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Peña le hace campaña a AMLO

PAULINO CÁRDENAS

Quienes creían que en Los Pinos no era una preocupación seria el hecho de que AMLO esté arriba en las preferencias con miras al 2018, con lo dicho por Peña Nieto en la ONU sobre el populismo quedó visto que la preocupación no solo es real y está calando hondo, sino que la campaña oficial motivada por el miedo, que ya comenzó contra el tabasqueño, seguirá. Eso equivale a que, sabiéndolo o no, el primer priísta del país le está haciendo campaña al líder de Morena que es el mejor posicionado para la próxima elección presidencial.

El presidente Enrique Peña Nieto había dicho el pasado 2 de septiembre en Palacio Nacional que México no debe permitir el regreso del populismo. Esto fue interpretado por la clase política como un ataque directo al líder de Morena, sin mencionarlo por su nombre. Y en Nueva York volvió a mencionar que ‘el mundo está amenazado’ por opciones políticas que ofrecen alternativas populistas para enfrentar sus problemas, lo que denota que su preocupación sobre Andrés Manuel López Obrador es real.

Tan es así que decidió llevarla hasta el seno de la Organización de Naciones Unidas. Al tomar parte en la 70 asamblea general de la ONU, señaló que todas las sociedades del mundo deben estar alertas de la amenaza que representan los nuevos populismos, de ‘izquierda y de derecha’, porque estos se aprovechan de sus miedos y preocupaciones para sembrar el odio y rencor con el fin de satisfacer sus agendas políticas y sus ambiciones personales.

Hizo hincapié en que, ante las crecientes desigualdades, la crisis económica mundial que no cede y la frustración social que esto provoca, el mundo está expuesto a la amenaza de populismos. Aseguró que en la segunda década del siglo XXI no deben repetirse los errores que tanto dolor le causaron al mundo en el pasado. Por ello, dijo, es tiempo de rescatar y respaldar los principios que le dieron origen a la ONU, como la paz, solidaridad y el respeto a los derechos humanos. ¿Por qué en la segunda década y no en la tercera? Porque el 2018 está en la segunda década.

Fue un discurso que sin duda tendrá respuestas fuertes en México, porque lo que sucede con su gobierno de cara a los mexicanos, sobre todo los que se han sentido agraviados por distintos hechos, pero con la misma omisión para resolverlos, contradice su discurso. Como se recordará, el día que habló en Palacio Nacional el pasado 2 de septiembre, Peña Nieto había mencionado que México está “amenazado” por opciones políticas que ofrecen alternativas populistas para enfrentar sus problemas.

Durante el mensaje por su Tercer Informe de Gobierno, a tres años de los comicios en los que se elegirá a su sucesor, señaló: “En este ambiente de incertidumbre, el riesgo es que en su afán de encontrar salidas rápidas, las sociedades opten por salidas falsas. Me refiero a creer que la intolerancia, la demagogia o el populismo son verdaderas soluciones. Esto no es nuevo” Dijo: “Es una amenaza recurrente que ha acechado a las naciones en el pasado. Hay ejemplos en la historia en donde los sentimientos de inconformidad tras crisis económicas globales facilitaron el surgimiento de doctrinas contrarias a la tolerancia y los derechos humanos”.

Lo mismo fue a decir a Nueva York, ahora en el máximo foro de la ONU. ¿Por qué? ¿Quién le aconsejó semejante tontera? ¿De veras cree tener la calidad moral suficiente como para querer convertirse en profeta del apocalipsis que solo él teme venir, ante el mundo? Acaso -habrían dicho muchos de los que le escucharon en la sede de Naciones Unidas-, eso puede suceder en México, en donde precisamente la crisis de credibilidad y de confianza en el gobierno es a causa de tan malas administraciones, incluida la presente.

¿Por qué tanto temor a López Obrador? ¿De veras tiene motivos el priísmo -donde sí se ha dado el populismo a pasto durante varios sexenios- y la Presidencia a través de sus servicios de inteligencia, de que pueda ganar el tabasqueño la carrera a Los Pinos? ¿O es mera percepción? Hay una especie de arrebato emocional -pánico diríase, miedo extremo que puede llegar al terror- de que en 2018, como van las cosas, AMLO llegue a ser el nuevo huésped de la casa presidencial.

Todo parece indicar que así es. Que hay miedo, pánico. Habrá quienes, más mesurados dentro de los consejeros del presidente, le digan que no cunda ese pánico; pero por lo que se ve ya cundió. Hay más que nerviosismo de que el dos veces aspirante a la presidencia de la República -que perdió ante Calderón y con Peña-, arrase en las elecciones de 2018 para elegir sucesor de Peña Nieto y como nuevo mandatario venga con la espada desenvainada. ¿Qué pasaría?

Cuando mucho apretaría las tuercas a los ministerios públicos y a la PGR en ese futuro imaginario, para meter a la cárcel a unos cuantos abusivos del poder, porque si quisiera hacerlo contra todos los que han robado y esquilmado y hechos negocios al amparo del cargo público, no habría el suficiente número de cárceles en el país para que pagaran sus fechorías. El caso es que medio mundo pregunta si de veras AMLO sería lo peor que le podría pasar al país y a los mexicanos si llegara a la presidencia de la República.

