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Vuelve la violencia magisterial

PAULINO CÁRDENAS

La decisión federal de desaparecer en forma definitiva el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo) que surgió el 23 de mayo de 1992, tomó por sorpresa a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, lo que ha provocado que se reavive la violencia de la disidencia magisterial en aquella entidad. La dirigencia de la coordinadora comenzó a organizar movilizaciones en la capital oaxaqueña como respuesta a la sorpresiva medida tomada por el gobierno federal; en asamblea la dirigencia establecerá la estrategia a seguir. No se decanta que profesores comiencen a bloquear calles y avenidas con camiones y automóviles, desquiciando la ciudad y organizándose para realizar actos vandálicos en otros estados en donde tiene influencia.

Se dice que ese instituto será sustituido por un ‘‘organismo descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión’’, medida con la cual el Estado recobrará ‘‘la rectoría de la educación’’ en esta entidad. Por lo pronto, la amenaza de la disidencia magisterial contra el gobierno federal y estatal se volvió a poner de manifiesto con esa medida unilateral que fue un acto de autoridad de lo que se quejaron la dirigencia y los maestros disidentes.

Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, afirmó: ‘‘Con el nuevo Ieepo Oaxaca contará con una institución rectora de la educación pública, justa y profesional, que garantice a los niños una educación de calidad, a los maestros condiciones equitativas para que sus propios méritos sean los que les permitan desarrollarse profesionalmente’’. Por la desaparición del Ieepo empezaron las proclamas de la 22 y están convocando a maestros de otros estados unirse a los de Oaxaca.

Señalaron que harán valer “los principios de lucha que han garantizado la permanencia de este movimiento” y que “iremos hasta la victoria porque un pueblo callado está condenado a la derrota”, la dirigencia alienta a sus huestes a constituir un frente de resistencia contra lo que consideran un atropello contra sus derechos gremiales. Durante décadas se la han pasado cobrando sin trabajar con diferentes pretextos, que ha sido uno de los reclamos de los padres de familia cuyos hijos han sido afectados por la holgazanería magisterial.

El último de esos pretextos ellos fue el rechazo a la reforma educativa, que entre otras cosas pretende romper con la serie de privilegios que se fueron autoadjudicando al paso del tiempo las huestes de la CNTE, con la anuencia de los gobiernos estatales venales y cobardes, lo que permitió que se creara un poder sobre otro a base de violencia y amenazas de cometer actos que fueron solapados por los mandos estatales en turno y autoridades federales. El magisterio disidente logró así someter administraciones estatales y federales durante años.

La amenaza de paro magisterial ha sido su mejor arma, complementada con marchas, bloqueos de calles del centro histórico, avenidas y carreteras de los alrededores en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas primordialmente, así como en el Distrito Federal, Morelos y Quintana Roo entre otros estados. Muchas han sido las ocasiones en que sus protestas han sido acompañadas con actos vandálicos e incluso con ataques que rayan en la criminalidad como cuando provocan incendios, y atacan con piedras, fierros y lanzan bombas molotov a las fuerzas del orden con las que se enfrentan.

Se dice que la dirigencia de la 22 “se ha pervertido. Hay crisis de credibilidad. Al interior siguen operando grupos priístas que en un tiempo fueron Vanguardia Revolucionaria. La dirección de la sección no es homogénea”. Se afirma también que su dirigente, Rubén Núñez, no tiene el control de la 22 por lo que hay desconfianza de la base con sus dirigentes. Hay muchos intereses que se mueven al interior de esa Sección. “Su movimiento es por el manejo de las prebendas; a los dirigentes les ha ido bien”, señalan algunos agremiados de la disidencia magisterial molestos por el sorpresivo anuncio de que desaparece el IEEPO.

Es sabido que la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tiene un grupo de choque como una de sus corrientes, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), donde tiene influencia el Frente Popular Revolucionario (FPR), que está compuesto por alrededor de 3 mil sujetos entre profesores, comerciantes, campesinos, taxistas y colonos -se habla que podrían ser unos ocho mil-, quienes entrenan y están preparados para la acción directa como lo han demostrado en diversas ocasiones.

Han sido los integrantes de la UTE-FPR los encargados de decomisar equipos a reporteros, como sucedió, entre otros, con los enviados de Milenio y El Financiero en Oaxaca, previo a la jornada electoral del 7 de junio pasado. El mismo día de las elecciones y desde seis antes se dedicaron a incendiar juntas distritales, casillas, cajeros y vehículos. Derivado de ello, 25 de sus integrantes fueron detenidos y encarcelados.

