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La guerrilla, detrás de las protestas

PAULINO CÁRDENAS

Dos de los grupos guerrilleros de Guerrero, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), se habían pronunciado hace unos días a favor de la renuncia de Ángel Aguirre Rivero al gobierno del estado; por la devolución con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de manera forzada por las policías municipales de Iguala y de Cocula; en pro de combatir el narcoestado, y en dar con el paradero de José Luis Abarca Velázquez, alcalde de Iguala, y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, vinculados al cártel de los hermanos Beltrán Leyva y al de Guerreros Unidos. El ERPI declaró que para ello había creado un grupo justiciero llamado ‘Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre’, fecha en que fueron secuestrados los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Llamaron al pueblo a sumarse a esa brigada.

El ERPI, que había optado por no aparecer públicamente desde hace tiempo, señaló en un video que “nos vemos obligados a romper el silencio por los acontecimientos que se dieron en el estado de Guerrero”, refiriéndose a los ataques a estudiantes normalistas en Iguala, perpetrados por policías y presuntos miembros del cártel Guerreros Unidos que dejaron seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos. Esto, por la omisión y supuesta colusión del gobierno estatal en estos y otros hechos relacionados con el crimen organizado. A esta propuesta se unió también otro grupo rebelde, Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP). Esta organización guerrillera el pasado 1 de octubre habían manifestado que el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, arribó al poder “a base de la compra de conciencias con dinero proveniente del narcotráfico”.

En un comunicado dio a conocer que era un secreto a voces que el edil que anda prófugo, forma parte del cártel de Guerreros Unidos a quienes sirve y lava dinero junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, de negro historial. Señalaba este grupo guerrillero que ambos son responsables de la tortura y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román de la Unidad Popular de Iguala, así como de Justino Carvajal Salgado, primer síndico procurador de Iguala”. Las FAR-LP externaron su apoyo y pésame a los familiares de los normalistas fallecidos hace unas semana como consecuencia de un ataque perpetrado por agentes municipales de Iguala. “Lo que pasó es algo que nos ofende a todos”, expresó el movimiento.

El comunicado que dio a conocer en esa fecha convocaba: “A todos nuestros hermanos de lucha, preparémonos para pasar de la defensiva estratégica a la ofensiva generalizada contra el Estado; saben cuáles son los medios para ponernos de acuerdo; no dejemos pasar esto, nuestros hermanos muertos no se lo merecen, es hora de poner en práctica la máxima de Patria o Muerte. Al pueblo que nos apoya en nuestro andar y en nuestro accionar queremos decirle que todo lo que hacemos es por ellos y más tarde que nunca lograremos derrocar a este gobierno espurio”. Pues un informe de inteligencia federal enlista al menos 11 grupos detrás de las protestas en Guerrero a raíz de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, varios de ellos vinculados con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Por otra parte, en una manta aparecida en un plantel educativo de Iguala, atribuida al jefe de sicarios del cártel Guerreros Unidos -que había amenazado con sacar a la luz pública los nombres de alcaldes vinculados con ellos si no soltaban a los policías de Iguala y Cocula que habían sido detenidos por la PGR-, señala que ocho alcaldes de la zona norte y el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Héctor Vicario Castrejón, tienen presuntos vínculos con ese grupo delictivo. La manta lleva un mensaje dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, en el que se señala a los hermanos de Mario Casarrubias Salgado (fundador de Guerreros Unidos) y a la pandilla de Los Peques como responsables de la masacre y desaparición de normalistas.

“Sabemos que los responsables son los hermanos Casarrubias Salgado, Adán (El Jitomate), Ángel (El Mochomo), Sidronio (El Chino), junto con los hermanos Benítez Palacios, Oziel (El Oso), Víctor Hugo (El Tilo), Mateo (El Gordo), Salvador (Chava) Reynaldo (Rey), El Cholo Palacios, también Gil, May, Chente, Popoca y La Veva”, decía el mensaje atribuido a El Choky, identificado por las autoridades estatales como el jefe de sicarios de la banda criminal. También menciona los nombres de los 8 alcaldes que forman parte del cártel Guerreros Unidos.