Los asesores del presidente dan por hecho que ni el PRI y su contlapache el Verde, ni la izquierda unida, ni aliándose PRI con PAN, ni todos juntos, le ganarían al Peje en 2018. Por ello esa estrategia de búsqueda de un candidato ‘independiente’ empujado por un puñado de ‘notables’ encabezados por Diego Fernández de Cevallos como lo reveló el periodista Pablo Hiriart en su columna Uso de Razón la semana pasada en El Financiero.

Ello se está convirtiendo en la mejor campaña a favor del ‘Peje’ desde Los Pinos orillada por el miedo a que el tabasqueño avance en las preferencias con vista al 2018. Más aún, con lo que fue a decir el mandatario mexicano a la ONU con ese inopinado llamado ‘al mundo’ para que las naciones eviten el populismo. Las morenas y morenos de AMLO lo han de estar festinando. Paradojas de la vida. Quién dijera.

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El fantasma de los 43 en NY

PAULINO CÁRDENAS

El presidente Enrique Peña Nieto sabía que en su visita a Nueva York con motivo de su participación en la sede de la Organización de Naciones Unidas, podría haber protestas en su contra, y las hubo. Un grupo de manifestantes, a las afueras del hotel donde se hospedaba, llamó “asesino” al mandatario, todo esto como parte de la Acción Global por Ayotzinapa a un año de la desaparición de los 43 normalistas que no se ha esclarecido.

Mientras la guardia del presidente maniobraba para evitar cualquier roce con los manifestantes, los activistas gritaban vivas a Ayotzinapa y pedían su renuncia por su presunta responsabilidad en la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, Guerrero. Cada día van haciéndose más constantes las manifestaciones de repudio en contra del jefe del Ejecutivo federal mexicano, por encabezar un gobierno que prefiere esquivar los problemas que enfrentarlos.

Esa protesta de activistas que improvisó una protesta en las afueras del hotel donde se hospedaba en la Gran Manzana, ya se la esperaba el mandatario mexicano, de lo cual le había advertido sus asesores que sucedería casi por obvias razones. Dicha protesta estuvo a cargo de un grupo de migrantes mexicanos, en apoyo a un pequeño grupo de madres de los 43 normalistas desaparecidos que viajaron ayudados con recursos de amigos a Nueva York para ver al Papa y pedirle su intercesión ante el gobierno mexicano para saber dónde quedaron sus hijos.

Incluso se ha escrito el por qué el papa Francisco decidió no venir a México como trascendió que tenía planeado hacerlo cuando viajara de Cuba a Estados Unidos en su gira episcopal en este mes de septiembre, haciendo escala en Ciudad Juárez. Se afirma que el Papa le habría mandado decir a Peña que en su visita a territorio mexicano querría oficiar una misa en memoria de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, a lo que hubo una negativa del mandatario mexicano, por lo que Francisco prefirió no realizar esa breve visita a nuestro país.

Como sea, aprovechando la visita episcopal del máximo representante de la Iglesia católica a Estados Unidos, cinco madres de los estudiantes tratarían de tener una audiencia con el Pontífice, para lo cual habían hecho la gestión pertinente desde antes de que viajara a nuestro continente. El caso es que no solo tratarían de ver la Papa sino también intentarían ser recibidas y escuchadas por senadores y representantes del Congreso de este país.

Planeaban irse de Filadelfia a la Ciudad de Nueva York el pasado domingo 27 para hacerse presentes en Manhattan y manifestarse ante el edificio de las Naciones Unidas, donde ayer lunes 28 Peña Nieto hablaría ante la Asamblea General del organismo multilateral. Ellas son Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño; Blanca Luz Nava Vélez, madre de Jorge Álvarez Nava; Hilda Hernández Rivera, mamá de César Manuel González Hernández; Luz Mariah Telumbre Casarrubias, progenitora de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, y Angélica González González, madre de José Ángel Navarrete González.

El fantasma, pues, de Ayotzinapa, persigue a Peña Nieto. La razón es que los familiares de los normalistas desaparecidos sienten que traicionó su confianza con una investigación simulada dando por buena la ‘verdad histórica’ que manejó el ex procurador Jesús Murillo Karam, en la que nadie cree, la cual desentrañó el grupo interdisciplinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los hombres del presidente saben que la lucha emprendida por los padres de los 43 continuará hasta que aparezca la verdad de los hechos y se haga justicia contra quienes ordenaron y ejecutaron la desaparición masiva forzada de los estudiantes de la escuela rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Las voces que se han unido a ese reclamo en México y en el extranjero, va sonando cada vez más fuerte reclamando justicia.

Esos hechos, junto con otros donde ha habido derramamiento de sangre y en las que han estado involucradas las fuerzas del orden, civiles y militares, no dejarán en paz a Peña Nieto donde quiera que se pare. Mientras el mandatario federal no se decida a castigar a quienes resulten responsables del caso Ayotzinapa, los dolidos padres de los estudiantes lo seguirán inculpando, por omiso.

