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Normalista envió texto urgente

PAULINO CÁRDENAS

Antes de desaparecer junto con sus demás compañeros, el normalista Jorge Aníbal Cruz Mendoza envió a su madre a la 1:16 la madrugada del 27 septiembre, un mensaje de texto que decía: “mamá me puede poner una carga me urge”, según el informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), integrado por cinco representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto, junto con el caso del autobús de la línea ‘Estrella Roja’ que la PGR omitió incluir en sus pesquisas, entonces a cargo de Jesús Murillo Karam, pone en evidencia las investigaciones del caso. Se afirma que el funcionario ordenó tergiversar fuentes científicas para justificar su ‘verdad histórica’.

Además, ese grupo dijo que no había sustento científico para afirmar que los normalistas hayan sido incinerados en Cocula y echado sus cenizas a un río. El quinto autobús de la mencionada línea comercial que no aparece incluido en las indagatorias según el GIEI, podría darle un vuelco a las investigaciones si, como lo ordenó el presidente Enrique Peña Nieto, la PGR deberá realizar otros peritajes del caso tomando en cuenta las recomendaciones, hallazgos y recomendaciones de la mencionada comisión de derechos humanos para llegar a la verdad procesal, que no ‘histórica’, del caso.

En torno al tenebroso asunto de la desaparición forzada de los estudiantes de la escuela Rural Raúl Isidro Burgos que sigue teniendo sobre las cuerdas a Peña Nieto, el mandatario dijo estar dispuesto a sostener una nueva reunión con los padres de los 43 normalistas, sin precisar fecha. En un acto público en el estado de Puebla, el mandatario expresó su “total disposición” para sostener dicho encuentro, solicitado por los padres de las víctimas antes del 10 de septiembre próximo y con la presencia del Grupo Interdisciplinario.

Sobre el extraño caso del autobús ‘Estrella Roja’ del que ayer hicimos algunas consideraciones en este espacio, en el documento presentado por el GIEI habla que ese quinto autobús tomado junto con otros por los normalistas para ir a boicotear el informe de la entonces directora del DIF de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, y que la PGR omitió su existencia en su informe con el que llegó a su ‘verdad histórica’, pudo haber traído droga o dinero camuflado, sin que los estudiantes lo supieran. La pregunta es: ¿por qué ese autobús desapareció de la escena y la Procuraduría General de la República (PGR) nunca investigó?

Los antecedentes de los hechos todos los conocen: En Iguala, Guerrero, el alcalde era José Luis Abarca Velázquez, ex comerciante de joyería, al cual se le acusa de estar coludido con el grupo criminal Guerreros Unidos a quienes aparentemente pagaba protección. Su esposa, María de los Ángeles Pineda, sería el enlace del gobierno municipal con el crimen organizado. Varios de sus hermanos fueron miembros del cártel de los Beltrán Leyva. A uno lo mataron se dice que por traidor.

Ese día 26 de septiembre de 2014 la esposa del alcalde había dado su informe como presidenta del DIF y para esa misma noche su esposo le organizó una fiesta para celebrar y anunciar la candidatura de su esposa a la alcaldía. Ello a pesar de que la pareja había sido acusada de participar en varios delitos y de que diferentes ramas del gobierno estatal tenían conocimiento de estas acusaciones, no había acción legal alguna en contra de ellos. Se dice que el entonces gobernador Ángel Heladio Aguirre era amante de la esposa de Abarca. También el mandatario presumía públicamente que Peña Nieto era su compadre, chisme que nunca se aclaró.

Los normalistas optaron por tomar varios autobuses para dirigirse a la fiesta y boicotearla. Tras el robo del último autobús en la central camionera de Iguala, los estudiantes hicieron que el chofer lo condujese hacia el anillo periférico de Iguala, para de allí enfilar hacia Ayotzinapa. Ello los haría pasar a una cuadra del festejo del DIF. Sin embargo, alertados por el aviso del chofer, la policía los comenzó a perseguir a tres cuadras de la central camionera, en un intento por impedir que la comitiva se acercase al festejo.

Se presume que ese camión es el famoso autobús de la línea comercial ‘Estrella Roja’ que no reportó la PGR según el informe de los expertos del GIEI. ¿O la Procuraduría General de la República lo omitió deliberadamente porque traería droga o pacas de dinero camufladas, sin que los normalistas lo supieran y por temor a que lo descubrieran los habrían desaparecido? Podría desprenderse de esa omisión esa hipótesis. La otra es que no se sabe si los habrían llevado o no a las instalaciones del 27 Batallón de Iguala a donde el Gobierno federal ni la Defensa han querido que se indague in situ.

Y en cuanto al mensaje de texto enviado al celular de su madre por uno de los estudiantes desaparecidos en la madrugada del 27 de septiembre, el informe de los expertos del grupo interdisciplinario de investigación de la CIDH reveló ciertamente la existencia de dicho mensaje que  el normalista Jorge Aníbal Cruz Mendoza envió un SMS. Reporta que hubo una primera llamada del joven normalista a las 22:16 horas del 26 de septiembre desde una antena cercana al Palacio de Justicia de la ciudad de Iguala de la Independencia lugar donde se encontraba el autobús Estrella de Oro 1531.

Precisa que el normalista recibió un mensaje a las 22:23:20 horas. No se sabe de parte de quién. Posteriormente, a las 01:16 horas del día 27 de septiembre, dice el documento, su madre recibió este mensaje: “mamá me puede poner una carga me urge”. De este mensaje no se tiene conocimiento de la coordenada, refiere el documento presentado por el GIEI de la CIDH. “Después del 28 de septiembre al 20 de octubre diversas llamadas y mensajes entraron al celular de Jorge Aníbal.