“¿Señor presidente, quiere nombres? Taxco: Salomón Majul González y Eruviel Salado Sánchez; Ixtapan de la sal: Ignacio Ávila Navarrete y Efraín Pedroza Flores; Iguala: José Luis Abarca Velazquez y Francisco Valladares; Huitzuco: Héctor Vicario Castrejón, Norberto Figueroa Almozo, Javier Duarte Núñez y Marcelo Villalba Adame; Tepecoacuilco: Antonio Galarza Zavaleta; Cocula: César Miguel Peñaloza; Teloloapan: Ignacio Valladares; Apaxtla: Efraín Peña Damasio. Estos son el grupo que conforma Guerreros Unidos”. Por lo pronto las manifestaciones crecen en número y, en algunos casos, en violencia. Estudiantes, maestros y la sociedad han salido a las calles a gritar su ira contra una administración estatal corrupta, señalada desde todos lados como aliada del crimen organizado.

Pero esas protestas no son vistas por los servicios de inteligencia del gobierno federal como el resultado del hartazgo social, sino como un movimiento liderado por las guerrillas del EPR y el ERPI. Según ese informe confidencial cuya copia obtuvo el semanario Proceso, fechado el miércoles 15, las protestas podrían aumentar su impacto con bloqueos de las principales carreteras de la entidad, de los accesos a Acapulco, Iguala y Chilpancingo y la toma de hoteles y centros comerciales en las zonas turísticas de Taxco, Acapulco y Zihuatanejo, así como de los aeropuertos internacionales de estas dos últimas. Además se considera la posible ocupación de bancos, edificios públicos y estaciones de radio en las principales urbes guerrerenses. Mientras tanto, la atención está centrada en ver si se confirma la renuncia del gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre.

 

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Alcoholímetro, ¿la solución?

PAULINO CÁRDENAS

Después del desaguisado del martes en San Lázaro quizá la solución sería utilizar el alcoholímetro. La ingesta de alcohol es sin duda la adicción más grave que hay en México. El alcoholismo es un peligro para la sociedad, acaso equiparable a los estragos que ha dejado a su paso la narcoguerra en el país. Su uso y abuso está causando en el país un problema cada vez más creciente, no sólo en cuanto a accidentes automovilísticos que provocan a diario decenas de muertos y heridos a causa de que hay irresponsables que combinan la bebida con el volante, sino porque ese vicio provoca también suicidios y homicidios.

Ese problema hizo mella en el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados cuando en plena sesión –cuando se debatía la reforma política que se había aprobado en lo general y que bancadas del PRD, PAN y PT calificaron de “mocha y mutilada”, al considerar que no concede más atribuciones a los ciudadanos, sino que fortalece el poder presidencial, y que su redacción estuvo condicionada a la voluntad de Enrique Peña Nieto–, hubo un exabrupto al que le siguieron otros.

Cuando se discutía acaloradamente la revocación de mandato que al final echaron para atrás los del PRI y Partido Verde, de entre los que sí querían que se aprobara alguno alzó la voz para acusar que las votaciones se hacían en estado etílico por parte de algunos diputados sentados en las curules de la parte de atrás del recinto. La diputada Enoé Uranga, del PRD y Porfirio Muñoz Ledo del PT lo mismo que su compañero de bancada Jaime Cárdenas, pidieron investigar el “ambiente etílico” que según ellos se respiraba en el pleno, en tanto el panista Óscar Saúl Castillo afirmaba que las bebidas corrían “en la bancada de Peña Nieto”.

En respuesta el ganadero de la bancada priísta Julián Nazar se puso de pie y desde su curul gritó:  “Si le hiciéramos un examen de sangre a Porfirio (Muñoz Ledo), 90 por ciento sería alcohol y 10 por ciento botana”. Por supuesto que se armó la tremolina, lo que obligó al presidente de la Cámara de Diputados, el priísta Emilio Chuayffet Chemor, a suspender la sesión para reanudarla ayer a las once de la mañana. Pero Muñoz Ledo pidió la palabra para criticar al presidente de la Cámara de Diputados:

“En todos los parlamentos, cuando un presidente de asamblea ve que se le está faltando al respeto a cualquier legislador, debe parar y borrarlo del diario de los debates. Pero nos ocurrió también en la comparecencia de (Javier, secretario del Trabajo) Lozano, que empezó a injuriar a los legisladores”. Pero Chuayffet no hizo caso y levantó la sesión. El propio priísta Nazar ofreció disculpas al petista por ponerlo de ejemplo y pidió a la presidencia que se borrara ese episodio del Diario de los Debates.