Esa es una de las razones por las que el jefe del Ejecutivo federal ha caído en las preferencias que realizan las empresas encuestadoras, aún las que reciben pago por favorecer y maquillar cifras. Tan está convencido de que ha perdido credibilidad y confianza incluso entre los que votaron por él, que un grupo de ‘notables’ ya andan en busca de la fórmula para evitar que en 2018, quien más ventaja lleva hasta ahora en las preferencias, el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ahora sí, gane la presidencia de la República.

Porque ni el PRI con su contlapache el Verde, ni con las alianzas que pudieran hacer la izquierda o el PAN, ninguno podrá alcanzar la victoria en los comicios para elegir al sucesor de Peña Nieto. Por ello es que ya andan en busca de que haya un candidato ‘independiente’ pero apoyado por la mafia del poder como le llama el tabasqueño a quienes han vivido al amparo de los cargos públicos que, en lugar de gobernar, llegan a hacer negocios a costillas del erario.

De eso es de lo que ya está harta la gente, millones de mexicanos a los que ha decepcionado el sistema de partidos que solo ven para su santo, con candidatos venales que roban y medran con el poder y ni quien los moleste, porque están amparados por la Santa Impunidad que prevalece en el país, que es uno de los grandes males que padecen los mexicanos.

Lo que le acaba de suceder al ex presidente guatemalteco Otto Pérez Molina ha puesto a pensar seriamente a los hombres del presidente en México y al propio mandatario. Por eso temen que llegue López Obrador al poder federal. Por eso esa campaña oficial de miedo que han emprendido contra el tabasqueño de manera tan anticipada.

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Investigación simulada de los 43

PAULINO CÁRDENAS

Dentro y fuera del país se da por hecho que para salir del paso el gobierno federal ha realizado una investigación simulada del caso Ayotzinapa que a nadie ha convencido, mucho menos a los familiares de las víctimas. ¿Verdad histórica o mentira histórica? De hecho el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, lamentó el desinterés del gobierno mexicano para cumplir con las recomendaciones que emitió desde 2011.

A principios de este año, ese Grupo de Trabajo recabó información del gobierno mexicano y de organizaciones de la sociedad civil sobre el cumplimiento de las recomendaciones que emitió durante su visita al país hace cuatro años. Con base en ese intercambio con el gobierno de Enrique Peña Nieto, concluyó en un extenso informe que el Grupo manifestaba su pesar por los pocos avances en la implementación de sus recomendaciones.

No obstante que valoró que el gobierno mexicano reconociera “la gravedad” del delito de desaparición forzada y “los importantes retos” que enfrenta en la materia, constató que en realidad “no ha habido un reconocimiento a la dimensión del problema”, ya que “las autoridades aún utilizan una terminología elusiva para referirse a las desapariciones forzadas”, “suelen evadir sus responsabilidades” o “minimizan los hechos calificándolos como aislados”.

De hecho esa misma estrategia ha sido la misma en el caso de la desaparición masiva forzada de los 43 jóvenes de la escuela rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, Guerrero. Han venido utilizando una terminología elusiva. El ex procurador Jesús Murillo Karam dijo que se trataba de la mayor investigación de la historia. Se basó en ‘testimonios’ de supuestos autores de la pira humana y de quienes habrían ordenado la desaparición forzada de los normalistas.

Fueron incinerados, y sus cenizas echadas a un río, según uno de lo sicarios, El Gil. Y punto. Para el ex funcionario esa fue ley. Pero al comenzar a revisar el caso algunos organismos independientes internacionales, sus argumentos echaron abajo el teorema oficial con el que se quiso dar por cerrado el incómodo tema que le hizo perder credibilidad y confianza al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Naturalmente, salieron a defender la ‘verdad histórica’. Pero quedaron en evidencia las torpezas de las indagatorias, su desaseo y sus omisiones. Una de las primeras críticas fue doméstica. La Comisión Nacional de Derechos Humanos declaró que la PGR nunca elaboró las fichas de identificación de los 43 desaparecidos. ¿A quiénes iban a buscar si no sabían de quiénes se trataba? Empezaron a indagar prácticamente a ciegas; no tenían datos ni se habían ocupado de recabarlos.

De hecho los primeros indicios de cómo habrían sido los hechos, fueron por testimonios recabados por reporteros que hablaron con familiares, amigos, estudiantes normalistas que conocían a los desaparecidos, con todo lo cual se fue armando el rompecabezas. Así se supo que los normalistas habían tomado unos autobuses para ir a Iguala a boicotear la celebración de la directora del DIF, María de los Ángeles Pineda Villa y que en dicha fiesta aprovecharía para lanzarse como sucesora de su marido, el alcalde José Luis Abarca, les fue impedido el paso hacia ese municipio.

