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Gobierno cede a chantajes

PAULINO CÁRDENAS

Ni el gobierno federal, ni los estatales ni el del Distrito Federal, pueden con las presiones políticas ni con los amagos de grupos que actúan como bandas delictivas y que desde siempre se han dedicado a chantajear y extorsionar al gobernante que se deje. Creen que gobernar es arreglar los conflictos con dinero o actuar bajo el nocivo principio del dejar hacer y dejar pasar en espera de que con el tiempo los problemas se arreglen solos. O como sucede en Oaxaca en donde el dizque gobernador lopezobradorista trae un doble discurso y una chequera abierta para concederle a los ‘maestros’ disidentes todo el dinero que le exigen. La actuación de los gobernantes deja mucho qué desear y desalienta a millones de mexicanos que creyeron haber elegido a gente que velaría por sus intereses y no por los de las mafias, y que ante todo que se ajustarían a aplicar la ley. Pero no.

Ahí están los casos de la mafia magisterial de la CNTE –igual que lo hacía el SNTE en sus mejores tiempos con la maestra Elba Esther a la cabeza y que de algún modo lo sigue haciendo– y de dirigentes como el del SME y de otros grupos de choque que cuentan con ‘padrinos’ intocables que ya saben que presionando con manifestaciones callejeras, bloqueando avenidas, realizando ataques criminales con vándalos incendiarios, cercando inmuebles federales, saqueando y pintarrajeando comercios y hacer lo que les plazca sin que haya autoridad que actúe en su contra, que corroboran que los gobernantes han preferido ‘gobernar’ arreglando los conflictos con dinero o cediendo a las amenazas de los lidercillos de pacotilla que solo velan por sus intereses como el caso de los ‘profesores’ que han dejado sin clases a miles y miles de niños, importándoles madre lo que diga el gobierno.

¿Cómo es eso de que alrededor de 1,500 integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas cobrarían, mensualmente, una jubilación de 15 mil pesos, mientras que en el caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación habrían recibido más de 120 millones de pesos por dejar el zócalo capitalino en vísperas de la ceremonia del ‘Grito’ del 15 de septiembre y para el desfile militar del 16, que por semanas lo hicieron suyo y que no tardan en volver a ocuparlo? Eso sucedió en días pasados por una decisión del principal huésped del antiguo Palacio de Covián. Pero son decisiones que las toma por sus pistolas el titular de Gobernación ya que tiene un jefe a quién consultarle o en el otro caso, se concreta a recibir órdenes y ejecutarlas. Como sea, eso a los mexicanos les cae en la punta del hígado, sobre todo a la gente que trabaja y que con su esfuerzo apenas gana lo indispensable para sobrellevarla, que son millones en todo el país.

No se vale que a un puñado de rufianes disfrazados de ‘maestros’ disidentes, como los de la Coordinadora Nacional de ‘Trabajadores’ de la Educación, les den dinero del erario que salen de los impuestos de los mexicanos, solo por presionar a un gobierno timorato. Lo mismo le sacan dinero al gobierno federal que al gobierno local, como es el de Oaxaca, en donde Gabino Cué autorizó pagar cheques por bonos ‘de inicio de ciclo escolar’ a las sección 22 del SNTE, grupo disidente de los que mangoneaba la ex mandamás del magisterio Elba Esther Gordillo hoy encarcelada. Después de 40 días sin clases, hoy se supone que iniciaría el ciclo escolar. De hecho, el gobierno oaxaqueño les calendarizó a modo conveniente de los ‘maestros’ un calendario dizque para reponer los días perdidos por andar en la capital del país presionando al gobierno federal con el pretexto de que no acatarán la nueva ley de educación ni sus leyes reglamentarias. Además. Pero la culpa no es del indio sino del que lo hace compadre.

En Veracruz las cosas podrían ponerse color de hormiga. El fin de semana se instaló una mesa de ‘diálogo’ entre representantes del gobierno y el Congreso local, con maestros, para lograr acuerdos referentes a la reforma educativa. Como medida de presión, el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano boqueó las avenidas Lázaro Cárdenas a la altura de la Secretaría de Educación y la carretera federal en Banderilla a la altura de la Martinica, lo que generó serios problemas de vialidad en la ciudad.  El caso es que fue atropellado un docente se dice que por un funcionario de esa dependencia, lo que ha enardecido los ánimos. El asunto está llegando a extremos peligrosos.