Hace unos días se había dado el caso del diputado de Nueva Alianza, Jorge Kahwagi Macari, quien reapareció en la sesión de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, para apoyar una votación a favor  del PRI sobre la reforma política. Se le vio con el rostro descompuesto, hinchado, en aparente estado etílico o drogado, con la camisa de fuera; como si viniera de una parranda, su intervención fue incoherente y motivó también muchos comentarios negativos en contra del Legislativo.

Según estadísticas sobre el alcoholímetro que fue puesto en marcha en varios entidades del país desde hace varios años, la mayoría de los conductores que son sometidos a esa prueba arrojan un resultado positivo. Quizá una buena medida sería que el Congreso de la Unión instale esa prueba antes de que comiencen las sesiones o al menos cuando los diputados regresen de comer –y también senadores no crea usted– para saber del porcentaje permisible para el manejo, pero para el manejo de los asuntos legislativos.

El estado etílico, dice los especialistas, se puede conocer también por métodos tradicionales como la dilatación de las pupilas, la prueba de nariz-dedo, (que consiste en pedirle a la persona que se toque la nariz con el dedo, tanto con ojos cerrados, como abiertos) o la prueba de Romberg (que mide la alteración a nivel nervioso a través del balanceo de la persona, con ojos cerrados y abiertos) y signos vitales. La ventaja es que ningún lesgilador irían a parar al Torito porque gozan de fuero. Y para cerra la pinza también debería haber una prueba antidoping.

El asunto por supuesto habría que legislarse. ¡Ahí está el detalle! diría Cantinflas. Por lo pronto es un hecho que el consumo de bebidas embriagantes en México no va a cancelarse en ninguno de nuestro estratos sociales ni políticos, a pesar de los graves estragos que causa. El tema no es cosa menor. Pero acaso el alcoholímetro o la prueba antodoping serían soluciones relativas ya que los desencuentros, con o sin ambiente etílico, seguirán en el Legislativo.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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Indignados en México

PAULINO CÁRDENAS

Las protestas de los indignados en México podrían empezar a surgir y multiplicarse por conducto del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta y escritor Javier Sicilia, ya que existe la sospecha de que la Presidencia pretende desalentar a quienes lo integran y dejarlos ‘colgados de la brocha’, ya que en lo que sería el segundo diálogo prometido, programado para este viernes, en el que supuestamente se daría respuesta a algunos de los planteamientos de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico acordados en la primera reunión, quedó condicionada a que participen ‘otros grupos sociales’ y que el encuentro se realice a puerta cerrada, sin medios.

Los otros grupos serían los que encabezan Isabel Miranda de Wallace, María Elena Morera y Alejandro Martí, quienes de un tiempo para acá le han venido haciendo el ‘caldo gordo’ a Calderón respecto de su guerra contra las mafias, quienes apoyan su estrategia, pese a que no ha dado resultados. Se dice que traen de zanahoria la promesa de poder ocupar escaños en la Cámara de Diputados o de Senadores, si su activismo se sigue cargando a favor del mandatario panista en el tema de inseguridad, en torno al cual el Presidente anda en busca de compartir responsabilidades.

Eso quedó claro cuando el subsecretario de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez, anunció la semana pasada que esa segunda reunión que en teoría está programada para efectuarse este viernes 7, se celebraría si participan también los grupos que encabezan los tres personajes mencionados que perdieron familiares a manos del crimen organizado, pero que, según ha trascendido, los han ilusionado con la posibilidad de representar al PAN en el Legislativo.

Incluso el funcionario puntualizó que de llevarse a cabo ese segundo encuentro con los representantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el formato sería distinto al de la primera reunión. El del viernes se realizaría a puerta cerrada, sin medios, sin la posibilidad de un diálogo de las víctimas con el Presidente, con la participación única de dos integrantes del Movimiento y obviamente la de los tres bravos espadachines del rey que estarían prestos a todo por el reino, cual defensores  legendarios del Naruto.