Se ha dicho que “maestros de la Sección 22 han estado ligados a la guerrilla del EPR”. Y se han dado nombres. Entre ellos el del ex alcalde de San Agustín Loxicha y profesor de la sección 22 Agustín Luna Valencia y el del ex dirigente magisterial Erangelio Mendoza. Los dirigentes más visibles de la UTE-FPR y que han formado parte del “núcleo duro” son: Tomas Martínez Pinacho, quien actúa en Miahuatlán, municipio oaxaqueño donde surgió en 1996 el EPR. Se le vincula al grupo guerrillero.

Se mencionan también a Macario Otalo Padilla, Francisco Martínez, Pedro García, Javier Aluz, Anabel Ruiz, Norma Cruz Vázquez, Othón Nazariega Segura, Florentino López Martínez, Pedro García García y Germán Mendoza Nube, este último, señalado de haber participado dentro del EPR en la colocación de bombas en los gasoductos en Querétaro y Guanajuato el 10 de julio de 2007. Ha formado parte del FPR y profesor en Oaxaca afiliado a la 22. Otro nombre es el de Rogelio Vargas Garfias, fundador de la UTE en 2008, entre muchos más.

Sin duda muchos de ellos se sumarán a las filas del magisterio disidente que ha anunciado que estará en pie de lucha para defender “sus derechos”, luego de la decisión de Enrique Peña Nieto y el gobernador Gabino Cué, de tachar del mapa al Ieepo. Habrá que ver.

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¿Emilio Chuayffet dejará la SEP ?

PAULINO CÁRDENAS

Muchos creen que los días del titular de la SEP están contados. El titular de Educación Pública, Emilio Chuayffet, tratará de defenderse hoy ante los miembros de la Segunda de Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Quizá diga que él no se manda solo y que únicamente obedeció órdenes superiores, cuando trate de explicar el enredo de la “suspensión indefinida” de la evaluación magisterial -por temor a que los revoltosos de la CNTE cumplieran su amenaza de boicotear las elecciones del pasado 7 de junio- y que pasada la jornada electoral se ordenó reponer la evaluación la cual se llevó a cabo el pasado fin de semana.

Lo más probable es que apele a su don de oratoria para explicar argumentos poco creíbles, ya que aún lo distingue su elocuencia de buena prosapia. Tendrá que explicar por qué en Oaxaca y Michoacán no se cumplió el mandato. Se espera que habrá duros cuestionamientos por parte de los legisladores de la oposición -del ‘nuevo’ PAN y del decrépito PRD-, quienes estarán listos cada uno con la espada desenvainada, para acometer contra el secretario, quien sin duda tendrá el apoyo de parte de los de las bancadas del PRI, del Verde y del Panal que tratarán de defenderlo. La comparecencia hoy del secretario de la SEP, sacará chispas.

Se anticipa que Chuayffet no saldrá bien librado porque será tachado de tibio, de débil y de temeroso, lo que explica que los vándalos de la CNTE se le hayan subido a las barbas al gobierno federal en un rubro que era el orgullo de Peña Nieto: la reforma educativa. El primero en salir en su defensa fue Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador del grupo parlamentario del PRI, quien se anticipó a declarar que la presencia del funcionario en San Lázaro servirá para “aclarar el rumbo de la reforma educativa”.

Hay los defensores de oficio que señalan que a Chuayffet lo dejaron morir solo, tanto el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como el subsecretario comisionado para las pláticas con los representantes de la CNTE, Luis Enrique Miranda Nava, que ha encabezado las negociaciones con la disidencia magisterial que hasta ahora han resultado infructuosas. Miranda Nava fue hombre de confianza de Peña Nieto desde que era su secretario de Gobierno en el estado de México y se habla de que pudiera sustituir a su actual jefe. Pero ese es otro tema.

El caso es que el titular de Educación Pública también atenderá una mesa de análisis con los gobernadores de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, para dialogar sobre la situación que guarda la reforma educativa, en especial cómo se les está pagando a los maestros. También está invitado el secretario de Gobernación, a que comparezca y explique cómo se ha llevado la relación política con el magisterio. Sobre todo por qué los gobernadores de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas no han querido imponerse con los maestros disidentes y plegarse a la disposición constitucional sobre la reforma educativa.