El GIEI no ha podido determinar si hay razones técnicas que expliquen estos hechos, pero ha solicitado la investigación de estos mensajes, debido a que según las declaraciones de inculpados los teléfonos habrían sido destruidos inmediatamente”, refirió. Se pregunta también por qué la PGR omitió informar del autobús ‘Estrella Roja’ que por cierto nadie sabe dónde quedó. Todo eso obliga al gobierno mexicano a ordenar una nueva investigación del caso. Y en todo caso llamar a cuentas al ex procurador.

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Autobús, clave del caso Ayotzinapa

PAULINO CÁRDENAS

Según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un autobús de la línea ‘Estrella Roja’ sería la clave del caso de la desaparición de los estudiantes. ¿Por qué? Porque como se recordará, el 26 de septiembre de 2014 varios grupos de estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos secuestraron varios camiones para boicotear el informe de la entonces titular del DIF de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del entonces alcalde de ese municipio, José Luis Abarca.

Uno de esos camiones no era urbano, sino foráneo, el ‘Estrella Roja’, el cual vendría cargado con droga o dinero camuflado, para entregar a la red que manejaba la pareja Abarca-Pineda para los Beltrán Leyva. De ese camión la PGR no dio cuenta en sus investigaciones señaló el mencionado grupo de expertos que acaba de presentar su sexto informe al gobierno de México sobre las causas de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Presentó una nueva tesis sobre la causa del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala sobre la cual refiere: “Su acción de tomar autobuses (…) podría haberse cruzado con la existencia de drogas ilícitas (o dinero) en uno de los autobuses, específicamente en (…) el Estrella Roja”.

Al enterarse del secuestro de ese autobús, dieron órdenes a los policías de perseguir el vehículo en donde viajaban los normalistas, que luego sufrieron desaparición forzada y hasta la fecha nadie sabe cuál fue su destino. Ese camión ‘Estrella Roja’ podría ser la clave del caso Ayotzinapa.

El informe del grupo de expertos del GIEI señala también que la ‘verdad histórica’ presentada por el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, de que los cuerpos de los estudiantes habrían sido incinerado y sus restos echados a un río, no tiene validez ni el soporte científico suficiente, por lo que no lo da por válido.

Ese grupo destacó las investigaciones realizadas en Estados Unidos contra el cártel Guerreros Unidos que opera en varios municipios de Guerrero con sede en Iguala que es un centro estratégico de distribución de droga para EU. Aunque no lo mencionó, hay otro grupo conocido como ‘Los Rojos’ que está vinculado, igual que los Guerreros Unidos, al cártel de los Beltrán Leyva.

Incluso corre la versión de que el sobrenombre de ‘Los Rojos’ viene porque es en la línea ‘Estrella Roja’, uno de los autobuses comerciales por el que los grupos de sicarios al servicio de los cárteles transportan droga y pacas de dinero, producto de la venta de narcóticos que trasladan por ese corredor hacia EU.

El 8 de diciembre de 2014, en el Estado de Ilinois, se presentó un caso contra Pablo Vega, su cuñado Alexander Figueroa y otros. Al primero lo consideran el jefe en Chicago del cártel Guerreros Unidos. De acuerdo con la Fiscalía “Pablo Vega trabajó con varias fuentes de narcóticos en México para importar cantidades al mayoreo de heroína y cocaína de México a Illinois, a menudo escondiendo los narcóticos en autobuses comerciales de pasajeros que viajaron de México a Chicago”. Según las informaciones recogidas por el grupo interdisciplinario, Iguala es un lugar de tráfico de heroína muy importante.

Según la información pública, una parte de ese tráfico se haría mediante el uso de algunos autobuses que esconden dicha droga de forma camuflada. Los estudiantes tomaron 5 autobuses, y la propia existencia de uno de los autobuses ‘Estrella Roja’ no fue presentada en la investigación. Además, ese grupo de expertos rechaza la versión de la PGR de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. En su entrega, presentaron una lista de 20 recomendaciones al gobierno federal entre las que destaca investigar como el móvil de la agresión el transporte de estupefacientes en camiones en Guerrero.

Por todo ello, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó a las dependencias del gobierno federal atender las recomendaciones realizadas el domingo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa. “He dado indicaciones para que las investigaciones de los trágicos sucesos de Iguala tomen en cuenta los elementos aportados por el GIEI”, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

En otro mensaje indicó: “También le he dado indicaciones a las dependencias del gobierno para que analicen cada una de las recomendaciones” presentadas por ese grupo interdisciplinario. En la misma red social, Peña Nieto agradeció el trabajo de los expertos independientes y el apoyo de la CIDH para la investigación de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre de 2014. Bien haría el presidente en que las indagatorias se renueven con la perspectiva y sugerencias del GIEI.

Y más valdría que, en lugar de comenzar a tratar de desvirtuar esas investigaciones de ese grupo de expertos independientes, las autoridades se avoquen a repara los errores y omisiones que hubo para llegar a la ‘verdad histórica’ que a nadie convenció y que más pareció desde entonces una verdad histriónica. Una investigación exhaustiva, profesional y completa podría dar resultados muy satisfactorios para los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos o mejor dicho 42, porque uno de ellos apareció ejecutado y con señales de tortura y el rostro desfigurado.