La señora de Wallace había declarado que ningún movimiento puede tener la exclusividad para ser recibido por el Presidente como lo pretende el que encabeza Javier Sicilia, No obstante, Alvarez Icaza puntualizó que por supuesto nadie tiene la exclusividad; “jamas lo hemos pretendidio, pero el hecho real y preocupante es que eso equivale a darle la espalda a las víctimas que depositaron su confianza en él”.

Tanto Sicilia como el ex ombudsman capitalino quien es el encargado de las negociaciones con el gobierno, vieron en ese anuncio de Juan Marcos Gutiérrez, la señal clara de que el diálogo, en caso de que siguiera, sería bajo las condiciones de Calderón, lo que evidentemente ha disgustado a quienes creyeron en la palabra del jefe del Ejecutivo, olvidando que suele no cumplirla. En entrevista con José Gil Olmos de Proceso, ambos manifestaron su desconcierto por ese cambio de jugada.

Alvarez Icaza dijo que el Presidente debe honrar su palabra y realizar el segundo encuentro con las víctimas del Movimiento por la Paz con Justiia y Dignidad, bajo los mismos términos que en la primera reunión. Es decir, un diálogo con un grupo de familias afectadas por la narcoguerra, abierto y con el fin de escuchar las propuestas del movimiento para realizar un cambio a la actual estrategia del gobierno en el combate al crimen organizado.

Sicilia por su parte señaló que Felipe Calderón le está cerrando la puerta al que puede ser el último movimiento ciudadano que intenta proponer alternativas para sacar al país de la situación de emergencia en que se encuentra, de una forma pacífica. Si el gobierno no aprovecha esta oportunidad, se puede abrir más la brecha social y los grupos más radicales podrían tomar otros caminos, advirtió el poeta.

La diferencia entre las protestas de los indignados en Europa y en Estados Unidos, con respecto a las que podrían empezar a darse en México, es que en esos países  no hay una lucha armada de sus ejércitos regulares contra las mafias, primero porque nunca llegarían a esa decisión absurda, y segundo porque su activismo y su rabia va contra la amplia gama de afectaciones en el aspecto económico que afecta el bolsillo familiar y la situación laboral.

Acá se iría contra eso mismo, pero también contra el olvido de las políticas públicas fundamentales, con el agregado de que el clamor sería a favor del cese al fuego en el país. La exigencia social de las reinvidaciones pendientes podrían ser de tal tamaño que, como están las cosas en el país, sería un foco de explosión popular generalizado que el gobierno federal no estaría capacitado para conjurar, de no ser con la fuerza de las armas.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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Frustrado y desesperado

PAULINO CÁRDENAS

Las cosas para el gobierno de Felipe Calderón no están siendo como la esperaban para estas fechas sus ‘asesores’ de guerra con respecto al combate a las mafias del narco y de otras actividades del crimen organizado que tienen sumido en el miedo, en el dolor, la indignación y el hartazgo a millones de mexicanos. Esos cálculos fallaron. De ahí el reclamo abierto de millones de mexicanos, por esa guerra fallida, por sus pobres resultados, por la necedad de seguir con la misma estrategia y por los alrededor de 40 mil muertos que hasta ahora ha cobrado esa aventura bélica.

Hace unas semanas el presidente Barack Obama hizo un comentario que resultó lapidario, de pocos amigos, sobre este grave problema que se abate sobre México desde que empezó el sexenio. Dijo que los cárteles han ido cobrando más poder cada día, lo que ha provocado en su homólogo mexicano un estado de frustración. Esto ha quedado de manifiesto en los últimos días con las declaraciones públicas que ha hecho el jefe del Ejecutivo, que en tono enérgico, airado y colérico insiste en que todos hagan suya una guerra que no es de todos.

Resulta evidente que no sólo le preocupó al mandatario panista lo que piensa su homólogo norteamericano, sino lo que los mexicanos siguen viendo todos los días en cuanto a violencia, sangre y muerte y la aparición de más y más fosas clandestinas de las que siguen extrayendo decenas de cadáveres ejecutados y algunos de ellos decapitados, escenarios macabros que pareciera corroborar lo que expresó el mandatario norteamericano sobre el empoderamiento de los cárteles y la frustración presidencial.

