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Justicia por propia mano, no

PAULINO CÁRDENAS

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, declaró ayer en Querétaro que hoy, cuando muchos mexicanos temen por su integridad y la de su familia –como en el caso de Michoacán, Guerrero y otros estados de la República en donde los pobladores de muchas comunidades han quedado expuestos a las leyes que les impone el crimen organizado–, es preciso insistir en que las respuestas se encuentran dentro de la Constitución y no fuera de ella, con lo que el ministro presidente de la SCJN rechazó los intentos de hacer justicia por propia mano, refiriéndose, sin mencionarlos, a los grupos de autodefensa que han proliferado para defenderse del crimen organizado, cosa que es obligación de las Fuerzas Armadas y las Policías Federal y Municipales hacerlo y que no lo han hecho con la cabalidad que ordena la Constitución.

Hay varias razones; una de ellas es que miembros de esas corporaciones –por supuesto con sus respetables excepciones– han caído en actos de colusión con los mandos criminales. Y en estricto rigor lo que ha sucedido es que los titulares de los poderes ejecutivos de los tres niveles de gobierno –los de ahora y los que los antecedieron–, no han cumplido con esa obligación constitucional, pese a que presupuesto no les ha faltado. Las otras causas son de índole económica que deviene en mejores oportunidades; es decir, ha habido falta de incentivos para mejorar el ingreso para tener una mejor calidad de vida, con una educación más igualitaria, y donde los actos de corrupción siguen en su apogeo y la justicia es prácticamente inexistente en donde solo vale para los que tienen para pagarla a su favor.

Silva Meza fue orador en el 97 Aniversario de la Carta Magna en la ceremonia celebrada en Querétaro, entidad que dentro de tres años se vestirá de gala cuando se conmemoren los 100 años de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. El ministro presidente de la Suprema Corte se animó a hacer una crítica al propio órgano juzgador. Dijo: “Sabemos que la sociedad reclama y necesita jueces honestos y confiables, los merece la sociedad. Por eso los más de mil 200 juzgadores federales repudiamos la deslealtad constitucional de algunos pocos, que manchan y denigran el trabajo de compromiso y responsabilidad de la inmensa mayoría”. Aceptó de hecho que hay jueces deshonestos.

Respecto a esa autocrítica de Juan Silva Meza, habría que recordar que recién llegado al cargo en la Suprema Corte de Justicia, tuvo una seria discrepancia con el entonces presidente panista Felipe Calderón, quien venía criticando al aparato de justicia y específicamente a los jueces venales. En repetidas ocasiones los culpó de dejar en libertad a detenidos por crímenes cometidos correspondientes al fuero federal y llamó al Poder Judicial a revisar su estructura y evitar ‘la impunidad’. En enero de 2011 Calderón criticó la forma en que resolvieron los jueces en Chihuahua el caso de Rubí, la hija asesinada de Marisela Escobedo, al señalar que “por un formalismo” no condenaron al homicida confeso.

En otra ocasión, el 4 de junio de 2011, Jorge Hank Rohn se convirtió en presunto responsable de acopio de armas sorprendido en flagrancia por el Ejército en el momento en que es descubierto un arsenal en su domicilio. Se dijo que una voz anónima dio el ‘pitazo’, por lo que se activó el operativo militar. El ex alcalde de Tijuana fue detenido sin una orden judicial. Aún así fue llevado al penal de Tecate, Baja California. Pocos días después salió libre. Se discutió si fue por fallas en el debido proceso o porque pudo haber algún arreglo para que quedara en libertad y el asunto quedara en la impunidad. Marisela Morales quiso acusar a Hank Rhon de actividades vinculadas con la delincuencia organizada, en vísperas de las elecciones en el Estado de México, pero una juez se encargó de descubrir que el parte militar, base de la acusación, no se apegó a la realidad. Quien quedó mal fue Calderón.