Dijo el mandatario federal que los resultados que arrojó el GIEI serán valorados por la Procuraduría General de la República, y que aunque existes diferencias en las diligencias, se podrán superar con nuevos peritajes, que serán realizados por forenses del más alto nivel. También señaló que estaría dispuesto a reunirse nuevamente con los familiares de los normalistas desaparecidos. Ojalá. El tiempo apremia. Está por cumplirse un año de esa tragedia que sigue teniendo a Peña contra la pared. Y en muchas partes del mundo se aprestan a recordar y hacer exigencias.

 

 

 

 

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Macabro hallazgo en Guerrero

PAULINO CÁRDENAS

¿Cómo no van a hablar de México como un Estado fallido, cuando hasta ahora van 129 cadáveres encontrados en 60 fosas clandestinas en Guerrero, en las mismas coordenadas donde en septiembre del año pasado desaparecieron los 43 estudiantes la escuela normal de Ayotzinapa con epicentros en Cocula e Iguala? La agencia informativa internacional The Associated Press obtuvo esos datos que le fueron proporcionados mediante una solicitud de información a la PGR. Obvio que con ese macabro hallazgo se avecina otro problema para el gobierno federal.

La Procuraduría General de la República señaló que en ocho meses, de octubre de 2014 a mayo de 2015, se localizaron esos enterramientos clandestinos con el número de cuerpos referidos, pero aclaró que la cifra real podría ser mayor, según una nota firmada por María Verza con la colaboración periodística de Christopher Sherman. ¿Qué pasó en ese lapso en Guerrero y en la Federación? ¿Andaban de parranda quiénes debían velar por la seguridad pública?

En Guerrero gobernaba Ángel Heladio Aguirre Rivero. Fue mandatario de ese estado desde el 1 de abril de 2011 hasta el 23 de octubre de 2014 en que debió renunciar por el caso de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa y luego quemados en Cocula según la ‘verdad histórica’, y los asesinados en Iguala cuyo alcalde era José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, quien según la PGR tenía presuntos vínculos con el grupo delincuencial Guerreros Unidos por la vía familiar directa.

El gobernador de Guerrero no es ajeno a la violencia. Después de la masacre de Aguas Blancas en 1995 y la parición del EPR en 1996 hubo denuncias por más desapariciones sistemáticas a opositores del régimen en Guerrero, mismas que a su regreso al poder en 2011 prometió investigar 16 años después y habiendo conseguido la gubernatura del estado con un partido diferente al que ha militado toda su carrera política nada pasó.

Los conflictos históricos con las fuerzas opositoras mayormente de izquierda fueron olvidados por designación al ser el mismo PRD -al que persiguió y reprimió durante años- quienes sin memoria histórica y sin dignidad postularon al otrora represor y andan navegando ahora en mierda profunda al tratar de justificar como una izquierda moderna como la de Marcelo Ebrard apoyó a un cacique que había sudo acusado y denunciado por violaciones a los derechos humanos. El síndrome de Estocolmo en Acapulco.

Desde que renunció nadie sabe dónde anda Aguirre. Abarca y su mujer siguen en la cárcel. En la Federación era -y sigue siendo- secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien supuestamente debía velar por la seguridad en el país con los mandos de la Policía Federal en coordinación con las Policías Municipales Acreditadas y -supuestamente también- de la mano con las tropas de los más altos mandos del Ejército y de la Marina, el general Salvador Cienfuegos Zepeda y el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, respectivamente.

Los hallazgos de los que acaba de dar cuenta la agencia AP -que coinciden con un detallado informe dado a conocer por Reporte Índigo sobe el mismo vergonzante tema-, volverán a poner contra la pared al gobierno federal ante los ojos de México y del mundo, en especial por parte de organismos no gubernamentales internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos. No se sabe si las víctimas halladas que fueron sacrificadas de manera violenta y enterradas clandestinamente pertenecen a gente vinculada al crimen organizado o no.

Esas fosas clandestinas en donde han sido hallados hasta ahora 129 cadáveres, son producto evidente de las desapariciones y asesinatos que fueron habituales en varas zonas con epicentro en Iguala durante los últimos años. El problema es qué irá a decir el secretario de Gobernación sobre esos enterramientos clandestinos, sobre todo si la cifra sube, como estima el informe de la PGR que obtuvo la agencia informativa Associated Press.

Según Amnistía Internacional, en voz de su directora para las Américas, Erika Guevara-Rosas, dijo el lunes en un comunicado de prensa, que “si no fuera por la determinación de las familias de los estudiantes de Ayotzinapa, los defensores de los derechos humanos y los periodistas que exigen a las autoridades mexicanas respuestas exhaustivas ante la desaparición forzada de los jóvenes, puede que nunca hubiéramos sabido de estas fosas y de la dimensión de la crisis”.

Para Amnistía, la “macabra revelación” confirma algo que ellos ya habían denunciado, “que la magnitud de la crisis de desapariciones forzadas en Guerrero y en el resto de México es verdaderamente estremecedora”, dijo su directora de las Américas. Añadió que se necesita hacer “mucho más” para averiguar y divulgar la verdad sobre el destino de los 43 estudiantes normalistas y de todas las desapariciones no resueltas de México.

Señaló que en primer lugar debía haberse elaborado un registro nacional de desaparecidos que incluyera datos genéticos tal y como han solicitado desde hace años organizaciones de derechos humanos, de víctimas y hasta Naciones Unidas. El gobierno de Peña Nieto aceptó crear un registro nacional de desaparecidos que sea exhaustivo en ese sentido, tomando como punto de partida la base de datos aconsejada por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Pero dicho registro todavía no es una realidad.