Los hechos y no las palabras son las que hablan y se imponen al discurso oficial. Sólo hay que darle un repaso a los útlimos acontecimientos que han estado sucediendo en Tamaulipas y el de las ejecuciones de los jóvenes acaecidas en Morelos –por sólo mencionar dos de los casos sangrientos más recientes– por lo que los mexicanos decidieron salir hace unos días nuevamente a las calles a manifestar su indignación y su hartazgo por las consecuencias de una estrategia de guerra que no funciona, protestas populares que empezaron en Cuernavaca y que al Presidente molestan porque los reclamos son contra él y su guerra.

Incluso el clamor de “!Estamos hasta la madre¡” –cuya paternidad para el caso es del poeta, escritor y articulista Javier Sicilia a quien le mataron a un hijo cerca de Cuernavaca, frase que ha seguido usándose como himno popular en todo el país para mandarle el mensaje al gobierno que su estrategia no sirve para combatir a los delincuentes–, Calderón la pretende hacer suya cambiándola por un trillado “!Ya basta” y exigiéndole a la ciudadanía que los reclamos los dirijan a los delincuentes y no a quienes los combaten.

El Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas quiere convertir la real amenza del crimen organizado en una corresponsabilidad de todos, cuando es la actuación de las fuerzas armadas en la lucha contra las drogas la que ha sido incapaz de frenar al enemigo ni el salvajismo y las atrocidades contra la población inocente cuyos abominables actos se han venido convirtiendo en franco narcoterrorismo para poner en jaque al gobierno. Se infiere que no pueden, no por incapacidad, sino porque hay muchas ‘cochinadas’ –infidencias,  descoordinación, celos, corrupción e impunidad–, en medio de toda esa lucha.

Los voceros de las fuerzas armadas y federales han insistido en que esa guerra contra las mafias podría durar entre siete y diez años, acaso porque el gobierno ve muy difícil acabar en el corto plazo con toda esa gama de trabas que impiden que se vaya por el camino correcto. Ni siquiera se ha podido formalizar la famosa Policía Única con la que cree el Comandante Supremo que se empezarían a formar nuevos cuadros policiales para que ‘un día’ regrese el Ejército a sus cuarteles.

Ni siquiera en los porgramas de ‘control de confianza’ se ha podido avanzar cabalmente. Los gobiernos estatales ni municipales jalan parejo con el gobierno federal en esa petición que lleva años haciéndola el presidente Calderón, por lo que hace unos días volvió a quejarse de que no cumplen con esa formalización de acción conjunta. Los gobernadores arguyen que les faltan recursos para ese rubro, aunque para otros asuntos hay incluso despilfarro de dinero.

Pero tampoco el presidente Calderón ha querido escuchar otras sugerencias que le han hecho expertos en la materia, como cortarle de tajo el flujo de dólares a las mafias con los que los cárteles mantienen vivo el poder de su fuerza y la han acrecentado. El lavado de dinero es donde está el principal ‘talón de Aquiles’ del narco. Eso lo sabe el Comandante Supemo, quien prefiere el contrataque verbal cada vez que le tocan el tema de su fallida estrategia de guerra. De ahí no lo sacan. Y de ahí que la desesperación, más que la frustración, es la que ha empezado a hacer mella en él.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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Habrían sido ex militares

PAULINO CÁRDENAS

Si se comprueba que ex militares y soldados en activo son los responsables del asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia y de otras seis personas, como lo habría expuesto el procurador general de Morelos, Pedro Luis Benítez, el pasado fin de semana, las cosas se estarían poniendo color de hormiga para el gobierno federal panista que defiende a capa y espada la probidad del Ejército en la lucha contra el narcotráfico. Según fuentes no oficiales dijo que los criminales parecían pertenecer a una organización que opera en Guerrero y Morelos.

En el vehículo Honda en el que fueron hallados los cadáveres –seis hombres y una mujer amarrados de pies y manos y asfixiados con cinta canela– dejado en la entrada del fraccionamiento Las Brisas de Cuernavaca la mañana del 27 de marzo, fue hallado un mensaje que señalaba: “Eso les pasa por hacer llamadas anónimas a los militares y eso les va a pasar al capitán Barrales y capitán Castillo de la federal. Atte. CDG”. Eso fue negado por este cártel y culpó al del Pacífico Sur de los crímenes. Nadie sabe y nadie supo cuál es la verdad.

