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Investigación simulada de los 43

PAULINO CÁRDENAS

Dentro y fuera del país se da por hecho que para salir del paso el gobierno federal ha realizado una investigación simulada del caso Ayotzinapa que a nadie ha convencido, mucho menos a los familiares de las víctimas. ¿Verdad histórica o mentira histórica? De hecho el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, lamentó el desinterés del gobierno mexicano para cumplir con las recomendaciones que emitió desde 2011.

A principios de este año, ese Grupo de Trabajo recabó información del gobierno mexicano y de organizaciones de la sociedad civil sobre el cumplimiento de las recomendaciones que emitió durante su visita al país hace cuatro años. Con base en ese intercambio con el gobierno de Enrique Peña Nieto, concluyó en un extenso informe que el Grupo manifestaba su pesar por los pocos avances en la implementación de sus recomendaciones.

No obstante que valoró que el gobierno mexicano reconociera “la gravedad” del delito de desaparición forzada y “los importantes retos” que enfrenta en la materia, constató que en realidad “no ha habido un reconocimiento a la dimensión del problema”, ya que “las autoridades aún utilizan una terminología elusiva para referirse a las desapariciones forzadas”, “suelen evadir sus responsabilidades” o “minimizan los hechos calificándolos como aislados”.

De hecho esa misma estrategia ha sido la misma en el caso de la desaparición masiva forzada de los 43 jóvenes de la escuela rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, Guerrero. Han venido utilizando una terminología elusiva. El ex procurador Jesús Murillo Karam dijo que se trataba de la mayor investigación de la historia. Se basó en ‘testimonios’ de supuestos autores de la pira humana y de quienes habrían ordenado la desaparición forzada de los normalistas.

Fueron incinerados, y sus cenizas echadas a un río, según uno de lo sicarios, El Gil. Y punto. Para el ex funcionario esa fue ley. Pero al comenzar a revisar el caso algunos organismos independientes internacionales, sus argumentos echaron abajo el teorema oficial con el que se quiso dar por cerrado el incómodo tema que le hizo perder credibilidad y confianza al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Naturalmente, salieron a defender la ‘verdad histórica’. Pero quedaron en evidencia las torpezas de las indagatorias, su desaseo y sus omisiones. Una de las primeras críticas fue doméstica. La Comisión Nacional de Derechos Humanos declaró que la PGR nunca elaboró las fichas de identificación de los 43 desaparecidos. ¿A quiénes iban a buscar si no sabían de quiénes se trataba? Empezaron a indagar prácticamente a ciegas; no tenían datos ni se habían ocupado de recabarlos.

De hecho los primeros indicios de cómo habrían sido los hechos, fueron por testimonios recabados por reporteros que hablaron con familiares, amigos, estudiantes normalistas que conocían a los desaparecidos, con todo lo cual se fue armando el rompecabezas. Así se supo que los normalistas habían tomado unos autobuses para ir a Iguala a boicotear la celebración de la directora del DIF, María de los Ángeles Pineda Villa y que en dicha fiesta aprovecharía para lanzarse como sucesora de su marido, el alcalde José Luis Abarca, les fue impedido el paso hacia ese municipio.

Era el viernes 26 de septiembre de 2014. Por órdenes del alcalde la policía de Iguala y de Cocula los persiguieron, los atacaron, balearon un autobús donde iba a bordo un equipo de futbol, hirieron a varios de sus ocupantes y tres estudiantes murieron en ese ataque. Luego persiguieron a los cinco autobuses en los que iba otro grupo de estudiantes; se habla de que eran 57 en total. A como pudieron se escabullaron 14 de ellos y los demás, 43, fueron atrapados, subidos a patrullas y camionetas de la policía, y más tarde desaparecidos.

El resto de la historia ha sido referida en diferentes medios a lo largo de casi un año de esos acontecimientos, en torno a los cuales hay varias hipótesis. Una de ellas la dio el General Brigadier en retiro del Ejército Mexicano, Francisco Gallardo Rodríguez, quien afirmó que el ataque a los 43 normalistas de Atyozinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, fue una maniobra militar encaminada a proseguir con la “política” represora del actual régimen.

En una reunión auspiciada por el Colegio de México denominada “A un año de los hechos de Iguala”, el militar señaló: “El Ejército mexicano sabe perfectamente dónde están los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa” y reveló que el Ejército “sí dispone de cárceles clandestinas, aunque lo niegue, y que por lo tanto hay altas posibilidades de que los estudiantes estén vivos”.

Pero el gobierno no ha autorizado que los grupos ajenos al gobierno que vienen investigando el caso Ayotzinapa, entren a las instalaciones del cuartel del 27 Batallón militar de Iguala, ubicado en el epicentro de la desaparición multitudinaria de los 43 normalistas, que tendrían que ser 42, porque uno de ellos, Julio César Mondragón, apareció esa madrugada arrojado en una calle de Iguala, muerto, golpeado, desollado.