Con seguridad los hallazgos serán muchos más. Porque sin duda no se limitan a Guerrero. Están otros estados como Tamaulipas, Jalisco, Chihuahua, Durango y Veracruz, entre otras entidades federativas en donde han encontrado fosas clandestinas con cadáveres masacrados, mutilados, calcinados y con el tiro de gracia.

Como lo ha dicho el padre Alejandro Solalinde, defensor de migrantes: México se ha convertido en un cementerio clandestino. ¿Y? Lo cierto es que tantas fosas clandestinas halladas y tantos cadáveres encontrados -mas los que faltan- serán noticias negativas para el presidente Peña Nieto quien tendrá que seguir aguantando vara. A los del gabinete de seguridad, como saben que no los moverán de sus puestos, eso les vale.

 en especial por parte de organismos no gubernamentales internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos. No se sabe si las víctimas halladas que fueron sacrificadas de manera violenta y enterradas clandestinamente pertenecen a gente vinculada al crimen organizado o no.

Esas fosas clandestinas en donde han sido hallados hasta ahora 129 cadáveres, son producto evidente de las desapariciones y asesinatos que fueron habituales en varas zonas con epicentro en Iguala durante los últimos años. El problema es qué irá a decir el secretario de Gobernación sobre esos enterramientos clandestinos, sobre todo si la cifra sube, como estima el informe de la PGR que obtuvo la agencia informativa Associated Press.

Según Amnistía Internacional, en voz de su directora para las Américas, Erika Guevara-Rosas, dijo el lunes en un comunicado de prensa, que “si no fuera por la determinación de las familias de los estudiantes de Ayotzinapa, los defensores de los derechos humanos y los periodistas que exigen a las autoridades mexicanas respuestas exhaustivas ante la desaparición forzada de los jóvenes, puede que nunca hubiéramos sabido de estas fosas y de la dimensión de la crisis”.

Para Amnistía, la “macabra revelación” confirma algo que ellos ya habían denunciado, “que la magnitud de la crisis de desapariciones forzadas en Guerrero y en el resto de México es verdaderamente estremecedora”, dijo su directora de las Américas. Añadió que se necesita hacer “mucho más” para averiguar y divulgar la verdad sobre el destino de los 43 estudiantes normalistas y de todas las desapariciones no resueltas de México.

Señaló que en primer lugar debía haberse elaborado un registro nacional de desaparecidos que incluyera datos genéticos tal y como han solicitado desde hace años organizaciones de derechos humanos, de víctimas y hasta Naciones Unidas. El gobierno de Peña Nieto aceptó crear un registro nacional de desaparecidos que sea exhaustivo en ese sentido, tomando como punto de partida la base de datos aconsejada por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Pero dicho registro todavía no es una realidad.

Con seguridad los hallazgos serán muchos más. Porque sin duda no se limitan a Guerrero. Están otros estados como Tamaulipas, Jalisco, Chihuahua, Durango y Veracruz, entre otras entidades federativas en donde han encontrado fosas clandestinas con cadáveres masacrados, mutilados, calcinados y con el tiro de gracia.

Como lo ha dicho el padre Alejandro Solalinde, defensor de migrantes: México se ha convertido en un cementerio clandestino. ¿Y? Lo cierto es que tantas fosas clandestinas halladas y tantos cadáveres encontrados en ellas -mas los que faltan- serán noticias negativas para el presidente Peña Nieto quien tendrá que seguir aguantando vara. A los del gabinete de seguridad, como saben que no los moverán de sus puestos, eso les vale.

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Seguro que habrá narcocandidatos

PAULINO CÁRDENAS

¿Cómo evitar que haya candidatos ligados al narco para la contienda electoral del 7 de junio? Es una pregunta que se vienen haciendo muchos sectores de la población. ¿Cómo saber si fulano o sutano, del partido que sea, tiene ligas con tal o cual cártel de la droga? ¿Qué instancia debe obligar a los partidos políticos a garantizar que sus candidatos no estén ligados al crimen organizado? El INE ya dijo que no es la instancia. Acaso la PGR, a solicitud expresa. ¿A solicitud expresa de quién? ¿De los partidos? ¿Del INE? ¿De los ciudadanos?

Por lo pronto el sector empresarial, en voz de su máximo representante, Gerardo Gutiérrez Candiani, señaló que los partidos políticos están obligados a comprobar que sus candidatos a cargos de representación popular no estén vinculados con el crimen organizado. También, el presidente de los patrones privados, Juan Pablo Castañón, demandó a los partidos políticos que, a través de un compromiso público, se hagan responsables de todas las acciones que lleven a cabo sus candidatos, en caso de resultar electos.

Otro cúpulo empresarial, Rodrigo Alpízar, representante de la industria de la transformación, exhortó a la ciudadanía a no hacer caso de quienes pretenden descarrilar el proceso electoral intermedio. Dijo que los ciudadanos estarán atentos para que ningún grupo de interés imponga su agenda destructiva de la democracia y llamó a los actores políticos a conducirse con responsabilidad social y política.

En este sentido, los dirigentes empresariales coincidieron en manifestar su rechazo a quienes han llamado a boicotear las elecciones en algunos estados y pidieron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno garantizar comicios libres y en paz. Argumentaron que la democracia y su vertiente electoral es la mejor forma de diálogo social que los mexicanos tienen para expresar sus diferencia en pluralidad y respeto, pero sobre todo, sin violencia.