Porque si es cierto que el presidente Enrique Peña Nieto tiene la decisión de llevar adelante y sin demora dicha reforma, parece que hay gobernadores que, como la disidencia de la CNTE, están en plan de retar al mandatario priísta y no obedecer una disposición que quedó plasmada en la Constitución, lo que hace ver al mando federal como débil, y sobre todo falto de negociadores ante los mandatarios de esas entidades, Gabino Cué (Oaxaca), Rogelio Ortega (Guerrero), Salvador Jara (Michoacán) y Manuel Velasco (Chiapas). Andan un tanto en las mismas el gobernador de Morelos, Graco Ramírez; de Veracruz, Javier Duarte, y el jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, entre otros.

Al comparecer hoy ante la Segunda Comisión de la Permanente que preside el perredista Armando Ríos Piter, Chuayffet Chemor estará con la espalda contra la pared. Por ejemplo, Ricardo Anaya, aspirante a la dirigencia del PAN y aspirante también a la presidencia de la República, advirtió que exigirá que el titular de la SEP explique por qué reiteradamente se doblega ante las presiones y amenazas de la CNTE.

Deberá explicar ante la Permanente, añadió, por qué se decidió suspender indefinidamente la evaluación de los profesores antes de las elecciones y por qué, pasadas éstas, se acordó aplicarla y qué razones tuvo para negociar la ley con los grupos que se oponen a ese proceso y a la reforma educativa.

El también líder de los diputados del PAN señaló dicha reforma incluye como obligatoria la evaluación para el ingreso, permanencia y promoción en el servicio público docente por mandato constitucional y que, sin embargo, el gobierno federal lo convirtió en una decisión opcional de carácter político, lo cual, subrayó, es inaceptable, ya que debe garantizar la consolidación de todos los procesos en todos los niveles, sin permitir chantajes de ninguna índole.

El que fue de plano ninguneado con esa decisión fue el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INEE, responsable de coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Simplemente a quien haya tomado la decisión de “suspender indefinidamente” la evaluación magisterial, se pasó a ‘rasurar’ a ese Instituto, valiéndoles madre. Luego de pasadas las elecciones y al hacer el recuento de daños, enseguida, quien ordenó la suspensión, ordenó reponerla de inmediato “lloviera o tronara”.

El que al final habrá de pagar los platos rotos será Emilio Chuayffet Chemor, porque la dirigencia de las secciones rebeldes de la CNTE volverán a ser recibidos por Miranda Nava, por órdenes de Osorio Chong, que a su vez recibió la orden de su jefe. Esto una vez que les volvió el alma al cuerpo después de que no se dio la ‘tormenta perfecta’ con la que amenazaron los disidentes que habría antes de las elecciones. Peña Nieto dio la orden: la evaluación va. Y los revoltosos de la coordinadora magisterial se opusieron en sus territorios.

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Movimiento contra “farsa electoral”

PAULINO CÁRDENAS

Delegados estatales y nacionales de la Convención Nacional Popular -que nació como un movimiento de protesta de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Ayotzinapa, Guerrero-, realizaron su segunda reunión el pasado fin de semana en la escuela normal ‘Raúl Isidro Burgos’ y acordaron boicotear “la farsa electoral” que se pretende realizar el próximo 7 de junio en algunas entidades del país. Aunque no quedó establecido formalmente, los estados en los que podrían impedirse las elecciones son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, además de Michoacán e incluso Puebla.

En esa segunda Convención Nacional Popular se plantearon tres ejes de trabajo principales: construcción de un referente nacional, construcción de un programa político y elaboración de un plan nacional de lucha a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con la agencia EFE. En declaraciones al término de las mesas de discusión, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, informó que se ratificaron los puntos bajo los que se fundamentó la primera Convención Nacional celebrada en febrero pasado:

Exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos el 26 y 27 de septiembre en Iguala; Castigo a los culpables materiales e intelectuales de la masacre; Derrocamiento ‘del usurpador’ Enrique Peña Nieto; Libertad a todos los presos políticos; Reversión de las contrarreformas estructurales. A estos cuatro puntos se añadió “el tema amplio de respeto a los derechos humanos”, debido a que en declaración política de la Primera Convención Nacional, los delegados manifestaron que la masacre de Iguala tiene como antecedente la matanza de Aguas Blancas y la de El Charco.