Era el viernes 26 de septiembre de 2014. Por órdenes del alcalde la policía de Iguala y de Cocula los persiguieron, los atacaron, balearon un autobús donde iba a bordo un equipo de futbol, hirieron a varios de sus ocupantes y tres estudiantes murieron en ese ataque. Luego persiguieron a los cinco autobuses en los que iba otro grupo de estudiantes; se habla de que eran 57 en total. A como pudieron se escabullaron 14 de ellos y los demás, 43, fueron atrapados, subidos a patrullas y camionetas de la policía, y más tarde desaparecidos.

El resto de la historia ha sido referida en diferentes medios a lo largo de casi un año de esos acontecimientos, en torno a los cuales hay varias hipótesis. Una de ellas la dio el General Brigadier en retiro del Ejército Mexicano, Francisco Gallardo Rodríguez, quien afirmó que el ataque a los 43 normalistas de Atyozinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, fue una maniobra militar encaminada a proseguir con la “política” represora del actual régimen.

En una reunión auspiciada por el Colegio de México denominada “A un año de los hechos de Iguala”, el militar señaló: “El Ejército mexicano sabe perfectamente dónde están los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa” y reveló que el Ejército “sí dispone de cárceles clandestinas, aunque lo niegue, y que por lo tanto hay altas posibilidades de que los estudiantes estén vivos”.

Pero el gobierno no ha autorizado que los grupos ajenos al gobierno que vienen investigando el caso Ayotzinapa, entren a las instalaciones del cuartel del 27 Batallón militar de Iguala, ubicado en el epicentro de la desaparición multitudinaria de los 43 normalistas, que tendrían que ser 42, porque uno de ellos, Julio César Mondragón, apareció esa madrugada arrojado en una calle de Iguala, muerto, golpeado, desollado.

Nadie sabe qué argumentará Peña Nieto de toda esa investigación simulada, este jueves, cuando se reúna con los padres y madres de los normalistas víctimas del caso Ayotzinapa. ¿Dará por buena la ‘verdad histórica’? O habrá más historias oficiales que contarle a los familiares, que ya están hartos de oír versiones y promesas incumplidas. Los ojos de México y de muchas naciones estarán pendientes de lo que diga el mandatario federal.

Y millones en el mundo estarán a la expectativa de lo que suceda el próximo sábado y domingo, cuando se cumpla un año de esos vergonzantes acontecimientos que siguen teniendo atrapado al gobierno peñanietista y sobre todo que el caso Ayotzinapa mantiene en entredicho a los aparatos de justicia y de seguridad del régimen priísta. Se temen disturbios. De hecho en Chilpancingo, Guerrero, ya comenzaron.

 

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México bajo la lupa de la ONU

PAULINO CÁRDENAS

Mientras que el presidente Enrique Peña Nieto se alista a exaltar mañana en el mensaje a la nación lo que considera logros de su gobierno, y que sin duda aprovechará su tercer informe para hacer un balance general de su administración, continúa pesando sobre sus espaldas y la de su gobierno las acusaciones de la tragedia de los 43 normalistas desaparecidos y otros eventos similares de violencia y sangre, que es una clara muestra de que las violaciones a los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad continúan en el país.

Esos problemas continúan porque no hay freno a la impunidad. Hay mucha verborrea sobre el tema; se dice que harán y no hacen; prometen y no cumplen sus promesas ya que en la práctica todo sigue igual, según las quejas que familiares y asesores de las víctimas han hecho llegar al área de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Las pesquisas carecen de rigor científico, los delitos de desaparición forzada no existen para la autoridad y la responsabilidad del Ejército no se indaga.

Tampoco se investiga la cadena de complicidades que hay entre las bandas del crimen organizado y los funcionarios que en teoría deben encargarse de combatir la delincuencia. Los círculos de connivencia no se rompen por falta de voluntad política o simplemente porque hay muros de corrupción que lo impiden. El narcotráfico y la clase política parecen vivir un romance interminable. Así conviene a las partes; son como los matrimonios por conveniencia.

Pero la gente ya comenzó a organizarse ante la infame cadena de corruptelas e impunidades que prevalece en los pactos entre el crimen organizado y gobernantes, militares, partidos y empresarios. Han ido apareciendo varias agrupaciones civiles integradas por familiares de las víctimas, que asesoradas por abogados, han empezado una lucha, no solo jurídica para exigir justicia y aplicación de la ley para perseguir, detener y consignar responsables, sino incluso para iniciar una lucha civil, de ser posible sin armas.

Muchas comunidades que han ido organizándose en todo el país tienen como denominador común un enemigo común que unos lo ubican en el gobierno federal, otros en los gobiernos estatales e incluso en los mandos municipales, coludidos un gran parte de ellos con la delincuencia organizada. Por la parte de los cárteles hay ya muchos grupos que se han diversificado en todo el país repartiéndose o peleando por rutas y territorios en donde sientan sus lares a base de fuego y sangre. El recurso más frecuente es el secuestro. Lo segundo es la desaparición forzada.