Pero lo que opina la clase popular es más preocupante. Señala, por ejemplo, el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), que cada día radicaliza sus protestas, que si no se resuelve la crisis social a causa de las pésimas políticas del gobierno, pronto habrá levantamientos armados, empezando por Guerrero, que tiene amplios antecedentes de actividad guerrillera.

Integrado por maestros, sindicalistas, padres de familia, organizaciones de derechos humanos y policías comunitarios, el Movimiento ha amenazado al INE con que en esa entidad no habrá elecciones.

Ese Movimiento ha realizado manifestaciones, bloqueo de carreteras, quemas de vehículos y actos vandálicos, desde que decidieron oponerse a la reforma educativa, lo mismo que ha sucedido en Oaxaca. El magisterio disidente sigue demandando que se tome en cuenta su propuesta de reforma educativa, que incluye la creación de un instituto estatal de evaluación, respeto a sus derechos laborales, gratuidad de la educación y que se evalúe a los docentes de acuerdo con los estándares del estado y de cada región.

Pero en los meses que han pasado, desde los acontecimientos de Ayotzinapa en donde desaparecieron de manera forzada los 43 normalistas de la escuela normal rural ‘Raúl Isidro Burgos’ la noche del 26 de septiembre pasado, a la fecha, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) que forma parte del MPG, ha radicalizado sus protestas en aquella entidad.

Los padres de los 43 normalistas desaparecidos se unieron al Movimiento Popular Guerrerense, en el cual toman parte activa el Frente Único Estatal de Representantes Sindicales Autónomo -que agrupa más de 12 sindicatos, entre ellos el de la Universidad Autónoma de Guerrero-, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, y la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), fundada desde 1995 en La Montaña y Costa Chica del estado, además de la CETEG.

Y en Oaxaca los ánimos andan igual o peor de enardecidos. Ese estado, sobre todo en su capital, es donde, azuzados por la Sección 22 del magisterio, muchos ciudadanos, al igual que en el estado de Chiapas y Guerrero, se unen a las manifestaciones públicas para ejercer su derecho a la manifestación, asistir a las marchas y protestas como forma de participación política, que se suma el factor electoral cuando se acercan los comicios. Entre las organizaciones que participan generalmente está la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y en Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así como las policías comunitarias y los grupos de autodefensa, entre otras organizaciones.

En estos estados -Guerrero, Oaxaca y Chiapas-, pues, es donde la violencia callejera por parte de grupos vandálicos se ha incrementado en los últimos años. Hay otras entidades en donde la violencia se genera por la lucha territorial, con las autoridades policiales y militares en medio que supuestamente tratan de impedirlo, entre los distintos cárteles de la droga. Esos estados son Michoacán, Tamaulipas, Guerrero mismo, Jalisco, Coahuila, Sinaloa, Veracruz y Morelos entre otros. Las autoridades federales anuncian esporádicamente la detención de algunos capos, pero eso no quiere decir que la violencia, la inseguridad y el derramamiento de sangre, haya cesado.

Las emboscadas a policías federales y militares están de moda. Es una reacción al clima de persecución de las autoridades federales contra ciertos cárteles de la droga. Los capos, cuando ordenan reaccionar al acoso federal, son temibles. Los Zetas, el cártel de Sinaloa, los Caballeros Templarios, los del cártel del Golfo, los de Jalisco Nueva Generación, el cártel de Tijuana, el cártel del Milenio, el cártel de Juárez, Los Negros, Los Rojos, Guerreros Unidos, todos, sin excepción, mandan a sus sicarios a realizar matanzas de policías estatales y federales y militares y marinos.

Si eso hacen con gente armada de la Policía Federal, del Ejército, la Marina, ¿qué no harán con los candidatos a quienes les ofrecen ayuda para ganar, y luego cobrarles el favor? ¿Quién lo va a impedir? ¿El INE? ¿Los partidos políticos? ¿La PGR? ¿La denuncia ciudadana? De que habrá la mano del narco en el proceso electoral, la habrá.

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¿La justicia en manos de Televisa?

PAULINO CÁRDENAS

A ver si la justicia ‘en manos de Televisa’ resulta más eficiente que con el gobierno federal. Uno de los clamores más sentidos en México es el de la injusticia que el gobierno actual y los que le precedieron, han dejado crecer. Garantizar justicia para los mexicanos es una materia olvidada por generaciones y una promesa incumplida sexenio tras sexenio. El gran problema de la ausencia casi absoluta de justicia en nuestro país ha sido por el influyentismo, las complicidades, la corrupción y la impunidad. La falta de justicia ha sido cómplice de la inseguridad que vive el país. El primer punto es acabar con la impunidad. Para ello será necesaria toda una ‘limpia’ en los ministerios públicos y los mandos de decisión de la PGR.

En vista de que el Ministerio Público depende de la Procuraduría General de la República, será Arely Gómez González Blanco, la nueva titular de esa dependencia, quien tenga esa responsabilidad. De alguna forma ya lo advirtió: habrá una depuración ‘a fondo’. Y aclaró que “no me prestaré” a encabezar una “Procuraduría de venganzas políticas” y que bajo su mando será una dependencia “apegada a derecho”. Eso mismo dijo Marisela Morales cuando tomó posesión del cargo y mire usted en que acabó su promesa; sucumbió ante la mafia que manejaba Genaro García Luna el ex titular de la SSP federal con Felipe Calderón.