Asimismo, se establecieron las fechas y lugares para las próximas movilizaciones de cara a los siete meses de la desaparición de los normalistas, a cumplirse el próximo 26 de abril, así como la conmemoración del Día del Trabajo, el 1 de mayo. Dentro de los pronunciamientos generales, se acordó que la Segunda Convención Nacional apruebe la construcción de los Consejos Populares Municipales, en Guerrero y otros estados.

“El punto medular fue el pronunciamiento por el boicot a las elecciones, de acuerdo con las condiciones de cada entidad y de las organizaciones sociales”, señaló Rosales Sierra. En ese sentido, no especificó los estados en los que podrían impedirse las elecciones, sin embargo mencionó que “principalmente se considera que serán los estados del sur, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Puebla”.

Aunque en ese acuerdo la decisión fue dividida, se fijó una “postura intermedia”, entre los delegados que están a favor del proceso electoral y los que están en contra, para evitar una posible ruptura y mantener en todo momento la unidad del movimiento, que es lo más importante. Desde febrero pasado, al celebrarse la primera Convención Nacional Popular a más de cuatro meses de la desaparición forzada de sus hijos, en la convocatoria abierta para la celebración de ese primer encuentro, los padres de los normalistas reclamaron que el gobierno “no ha encontrado indicios de dónde puedan estar nuestros desaparecidos, por el contrario, en días pasados tomó la decisión de declarar por sentada la verdad histórica decretando el cierre del caso”.

Reclamaban también que para el gobierno “nuestros hijos fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, basándose solamente en la declaración de 4 detenidos y sin contar con prueba científica irrefutable. Simultáneamente ha desplegado un operativo de miles de policias y militares en el Estado de Guerrero, con el claro propósito de reprimir a las organizaciones sociales que luchan junto a nosotros para exigir la presentación con vida de nuestros hijos”.

Añadían: “Somos conscientes de que en México existen muchos dolores como el nuestro, cientos de miles de personas que han sido víctimas de la violencia de Estado. Existe un pacto de impunidad entre quienes son parte de la clase política y una relación de contubernio entre quienes son gobierno y quienes son delincuencia organizada. Frente a esta realidad, hemos decidido establecer condiciones para que hechos como los ocurridos el 26 de septiembre en Igual, no se vuelvan a repetir, hemos resuelto terminar con la violencia de Estado para evitar que nos sigan pisoteando.

“Con ustedes, los pueblos y comunidades, organizaciones sociales y sociedad civil en general hemos decidido organizarnos para encontrar formas de ejercer nuestros derechos y nuestra libre determinación, construir un buen gobierno desde abajo entre la gente humilde y sencilla como nosotros para garantizarnos una vida digan, con paz, justicia, tierra y libertad.

Así convocaban a instalar la Primera Convención Nacional Popular, como un espacio de coordinación “que nos permita crear un referente nacional, su programa político y plan de lucha a corto, mediano y largo plazo. Lo anterior permitirá darle rumbo al movimiento nacional”. Y el pasado fin de semana se realizó la segunda Convención en donde participaron 214 delegados que acordaron boicotear “la farsa electoral” de junio próximo, en al menos cinco entidades federativas.

Dicha jornada nacional popular la integran diversos grupos civiles y organizaciones de distintas denominaciones, desde las que desean protestar de manera pacífica, hasta los que proponen medidas mucho más radicales, como una manera de rebelarse en contra de la negligencia gubernamental en el caso específico de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pero en cuyo movimiento se han adherido grupos que protestan por diversas causas que les afectan y que culpan a los gobiernos estatales y al federal de no haber sido atendidas.

Esa advertencia de boicotear los comicios del 7 de junio será sin duda un foco rojo, no solo para la parte política federal, sino para las autoridades estatales de las entidades que han sido señaladas para evitar que haya elecciones intermedias. Otro ‘torito’ con el que tendrá que lidiar Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.

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El peligroso camino de la violencia

PAULINO CÁRDENAS

¿En qué momento podría estallar una rebelión en México? Por como están las cosas en nuestros días, eso podría acontecer en cualquier momento. Eso quisieran algunos, los que están empeñados en ‘derrocar’ a Peña Nieto. A juzgar por la violencia subversiva que se ha visto en las calles casi cotidianamente, con el pretexto de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Iguala, Guerrero, grupos adiestrados para destruir y matar, podrían estar decididos a cambiar las bombas molotov y los fierros que utilizan para agredir, por rifles de alto poder, granadas y todo tipo de armas de ataque, para comenzar una rebelión en el país con prédicas contra el gobierno y su máximo mando.

