PAULINO CÁRDENAS
¿Por qué el Gobierno federal ha ordenado el repliegue de militares en zonas productoras de enervantes o en donde se sabe que los cárteles operan o utilizan como corredores para el traslado de drogas? Una razón podría obedecer a que para el nuevo gobierno, se supone que el gasto militar no es prioritario. A juzgar por los discursos oficiales, se le quiere dar prioridad al gasto en otros rubros como el fomento al empleo, la educación, y otros aspectos sociales para la población; situación que, de darse en los hechos, sería de aplaudir. Sin embargo, se dice que desde el pasado mes de marzo, elementos del Ejército y de la Marina han comenzado retirarse discretamente de diversos puntos del país señalados en rojo en el mapa de inseguridad donde se enseñorean las organizaciones delictivas organizadas, en una operación ‘retiro’, supuestamente debido por un lado a un ajuste en la estrategia de seguridad y por otro al elevado costo que ha significado su permanencia en decenas de puntos conflictivos en la lucha contra los cárteles de la droga y el crimen organizado.
Otra versión asegura que ese repliegue se debe a la integración de la Policía Estatal en cada entidad. Otra de las causas, se señala, es que los militares han estado realizando su retiro de las zonas en conflicto porque es parte del regreso a sus cuarteles, lo que ha sido una reiterada demanda no solo de algunos sectores de la sociedad, sino de los propios mandos castrenses. Se habla de que en algunos destinos donde estaban destacados, alrededor del 50 por ciento de las fuerzas que se hacían cargo de la seguridad en distintos puntos del país, han abandonado los sitios en donde se encontraban en misión de servicio. Para muchos efectivos militares eso ha sido una buena noticia, pero ese retiro ha traído serias consecuencias para los pobladores que se han quedado al garete, a expensas de la delincuencia organizada que opera en sus comunidades y poblados. Las extorsiones bajo amenaza de muerte aumentan y el salvajismo criminal no para.
Al haber quedado a la buena de Dios, muchas comunidades han decidido integrar grupos de autodefensa popular, para evitar, como ha estado sucediendo desde hace meses, que de manera salvaje e impune los sicarios vayan y quemen las casas de quienes se oponen a sus designios o matando a mansalva a quienes se oponen a pagar ‘derechos’ que ha impuesto la delincuencia organizada en muchos lugares del país, en donde los gobernantes de hacen pato y no actúan contra ese flagelo que tiene sometidas a cientos de pobladores ante la indiferencia del gobierno federal. Ya son decenas de entidades federativas en donde se ha estado presentando el nacimiento de grupos civiles armados no agresivos, excepto para cuando se requiera.
“Hay una estrategia de cambio” han dicho funcionarios gubernamentales que prefieren que sus nombres no se hagan públicos. Hay que recordar, dicen, que los gobiernos de los estados son los que han venido manteniendo a todos esos elementos extra que están en los distintos territorios, lo que “representa una inversión fuertísima en términos de dinero”; se supone que muchos de los ajustes –refiriéndose al repliegue militar que aunque discreto ha sido constante– que se están dando, es por eso, señalan. Acaso ese es uno de los acuerdos secretos que se han ido tomando en las reuniones entre gobernadores y los integrantes del gabinete de seguridad. Pudiera ser parte de una nueva estrategia que aun se quiere mantener en reserva, esperando primero los resultados y, sobre todo, en espera de la reacción de los pobladores de las zonas conflictivas de donde se han ido retirando las fuerzas gubernamentales armadas. Se supone que el costo en dinero es punto clave. Otro es que hay la obsesión de que Peña Nieto no quiere, en materia de lucha anticrimen, parecerse a su antecesor.
El hecho es que varias poblaciones en México que han sido tradicionales enclaves para la siembra de enervantes, que son santuarios donde actúan o viven los capos o lugares que las mafias han convertido en corredores para el paso de drogas, han ido careciendo cada día más de presencia militar. Por eso muchas familias han decidido huir de sus lugares de origen. Son los desplazados que han proliferado desde el sexenio anterior y que en esta administración siguen emigrando a otros lugares más seguros, con todo lo que ello implica porque son gentes de escasos recursos que tiene que dejar atrás lo poco que les ha permitido la vida. Ante ese drama cotidiano está la indiferencia gubernamental, que cuando no se la pasa criticando la integración de grupos de autodefensa, afirma en cada discurso sobre inseguridad, que en el país han disminuido las actividades de los cárteles de la droga y del crimen organizado, lo que los hechos desmienten.
Por lo pronto los planes de crear una Gendarmería Nacional ha quedado en veremos. La idea de un cambio de una policía civil a una Policia Militarizada, absorviend a todas las corporaciones a nivel nacional, por alguna razón no ha acabado de cuajar. Parece que no acaba de convencer a quien tiene la última decisión, que haya militares disfrazados de policías ya que es diametralmente distinto el trabajo policial que la actuación militar. Tal vez ese sea el meollo deliberativo. Otro personaje que con mucho bombo fue presentado como asesor estrella de Peña Nieto en materia de seguridad, el general colombiano Oscar Naranjo, ha estado prácticamente ausente de las tareas de seguridad pública. Hay de dos: O ya no está en el esquema, o quizá esté cocinando en lo oscurito un guiso tan especial que acaso el anuncio sería una verdadera bomba.
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