Le siguen las torturas, las ejecuciones, las decapitaciones, las incineraciones, las mutilaciones, las disoluciones de cadáveres en ácido y los entierros en fosas clandestinas que siguen siendo halladas en prácticamente todo el territorio nacional. Nada menos que en Nuevo León, en el poblado rural de Salinas Victoria, hubo el hallazgo de una mega fosa en la que, se dice, encontraron 31 mil fragmentos humanos -no se sabe si son fragmentos óseos solamente- que podrían corresponder a decenas y decenas de muertos, nadie sabe en qué condiciones.

La información se había ocultado a los medios por parte de la administración saliente a cargo de Rodrigo Medina. En una reunión del gobernador saliente y su procurador Javier Flores, con el equipo de transición del mandatario entrante, Jaime Rodríguez alias El Bronco, salió a relucir la existencia de la megafosa con los 31 mil fragmentos de restos humanos. La cifra parece descomunal o equivocada pero así fue manejada.

Esto lo hizo público la activista y religiosa Consuelo Morales, titular de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) en el diario El Mañana de Nuevo Laredo. No dijo como se estableció esa cifra. Se cree que esos homicidios dolosos podrían ser parte de los crímenes relacionados con el narcotráfico.

El poblado de Salinas Victoria está ubicado a 34 kilómetros al norte de Monterrey. Esa comunidad que es uno de los principales reductos de la delincuencia organizada durante la época más violenta en Nuevo León, entre 2009 y 2012.

Tras el hallazgo, los restos fueron recogidos por las autoridades y son analizados en el anfiteatro del Hospital Universitario regiomontano, donde se les practicarán pruebas de ADN, con muestras de personas que han reportado desapariciones, afirmó la activista. Mientras, el secretario de Gobernación sigue diciendo que en México la violencia se ha reducido “a su mínima expresión”, lo mismo que afirma Peña Nieto.

Habrá que ver si ese hallazgo es un toro que El Bronco decida agarrar por los cuernos, quien en campaña había ofrecido ir tras el crimen organizado con la colaboración de la ciudadanía. Ahí está el primer reto que tiene en ese sentido el gobernador electo que ganó las elecciones como candidato independiente el pasado 7 de julio y que tomará posesión del cargo el próximo 4 de octubre.

El encontrar más y más fosas clandestinas, es prueba de que en México la violencia, los hechos de sangre y la serie de actos que atemorizan e incluso aterrorizan a muchos poblados de la República por parte de los cárteles de la droga y de las mafias del crimen organizado, siguen vigentes. Tampoco es cosa de querer echarle la culpa al de atrás.

Según la revista Zeta de Tijuana, en lo que va del sexenio de Enrique peña Nieto, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2015, van 57, 410 homicidios dolosos vinculados la mayoría con el narcotráfico y con el crimen organizado. ¿En dónde quedaron tantos muertos? Se supone que en fosas clandestinas, en cañadas, en ríos, en el mar.

Es lo que se preguntan los dolidos padres de los 43 normalistas desaparecidos: ¿Dónde quedaron sus hijos? Se acerca el primer aniversario de esas desapariciones forzadas, por lo que el país se irá cimbrando cada día con las protestas, hasta el 26 de septiembre. Y aun más allá. Mientras tanto, la ONU mantiene bajo la lupa al gobierno de México. Y no solo por los desaparecidos de Ayotzinapa.

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Pesan a Peña desapariciones forzadas

PAULINO CÁRDENAS

Las desapariciones forzadas que no cesan en México le están pesando mucho al gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto. Al menos en Iguala, siguen. El capítulo de la ONU sobre ese tema se ha convertido en un dolor de cabeza para su administración, en especial para el gabinete de seguridad que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong. La semana pasada ese organismo se pronunció al respecto con diversas recomendaciones que ponen en evidencia que la actual administración, igual que la del panista Felipe Calderón, están en falta en el seguimiento de esos casos en donde lo que priva es la impunidad.

En su informe que dio el pasado viernes el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, muestra una profunda preocupación “por la impunidad respecto a los numerosos casos denunciados por desaparición forzada y que se expresa en la casi inexistencia de condenas por este delito”. Denuncia además que lejos de considerarlo un fenómeno aislado y ya superado, este flagelo aún se extiende “por gran parte del territorio” y que representa para las autoridades un “serio desafío en materia de prevención, investigación y sanción”.

Señaló que el Estado mexicano no ha sido capaz de cerrar uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente, como es la desaparición de miles de personas durante la guerra que le declaró al narco el sexenio pasado Felipe Calderón, y en el actual que está a cargo de Peña Nieto, sus autoridades ni siquiera han podido con el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre pasado en Ayotzinapa, Guerrero. Lo que señala ese comité le viene muy mal a la administración federal del priísta, contra quien recae de frente esa responsabilidad.

Desconcertados por la dureza del informe de esa instancia de la ONU, México dio una respuesta que denota donde anda el gobierno federal en esa materia, ello pese a que el análisis del comité es resultados de una minuciosa revisión en la que se dio derecho de audiencia al Estado mexicano y a representantes de la sociedad civil en la reciente reunión que sostuvieron integrantes del Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y representantes del gobierno mexicano.

