mismo en México.

Declaró que esta nueva medida es un intento por contrarrestar la expansión de organizaciones criminales que se han diversificado en países como el nuestro las distintas vertientes de actuación del crimen organizado, empezando por el tráfico de drogas, la trata de personas, paso ilegal de armas y actividades de lavado de dinero. Señaló que el presidente Barack Obama emitió una orden ejecutiva para reducir considerablemente el margen de actuación de “organizaciones que amenazan la estabilidad política y los sistemas económicos”.

En dicha orden se da por hecho que “estas organizaciones se han convertido en entidades cada vez más sofisticadas y peligrosas para Estados Unidos; están cada vez más arraigadas en las operaciones de gobiernos extranjeros y en el sistema financiero internacional, debilitando instituciones democráticas, degradando el estado de derecho y minando los mercados”. El combate al lavado de dinero partir de hoy será un componente esencial de la lucha contra el crimen organizado transnacional, aseguró.

Sin duda que esta medida obligará al gobierno que encabeza Felipe Calderón a plegarse a esa disposición del mandatario norteamericano, ya que de aquel lado de la frontera es donde existe mayor capacidad de recursos, inteligencia y pertrechos bélicos con tecnología de punta para luchar contra ese flagelo. Acá, por más dinero que se le ha metido al combate al narcotráfico y pese al escandaloso número de muertes que ha cobrado esa lucha, y al desgaste del Ejército, no hay resultados satisfactorios.

Después del anuncio hecho por Janet Napolitano, se estará pues a la espera de mejores resultados de los que ha habido en México, principalmente por las colusiones que hay entre violentos y corruptos que trabajan amparados bajo el velo de impunidad que existe en el país. Por lo pronto allá Obama sí es capaz de cambiar de estrategia en la lucha anticrimen; acá el Presidente se resiste. ¿O será que el que hace la mano hace la tras?

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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