Las izquierdas que estarían detrás de esa gesta y que sienten que tienen en exclusiva la vocación revolucionaria, son los que creen tener potencialmente el derecho a alimentar el despropósito de derrocar al presidente o que dimita ante tantas presiones que su gobierno no ha sabido manejar ni resolver, por falta de imaginación y por ausencia de un visión con altura de miras, pero sobre todo, por una falta de decisión y de voluntad política para dar un golpe de timón y enderezar la nave que cada día parece que va a zozobrar. Cierto es que hay factores que han propiciado un malestar generalizado entre la población. En primer lugar está el problema de la inseguridad que ha rebasado al gobierno federal.

La inseguridad es un problema heredado por el gobierno de Felipe Calderón -al que por cierto nadie toca en las enardecidas consignas callejeras-, quien es el culpable de que los cárteles se hayan alborotado y hayan retado a su gobierno cuando declaró que iría tras los capos de la droga y los cabecillas del crimen organizado, lo cual acabó siendo una fanfarronería ya que lo único que logró -con la ayuda de su funcionario favorito, Genaro García Luna-, fue administrar ‘su’ guerra a la que le dedicó todos los recursos habidos y por haber, la cual dejó un saldo de más de 80 mil muertos y miles de desaparecidos de manera forzada, además de cientos y cientos de familias desplazadas.

Es contra el actual mandatario la virulencia de personajes que apoyaban a Andrés Manuel López Obrador -empezando por la del propio tabasqueño-, quien perdió por segunda ocasión consecutiva la presidencia, primero ante Calderón y después ante Peña Nieto. Todo el odio acumulado incluidas las dos derrotas para gobernador en Tabasco, en donde también dijo que había habido fraude en su contra, lo descargó -y sigue descargándolo- contra el mexiquense quien, ciertamente, trae consigo muchas cuitas en su haber, como el de sus cuestionados padrinos políticos, sus propiedades supuestamente heredadas, y el fraude que le achacó López Obrador, para lograr el triunfo en las urnas en 2012.

También le echan en cara los antipeñistas al desdoro presidencial ante los llamados de ayuda que le hacían muchas familias de Michoacán agobiadas por los cárteles de la droga -La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios-, porque solo le interesaba atender sus reformas; le achacan la incapacidad de su gobierno para disminuir la criminalidad organizada, el ocultamiento que se quiso hacer de los 22 fusilamientos de Tlatlaya por parte de militares, la tardanza para solucionar el caso Ayotzinapa, y de pilón el tenebroso asunto de la ‘casa blanca’, una propiedad que ha quedado en el ámbito de la sospecha por ser un aparente pago a favores recibidos por parte del Grupo Higa, asunto que la empresa Televisa terció para tratar de paliar el escándalo que alcanzó a la primera dama, la actriz Angélica Rivera, asunto que traspasó las fronteras y que ha sido motivo de críticas en el extranjero, donde la imagen de México ha quedado por los suelos.

Lo cierto es que el descontento generalizado no es solo por el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos y que sus familiares insisten en que están vivos y quieren que Peña Nieto se los devuelva vivos, sino que han sido una serie de asuntos que se le han venido acumulando al jefe del Ejecutivo y que su gabinete de seguridad que encabeza el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no ha podido resolver, incluido el otro tema que también preocupa sobremanera a los mexicanos que es la del rubro económico y financiero que está en manos de otro de sus dos alfiles para la presidencia, Luis Videgaray Caso, tema sobre el cual se han lanzado cualquier cantidad de promesas y cifras de aliento, pero sin resultados.

El caso es que el coctel para que haya una rebelión generalizada tiene los ingredientes necesarios. Una revuelta se gesta precisamente con esos ingredientes, cuando todos esos factores se juntan y ponen en aprietos a los gobernantes. Hace dos días se conmemoró el 40 aniversario luctuoso de uno de los guerrilleros más conocidos de México, Lucio Cabañas. En ese evento, celebrado el pasado martes 2 en Chilpancingo, la capital, se exaltó el espíritu de lucha, la conciencia de clases y los ideales que enarboló para construir un gobierno de los pobres; luchó por un régimen que encabezara un poder que mejorara las condiciones de vida de los pobres. En ese evento participaron integrantes del movimiento magisterial y normalistas. Fue una megamarcha.