Allá en Veracruz, un grupo de traileros que no podían entrar al puerto, con palos, piedras y varillas obligaron a los ‘profesores’ disidentes a dejar libre el paso. No hubo enfrentamientos, ni heridos. Simplemente les hicieron ver a los dizque docentes que, o se quitaban o se quitaban. En la capital del país de eso no ha sido capaz el Gobierno federal ni el que encabeza Migue Ángel Mancera, quienes han dejado que la disidencia magisterial haga lo que le venga en gana, sin importarle darle en la madre a miles de ciudadanos por los que nadie es capaz de abogar por sus derechos. Lo mismo sucede en Guerrero, Oaxaca, Chiapas o Veracruz, por solo mencionar algunos estados, en donde las mafias están presionando a los gobiernos para que cedan a sus exigencias, todas evidentemente vinculadas con dinero.

Esas mafias ya agarraron de ‘barco’ al gobierno federal y a los gobiernos estatales. Por lo pronto se han dejado venir ‘maestros’ de distintas secciones sindicales de varios estados, para presionar al Gobierno federal y que ceda a sus chantajes. Y el jefe de gobierno del DF  encantado de la vida con esas presiones. ¿Y el resto de los mexicanos? Bien gracias. ¿Hasta cuando se fajarán los pantalones los gobernantes? ¿Hasta cuándo se decidirán a aplicar la ley? No tarda en que nazca el movimiento “¡Ya basta!” integrado por ciudadanos afectados por esas mafias que tienen doblegados a los gobernantes que parecieran eunucos, viendo solo por sus intereses políticos. Ya va siendo hora.

paulinocardenas.wordpress.com

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Los virreyes del sindicalismo

 PAULINO CÁRDENAS

Las reelecciones de Carlos Romero Deschamps como dirigente de los trabajadores petroleros y de la maestra Elba Esther Gordillo como mandamás del magisterio nacional, supuestamente escandalizaron a quienes quieren achacarle al próximo Presidente de México de que su gobierno será con el mismo PRI de siempre y no el nuevo que había promulgado que encabezaría los destinos del país. Con esas reelecciones, para los antipeñistas ese propósito fracasó. La crítica se da en la coyuntura de que ambos hechos sucedieron justo en los momentos en que se discute en el Congreso de la Unión la reforma laboral que envío al Legislativo el presidente Calderón como ‘preferente’, en la cual subyace la intención de la modernización sindical. Pero el problema no se remite a dos cacicazgos sindicales solamente.

¿Qué decir de otros dirigentes que ahí están y que tienen igual o peor fama, que operan como ‘independientes’ o cobijados por la izquierda y cuyo activismo y lucha dizque es a favor de sus representados, cuando al final su apuesta es por retener a toda costa el poder político que les da el mando gremial? ¿Cuántos años lleva en el poder Francisco Hernández Juárez al frente del sindicato de telefonistas? ¿O el caso de Martín Esparza, dirigente del SME, que incluso ha sido acusado por sostenerle entregas mensuales de dinero durante años al Peje con recursos de los agremiados? Estos son dos de los casos más representativos de cacicazgo sindical, aunque los mexicanos tienen perfectamente identificados a otros que se han perpetuado en las dirigencias. Así pues, los caicazgos del STPRM y del SNTE no son los únicos.

Habría que recordar que al mes de asumir la Presidencia en 1988, Carlos Salinas de Gortari terminó con el inconmensurable poder del líder sindical petrolero, Joaquín Hernández Galicia alias ‘La Quina’, terminando en la cárcel quien se creyó superior a cualquiera, y tres meses después se deshizo de Carlos Jongitud Barrios el sempiterno líder de los trabajadores de la educación, poniendo en su lugar precisamente a la actual sirvienta del SNTE. De un solo golpe, el mandatario priísta anunciaba quién mandaba desde ese momento en el país. La sacudida de ambos líderes sindicales utrapoderosos, hacia dentro dejó en claro que estaba dispuesto a combatir la corrupción; hacia fuera la señal fue para anunciar que su gobierno estaba listo a recibir inversiones del extranjero y meter al país a las grandes ligas, sin presiones ni ataduras.