Después de defenderse como pudieron los miembros de la delegación de México, quedó claro para el Comité que ni la ley federal ni las legislaciones de los Estados mexicanos que recogen este delito cumplen con los estándares marcados por la convención internacional de la que México es firmante. De hecho, en México muchos estados de la República no establecen como delito la desaparición forzada.

Al respecto, los miembros del Comité señalaron que “la Convención establece que por desaparición forzada se entiende el arresto, detención, secuestro o cualquier forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado y de particulares que actúen con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado”. Señalaron que “este es un punto en que fallan las leyes mexicanas. Muchas se limitan a tipificar las acciones sólo (si participan) servidores públicos”. Con todo y ello, el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, no fue aceptado por el gobierno que encabeza Peña Nieto. Al respecto el gobierno de México manifestó su inconformidad.

“Las recomendaciones emitidas por el Comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados”, señalaron en un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores. El hecho es que la ONU ha dicho que México se ha conformado en hacer ‘tibios avances’ en materia de desapariciones forzadas.

Un caso que detonó esos delitos no atendidos por los gobiernos de nuestro país -ni panistas ni priístas hay que recalcarlo- con la atingencia que obligan los acuerdos internacionales y que ha suscrito México, fue sin la menor duda el de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, Guerrero la noche del 26 de septiembre de 2014.

Además de que ni la ley federal ni las legislaciones de los Estados cumplen con los estándares marcados por la convención internacional de la que México es firmante, solo 19 de las 32 entidades del país lo hacen y en algunos casos la ausencia de ley coincide con los lugares con una mayor tasa de desapariciones.

Diversos analistas coinciden en señalar que la dificultad de analizar el fenómeno comienza con la imposibilidad de conocer las cifras exactas de desapariciones forzadas en México. No existe ninguna estadística oficial que dé cuenta del problema. Hay cifras estimadas pero adolecen de datos de causas por estado, sexo, edad, nacionalidad de las víctimas. Un estudioso que ha logrado realizar una depuración es el profesor del ITAM, José Merino, su trabajo, que no distingue la causa de la desaparición, señala que existen 23, 701 personas en México que se desconoce su paradero.

Indica que seis entidades acumulan casi el 30 por ciento de los casos. Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco y Sonora suman juntas 6,703 casos y registran la tasa más alta por número de habitantes. Tan solo dos de estos estados, Coahuila y Chihuahua, recogen el delito en sus códigos penales. Tamaulipas, al noreste del país, marca el récord con 5 mil 155 casos, lo que supone una tasa de 17,2 por cada 100, 000 habitantes, tres veces mayor que los dos siguientes estados más golpeados, Sinaloa y Coahuila.

Como sea, el hecho es que el caso Ayotzinapa de los 43 normalistas desaparecidos, sigue siendo el fantasma que persigue a Peña Nieto y al gabinete de seguridad que encabeza Osorio Chong. Y queda claro que México sigue en falta con el tema de las desapariciones forzadas lo que lleva de modo intrínseco la violación a los derechos humanos. Y no se trata de negar o justificar, sino de resolver esos problemas tan graves que agobian a los mexicanos. Porque en Iguala, Guerrero, por ejemplo, pese al envío de tropas y de policías federales y estatales, siguen las desapariciones forzadas. Pero ese es otro tema.

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Piden padres a la ONU investigar

 PAULINO CÁRDENAS

En México, las autoridades federales quieren que el caso Ayotzinapa se apague, pero en Ginebra, Suiza, en la sede de la ONU, ante el Comité de Desapariciones Forzadas, los padres de los estudiantes desaparecidos y varios organismos no gubernamentales pugnan para que la Organización de las Naciones Unidas intervenga en las investigaciones, ya que no creen en a versión de que los 43 estudiante desaparecidos hace más de cuatro meses, hayan sido asesinados ‘por una confusión’ del cártel Guerreros Unidos creyendo que los normalistas pertenecían a la banda rival de Los Rojos. Esperan que su petición sea atendida porque el gobierno mexicano ‘es incapaz’.

Se estima que la urgencia de cerrar el caso es por razones electorales, ya que no quieren que el caso de los jóvenes desaparecidos y que según el titular de la PGR, Jesús MurilloKaram, fueron asesinados, calcinados y tirados en un río de Cocula, Guerrero, no vaya a evitar que se lleven los comicios programados para el primer domingo de junio próximo, para elegir gobernador en la entidad. El 7 de junio se llevarán a cabo las llamadas elecciones intermedias en varias entidades del país incluida Guerrero. El cálculo del gobierno federal es que, al dar por muerto el caso Ayotzinapa, la plaza podría quedar descontaminada para esa jornada.

Sin embargo hay muchas dudas al respecto, ya que hay grupos que se han ‘colgado’ del dolor de los padres de los normalistas, para llevar a cabo desmanes, y la reiterada amenaza de que evitarán que haya elecciones en Guerrero. El titular de la secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong dijo que eso no está a discusión: que habrá elecciones en esa entidad. Puntualizó que el gobierno federal actuará con firmeza contra los grupos de infiltrados que utilizan la desaparición de normalistas de Ayotzinapa  para generar violencia. De hecho ya ha comenzado a verse la mano federal en algunos eventos en la Autopista del Sol.