Los participantes partieron del monumento a Vicente Guerrero al norte de la capital. Carlos Botello Barrera, uno de los dirigentes de la Sección XIV Democrática del SNTE, que marchó encapuchado en la manifestación, declaró: “Nos acompaña el espíritu revolucionario de Lucio Cabañas Barrientos, porque su lucha es y seguirá siendo un referente para que nosotros ahora sigamos pugnando porque esta sociedad cambie y mejore”. Añadió que el movimiento magisterial y normalista en el país, retoman y rescatan las ideas de Lucio Cabañas, “porque la nueva clase política no representa los derechos del pueblo”. Señaló que “la conciencia de clase del comandante Lucio Cabañas Barrientos, también nos acompaña, porque aspiramos a cambiar el actual sistema de vida”.

Aseguró que al igual que el legendario guerrillero -que murió peleando en el punto conocido como El Otatal, en el municipio de Tecpan, en la Costa Grande de Guerrero-, “los maestros y normalistas luchan también por instaurar una sociedad en la que no haya ni ricos ni pobres”. Sostuvo que el ideario de Lucio Cabañas, “son la raíz de nuestra Normal Rural de Ayotzinapa, de las normales del país, y del magisterio democrático en general”, y “tratamos de que la sociedad en su conjunto también sea parte de ellas; ese es el mejor homenaje que podemos hacerle”. En otros estados como Oaxaca, Michoacán, Morelos y Chiapas, los ánimos andan igual. Eso debería preocupar a Peña Nieto, a su gabinete de seguridad y a las Fuerzas Armadas. Sigue el avance por el peligroso camino de la violencia.

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Mafia no quiere ley educativa

PAULINO CÁRDENAS

A los gobernadores que por complicidad, miedo o negligencia se han dejado chantajear por la mafia que integran los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el titular de Educación Pública, Emilio Chuayffet les mandó un mensaje claro. Declaró hace unos días que las nueva Ley educativa y sus leyes reglamentarias deberán aplicarse ‘sin excepción de ningún tipo’. En teoría, esa declaración debería echar por tierra las ‘negociaciones’ de los maestros con los gobiernos de los estados a través de minutas y mesas de trabajo entre ambas partes. El mensaje del funcionario federal va dirigido a los gobernadores de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Michoacán y Chiapas. Y otros que andan agazapados. Esa actitud de ciertos mandatarios le echan a perder al titular de Educación mucho del proyecto que le ha sido encomendado por el presidente Peña Nieto. Eso sin contar con los daños que provocaron ‘Ingrid’ y ‘Manuel’ en cientos de escuelas.

Entre otros, el mensaje va dirigido al aliancista Gabino Cué, quien llegó al cargo con el apoyo de Andrés Manuel, personaje de quien se dice es beneficiario frecuente de lo que el gobierno local le da al magisterio a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el IEEPO, respecto a lo cual, el periódico La Razón documentó el pasado jueves el desvío de más de 119 millones de pesos del mencionado Instituto, hacia la Sección 22 de la CNTE. Con diversos justificantes –como el de desempeño y desarrollo profesional, compensación por apoyo a la integración educativa, ayuda de transporte, desempeño de educación indígena, apoyo a supervisores y jefes de sector y pago pro-jubilación–, la autoridad educativa de Oaxaca pagó a maestros que ocupan cargos de elección popular, que no dan clases, que no se encuentran en sus plazas de trabajo o que están adscritos a centros educativos que ya no operan.

La nota del periódico se basa en un reporte de la Auditoría Superior de la Federación, en el cual se exhiben detalladamente los malos manejos, desvíos y abusos de los pseudo maestros. Pero ese es un solo botón de muestra ya que la cruda realidad es que la educación, para la mafia de la disidencia magisterial ha sido un botín del que ha vivido por deácadas, con la complacencia de los gobiernos actual y pasados, que se dejan chantejear y no son capaces de aplicar la ley de fiscalización y rendición de cuentas. Se olvidan que el dinero es del pueblo, de los impuestos que con rigor exige el gobierno su pago a la ciudadanía que trabaja. Cué es el gobernador que más dinero ha aportado a los maestros disidentes. Hoy pretende hacerse el héroe al señalar que no pagará a los a maestros que andan de revoltosos en la capital, hasta que regresen a dar clases.