Históricamente ha sido inagotable el afán de los gobiernos –federal, estatal o municipal– de querer tener de su lado a los líderes sindicales para negociar de mejor forma y sin aspavientos las revisiones anuales de los contratos colectivos de trabajo y mantener a raya a los trabajadores en cuanto a sus demandas y derechos laborales. Es por esa razón que nace el sindicalismo independiente, que buscaría no quedar sometido a los caprichos, veleidades o presiones de las autoridades laborales, como vino sucediendo durante la era del imperialismo priísta con la CTM, que por décadas se sometió a los designios del gobierno a cambio de prebendas que favorecieron sobre todo a sus líderes, siendo el rey de reyes del sindicalismo mexicano don Fidel Velázquez. Por ello las organizaciones independientes comenzaron a proliferar.

Se supone que los dirigentes de ese sindicalismo independiente se constituirían en los defensores de los derechos de los trabajadores, pero en realidad lo que empezó a suceder fue el nacimiento de la era del cacicazgo sindical, cayendo en los mismos vicios que pretendían combatir, pero ahora con el apoyo de sus gremios a quienes mantienen de aliados, prometiéndoles seguir luchando por más conquistas laborales, haciendo de la crítica al sistema razón de su discurso, con la promesa eterna de evitar que las autoridades laborales intervengan en la autonomía sindical e impedir que el gobierno influya en los asuntos internos de las organizaciones de trabajadores. Es la zanahoria con la que han logrado mantener su jetatura.

Así es como los actuales caciques sindicales han mantenido su fuerza gremial, su dominio interno y su poder frente al gran poder. Y que nadie se atreva a sugerir siquiera que dejen su virreinato. Debe quedar claro que los virreyes del sindicalismo no son únicamente el dirigente de los trabajadores petroleros ni la sirvienta del magisterio nacional.

Dignificar el sindicalismo mexicano y hacer que sus líderes rindan cuentas al menos a sus agremiados, no está en manos ni del Legislativo ni del Ejecutivo federal; está solo en lo que decidan los propios trabajadores sindicalizados. Ellos tienen los líderes que se merecen. Quienes le formulan prematuras exigencias a Peña Nieto tendrán que esperar, ya que hay que darle tiempo al tiempo. Acabar con tantos entuertos no será cosa nada más de mover una imaginaria  varita mágica. Menos con la gravosa herencia que le dejará su antecesor.

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Pagarán los mexicanos otra pifia

 PAULINO CÁRDENAS

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito acaba de dictar un fallo a favor de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro para que la Comisión Federal de Electricidad u ‘otro organismo público descentralizado’, los recontrate, además de que el gobierno tendrá que pagarles salarios caídos a los trabajadores de la extinta compañía. Esto porque el Ejecutivo federal no demostró que la terminación de la relación laboral con los electricistas fuera producto “de una causa mayor o de un caso fortuito, no imputable el patrón”, como lo establece la Ley Federal del Trabajo. Como se recordará, con un decreto publicado a la medianoche del sábado 10 de octubre de 2009, el mandatario panista daba por extinguida la existencia de LyFC, mandando desde aquella tarde-noche a miembros del Ejército disfrazados de policías federales, a custodiar el edificio principal ubicado en la ciudad de México.

Con base en ese fallo, de carácter inapelable, empieza a cobrar fuerza la idea de que el gobierno del DF forme un nuevo organismo descentralizado para suministrar energía eléctrica al centro del país, que podría recontratar a los electricistas que siguen en resistencia. De tener que pagarle a los trabajadores sus salarios caídos, además de ser recontratados, significará que el gobierno calderonista tendría que dejarle esta herencia negativa –una más– a Enrique Peña Nieto, quien habrá que arrancar su sexenio haciendo una limpieza de fondo de muchos asuntos que la administración saliente le dejará en varios rubros y por todos lados, incluso abajo de las alfombras, los cuales irán saliendo a relucir poco a poco una vez que aranque el próximo sexenio.

Los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito resolvieron el 13 de septiembre pasado que la decisión de la JFCA de reconocer al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) que depende de Hacienda, como encargado de liquidar a los trabajadores, fue ilegal, en virtud de que no hubo tales causas de fuerza mayor. El argumento de Calderón de que debía extinguir la paraestatal “porque no resultaba ya costeable para la economía nacional o por interés público” fue echado para atrás, ya que en este caso el gobierno sí estaba en condiciones de atender la inconsteabilidad de la empresa, incluso “con la implementación de las medidas pertinentes para su administración eficiente”.