En septiembre de ese mismo año, tras decirse cansado de que el gobierno detenga a criminales y los jueces los liberen, el ex mandatario panista criticó que Néstor Moreno Díaz, ex directivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acusado de enriquecimiento ilícito, haya sido liberado a unas horas de su detención. Igual sucedió en el caso de la participación en el ataque al Casino Royale de sujetos que ya tenían antecedentes penales; el mandatario advirtió que hay una brecha entre la verdad real y la verdad legal, pues criminales son liberados por cuestiones técnicas en los juicios. “La impunidad se da o porque no agarramos a los delincuentes, que en este caso sí lo habíamos agarrado (referente al Casino Royale), o porque en el juicio se encontró algún detalle, algún argumento raro, y lo sacan”, afirmó.

“Yo digo la verdad real, la que le importa al ciudadano: es que el señor es un ratero y está libre y ahora volvió a matar a 52 gentes; esa también es la impunidad que a mí me molesta, yo también le preguntaría al juez ¿por qué lo dejaste ir?, ¿por qué lo sacaron? y que se le exija rendición de cuentas. No es que yo la traiga contra el juez, los aprecio y todo, pero pues ya también uno empieza a cansarse, uno los agarra, los agarra, los agarra, y los jueces los sacan, los sacan y los sacan”, expresó Calderón. Todas esas críticas fueron mal vistas por el Poder Judicial y el asunto llegó hasta la Suprema Corte. Juan Silva Meza quien, recién llegado al cargo, decidió ir a Los Pinos a pedirle pruebas de sus dichos al entonces mandatario panista. Al parecer el asunto quedó ahí.

Lo que sucede es que ahora, ya en su calidad de ex presidente, la SCJN empezará a revisar expedientes del último tramo de la gestión administrativa de Felipe Calderón, referidas a presuntas violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, varias de ellas relacionadas con el crimen organizado.  Lo paradójico del caso es que esa misma instancia judicial es a la que el ex mandatario panista no solo criticó, sino que tildó de presuntos actos de corrupción. Habrá que ver cómo le va en ese proceso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo pronto, Silva Meza aceptó en Querétaro que repudiaba la deslealtad constitucional de algunos pocos jueces, que manchan y denigran el trabajo de compromiso y responsabilidad de la inmensa mayoría. El mensaje fue: sí hay jueces deshonestos.

 

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Tres la presumen culpable

PAULINO CÁRDENAS

Se da por hecho que las presiones del Poder Ejecutivo –las que se vieron y escucharon más las que no trascendieron– habrían influido en tres de los cinco ministros a la hora de votar ayer el proyecto del ministro Arturo Zaldívar que proponía otorgarle un amparo a Florence Cassez para que obtuviera su libertad. El ministro ponente, quien preside la Primera Sala de la Suprema Corte, junto con la ministra Olga Sánchez Cordero, fueron los únicos que votaron a favor. Los demás que votaron en contra se infiere que presumen culpable a la ciudadana francesa, por lo que tendrá que seguir presa.

Guillermo Ortíz Mayagoitia, José Ramón Cossío y Jorge Mario Pardo Rebolledo, fueron los ministros que no tomaron en cuenta el ‘efecto corruptor’ que planteaba centralmente Zaldívar, referente a la manipulación de montaje mediático que fue el eje de su proyecto y que contaminó el resto del proceso. No obstante que quienes votaron en contra aceptaron que hubo violaciones a los derechos fundamentales de la ciudadana francesas, no le dieron el peso específico que ameritaban las manipulaciones que hubo en el juicio cuya sentencia acabó siendo de 60 años de prisión.

Ciertamente el caso no se trataba solo del montaje mediático, sino lo que entraña en su conjunto contradicciones de los testigos, engaños, desatención al mandato constitucional empezando por el caso omiso a los derechos humanos de la ciudadana francesa y el aviso tardío al consulado francés, así como no haberla presentado de inmediato al Ministerio Público, todo lo cual invalidaba la presunción de inocencia de la acusada.

¿Qué fue lo que hizo que los ministros votaron en contra dándole la vuelta a la razón central con subterfugios jurídicos que ni siquiera tenían que ver con el punto toral del proyecto a sabiendas de que de origen estuvo repleto de vicios y perversiones de los aparatos de seguridad y justicia,como de hecho ellos mismos lo aceptaron?