En Chiapas, los maestros disidentes optaron por tomar instalaciones de Pemex, al estilo de López Obrador cada vez que no ganaba la elección de su estado, lo cual, intent varias, veces, luego de lo cual venía al DF y tomaba el Zócalo en fechas cercanas al 15 de septiembre, y solo se iba cuando recibía fuertes cantidades de dinero por parte de los entonces priístas Manuel Camacho que era regent de la ciudad, y Marcelo Ebrard que era su personero para aceptar el chantaje del tabasqueño. La misma escuelita ha seguido puntualmente la CNTE, ya que se habló de que hubo de por medio 15 millones de pesos para que dejaran el Zócalo antes del festejo patrio la noche del 15 y el desfile del 16 de septiembre, esto aparte de los 119 millones que habría soltado el gobierno de Cué para dizque regresaran a dar clases a Oaxaca, lo que la mayoría de los maestros disidentes de ese estado no aceptaron, prefiriendo seguir en la capital del país, con el fin de seguir chantejeando al Gobierno federal y sacarle más dinero. Ya se dieron cuenta que sus autoridades son ‘barcos’. O cómplices.

Ante eso, en donde el propio gobierno que encabeza Peña Nieto se presta a la corrupción y chantaje que ejerce el magisterio disidente, sobre todo el oaxaqueño de la sección 22 de la CNTE, el titular de la SEP se topará con un gigantesco muro por más exhortos que haga, ya que hay una mafia magisterial que lo impide. A tal grado es la afrenta de los maestros que quieren que se derogue la ley educativa –en especial la ley de Servicio Profesional Docente que le anula a los seccionales manipular las plazas–, que ante la incapacidad o complicidad del gobierno de Oaxaca en un acto que puede calificarse de justicia por propia mano, padres de familia decidieron iniciar el ciclo 2013-2014 después de siete semanas de que los niños no han tenido clases porque los pseudomaestros que deberían estar dando clases, han preferido seguir en plantones, bloqueos y movilizaciones en la capital del país, soñando en que podrán preservar sus privilegios.

Ya amenazaron con que, al no tener respuesta del Gobierno federal a sus exigencias, habrán de tomar acciones ‘más drásticas’. Es de esperarse que el Gobierno federal sin mayores miramientos haga lo propio. Por lo pronto han amenazado que este 2 de octubre, con motivo del 45 aniversario de la matanza estudiantil en Tlatelolco, los integrantes de la CNTE se sumarán a los grupos y organizaciones que harán suya las principales calles y avenidas de la capital del país, con los infaltables actos vandálicos, en otro ‘cale’ y reto frontal al gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto. Harán lo que quieran hacer porque saben que cuentan con la complacencia del jefe de gobierno capitalino, quien para efectos mediáticos ha hecho un ‘llamado’ a todos los actores para que mañana se manifiesten ‘de forma pacífica’.

paulinocardenas.wordpress.com

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Van por lucha popular

PAULINO CÁRDENAS

El conflicto magisterial sin duda está alcanzando niveles preocupantes. Los maestros de la CNTE, específicamente su célula por ahora más aguerrida, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) han cambiado de objetivo, y ya no van solo porque se ajusten los términos de la ley secundaria de la reforma educativa a los usos y costumbres y a su realidad étnica y cultural, sino que han subido la mira y ahora van por una lucha popular de reivindicación social. El reto al gobierno es evidente y frontal. Están jugando con lumbre. Buscan provocar al gobierno a como dé lugar, sobre todo a Enrique Peña Nieto, para buscar acusarlo de represor y con ese pretexto se arme la grande. Las mesas de diálogo parecen no interesarles. Los acuerdos tampoco. Lo que buscan es que haya al menos un muerto. Hay impasses, pero nada más.