Habrá que ver si en sus manos sí se logran los fines para los que fue creada la PGR en donde se supone que deberían regir varios principios, de legalidad, de oportunidad, de objetividad y sobre todo principio de responsabilidad. Son principios ineludibles que deben regir las acciones de la Procuraduría General de la República, que hasta ahora le debe muchos de esos principios a los mexicanos ya que, para empezar, no se persiguen todas y cada una de las conductas delictivas ni hay respeto absoluto a las normas que conforman el ordenamiento jurídico ni los tratados internacionales, la Constitución, las leyes ni los reglamentos administrativos. El debido proceso no re respeta.

Como sea, es un hecho que la justicia quedará en manos de una funcionaria que niega de entrada que haya conflicto de interés entre Televisa y el cargo que ostenta. Se trata de un “imaginario conflicto de interés” puntualizó Arely Gómez. Tiene un hermano que ocupa un cargos de alta dirección en la empresa mediática. Es Leopoldo Gómez quien, después de Emilio Azcárraga Jean, es de las más altas jerarquías en Televisa. Ella asegura: nada tendrá que ver mi desempeño, con Televisa. Habrá que creerle.

Lo que cierto es el ascendiente que tiene la televisora en el presidente Enrique Peña Nieto. De hecho es producto del empuje que le dio esa empresa desde que era gobernador del estado de México con aspiraciones de ser presidente de la República. Bernardo Gómez Martínez, vicepresidente de la empresa, así como Alejandro Quintero, creador de TV Promo y vicepresidente Corporativo de Comercialización, fueron los artífices del “plan de acción” para llevar al mexiquense a la Presidencia de la República. Eso lo saben todos los mexicanos. Ni es nuevo ni tendría por qué negarse. Es un hecho consumado. Eso no debe molestar ni preocupar a la nueva procuradora general de la República. Ella misma lo dijo, que su carrera y la de su hermano Leopoldo han sido distintas. Pero quien la propuso para el cargo fue Peña.

Aquí el punto es otro; es qué papel habrá de jugar Arely Gómez como procuradora general de justicia de México, en una nación que justamente adolece de falta precisamente de justicia. Solo la hay para los ricos y poderosos. Pocos creen que la señora tenga las agallas como para que cambien las cosas y sea capaz de darle un giro a esa dependencia y sobre todo a sus objetivos, y que haya una justicia democrática, pareja para todos, para pobres y ricos, para jodidos y pudientes. Por más que declare que sí, que ya verán. Se acepta el reto porque la descomposición que ha habido en la impartición de justicia en nuestro país, ha sido aterradora.

Dijo por ejemplo, que el caso Ayotzinapa de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre, sigue abierto. No hay carpetazo, afirmó. Eso es contrario a lo que quería el presidente Peña Nieto. Él quería que se cerrara el caso y ya no se hablara más de él. Pero, necia como es la realidad, eso no es por decreto. El tema sigue vivo y será un primer reto que tendrá que afrontar la señora Gómez González Blanco, nombrada la semana pasada por el primer mandatario como futura titular de la Procuraduría General de la República. Pero hay otros muchos casos que están en la agenda de la procuración de justicia.

Está el caso Ttlatlaya de los 22 supuestos delincuentes que fueron ejecutados por un comando militar el 30 de junio pasado, pee a que ya se había rendido, es un asunto que va para largo, que incluso puede sacar muchas chispas y del que pudieran surgir inesperadas sorpresas vinculadas al actual gobierno del estado de México que encabeza Eruviel Ávila. Está el caso también del incumplimiento de las recomendaciones de la ONU respecto al tema de los derechos humanos; está también el caso de Oceanografía, para no hablar de los casos de gobernantes y ex gobernantes vinculados al narco. Dijo que hará una revisión completa de la Fiscalía Especial para los Delitos contra Periodistas. Habrá que ver, pues, si la justicia no acaba siendo dura para algunos y sesgada para otros.

La gente -vox populi, pues- empieza a comentar, con su acostumbrada picardía, si ‘en manos de Televisa’ la procuración de justicia resulta más expedita y justa que en manos del gobierno. Habrá que ver si la nueva funcionaria expide órdenes a los mandos superiores del Ministerio Público que actúen en favor de los ciudadanos y en protección de la seguridad jurídica y no cede ante los influyentes, adinerados y poderosos que gozan del manto sagrado de la impunidad. Bueno sería que encarcelara a tantos peces gordos que se lo merecen.

Pero la gran pregunta es: ¿Y si la procuración de justicia en manos de Arely Gómez resulta toda una revelación y hace el papel que todos los mexicanos esperan de la PGR?

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¿Quién protege a Ángel Aguirre?

 PAULINO CÁRDENAS

Desde que andaba en campaña para gobernador de Guerrero, el ex mandatario de ese estado, Ángel Heladio Aguirre Rivero, había dejado correr la especie de que era ‘compadre’ de Enrique Peña Nieto y que su candidatura estaba consensuada con el PRI. Con eso quiso amarrar el triunfo. La gente de Peña dejó correr el rumor. Lo cierto es que en el caso del ex gobernador de Guerrero, parece haber un blindaje proveniente de Los Pinos para proteger al supuesto verdadero jefe del clan Aguirre. No se sabe si esa protección venga del principal huésped de la casa presidencial o de alguien que, además del fuerte ascendiente que debe tener sobre el primer mandatario, ha tenido supuestos vínculos de negocios con Ángel Heladio.