Benítez habría dicho también que uno de los ejecutados, el ex militar Álvaro Jaimes Aguilar, alias “El Comandante” –tío de Julio César y Luis Antonio Romero Jaimes, dos de los jóvenes encontrados en el vehículo junto con Juan Francisco Sicilia, hijo del escritor y articulista–, era cabeza de una célula de narcomenudeo y que el Ejército lo dio de baja por estar involucrado con la delincuencia organizada, según fuentes policiales y periodísticas.

Una fuente narró que el fiscal presentó un video del bar La Rana Cruda de la colonia Cantarranas, en Cuernavaca, en donde las siete víctimas se pusieron a hablar del narcotráfico y de la violencia que priva en el país. Al parecer a unas gentes que ahí estaban, presuntamente ex militares, no les gustaron los comentarios y empezaron a discutir. Al final los jóvenes decidieron irse, pero los habrían seguido.

Añadió la fuente que de ahí los muchachos fueron a comprar cervezas, las cuales ingirieron en un estacionamiento de un domicilio no especificado, y se les perdió la pista hasta que sus cuerpos fueron hallados dentro de un vehículo en el fraccionamiento Las Brisas de Temixco, municipio conurbado de Cuernavaca.

El procurador informó, según versiones periodísticas, que efectivos castrenses buscaban a los homicidas en todo el país, pero que ‘si los militares los encontraban antes que las autoridades civiles, no los entregarían’, y las procuradurías General de la República y la estatal ‘se quedarían sin elementos para sus pesquisas’. Muy grave, si así lo dijo. Sería muestra de que las autoridades siguen siendo rebasadas por el crimen organizado. Y el Ejército quedaría muy mal parado.

La indignación por los crímenes de los muchachos está subiendo de tono en todo el país, lo que se puso de manifiesto ayer con la serie de protestas, marchas y manifestaciones públicas que se celebraron en Cuernavaca, Morelos y en diversas entidades federativas y aún fuera de México, a favor de la paz y en contra de la violencia.

La Secretaría de Gobernación, a través del subsecretario de Gobierno, Juan Marcos Gutiérrez, había informado que en México no se vive una guerra sucia y que los militares actúan en el marco del derecho para coadyuvar en la lucha contra la delincuencia, en tanto se fortalecen las policías locales. Pidió esperar el resultado de las indagatorias.

No se sabe todavía si los asesinos de los jóvenes y un ex militar pudieran pertenecer a algún cártel de nuevo cuño. Porque el procurador estatal habría dicho el viernes que los criminales pertenecían a una organización que opera en Guerrero y Morelos, de la cual no dio el nombre. Un día antes había informado que los responsables del asesinato, ocurrido la semana pasada, eran ex servidores públicos, pero no precisó si eran policías ministeriales.

Si se confirma que los asesinos fueron ex militares y soldados en activo, para Felipe Calderón vendrá otra felpa por parte de todos los sectores de la sociedad. Por lo pronto, el grito de “¡Estamos hasta la madre!” empezó a cundir en  todo el país, y más allá de nuestras fronteras. En adelante será la frase lapidaria con la que la opinión pública exprese su hartazgo y su indignación contra la actual administración, no sólo por la ineptitud y la ineficiencia en la lucha contra el narcotráfico, sino por su incapacidad para resolver tantos pendientes a favor de la sociedad.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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‘No’ magisterial a subsidio

PAULINO CÁRDENAS

Aunque la manifestación popular organizada por la Sección 22 del magisterio de Oaxaca se vio como un vil repudio a la visita del presidente Felipe Calderón a esa ciudad capital, en el fondo su protesta fue encaminada a rechazar la medida anunciada por el mandatario panista del subsidio a colegiaturas de escuelas privadas, por considerar que alienta a la educación privada y atenta contra el artículo tercero constitucional.