Ese argumento le fue dado al mandatario panista por el entonces titular de la Secretaría del Trabajo, hoy senador de su partido, Javier Lozano, pero los magistrados consideraron en su resolución que la extinción de LyFC decretada por el jefe del Ejecutivo aquella noche del 10 de octubre de hace poco más de tres años, señalaron que no hubo tales causas de fuerza mayor, por lo que la sentencia resultó favorable a los trabajadores que se quedaron sin empleo. Al concederle el amparo directo a al SME, en una interpretación juridical le da tácitamente a la CFE el carácter de patrón sustituto, lo que por ley la obliga a la recontratación de los ex trabajadores, y al pago de sus salarios caídos.

Esta resolución obliga asímismo a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a emitir el laudo correspondiente, cosa a la que le da largas, preocupado como está del gobierno, de que se caiga en la cuenta de que la recontratación y pago de salarios caídos tendrían un enorme costo político y económico que llevaría a la conclusión de que en la cantada victoria de Calderón en este polémico tema –respecto al cual Lozano dijo que fue “una decisión responsable y acertada– le saldrá caro, pero a los mexicanos que con sus impuestos que van al erario se tendrá que pagar esa pifia. Por lo pronto el gobierno federal analiza opciones para revertir el fallo.

Tanto el subsecretario de Gobernación, Obdulio Ávila, como el consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Miguel Alessio Robles, consideran que si la Suprema Corte de Justicia ya declaró válida la extinción de LyFC, esta misma instancia podría revertir el fallo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo. Pero el punto pareciera irrelevante ya que si, en efecto, fue válida la extinción, ésta no fue por causas de fuerza mayor y hay un patrón sustituto obligado a recontratar a los trabajadores. ¿Luego entonces?

Los abogados del SME acudirían esta misma semana a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en busca del nuevo laudo y de precisiones sobre cuántos trabajadores tendrían derecho a la recontratación y pago de salarios caídos: si solamente los 16 mil 599 que se mantuvieron en resistencia o también los más de 28 mil 742 que aceptaron liquidarse y de los que, según la CFE, 3 mil 33 ya fueron contratados y 17 mil 863 han sido apoyados con un nuevo empleo o capacitación.

@Paulinocomenta

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SME: ¿Cuál fue la moneda de cambio?

PAULINO CÁRDENAS

¿De veras nada más así porque sí se levantó la huelga de hambre de los 14 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas que se hallaban en ayuno en el Zócalo de la ciudad de México? ¿Fue sólo un señuelo el ofrecimiento de que ello sería a cambio de la ‘toma de nota’ a favor de Martín Esparza y los integrantes de la dirigencia sindical, lo que han negado el secretario de Gobernación, Francisco Blake y el propio titular del Trabajo, Javier Lozano? ¿O le apena al gobierno aceptar que esa fue la moneda de cambio?

Porque el propio dirigente del SME, que no es reconocido como tal por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es obvio que sí es reconocido por el presidente Felipe Calderón desde el momento en que encomendó al titular de Gobernación, Francisco Blake Mora, dialogar con el dirigente con quien el viernes supuestamente se comprometió a llegar a una solución sobre el conflicto derivado del decreto de extinción de la Compañía de luz y Fuerza del Centro del 11 de octubre de 2009, con el que el ‘Presidente del empleo’ echó a la calle a más de 44 mil trabajadores.

Martín Esparza dijo que el compromiso con el titular de Gobernación era que le fuera otorgada la famosa toma de nota por parte de fuera del titular de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, a los 26 integrantes de la dirigencia sindicalque encabeza y reafirmándolo a él como dirigente de esa organización, para en esa calidad pudiese continuar el diálogo con el gobierno a partir de mañana, según lo que se acordó el jueves pasado, en una prolongada reunión que duró alrededor de seis horas, celebrada en la sede de Gobernación, en Bucareli.