Esos grupos violentos se focalizan principalmente en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la Ceteg; y en el Movimiento Popular Guerrerense creado en 2013 ‘para derrumbar reformas regresivas’ el cual integran maestros disidentes y grupos sociales como las policías comunitarias de la entidad guerrerense; ellos son los que dicen apoyar a padres y familiares y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos quienes se han dejado convencer de que con pasividad no se resolverá nada.

Se sabe que están preparándose para radicalizar sus movilizaciones, con bloqueos, tomas y quema de inmuebles y vehículos públicos y privados, irrupción en sedes de congresos a nivel estatal y municipal, y a realizar actos vandálicos muy violentos apelando a la impunidad, apostándole a que las autoridades, de nivel estatal y municipal, no harán nada contra ellos para impedirlo porque les da miedo aplicar la ley. Osorio Chong dice que ‘ahora sí’, se atengan a las consecuencias. Habrá que ver para creer. Lo mismo sucede en Oaxaca, con el mismo pretexto.

Por lo pronto en Guerrero, que es donde están encendidos primordialmente los focos rojos, había que apagar cuanto antes la llama de Ayotzinapa. Y la labor de ‘apafuego’ quedó a cargo del procurador general de la República. El 7 de noviembre pasado, en la primera conferencia de prensa que ofreció Murillo Karam para hablar del avance de las investigaciones en el caso de la desaparición forzada de los estudiantes de la escuela normal rural ‘Raúl Isidro Burgos’, concluyó que para él, todos ellos estaban muertos.

Lo mismo dijo en la última conferencia con los medios con algunos detalles adicionales, lo cual, afirmó, era la ‘verdad histórica’ del tema. Con ello, a juicio de muchos, el funcionario le está a dando carpetazo al asunto. En el primer encuentro con los periodistas en noviembre del año pasado, al responder a una pregunta de un reportero que por qué había tardado tanto la PGR en hacerse cargo del caso, dijo que fue hasta que recibió la orden de actuar. ¿Por qué fue esa tardanza? Apenas unos días después de los hechos, el 3 de octubre, el titular de esta dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que la Procuraduría General de la República no había atraído el caso de los 43 normalistas desaparecidos porque era un asunto “del ámbito local”.

Comentó entonces que el apoyo de las instancias federales sería sólo para la localización de los jóvenes, no así para hacerse cargo de la investigación. Error. La tardanza en reaccionar del gobierno federal fue una pérdida de tiempo muy valiosa e importante que se desperdició. Por otra parte se afirma que el Ejército no intervino para nada en ese evento, según explicó el general secretario y el propio procurador.

La Secretaría de Seguridad Pública de Iguala a cargo entonces de Felipe Flores dijo que todo estaba bien, con lo que ocultó el ataque contra los normalistas a la comandancia del 27 Batallón de Infantería de Iguala al enterarse esta que había un problema cerca del recinto militar. Y en su última conferencia de la semana pasada, el procurador, Jesús Murillo Karam señaló al respecto: “¡Qué bueno que el Ejército no intervino¡ ¡Imagínense lo que hubiera pasado¡”. ¿Qué hubiera pasado? se preguntan muchos. ¿Otra matanza como la del 68? De cualquier modo los normalistas fueron ultimados, según la versión del funcionario.

El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez señaló que el caso sigue abierto. Y sigue abierto porque faltan varias aprehensiones importantes, como la del ex secretario de seguridad pública de Iguala, Felipe Flores. Falta también la declaración del director de la escuela ‘Raúl Isidro Burgos’, José Luis Hernández Rivera, que ha sido citado por la PGR para rendir su declaración sobre las acusaciones que lo involucran con el cártel de Los Rojos.

Y hay por ahí otros personajes que no han sido invitados a declarar, como el caso del síndico procurador, Mario Castrejón Mota, encargado de la seguridad en Iguala, cercano colaborador de Abarca, quien hasta donde se sabe sigue en su cargo. Cuando la Policía Municipal atacó a los normalistas, él era responsable de la policía, y de hecho lo sigue siendo. Seguramente sabe en dónde está Felipe Flores. Por ello es que aunque de facto se ha dado carpetazo al caso para evitar estar dando respuestas a los reporteros, la investigación del caso Ayotzinapa sigue. Tendrá que haber sin duda más consignaciones.

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Sorpresivo anuncio de Peña Nieto

PAULINO CÁRDENAS

Durante su gira a Nueva York, en la sede de la ONU, al finalizar la 69 Asamblea General de ese organismo el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer, de manera inopinada, que México se sumaría a las fuerzas militares de Paz de Naciones Unidas conocidas como cascos azules, además de pronunciarse a favor de que los países miembros de ese organismo hagan todo lo que esté a su alcance para favorecer que haya un mundo con paz duradera. El Senado de la República sin duda aprobará esa medida.

