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¿Quién protege a Ángel Aguirre?

 PAULINO CÁRDENAS

Desde que andaba en campaña para gobernador de Guerrero, el ex mandatario de ese estado, Ángel Heladio Aguirre Rivero, había dejado correr la especie de que era ‘compadre’ de Enrique Peña Nieto y que su candidatura estaba consensuada con el PRI. Con eso quiso amarrar el triunfo. La gente de Peña dejó correr el rumor. Lo cierto es que en el caso del ex gobernador de Guerrero, parece haber un blindaje proveniente de Los Pinos para proteger al supuesto verdadero jefe del clan Aguirre. No se sabe si esa protección venga del principal huésped de la casa presidencial o de alguien que, además del fuerte ascendiente que debe tener sobre el primer mandatario, ha tenido supuestos vínculos de negocios con Ángel Heladio.

Por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó el pasado 23 de enero a la Procuraduría General de la República, que ejercitara acción penal en contra del ex gobernador de Guerrero Ángel Heladio Aguirre Rivero, por su involucramiento en operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero la institución no procedió contra el ex mandatario. Sí, en cambio, lo hizo contra la red de ex funcionarios públicos de esa entidad que participaron junto con Aguirre Rivero en triangulaciones que sirvieron para ocultar el desvío de más de 287 millones de pesos de recursos estatales y federales que estaban destinados a la construcción de obras públicas.

De hecho, esa denuncia de la UIF fue la base para la aprehensión del hermano del ex gobernador, Carlos Mateo Aguirre Rivero, un sobrino de ambos, y seis miembros de la familia Hughes. Sin embargo, en la petición de la Unidad de Inteligencia Financiera se mencionaba a otro de los Aguirre Rivero, Floriberto Rafael, así como a la cuñada de Ángel Heladio, Ana María Zavala Barros. Mateo Aguirre había tenido cargos relevantes y había conformado un clan de ratas para esquilmar al erario federal y estatal con recursos para beneficio propio. Se le acusa de peculado y de presunto lavado de dinero.

En 2012 Mateo Aguirre había sido nombrado coordinador general del Ejecutivo local, es decir, que era quien maneja de hecho todos los asuntos del entonces gobernador, Ángel Aguirre. Además, fue delegado en Morelos de la Secretaría de Transportes y Comunicaciones en 2013. Mateo Aguirre fungía como uno de los operadores que gestionaba obras públicas con empresarios durante la administración de su hermano Ángel Aguirre, en Guerrero. En estas negociaciones también participaban un sobrino del ex mandatario guerrerense, y los hermanos Hughes.

En medio de todo esto, y al no proceder la PGR a la solicitud de investigación a Ángel Heladio Aguirre que le había formulado la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, comenzaron las sospechas. ¿Por qué, teniendo elementos de prueba ofrecidas por la UIF, el procurador Murillo Karam no ordenó abrir una investigación contra el ex gobernador de Guerrero a quien ya se le acusaba también de haber tenido que ver con los hechos de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa?

Lo más que sucedió fue que, por el caso de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre del año pasado, pidió licencia como gobernador; pero hasta ahora ninguna instancia de la Procuraduría General de la República lo ha invitado a declarar, ni sobre el caso Ayotzinapa, ni sobre el caso del saqueo al erario federal y estatal de Guerrero siendo él gobernador, delitos por los que su hermano Mateo está en la cárcel junto con otros familiares y sus compinches de la familia Hughes. ¿Quién es, pues, el poderoso padrino de Ángel Heladio Aguirre Rivero? ¿Por qué oficialmente no le han girado orden de presentación? Se dice a manera de chisme que es ‘compadre’ del presidente Peña Nieto.

El cuento comienza cuando, andando Ángel Heladio en campaña para gobernador, y Peña Nieto señalado como candidato para presidente de la República, Aguirre Rivero dejó correr la especie de que su candidatura era bien vista por el PRI y por su ‘compadre’, el ex gobernador del estado de México, quien sin duda ganaría la elección para Presidente de la República una vez que lo postulara oficialmente su partido. Para gobernador del estado de Guerrero compitieron Ángel Aguirre Rivero, por la coalición Guerrero nos Une, integrada por el PRD, PT y Convergencia, y Manuel Añorve Baños, por la coalición Tiempos Mejores para Guerrero integrada por el PRI, PVME y PANAL. Marcos Efrén Parra Gómez, por el PAN, aunque éste último declinó por Ángel Aguirre, cinco días antes de la elección.

Se supone que Peña debió ir a apoyar al candidato del PRI, Añorve Baños, pero nunca lo hizo. Eso lo capitalizó Aguirre para decir que era porque quien quería que ganara la gubernatura del estado era él y no el candidato del tricolor. El  31 de enero de 2011 Ángel Heladio ganó las elecciones de su estado. Y el 17 de diciembre de 2011 Peña Nieto fue designado candidato oficial de su partido.  El cuento de que eran ‘compadres’ nunca se desmintió. Ahora, ese cuento para muchos mexicanos parece tomar visos de verdad, porque hay un manto protector que parece descender de Los Pinos, en apoyo a quien sin la menor duda le debe muchas a su pueblo y a los mexicanos.