Pero el secretario Francisco Blake no aceptó que hubiera sido ese el acuerdo para que los huelguistas de hambre suspendieran su ayuno y aceptaran ir al hospital como sucedió el viernes. En una breve conferencia aclaró que el único acuerdo al que se llegó en la reunión que le encomendó el Presidente realizar con la representación sindical, fue sólo el de reanudar el diálogo mañana lunes. Dijo sin embargo que el gobierno ha dado “pasos muy importantes para dialogar sobre las soluciones a este conflicto” pero no dijo cuáles habían sido estos.

Después de la reunión trascendió que Esparza, se habrían alcanzado varios compromisos: uno, que le fuera otorgado la toma de nota a los integrantes de la dirigencia sindical del SME; dos, que habría trabajo nuevamente para los 16 mil electricistas que no aceptaron la liquidación y otros incentivos ofrecidos por el gobierno porbablemente bajo la figura del ‘patrón sustituto’; y, tres, la posible asociación del dirigente en una empresa de nueva creación por parte del gobierno, de servicio de electricidad a través de fibra óptica.

Sin embargo, el titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano,  al salir de la reunión con los representantes del gremio de electricistas el viernes por la tarde, lanzó, como es su costumbre, una bola de billar verbal e hizo chuza al señalar que no hubo tal compromiso sobre la toma de nota a favor de Esparza y que en ningún momento se habló de la posibilidad de una eventual contratación colectiva o de la creación de una empresa o de la figura de la sustitución patronal de 16 mil trabajadores en la Comisión Federal de Electricidad. ¿Entonces, por qué se levantó la huelga de hambre?

Dijo que mañana se analizaría la documentación que presentó el jueves el SME para revisar si se cumplió con lo establecido en los estatutos del sindicato y la ley para otorgar la toma de nota, pues cabe recordar que el 12 de julio en asamblea electoral, el SME ratificó a los miembros del Comité Central. Señaló que sólo si se llegaran a satisfacer los requisitos de ley se les da la toma de nota, como a cualquier otro sindicato.

Pero de que hubo moneda de cambio, evidentemente la hubo. De que hay la promesa de una solución negociada, también. Porque no pudo el dirigetnte, sólo con la magia de su verbo, haber concvencido a los huelguistas de que suspendieran su ayuno, sólo con simples promesas. ¿Qué les ofreció el goberno a ellos, a los 16 mil trabajadores que apoyan ese movimiento y al propio dirigente? ¿Qué hubo a cambio de qué? ¿Cuáles fueron los ofrecimientos para el trueque?

Algo debió informarles a los huelguistas su dirigente, desde el momento en que optaron por cesar su ayuno y permitir que los asistieran en el Centro Médico del Seguro Social, lo que dócilmente aceptaron todos, menos uno. De que hubo una solución negociada, la hubo. Mañana, al continuar las pláticas en una mesa de diálogo “de alto nivel”, se empezará dilucidar la verdad. Habrá que ver qué cuentas le tiene el secretario de Gobernación a su amigo y circunstancial jefe, ahora que regrese de su viaje a Uganda.

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SME: Calderón responde a huelguistas

PAULINO CÁRDENAS

En torno a la huelga de hambre que sostiene un grupo de sindicalistas de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, desparecida por decreto presidencial el 11 de octubre de 2009 y que de un plumazo dejó sin materia de trabajo a más de 44 mil trabajadores del sector eléctrico, hay quienes apuntan que su ayuno sólo es una treta para tratar de obligar al presidente Felipe Calderón para que acceda a la solicitud de ser recibidos en Los Pinos, amenazando con que llevarán su propósito hasta las últimas consecuencias.

Y parece que esa estrategia o treta, funcionó. El mandatario panista acaba de responderles y turnó la solicitud a la Secretaría de Gobernación para atender sus peticiones. Así lo dio a conocer ayer Cayetano Cabrera, huelguista del Sindicato Mexicano de Electricistas que hasta ayer llevaba 89 días de ayuno, quien dijo haber recibido un comunicado firmado por el secretario particular del jefe del Ejecutivo, Luis Felipe Bravo Mena, informándoles que la dependencia que encabeza José Francisco Blake Mora, será la encargada de atender sus demandas. A no ser que sólo sea un distractor.