Ayer por la mañana el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Meza, con motivo del natalicio de Benito Juárez,  dijo en un discurso conceptos que, se creyó, eran indicativos de que se aprobaría la moción presentada por Zaldívar. Muchos se fueron con la finta y creyeron que con el discurso que había pronunciado, la votación favorecería a la sentenciada.

En el solemne acto, con la presencia del presidente Felipe Calderón, en Palacio Nacional el titular del Máximo Tribunal de Justicia del país aseguró que la Institución que encabeza está obligada a ser garante de los derechos de todos y, con ello, factor decisivo de la unidad nacional, mediante la aplicación respetuosa de la Ley.

Expuso que es necesario que “sacrifiquemos lo que sea necesario: los intereses personales, los intereses partidistas, los intereses políticos, los intereses económicos, para así, desde la Constitución y la Ley proteger, y ponderar entre todos, los derechos de todos”, indicó. Agregó que “por eso, es posible sostener, hoy, que los juzgadores federales, al realizar nuestra labor interpretativa no debemos equivocar el rumbo y las prioridades”. Dijo que “la verdadera seguridad es la que se construye en la legalidad. El sistema se sostiene en la credibilidad y en la solidez del estricto cumplimiento de la ley”.

Algunos consideraron que la línea discursiva del ministro presidente de la SCJN había sido cabildeada anticipadamente con los ministros que se ocuparían del caso Cassez horas más tarde. Pero no. Los ministros que votaron en contra esgrimieron, uno, Guillermo Ortíz Mayagoitia, que de plano la propuesta de Zaldívar era improcedente; otro, José Ramón Cossío, propuso negarle la libertad pero otorgarle el amparo ‘para efectos’, es decir, para que se revise la sentencia y se reponga el proyecto, que ahora quedará a cargo de la ministra Sánchez Cordero.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo también se opuso a la liberación, pero propuso que se castigue al autor del montaje, el actual secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quien realizó la puesta en escena de la supuesta detención ‘en vivo’ no siéndolo de la francesa. Dijo que su actuaciónal frente de la Agencia Federal de Investigación en el 2005  ‘deja mal parado el principio de buena fe ministerial’. Añadió que las violaciones a los derechos de la acusada, ‘generan una violación al principio de presunción de inocencia’.

La frase de Silva Meza dicha ayer de que “no el abuso del poder, paso previo al autoritarismo y a la impunidad; no la creencia de que la ley puede cumplirse a capricho”, parecía premonitoria pero acabó siendo de retórica discursiva. Se cree que las presiones para que se desechara el proyecto del ministro Zaldívar, prosperaron. Como haya sido, el rechazo al proyecto dicen que fue tomado como una gesta victoriosa por el presidente Felipe Calderón, pero más por su influyente secretario de Seguridad Pública federal. En tanto, en Francia por supuesto que hay un sentimiento casi de luto.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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Silva Meza dignifica a la Corte

PAULINO CÁRDENAS

Es de esperarse que con la respetable y ganada fama de que goza Juan Silva Meza quien acaba de ser ungido como ministro presidente de la Suprema Corte, la justicia en México recupere el prestigio perdido en mayor o menor medida con el tiempo en cuanto a su rol en el análisis y resolución de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, así como en los recursos de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito o los tribunales unitarios de circuito, entre otros de sus importantes atributos.

Ha sido un clamor nacional que en materia de procuración e impartición de justicia se evite el arrasamiento del más débil por el más fuerte que indebidamente orilla a soluciones pactadas y negociadas por la autoridad juzgadora y los infractores, lo que suele dejar a las víctimas en la total indefensión o que los culpables acaben protegidos por la impunidad. La SCJN es el organismo al que corresponde decidir, obviamente cuando el caso lo amerita y está dentro de sus atribuciones, si una cosa juzgada fue justa o injusta y apegada a derecho.