Nadie sabe qué argumentará Peña Nieto de toda esa investigación simulada, este jueves, cuando se reúna con los padres y madres de los normalistas víctimas del caso Ayotzinapa. ¿Dará por buena la ‘verdad histórica’? O habrá más historias oficiales que contarle a los familiares, que ya están hartos de oír versiones y promesas incumplidas. Los ojos de México y de muchas naciones estarán pendientes de lo que diga el mandatario federal.

Y millones en el mundo estarán a la expectativa de lo que suceda el próximo sábado y domingo, cuando se cumpla un año de esos vergonzantes acontecimientos que siguen teniendo atrapado al gobierno peñanietista y sobre todo que el caso Ayotzinapa mantiene en entredicho a los aparatos de justicia y de seguridad del régimen priísta. Se temen disturbios. De hecho en Chilpancingo, Guerrero, ya comenzaron.

 

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Que se lo llevó ‘El Z-40’

PAULINO CÁRDENAS

Si se confirma oficialmente que Miguel Angel Treviño Morales alias ‘El Z-40’, fue quien se llevó el cadáver de Humberto Lazcano alias ‘El Lazca’ de la funeraria García ubicada en Sabinas, Coahuila, las cosas podrían tornarse muy peligrosa para altos mandos no solo de la Marina-Armada de México y del Gabinete de Seguridad, sino para el propio Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, señalaron fuentes de inteligencia confiables. Con esto ahora hay dos versiones.

Una, que pese a que la Semar ha dicho que la desaparición del segundo capo más buscado del mundo por las autoridades de Estados Unidos después de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, no significaría que la violencia se pudiera acendrar más de lo que está en aquella entidad, la muerte del capo hidalguense ‘podría ser vengada’, como se dice fue el caso de la ejecución de José Eduardo Moreira Rodríguez. La otra es que lo de ‘El Lazca’ fue una simulación, sigue vivo y pasó a ser testigo protegido en Estados Unidos.

Luego de haber sido asesinado el hijo mayor de Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del PRI, corrió la versión de que la ejecución del sobrino del actual mandatario de esa entidad, Rubén Moreira, habría sido una venganza de ‘El Z-40’, ya que horas antes había sido abatido su sobrino, en una refriega armada entre un grupo delictivo de Los Zetas y  la Armada de México, en el que cayeron muertos varios sicarios. Para cobrar venganza ‘sobrino por sobrino’ –al estilo la Ley del Talión de ojo por ojo y diente por diente–, Treviño Morales habría obtenido la anuencia de ‘El Lazca’, su jefe.

Fuentes allegadas a Marina le confiaron a Aurora Vega del periódico Excélsior la sustracción del cuerpo de la funeraria por parte del ‘Z-40’ la madrugada del lunes pasado. Esto abre la interrogante de si en la ejecución del sobrino del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, habría tenido que ver ‘El Lazca’, al supuestamente aprobar que Treviño Morales vengara a su sobrino que había sido muerto horas antes que se diera la ejecución del joven Moreira Rodríguez. En ese crimen habría participado el subdirector de la Policía Municipal de Acuña, Rodolfo Castillo Montes.

Aunque el vocero de la Armada de México, José Luis Vergara, ha estado diciendo en diversas entrevistas que hubo una escisión entre Lazcano y el ‘Z-40’, las mismas fuentes de inteligencia de esa dependencia señalan que Treviño Morales seguía bajo las órdenes de Lazcano. Más bien las discrepancias eran entre otras células y lo que dio lugar a diversos enfrentamientos y muertes entre miembros de esa organización criminal en las últimas semanas. Esas rencillas y traiciones dieron lugar a que fuera detenido Iván Velázquez Caballero, alias ‘El Talibán’, quien estaba en desacuerdo, junto con ‘El Z-50’, con quien muchos consideraban el verdadero líder de Los Zetas, Miguel Angel Treviño.

Se dice que la misma suerte corrió en marzo pasado Carlos Alejandro Martínez Escobedo, “El Fabiruchis”, identificado como jefe de plaza de “Los Zetas” en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Por las mismas traiciones y las mismas rencillas, el pasado 6 de octubre fue detenido su hermano Salvador Alfonso Martínez Escobedo, alias “La Ardilla”, presunto responsable de las matanzas de San Fernando, cuyos cadáveres fueron sepultados en fosas clandestinas de donde se localizaron los cuerpos de 193 personas el año pasado. Este criminal era el presunto jefe regional en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila de Los Zetas, región de la mayor importancia para esa organización.

Desde hace más de un año que la titular del Departamento de Seguridad Interna norteamericano, Janet Napolitano, había advertido que Los Zetas se habían constituido en una seria amenaza no solo para México sino para Estados Unidos y alertaba al Departamento de Estado y al Pentágono de aquel país que algo más que la sola ayuda de la Iniciativa Mérida tenía que hacer el gobierno de Washington, para evitar que ese peligroso grupo delictivo integrado en su mayoría por ex militares –muchos de ellos de élite, y por efectivos desertores del ejército guatemalteco la mayoría proveniente de los llamados kaibiles–, pudiera vincularse con grupos islámicos extremistas.