“El señor Presidente ya me mandó una respuesta a la solicitud de audiencia que queríamos con él”, afirmó. Agregó que sobre el conflicto “él gira instrucciones a Gobernación para que le dé solución y aprovecho la ocasión para que si me escucha Gobernación, pues ya que nos dé hoy una respuesta favorable y nos levantamos de la huelga”, dijo Cayetano. Antes había dicho en entrevistas por radio, que “la respuesta favorable es que nos regresen, nos reintegren a nuestra labor”. Se le había escuchado lúcido, coherente, sin problemas de dicción o de lenguaje.

De ahí empezaron las especulaciones sobre si los ex trabajadores de Luz y Fuerza y su huelga de hambre era real o simulada, y si acaso no sería una estrategia para llamar la atención de la opinión pública, de los medios y de observadores extranjeros, estando la mayoría con aspecto moribundo en su lecho de reposo que tienen ubicado en pleno zócalo de la ciudad de México, donde de hecho no le han permitido el paso a nadie extraño a ese gremio.

Alfredo Verdiguel, el médico que según él mismo ha dicho, voluntariamente se ha encargado de ver por el estado de salud de los huelguistas, quien afirmó en entrevista radiofónica que no puede ira más allá para tratar de impedir que caigan en un estado comatoso, porque él debe respetar el Tratado de Malta que le otorga sólo a ellos, el derecho de estar en permanente ayuno o de suspender su huelga de hambre si así lo consideran. Sólo cuando no tengan razón de sí podría intervenir de lleno la ciencia médica.

Explicó que dicho tratado contempla que mientras los huelguistas tengan conciencia de las consecuencias de sus actos se tiene que respetar su decisión, aunque una vez que pierden el estado de alerta sería responsabilidad de los médicos determinar si los trasladan a un hospital para su atención. Hasta el momento son 14 los trabajadores en huelga de hambre, 11 hombres y 3 mujeres. Doce de ellos decidieron sacarse sangre ayer y con ella escribieron una leyenda a favor de su causa.

Si es como parece, quiere decir que la resistencia de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro pudo más que la del principal huésped de Los Pinos. Por lo que se ve, el poder no quiere arriesgarse a que haya un desenlace fatal de los huelguistas en ayuno, ni quiere saber si es simulada o no esa estrategia de presión a su gobierno, porque una mala noticia como sería el deceso de alguno de ellos, provocaría un escándalo que trascendería las fronteras de nuestro país en donde el presidente Calderón ahora sí que cargaría con el muerto.

Si el actual régimen estuviera instaurado en la supremacía del derecho otra cosa sería esa huelga de hambre si fuera simulada. Pero desde el momento en que la extinción de  LyFC fue decretada, para los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas fue un acto de autoridad unilateral que lesionó sus derechos laborales y constitucionales, los momios se empatan. Aunque la poderosa alquimia del poder funcionó y la Suprema Corte dio por bueno el decreto de extinción.

El pasado 5 de julio, por mayoría, la Corte calificó de constitucional el decreto de extinción. Los ministros consideraron que contrario al fundamento con el que el SME promovió el amparo que fue rechazado, los derechos de los trabajadores quedaron resguardados y que toda queja o denuncia contra ello lo podrán hacer ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Pero esta instancia está bajo la férula del titular de Trabajo, Javier Lozano Alarcón. De esta manera, se cierran los caminos jurídicos que tenía el SME para impugnar la legalidad de dicho decreto en términos reales. Ante ello, su última carta es la huelga de hambre. Si las cosas van como los trabajadores creen, la discusión sería ahora el asunto del ‘patrón sustituto’. Pero si el comunicado que les dirigió Calderón es sólo un distractor, ¡aguas!. Por lo pronto, los atencos, encabezados por Ignacio del Valle, recién salido de la cárcel, se unieron al movimiento sindicalista.

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Mala tarde en Hermosillo; sigue el SME

PAULINO CÁRDENAS

Además del caso de la guardería ABC, otro asunto que está a punto de tronarle al presidente Felipe Calderón es el de los trabajadores huelguistas de hambre del sindicato de la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro, encabezados por quienes tienen mayor tiempo sin probar alimento, Cayetano Cabrera Esteva y Miguel Angel Ibarra, quienes de un momento a otro podrían morir.

La visita que el presidente Felipe Calderón hizo el martes pasado a Hermosillo después de 13 meses de sucedida la tragedia de la guardería ABC, se convirtió en un sólo clamor: ¡Queremos justicia¡. El jefe del Ejecutivo sabía que se hallaría con esa demanda de la sociedad sonorense.