Un caso que motivó muchas expectativas de la ciudadanía por parte de la Corte fue el de los 49 bebés que murieron calcinados el 5 de junio de 2009 en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Silva Meza –junto con el ministro ponente del caso, Arturo Zaldívar, y la ministra Olga Sánchez Cordero–, votó en esa ocasión a favor de que se señalaran culpables de aquella tragedia.

Sin embargo, por ocho votos contra tres el pleno determinó que el máximo tribunal se limitaría sólo a señalar si se habrían registrado o no violaciones graves de garantías en el incendio y, si fuera el caso, a las autoridades que se vieron involucradas en las mismas. Al final el asunto dejó mucho qué desear de cara a la nación. La opinión pública y sobre todos los padres de las víctimas siguen clamando justicia y cárcel para los verdaderos culpables porque se considera que el caso quedó en la impunidad.

Con la designación del recién ungido ministro presidente, de 66 años y una larga carrera judicial, se renueva la esperanza de todos los sectores de la sociedad para que haga frente a los retos que debe afrontar el máximo tribunal del país, privilegiando en cada caso los principios de justicia y equidad. Al asumir el importante cargo, se comprometió a encabezar una administración que colabore a garantizar la seguridad y paz social de la población y aseguró que su única misión “será con la ley”.

Considerado un hombre de inquebrantable honestidad y un juzgador crítico y liberal, el nuevo ministro presidente  fue electo por nueve votos contra uno, para el periodo que va del 3 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014. El ministro Sergio Aguirre Anguiano, considerado el más conservador de todos, le negó su voto. Desde el principio fue opositor a la designación de Silva Meza ya que sus simpatías estuvieron siempre a favor de la ministra Margarita Luna Ramos de manera abierta.

Dijo que seguirá muy de cerca el proceso de las recientes reformas en materia de amparo y de protección a los derechos humanos. Señaló que, de ser el caso y dentro de sus competencias constitucionales y legales, el Poder Judicial de la Federación participará activamente en esta reforma. En casos polémicos como los del aborto y de los matrimonios entre personas del mismo sexo o bodas gay, votó por validar las reformas que se aprobaron en este sentido en el Distrito Federal.

Silva Meza ha sido un abierto defensor de las garantías ciudadanas inscritas en la Constitución. Es un crítico importante de las autoridades. Formó parte de los ministros que votaron de manera unánime por responsabilizar de violaciones graves debido al caso de la matanza de Aguas Blancas, que sucedió en junio de 1995, al entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer.

Como encargado de la investigación de la detención de la periodista Lydia Cacho, pidió responsabilizar al gobernador de Puebla, Mario Marín, de violaciones graves de garantías. En el caso de los enfrentamientos registrados en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, estado de México, votó por responsabilizar a funcionarios del gabinete del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y del ex presidente Vicente Fox.

En el caso de los enfrentamientos en Oaxaca, sucedidos también en 2006, el ministro Silva Meza votó por responsabilizar por omisiones que afectaron a la población al gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Entre sus votos destacan las resoluciones que permitieron la liberación de las indígenas de Querétaro, Alberta y Teresa, acusadas de secuestrar a seis federales.

Durante años se descuidó la formación de los encargados de ejercer la acción penal y decir quién era inocente y quién culpable. La corrupción también ha tenido mucho que ver. Con un poder político centralizado en manos del PRI, durante décadas decidir quién era inocente o culpable de un delito no exigía mayores destrezas. Ante un extremo, bastaba una llamada telefónica de algún influyente personaje al juez, para enviar a prisión o liberar a una persona. A medida que el poder se fue distribuyendo, esto ya no resultó tan simple. En la actualidad, cada vez va siendo más cierta la separación de atribuciones entre Poderes.

Con la llegada de Silva Meza se espera que los actos de la burocracia ministerial se ajusten a lo que marca la ley y los jueces hagan su trabajo bajo el mandato, primero que nada, de los preceptos constitucionales, empezando por respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos en vías de ser procesados o que ya hayan sido juzgados. El giro que se espera así lo demanda. Sin duda con su elección ganó la Corte.

 

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