Si la especie que dejaron correr Ángel Heladio y Peña -su gente pues- de que eran ‘compadres’ y que su candidatura para ser gobernador de Guerrero tenía la anuencia del PRI y del propio ex gobernador mexiquense, hoy toma otra connotación. Si esa candidatura estaba consensuada por el PRI y por su ‘compadre’, hoy por hoy tiene un significado de verdad, aunque no lo fuese. Esto porque el manto sagrado que protege al ex gobernador Aguirre Rivero, no puede provenir de una instancia menor. Si la PGR no se atrevió a investigar a Ángel Heladio lo que con pruebas le planteó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en enero pasado, debe ser por algo. Habrá pues, que indagar qué es ese ‘algo’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Depredadores del sistema

PAULINO CÁRDENAS

Aunque tiene la oportunidad en sus manos, hay serias dudas de que el gobierno de Enrique Peña Nieto quiera llevar a cabo una verdadera limpia e ir tras los depredadores del sistema, los funcionarios que en cargos de representación popular o por dedazo llegar a ocupar puestos importantes dentro de la administración pública de los tres niveles de gobierno –federal, estatal o municipal–, cuya lista de trasquiladores del erario, ladrones pues, abarca a legisladores y mandos del poder judicial. Son casos aislados, focalizados, es la cantaleta de las autoridades que supuestamente están encargadas de perseguir delincuentes de cuello blanco incrustados en cualquiera de los tres poderes.

Una oportunidad –otra–, es el caso del saqueo a las arcas del erario de Tabasco en la pasada administración –que no ha sido por supuesto el único saqueo que ha sufrido ese estado–, en donde el caso de Andrés Granier se ha convertido en una vacilada, en un juego de tin-marín-de-do-pingüé. Esa mofa podría convertirse para el gobierno de Peña en un segundo caso que pudiera hacerle honor a las promesas de ir en esta administración contra todo acto de corrupción, cuyo único campanazo –que se quedó en eso–, ha sido la detención de  la maestra Elba Esther Gordillo que suponía el principio de otros golpes similares al de ella.

A la aprehensión del ex encargado de Finanzas del gobierno de Granier, José Manuel Saiz Pineda, la PGR le puede sacar partido, no solo por la riqueza inexplicable con la que ese ex funcionario se ha podido comprar varios autos Ferrari, poseer varias casas de descanso aquí y allá y robustas cuentas bancarias en pesos y en dólares, sino porque su negro historial habla de que es una gente que ha sabido prestar sus servicios con certificado de garantía, a varios personajes de la vida política y empresarial, para el saqueo de dinero público, evasión de impuestos y lavado de dinero de procedencia ilícita, sin dejar huellas. Se dice que esa ha sido su especialidad.

Si el gobierno de Peña Nieto quisiera, podría la Procuraduría General de la República convertir a ese nefasto personaje de la delincuencia organizada de cuello blanco  en ‘testigo protegido’. De esta manera podría comenzar a desenredar la madeja de corruptelas que ha privado entre las mafias integradas por funcionarios públicos y dueños de empresas que han contratado sus servicios para cometer ilícitos impunemente. Esas tareas según ha trascendido, las ha venido realizando Saiz Pineda en el sureste de la República. De ahí podrían irse jalando las madejas que llevarían a descubrir otros casos en otras partes del país.

No solo en Tabasco sino en las entidades en donde está acreditado el trabajo sucio de Saiz Pineda, la PGR podría tener mucha tela de dónde cortar y trazar una estrategia con las autoridades de justicia locales para empezar a desentrañar a esos cárteles que operan en el gobierno federal, estatales y municipales, y a muchos empresarios evasores de impuestos cuyos nombres, ubicaciones y modus operandi podrían sacárselos al ex funcionario de Finanzas de Andrés Granier que  algunos suponen que podría ir a la cárcel aunque otros señalan que mismo sistema acabará protegiendo al ex gobernador de Tabasco.

Dicen los abogados de Saiz que antes de llegar a la secretaría de Finanzas de Tabasco él ya era rico. Lo que no dicen es cómo hizo su riqueza. Eso le toca descifrarlo a las autoridades locales y federales. Ya hay pistas claras. El nuevo gobierno perredista encabezado por Arturo Núñez se aventó como el borras para denunciar ese caso por presiones de su mentor Andrés Manuel López Obrador, pero sus autoridades judiciales han sido un fracaso para demostrar la culpabilidad del ex secretario de Finanzas del gobierno anterior que encabezó Andrés Granier, y del propio ex gobernador, quien ayer habría regresado a México para atender a las autoridades que lo requieran.

El caso se ha vuelto de escándalo mediático; sin embargo, esa chunga el gobierno de Peña Nieto la puede convertir en algo muy serio, lo que podría redituarle buenas ganancias en cuanto a las promesas de que su gobierno iría contra los corruptos y que en su administración no habría intereses intocables. En ese caso de por medio están los más de 88 millones de pesos en efectivo que fueron encontrados en una refaccionaria de Nacajuca, cuya propietaria, que había sido secretaria de Saiz Pineda, ya fue detenida, aunque las autoridades del gobierno perredista de Tabasco no pudieron comprobar que ese dinero es del ex secretario de Finanzas. Se cree que fue producto de un ‘lavado’. Nadie por supuesto lo ha reclamado.

A Saiz Pineda lo habían detenido el sábado cuando trataba de cruzar la frontera para dirigirse a Estados Unidos. Lo aprehendieron con la colaboración de las autoridades estadounidense cuando quiso pasar de Tamaulipas a Texas. Fue llevado a Tabasco pero quedó en libertad porque la autoridad judicial tabasqueña no le pudo comprobar lo del dinero hallado en Nacajuca. Solo que la PGR tenía una acusación contra él por peculado, por lo que volvió a ser detenido y está en prisión. Es ahí en donde podría haber la decisión de convertirlo en ‘testigo protegido’ para que suelte la sopa, como una forma de ir al fondo del asunto. Es cuestión más de voluntad política que de procedimientos jurídicos.

paulinocardenas.wordpress.com

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