Por eso no quiso que hubiera prensa en las reuniones privadas que sostuvo con los padres de familia de los 49 bebés fallecidos y de otros 74 que quedaron dañados en su salud o marcados por el reto de su vida por las quemaduras que sufrieron aquel 5 de junio de 2009.

De cualquier modo los reporteros obtuvieron testimonio de algunos de los padres dolidos, que con coraje y sentimiento, se animaron a increparle al Presidente el desdén de él y su gobierno por no señalar culpables de esa tragedia, y que al no recibir respuesta del mandatario, decidieron retirarse del recinto donde acudieron 130 padres, madres y familiares de las víctimas.

Un dato que da idea del temor que había de enfrentarse  a los indignados deudos, y de que los reclamos trascendieran a la opinión pública a través de los medios de comunicación, fue el hecho de que al recinto deonde se celebraron sendas reuniones, a los convocados no les permitieron entrar con celulares y se vieron  obligados a pasar por el cerco  que les impuso el Estado Mayor Presidencial para ingresar al recinto, arguyendo razones de seguridad.

Calderón les ofreció una serie de ayudas las cuales ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Aunque algunos padres de familia estuvieron de acuerdo con esas ayudas –que fueron en esencia económicas y de asistencia médica–, la sociedad sonorense le sigue exigiendo que al margen de ello, se debe destituir a funcionarios y meter a la cárcel a quienes resulten culpables de esa tragedia que enlutó a todo México.

Abraham Fraijo, padre de Emilia quien falleció ese 5 de junio –que no asistió a la reunión por encontrarse en la ciudad de México preparando un juicio ciudadano que interpondrán el próximo 5 de septiembre contra los funcionarios involucrados directa o indirectamente en la tragedia de la guardería ABC–, acusó al Presidente de tratar de “comprar” el silencio de los padres.

Dijo que no había cumplido con la exigencia de que la charla que se celebraría en Hermosillo fuera pública. “Lo del decreto es una cortina de humo, está cumpliendo no con las exigencias, sino con los deberes que tuvo que cumplir hace un año. Queremos justicia”, expresó. Por su parte, Patricia Duarte Franco, madre de Andrés Alonso, uno de los 49 niños que murieron en el incendio, le preguntó a Felipe Calderón para él qué era justicia y como no le respondió, ella le increpó:

“Para mí justicia era que la persona que estaba sentada a su izquierda, (Daniel Karam director del IMSS), fuera destituida; para mí justicia es que a Juan Molinar Horcasitas (secretario de Comunicaciones y Transportes) lo destituya de su puesto y se le procese penalmente, al igual que al ex gobernador Eduardo Bours”.

Agregó: “Para mí justicia es que Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de su esposa, vaya a la cárcel; que Antonio Salido, Gildardo Urquídez y Sandra Téllez (socios propietarios de la guardería) vayan a la cárcel”., refiere la crónica de la enviada Claudia Herra y el corresponsal Ulíses Gutiérrez, publicada en La Jornada de ayer.

Pero el presidente Calderón deberá enfrentar de un momento a otro la reacción de la clase trabajadora al desenlace que pudiera tener y que pudiera ser fatal, respecto de los huelguistas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que parmanecen en huelga de hambre en el zócalo de la capital del país, por dos de los cuales, Cayetano Cabrera Esteva y Miguel Angel Ibarra, se teme por sus vidas. El primero tenía hasta ayer 88 días de ayuno, y el segundo 84 días en huelga de hambre.

Ambos han negado que el gremio o sus líderes los estén utilizando como ‘carne de cañón’ para su movimiento. El conflicto entre ese sindicato y el gobierno federal sigue. Y ya el líder de Atenco, Ignacio del Valle, anunció que se sumará con sus huestes en la lucha que continúan los trabajadores electricistas del SME y que han señalado que no cejarán hasta que les sean reconocidos sus derechos laborales y constitucionales.

Si fallace alguno de ellos, como supondría la lógica, será otro duro golpe contra el jefe del Ejecutivo de cara a la sociedad en un hecho que alcanzará repercusión internacional,  más allá de la fama que se llevará cuando deje el cargo, de haber echado a la calle a más de 44 mil trabajadores del sector eléctrico cuado pregonaba que sería el ‘Presidente del empleo’.