Las manos que mecen esa cuna parecen tener nombre y apellido. Son los mismos que pertenecen al cártel antiPeña. A ellos les importa un bledo las leyes ni lo que diga la Constitución sobre los derechos de terceros. Son los mismos que han criticado la reforma educativa. Lo que quieren es que corra la sangre. El conflicto magisterial ha tomado como pretexto su disidencia y su rechazo a la reforma educativa y al Pacto por México que la propició. Ese movimiento estaría contando ya con la suma de maestros de varios estados de la República que pudieran respaldar la lucha del magisterio guerrerense, a quienes además se les han sumado grupos de autodefensa comunitaria armados y organizaciones populares afines, muchas de ellas radicales, incluso que pertenecen a la insurgencia rebelde según ha trascendido.

Por este respaldo armado andan tan retadores quienes mueven los hilos de quienes manejan a los maestros radicales, que se dan el lujo de desdeñar el diálogo con la Secretaría de Gobernación y amenazan con realizar un paro magisterial indefinido en todo el país. Por lo pronto en el zócalo de Chilpancingo, después de realizada una megamarcha, la noche del miércoles quedó conformado el Movimiento Popular Guerrerense que será el órgano que representará a todos los sectores y personas que están por la lucha popular. De hecho quedaron atrás los propósitos de la disidencia de los maestros guerrerenses, de rechazar la reforma educativa.

Entre ellos ya hablan de ir por una lucha reivindicatoria a favor de las clases más menesterosas guerrerenses, que han estado en el olvido por parte de los distintos gobiernos estatales y federales, lo mismo que sucede con muchos otros pobladores en las regiones donde la pobreza ha privado por décadas y décadas, sexenio tras sexenio, a grados verdaderamente vergonzantes. La dirigencia de la CETEG confía en los contingentes más combativos principalmente de Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Hidalgo y Valle de México, para realizar un paro indefinido de labores a nivel nacional, en espera de que otros grupos magisteriales del país se unan a esa convocatoria, para realizar paros parciales, tomas de carreteras e instalaciones públicas e incluso ataques a partidos que consideran traidores a su causa, como fue el caso reciente de lo que sucedió en la sede del PRD en Chilpancingo donde un grupo de supuestos maestros, después de realizar un mitin contra la reforma educativa, causaron destrozos en sus instalaciones y agredieron a personal de ese partido.

La CETEG ha radicalizado sus métodos de lucha, con la toma repetida de la Autopista del Sol y el cierre de edificios públicos. Arguyen que la represión gubernamental a su movimiento ha implicado la consolidación bastante acentuada de las columnas disidentes magisteriales que hay en varios estados de la República, que pueden transformarse en baluartes de lo que ya llaman Movimiento Popular Guerrerense. La Coordinadora confía en que a su lucha se unirán los trabajadores de la educación de Chiapas, de Tabasco, de Escuelas Tecnológicas Agropecuarias de la Región Lagunera, de la Montaña de Guerrero y algunos contingentes del Valle de México, en especial del Bloque Reivindicador de los Derechos de los Trabajadores de la Educación, del DF.

Pero su mayor influencia está en la región de la montaña y la costa de Guerrero, donde el rezago social ha marcado el carácter de los líderes del movimiento. Su lucha data de hace varias décadas. Entre sus antecedentes destacan el Movimiento Revolucionario Magisterial de Guerrero, fundado por el maestro Othón Salazar, quien en 1980 fue candidato al gobierno de Guerrero por el Partido Comunista, así como los Consejos Centrales de Lucha, conformados por movimientos de izquierda proclives a ideas socialistas en los 70. Con su lucha han simpatizado grupos rebeldes armados cuya zona de influencia ha sido Guerrero. Entre ellos está principalmente el EPR, aunque hay otros grupos armados que tienen ideales y objetivos similares.

Son grupos armados que han estado en contra del reformismo gubernamental que para ellos forma parte del neoliberalismo, porque consideran que corresponde a la ofensiva estatal contra los trabajadores, ya que mientras fortalece el poder del Estado generando un mayor control sobre las masas y la izquierda, permite a la clase dominante ocultarse tras un ropaje democrático y asumir un discurso de pluralidad y modernización política. No creen en Pactos porque consideran que cualquier pacto no es más que un cúmulo de componendas entre las partes que lo suscriben. Todo ese apoyo que hay detrás, incluidas las manos que mecen esa cuna y que pertenecen al cártel antiPeña, es lo que anima a la CETEG para plantear a los suyos, ya no tanto negociaciones con el gobierno respecto de la reforma educativa, sino llegar a la realización de un Paro Cívico Nacional a través del Movimiento Popular Guerrerense. Y si no, como dicen los clásicos, al tiempo.

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