No obstante, el reclamo, al que se están uniendo los maestros de las Secciones 9 y 10 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la capital de la República, podría empezar a enderezar sus baterías para exigir que se construyan más escuelas públicas, se incremente el número de becas para estudiantes de la clase pobre, y pobre alta en todo el país, y se mejoren los sueldos de los maestros, alegando lo que parece obvio: que el subsidio busca ayudar a los que más tienen y se olvida nuevamente a los más necesitados.

Como sea, el pasado martes, durante la visita que realizó el Presidente a aquella ciudad se suscitó un zafarrancho monumental que volvió a incendiar aquella ciudad capital y a poner a muchos oaxaqueños en pie de lucha popular en sus céntricas calles. Los marchistas reprocharon al gobernador Gabino Cué el que ande haciendo migas con quien anuncia privilegios para quienes pueden pagar colegiaturas, dejando a un lado la obligación del Estado de promover e incentivar la educación pública como lo ordena el artículo tercero constitucional.

Los maestros parecen coincidir en que debía derogarse el subsidio al pago de escuelas particulares y que la medida se ciña a lo que señala el artículo tercero constitucional de fijar las aportaciones económicas necesarias para el fomento de la educación pública gratuita y laica, en virtud de que el beneficio anunciado, de deducción de impuestos vía el pago de colegiaturas, incluye escuelas de enseñanza religiosa.

La reacción en cadena podría ir en aumento, sobre todo si la dueña del SNTE que maneja al sindicato más grande de América Latina aprovecha la coyuntura para sumarse al reclamo por no haber logrado todo lo que buscaba en Los Pinos, aunque hay quienes sospechan que su influencia pudo estar en los disturbios del pasado martes en Oaxaca. No obstante, crispó a muchos el trato meloso por parte del mandatario estatal con quien tanto le debe a México por el incumplimiento de promesas.

El anuncio presidencial “es un proceso típico de privatización de la enseñanza desde la política pública del Estado” puntualizó el jurista Diego Valadez. Señaló que el decreto “es una política altamente regresiva, típica de gobiernos de derecha”. Puntualizó que por supuesto existen excepciones y casos muy respetables de instituciones de educación privada. Dijo que si bien se debe auxiliar a los padres de familia debe hacerse, “pero no en detrimento de la educación pública”.

Señaló el ex procurador general de la República y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, que no deben ponerse en juego ni la calidad de la educación, ni las condiciones de trabajo de los profesores que están en este momento en las escuelas privadas que se encuentran desprotegidos en materia de seguridad social y que no tienen garantizada la estabilidad del empleo.

El pasado martes, desde antes de la llegada de Calderón a Oaxaca, amanecieron desplegados en los que se declaraba que no era grata su presencia en esa ciudad. Ese día se organizó por parte de los integrantes de la Sección 22 una protesta pública en el Centro Histórico de aquella ciudad capital, la cual quiso ser contenida por militares y la Policía Federal resguardados detrás de vallas metálicas, iniciándose una refriega que dejó más de una docena de heridos y varios detenidos ocasonados por golpes y lanzamiento de gases lacrimógenos.

Después de dimes y direte, al final el secretario general de la Sección 22, Azael Santiago Chepi, pidió a nombre de los maestros que el gobernador Cué destituya a la secretaria general de gobierno, Irma Piñeyro; al titular de Educación, Bernardo Vázquez y al de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, además de exigirle al mandatario “les ofrezca una disculpa” por la represión a los profesores oaxaqueños.

Esas muestras de repudio que empezaron en Oaxaca y siguieron en el Distrito Federal  podrían ir en aumento y ese movimiento pudiera convertirse en una nueva veta en contra de la actual administración que encabeza Felipe Calderón, por parte del magisterio disidente. Pero si la maestra Elba Esther Gordillo capitaliza el asunto y lo toma como bandera propia para cobrarse los favores no recibidos por parte de su otrora socio de andanzas electoreras, las cosas podrían alcanzar un punto de verdadera preocupación.

pcardenascruz@yahoo.com


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“Peligrosa bomba social”

PAULINO CÁRDENAS

El mundo está nuevamente al borde de una crisis alimentaria global. En varias partes del mundo los aumentos explosivos de los precios de los alimentos se están convirtiendo, dicen los especialistas, en una ‘peligrosa bomba social’. La volatilidad en los precios de trigo, maíz y arroz –productos que conforman la base de la pirámide alimentaria en el mundo en desarrollo– constituye un “riesgo adicional” a la crisis económica que  prevalece en muchos países en vías de desarrollo, como México.