Por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó el pasado 23 de enero a la Procuraduría General de la República, que ejercitara acción penal en contra del ex gobernador de Guerrero Ángel Heladio Aguirre Rivero, por su involucramiento en operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero la institución no procedió contra el ex mandatario. Sí, en cambio, lo hizo contra la red de ex funcionarios públicos de esa entidad que participaron junto con Aguirre Rivero en triangulaciones que sirvieron para ocultar el desvío de más de 287 millones de pesos de recursos estatales y federales que estaban destinados a la construcción de obras públicas.

De hecho, esa denuncia de la UIF fue la base para la aprehensión del hermano del ex gobernador, Carlos Mateo Aguirre Rivero, un sobrino de ambos, y seis miembros de la familia Hughes. Sin embargo, en la petición de la Unidad de Inteligencia Financiera se mencionaba a otro de los Aguirre Rivero, Floriberto Rafael, así como a la cuñada de Ángel Heladio, Ana María Zavala Barros. Mateo Aguirre había tenido cargos relevantes y había conformado un clan de ratas para esquilmar al erario federal y estatal con recursos para beneficio propio. Se le acusa de peculado y de presunto lavado de dinero.

En 2012 Mateo Aguirre había sido nombrado coordinador general del Ejecutivo local, es decir, que era quien maneja de hecho todos los asuntos del entonces gobernador, Ángel Aguirre. Además, fue delegado en Morelos de la Secretaría de Transportes y Comunicaciones en 2013. Mateo Aguirre fungía como uno de los operadores que gestionaba obras públicas con empresarios durante la administración de su hermano Ángel Aguirre, en Guerrero. En estas negociaciones también participaban un sobrino del ex mandatario guerrerense, y los hermanos Hughes.

En medio de todo esto, y al no proceder la PGR a la solicitud de investigación a Ángel Heladio Aguirre que le había formulado la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, comenzaron las sospechas. ¿Por qué, teniendo elementos de prueba ofrecidas por la UIF, el procurador Murillo Karam no ordenó abrir una investigación contra el ex gobernador de Guerrero a quien ya se le acusaba también de haber tenido que ver con los hechos de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa?

Lo más que sucedió fue que, por el caso de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre del año pasado, pidió licencia como gobernador; pero hasta ahora ninguna instancia de la Procuraduría General de la República lo ha invitado a declarar, ni sobre el caso Ayotzinapa, ni sobre el caso del saqueo al erario federal y estatal de Guerrero siendo él gobernador, delitos por los que su hermano Mateo está en la cárcel junto con otros familiares y sus compinches de la familia Hughes. ¿Quién es, pues, el poderoso padrino de Ángel Heladio Aguirre Rivero? ¿Por qué oficialmente no le han girado orden de presentación? Se dice a manera de chisme que es ‘compadre’ del presidente Peña Nieto.

El cuento comienza cuando, andando Ángel Heladio en campaña para gobernador, y Peña Nieto señalado como candidato para presidente de la República, Aguirre Rivero dejó correr la especie de que su candidatura era bien vista por el PRI y por su ‘compadre’, el ex gobernador del estado de México, quien sin duda ganaría la elección para Presidente de la República una vez que lo postulara oficialmente su partido. Para gobernador del estado de Guerrero compitieron Ángel Aguirre Rivero, por la coalición Guerrero nos Une, integrada por el PRD, PT y Convergencia, y Manuel Añorve Baños, por la coalición Tiempos Mejores para Guerrero integrada por el PRI, PVME y PANAL. Marcos Efrén Parra Gómez, por el PAN, aunque éste último declinó por Ángel Aguirre, cinco días antes de la elección.

Se supone que Peña debió ir a apoyar al candidato del PRI, Añorve Baños, pero nunca lo hizo. Eso lo capitalizó Aguirre para decir que era porque quien quería que ganara la gubernatura del estado era él y no el candidato del tricolor. El  31 de enero de 2011 Ángel Heladio ganó las elecciones de su estado. Y el 17 de diciembre de 2011 Peña Nieto fue designado candidato oficial de su partido.  El cuento de que eran ‘compadres’ nunca se desmintió. Ahora, ese cuento para muchos mexicanos parece tomar visos de verdad, porque hay un manto protector que parece descender de Los Pinos, en apoyo a quien sin la menor duda le debe muchas a su pueblo y a los mexicanos.

Si la especie que dejaron correr Ángel Heladio y Peña -su gente pues- de que eran ‘compadres’ y que su candidatura para ser gobernador de Guerrero tenía la anuencia del PRI y del propio ex gobernador mexiquense, hoy toma otra connotación. Si esa candidatura estaba consensuada por el PRI y por su ‘compadre’, hoy por hoy tiene un significado de verdad, aunque no lo fuese. Esto porque el manto sagrado que protege al ex gobernador Aguirre Rivero, no puede provenir de una instancia menor. Si la PGR no se atrevió a investigar a Ángel Heladio lo que con pruebas le planteó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en enero pasado, debe ser por algo. Habrá pues, que indagar qué es ese ‘algo’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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‘El Cepillo’ dijo lo mismo que la PGR

PAULINO CÁRDENAS

El mismo argumento que dio a conocer la PGR fue lo que declaró Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo” o “El Terco”, lugarteniente del grupo criminal Guerreros Unidos, quien confesó haber asesinado, junto con cuatro cómplices, “a unos 15” normalistas de Ayotzinapa que le entregaron con vida jefes policiales de Iguala y de Cocula, y que al menos 25 ya habían muerto “por asfixia”. Los padres de los normalistas no creen esa versión. El vocero de los familiares, Felipe de la Cruz, declaró: “No creemos en nada que salga de la PGR, porque para nosotros todo está montado”. Dijo que durante las marchas programadas para hoy, al cumplirse cuatro meses de la desaparición de los jóvenes, exigirán justicia y la presentación con vida de los estudiantes.