Esta postura de Estado por parte del mandatario mexicano habría sorprendido a su homólogo norteamericano Barack Obama, quien, en contraste, viene pugnando porque haya una coalición de naciones y se sumen a los ataques armados contra posiciones estratégicas del Estado Islámico, que han amenazado con realizar atentados en la Unión Americana y sus países aliados, como venganza por los ataques a naciones islámicas y por haber matado al máximo líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden entre otras cosas.

Hacia dentro del país también tomó por sorpresa esa decisión del jefe del Ejecutivo mexicano de participar en operaciones de mantenimiento de la paz a través de los cascos azules de la ONU, lo que implicará enviar soldados del Ejército y la Marina de nuestro país para sumarse a ese instrumento de fuerza castrense internacional, cuya misión es velar por acciones de reconstrucción, asistencia humanitaria y seguridad en países y zonas geográficas en conflicto, para coadyuvar a que cesen las hostilidades.

Acá en México saltó esa declaración, porque hacía al menos dos décadas que esa decisión de enviar soldados mexicanos a sumarse a los cascos azules no se daba, ya que era considerada una medida intervencionista, además de lo obvio: que los soldados designados a esa misión estaban en permanente peligro de muerte. Hasta antes de ese anuncio de Peña Nieto en la sede de la ONU, México había enviado soldados en tres ocasiones a sumarse a esa fuerza militar de paz. Dos con observadores militares: Los Balcanes (1947-1950) y Cachemira (1949); y una de manera directa en El Salvador (1992-1993) donde Carlos Salinas ordenó enviar a 120 policías.

El Estado Islámico de Irak e Siria tiene un brazo ejecutor terrorista ultra criminal inspirado en Al Qaeda llamado ISIS -surgido de una tropa yihadista fundada en 2003 tras la llegada a Irak de soldados estadounidenses-, que a últimas fechas se ha dedicado a ejecutar soldados norteamericano y periodistas, y cortarles la cabeza, exhibiendo ese acto a través de videos como advertencia al gobierno norteamericano y sus aliados de que su lucha va en serio contra Estados Unidos. Incluso han hecho lo mismo con extremistas enemigos que no comulgan con su extremismo criminal, a quienes fusilan masivamente o decapitan.

El líder de ISIS es Abu Bakr al Bagdadi, alguien que comparan con un fantasma ya que pocos lo conocen y apenas hay fotos de él, y que utiliza varios nombres. Estados Unidos ya puso precio a su cabeza: 10 millones de dólares. Ha prometido venganza contra el gobierno de Washington, por lo que el presidente Obama ha convocado a los gobiernos aliado a sumase a esa lucha armada contra el Estado Islámico.

En Canadá, por ejemplo, se acaba de activar una alerta porque un grupo de extremistas islámicos, supuestamente un comando ISIS, habrían entrado a ese país y temen que pudieran realizar atentados en aquella nación. Los gobiernos de varias naciones de la Unión Europea que apoyan a EU contra el terrorismo islámico, también están en permanente alerta por temor a que se infiltren terroristas de Al Qaeda, Hezbolá y el grupo más temido y radical, ISIS. Según el diario ‘The Wall Street Journal’, el presidente Barak Obama habría autorizado oficialmente el entrenamiento de grupos rebeldes moderados sirios bajo los auspicios de la CIA para combatir a los grupos del Estado Islámico.

Por ello es que el anuncio de Peña Nieto de que soldados mexicanos se sumarían a las fuerzas de Paz de la ONU a través de los cascos azules, ha sido sorpresivo, tanto hacia dentro del país, como en las esferas del más alto nivel del gobierno de Washington. Más que nada porque es una señal de que México estaría un tanto al margen de la intención del gobierno de Obama, de que nuestra nación tome como propia la decisión de apoyar los planes bélicos para combatir al terrorismo islámico. Al menos esa es la lectura que se desprende de ese anuncio hecho por el mandatario mexicano en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que “en la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

Habrá que ver si la propuesta del mandatario mexicano obtiene la aprobación del Senado de la República, y si dentro de los altos mandos castrenses están de acuerdo con la medida, aunque haya de someterse a lo que orden su Jefe supremo. Porque en los hechos resulta incongruente que si se pretenden sumar soldados mexicanos a las fuerzas de Paz de la ONU, primero tendrían que desahogarse varios pendientes que los militares -del Ejército y de la Marina- tienen respecto de violaciones a los derechos humanos.

Solo por mencionar un caso, está el asunto de las ejecuciones por parte de militares, de 22 presuntos delincuentes vinculados al narco, ultimados, según la versión de una testigo, cuando estos ya se habían rendido. Estos hechos sangrientos que ponen en supuesta evidencia al Ejército, sucedieron en el poblado de Tlatlaya, al sur del Estado de México, el pasado 30 de junio. Por lo que se ve, ahí no hubo el respeto ni la protección de los derechos humanos. El gobierno peñanietista tendría que dilucidar la verdad de ese sospechoso caso, antes de convertirse en farol de la calle.

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