Como sea, el hecho de que haya sido eliminado ‘El Lazca’ –cuyo cadáver habría sido rescatado de una funeraria de Sabinas, Coahuila, por ‘El Z-40’ con uno grupo fuertemente armado la madrugada del lunes pasado–, para algunos bien informados no presagia buenos augurios. No descartan que pudiera empezar a verse en el país hechos violentos inéditos, aún más de los que se han dado hasta ahora, pero ahora contra personajes de nombre y renombre, antes de que finalice el sexenio. Y al sexenio le quedan 50 días. La otra es que hubo una simulación y que Lazcano está vivo y pasó a ser testigo protegido en EU.

@Paulinocomenta

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La autocensura simulada

PAULINO CÁRDENAS

Tratar de alinear bajo una misma norma los criterios editoriales de los medios resulta un absurdo. Sin embargo, más por conveniencia que por convicción propia, para quedar bien con quien mejor les paga, fue suscrito un acuerdo para la cobertura informativa de la violencia, para dizque bajarle de tono a las informaciones de fuego y sangre que son producto de la narcoguerra que sostienen las fuerzas gubernamentales armadas contra las mafias del crimen organizado, con miras a hacerle creer al presidente Felipe Calderón que con eso la ‘percepción’ de la realidad cambiará. Error.

De hecho, ese acuerdo televisivo-periodístico para uniformar noticias sobre la violencia y sangre que origina el crimen organizado y el narcotráfico, ha tenido que faltar a su compromiso al tener que difundir una serie de secuestros, ejecuciones y enfrentamientos que se ha registrado en los últimos días y horas en diversas entidades del país como Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Veracruz y Morelos, entre otros estados de la República donde el fragor de las batallas entre sicarios y fuerzas gubernamentales armadas sigue.

Aquel medio que se digne de serlo no podrá cumplir a cabalidad, ni con mucho, esa promesa suscrita en una ceremonia que se celebró con bombo y platillo la semana pasada en el Museo de Antropología de la capital del país. Hacerlo sería tanto como firmar el cierre de sus instalaciones, ‘por convenir así a sus intereses’. Y sus intereses son otros. En este asunto no hay harakiristas; acaso sí simuladores. Podrían callar cosas por conveniencia, pero no hay que olvidar que los medios, sobre todo los gigantes de la comunicación que promovieron ese acuerdo, hasta del dolor humano hacen negocio.

Aquí la pregunta no es ver si el decálogo que a alguien no muy sesudo se le ocurrió y que los ‘abajofirmantes’ rubricaron sin ver con tal de alinearse con el mejor cliente que cuentan para el pago de sus espacios publicitarios, propaganda, prebenadas y privilegios, que es el gobierno federal. Ese acuerdo fue para quedar bien con quien ostenta efímeramente el poder de pago y el otorgamiento de las concesiones de radio y televisión, y se decidió hacerlo público en vivo y a todo color para tratar de darle credibilidad.

En diversas ocasiones el presidente Felipe Calderón ha contrastado el hecho entre ‘cuando uno ve la prensa nacional’ y aparecen en primera plana y a todo color fotos de las mantas y de los recados que dejan los sicarios a sus enemigos o autoridades policiacas y administrativas locales, contra “lo que nos cuesta a cualquiera de ustedes o al gobierno pagara una primera plana de millones de pesos” para difundir sus mensajes.

Es cierto que el mandatario panista no ha rehusado reconocer que el problema de la violencia derivada de la narcoguerra exista. Sin embargo, en más de una ocasión ha pedido a todos los sectores ‘hablar bien de México’. Ha hecho hincapié en que las cifras de homicidios en otros países están mucho peor que las nuestras y se ha empecinado en señalar que el problema es de ‘percepción’ de la opinión pública, en donde los medios juegan un rol determinante.

Primero fue la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos que hizo suya esa preocupación presidencial iniciando sus directivos una campaña que se llamó ‘Hablemos bien de México’. Hubo después una segunda versión que encabezó la Canaco-Servitur que llevó por nombre ‘Hablemos y actuemos bien por México’.

Más recientemente se empezó a idear lo que acabó llamándose ‘acuerdo para la cobertura informativa de la violencia’, cuyos compromisos quedaron sintetizados en un decálogo impulsados por el duopolio Televisa-TV Azteca, documento que firmó la gran mayoría de quienes fueron invitados a suscribir el acuerdo para bajarle el tono a las inforrmaciones sobre secuestros, ejecuciones, fuego y sangre y sobre el clima que vive el país propiciado por la narcoguerra.

No obstante, con la firma que estamparon en pomposa y solemne ceremonia federalista, seguro que ninguno de los firmantes sería capaz de convertir su medio en el periódico ‘Balance’ con el que siempre soñó Felipe Calderón si no hubiera sido Presidente.

Evitar informar sobre la realidad que vive el país es negarse a sí mismo como medio. Matizar, acaso. Porque ni la opinión pública ni los medios mismos, han propiciado el clima de miedo que vive el país por esa guerra que le declaró a los narcos el presidente Calderón desde que llegó al poder, sin consultarle a nadie. La gente hoy más que nunca está necesitada de información clara sobre lo que está pasando en México con el combate a las mafias, y no de acuerdos que pretendan tapar el sol con un dedo.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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