‘El Terco’ repitió el mismo argumento que ha venido sosteniendo el titular de la PGR, de que los estudiantes fueron calcinados. Dijo el criminal que “él supo que todas las víctimas eran estudiantes y no delincuentes” según admitió en las declaraciones integradas al expediente de la PGR sobre la desaparición de los normalistas, a las que Milenio tuvo acceso. Se dice que después de la masacre intentó huir a Estados Unidos para refugiarse en Iowa con su hermano, aunque fue detenido y deportado; se ocultó en Tecámac. La PGR señaló que las declaraciones de Rodríguez Salgado “aportan más datos y no vinculan en ningún momento a militar alguno”. Pero la historia que cuenta ‘El Cepillo’ no convence a los padres de los normalistas desaparecidos.

Según su confesión, afirmó que la noche del 26 de septiembre de 2014 recibió una llamada a su número celular del ‘Cabo Gil’ (Gildardo López, lugarteniente del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, quien se halla detenido), quien le ordenó que “se moviera con su gente” a la entrada de Iguala para que lo apoyara, porque mantenía un enfrentamiento con Los Rojos, grupo delincuencial antagónico.

Sostuvo que él y los sujetos conocidos como ‘El Pato’, ‘Jona’, ‘Bimbo’, ‘Duvalin’, ‘Huasaco’ y ‘El  Guereque’, abordaron una camioneta Nissan Estaquitas y una Pick Up verde para ayudar a la gente de Gildardo López. Llegaron al punto denominado Loma de Coyotes, donde ya lo esperaban ‘El Cabo Gil’ y los mandos de las policías municipales de Iguala y de Cocula en cinco patrullas y una camioneta blanca de redilas de tres toneladas, donde tenían a un grupo de jóvenes.

Según su testimonio, subieron a los normalistas en el vehículo de redilas y se dirigieron al basurero de Cocula, pero alrededor de “unos 25 ya iban muertos por asfixia” y quedaban “unos 15 vivos”, a los que él y su “gente” ejecutaron a balazos y calcinaron, para después regresar a Iguala, pese a que él sabía que todos eran estudiantes.

Al día siguiente, ‘El Cabo Gil’ le ordenó que verificara si se habían quemado por completo los cuerpos, ya que habían comenzado a incinerarlos desde la madrugada del 27 de septiembre y que a las 17:00 horas de ese día aún no terminaban de calcinarse. Horas después limpiaron las cenizas y recogieron restos que colocaron en bolsas negras de plástico grandes que lanzaron al río San Juan de Cocula.

Sobre su huida a EU, el ‘Cepillo’ habría declarado que primero se trasladó  a Cuernavaca, Morelos, y luego a la frontera norte para intentar cruzar a Estados Unidos y esconderse con su hermano que radica en Iowa. Arribó a Sonoyta, Sonora; sin embargo, autoridades migratorias de Estados Unidos lo detuvieron cuando intentó ingresar a través de la frontera que conecta con Lukeville, Arizona. Después de dos días fue deportado por el punto fronterizo de Piedras Negras, Coahuila.

Señala en su declaración que a principios de diciembre y ante la falta de dinero se trasladó al municipio de Tecámac, estado de México, para mantenerse oculto. En ese lugar fue visitado por su novia, con quien el 7 de enero viajó a Jiutepec, Morelos; ella regresó a Iguala y él permaneció en un taller mecánico propiedad de un amigo. Sin embargo, fue detenido el pasado 15 de enero por la Policía Federal y miembros de la Defensa Nacional.

Por otra parte, un nuevo método que han estado experimentando el equipo de especialistas forenses de la Universidad de Innsbruck, Austria, que encabeza el biólogo molecular Walther Parson, llamado Secuenciación Masivamente Paralela (Massively Parallel Sequencing), abre un resquicio como última esperanza que pudiera servir para investigar más a fondo los restos de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que fueron enviados por la PGR, luego de que el método del ADN mitocondrial, un procedimiento nuclear, no dio los resultados esperados en 16 de 17 casos. Habría “una ligera posibilidad” de encontrar coincidencias genéticas con alguno de sus familiares, dijo.

El biólogo molecular y su grupo de forenses que analizó las muestras óseas, recibió el 13 de noviembre las muestras óseas que fueron halladas en el basurero de Cocula, Guerrero, las cuales le fueron enviadas por la PGR. Con el procedimiento de análisis del ADN nuclear sólo se logró identificar un perfil genético masculino que coincidía con el perfil de Ezequiel Mora Chora y Hugo Mora Venancio, padre y hermano del normalista Alexander Mora Venancio. Pero en los demás casos no se logró ningún resultado porque no se encontró ADN útil a causa del deterioro causado por el fuego en los restos óseos calcinados recibidos.

Si embargo, los especialistas no se dan por vencidos y abrigan la esperanza de que un nuevo método que han estado experimentando llamado Secuenciación Masivamente Paralela (Massively Parallel Sequencing), “podría servir como una herramienta útil para investigar más a fondo estos restos”, según comentó Parson a través de una entrevista por correo electrónico con el periódico Milenio. Pero los resultados tardarían unos tres meses. No obstante, esto vuelve a revivir la esperanza de los padres de los normalistas desaparecidos, de que los restos óseos no todos pertenezcan a los normalistas.

 

 

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