El rápido incremento está generando la preocupación de que en el 2011 se repita la crisis de 2007-2008, que desembocó en intensos disturbos sociales en las calles de varios países que fueron sofocados con la fuerza pública, como sucedió en Filipinas, Haití, Egipto, Bolivia y Vietnam, escenas dramáticas de protesta que están empezando a darse en algunas naciones como Argelia, Túnez y Jordania.

La pregunta es si el gobierno mexicano está de veras listo para afrontar esta ‘peligrosa bomba social’, además de las que ya carga en su morral como el de la inseguridad, el estancamiento económico y la escasez de empleos permanentes, rubros que, entre otros,  han sido asignaturas pendientes de la actual administración que encabeza el presidente Felipe Calderón, aunque las prospectivas oficiales sean tan optimistas.

Desde noviembre pasado la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, venía advirtiendo que serán “los consumidores” los que pagarán las consecuencias del incremento de precios registrados en los últimos seis meses del 2010 sobre la mayor parte de los productos básicos agrícolas, fenómeno que ha empezado a reflejarse desde que inició el año y que podría irse agravando.

El organismo de la ONU tenía considerado que también se redujeran 7 por ciento las reservas de granos, con un descenso del centeno de 35 por ciento, maíz 12 y trigo 10 por ciento, debido a que en lugar de aumentar 1.2 por ciento, como se preveía en junio pasado, la producción de cereales cayera 2 por ciento. El azúcar es otro de los productos que contribuye al aumento del precio de la canasta alimentaria mundial en los últimos meses. Según la FAO, los precios del azúcar, que superaron recientemente sus niveles más altos en 30 años, permanecieron elevados y muy volátiles el año pasado.

Un reporte del Banco Mundial coincide con el pronóstico de la FAO y también advierte la posibilidad de que la escasez alimentaria haga crisis pronto. Se señala que el alza de precios de granos básicos “esta llegando a una zona de peligro” como dijo el economista en jefe del organismo para la Agricultura y la Alimentación de la ONU, Adbolreza Abbassian. Son niveles similares a los que se dieron entre 2007 y 2008, cuando se elevó de 862 millones a 923 millones el número de personas que padecen hambre en el mundo.

El banco mutinacional apuntó que la volatilidad en los precios de alimentos generaría, además de escasez y carestía, riesgos adicionales que serían una carga extra especialmente para los productores del campo de bajos ingresos que cuentan con limitados mecanismos para hacer frente a estas fluctuaciones –ya no se diga para los campesinos más pobres–, así como para los consumidores que habrían de destinar una mayor parte de su ingreso a la compra de comida.

La variación de precios de productos de la canasta básica, principalmente de los tres granos que suelen estar procesados y presentes en la mesa como el maíz y el trigo, además del arroz, han registrado alzas muy considerables, un  aumento vertiginoso de precios en los productos básicos. Tan sólo en la segunda mitad del año pasado, el precio de los aceites y las grasas se disparó 57 por ciento, y el del azúcar se incrementó hasta 77 puntos porcentuales. En México el precio de la harina de trigo sunió 20 por ciento según poductores.

La causas también están en “los choques climáticos”. Las torrenciales lluvias e inundaciones así como las sequías e incendios forestales que se registran en los campos de cultivo en los cinco continentes, han incrementado el problema de escasez, el alza en los precios, y el encarecimiento en el costos de la producción de granos básicos. Hay otros factores que han incidido en el problema como el uso de algunos granos para producir a nivel industrial combustibles para vehículos automotores. La mayor demanda de alimentos para ganado también es causa.

Dice la FAO que los precios internacionales podrían elevarse más si la producción no se incrementa este año de forma importante, en especial la de maíz, soya, trigo e incluso el arroz, cuyo suministro, aunque es más abundante que el de otros cereales, puede verse afectado. El asunto pues, no es de la menor importancia; al contrario. ¿El gobierno mexicano estará capacitado para tomar providencias respecto a esta real amenaza?


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