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Calderón actuó a contrapelo

PAULINO CÁRDENAS

A pesar de las consideraciones que le hiciera la Secretaría de Energía antes de que decidiera desaparecer la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y advertirle del posible inicio de procedimientos judiciales “tendientes a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos”, y que tal medida conllevaría el riesgo de que pudieran suscitar disturbios sociales si se decidiera por la extinción de esa compañía, el presidente Felipe Calderón actuó a contrapelo y expidió el decreto respectivo el pasado 11 de octubre.

Información que el gobierno le había negado a un grupo de legisladores sobre los argumentos que llevaron a la extinción por decreto de Luz y Fuerza del Centro, por considerar que era un asunto reservado, fue revelada a ocho columnas por el periódico La Jornada el pasado martes, la que que sin duda será aprovechada por la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas en su lucha por preservar su fuente de trabajo.

Ese  diario dio a conocer que el subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía,  Benjamín Contreras Astiazarán, reconoció que si bien el costo de la compañía ascendió en 2008 a 44 mil 300 millones de pesos –incluido el pago de salarios, prestaciones y el pasivo laboral–, la principal carga no fue resultado del contrato colectivo de trabajo, sino de la compra de energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el costo de combustibles para su generación.

Contreras Astiazarán aseguró que desde la óptica de una administración pública eficiente, comprometida con la racionalización del gasto, “no podría decirse que existe alguna desventaja de la solución propuesta, dado que la problemática financiera y operativa de Luz y Fuerza no podría remediarse. Ésta es una realidad contundente”.

Aun así, admitió que los costos por la desincorporación de la empresa “serían importantes, principalmente por los pasivos laborales, pero en éstos se incurrirá, con o sin su extinción, en esta administración o en gobiernos subsecuentes”.

En este punto consideró que, además de los disturbios sociales, también podrían esperarse “eventuales ataques al sistema eléctrico nacional, frente a los cuales se tendría una mayor capacidad de respuesta que la de Luz y Fuerza, pero que pueden resultar inevitables”.

También anticipó el inicio de procedimientos judiciales “tendientes a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos que se expidan, o bien la actualización de la figura de sustitución patronal, a fin de obtener la consecuente reinstalación de los trabajadores de Luz y Fuerza”.

Por lo pronto, la dirigencia del SME inició los trámites para demandar el despido injustificado de más de 44 mil electricistas, ya que al absorber la Comisión Federal de Electricidad las operaciones de LyFC, “subsiste la materia de trabajo”. También se interpondrá un amparo colectivo contra el decreto de extinción de esa empresa.

La dirigencia sindical optó por empujar ambos procedimientos jurídicos, antes de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje  dé su veredicto sobre el decreto de extinción de Luz y Fuerza y resuelva la terminación de las relaciones laborales de la paraestatal con el sindicato. Martín Esparza reiteró que el gobierno actuó ilegalmente en este proceso.

En conferencia de prensa ayer Esparza dijo lo anterior, y de paso advirtió que la incapacidad de personal de la CFE y de los trabajadores inexpertos que han sido contratados sin garantías laborales y de seguridad, provocará un colapso en el suministro eléctrico en la capital del país

Con las revelaciones hechas por La Jornada, los abogados del SME tendrán argumentos duros en el proceso jurídico que se avecina, un litigio en el cual según especialistas, el Ejecutivo Federal corre el riesgo de que una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad, pudieran echar abajo el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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Creel le echa más leña al fuego

PAULINO CÁRDENAS

Quizá inspirado en la pretendida desaparición del Sindicato Mexicano de Electricistas en la que insiste el presidente Felipe Calderón porque según indicios le estorba para acabar de pasarle a manos privadas la generación de energía eléctrica, ahora Santiago Creel, de pronto, aparece diciendo en rueda de prensa en Washington, que es necesario desmantelar nada más y nada menos que los monopolios sindicales de Pemex y de la SEP.

“Lo más importante en este momento es conocer cuánto dinero le da el gobierno al SNTE; cuánto dinero recibe el de Pemex y para qué propósitos; cuál es el fundamento legal de esa entrega; quiénes son los destinatarios; dónde se encuentra ese dinero y en qué cuenta bancaria de qué fideicomiso, o quién es el beneficiario final de esos recursos”, manifestó el ex funcionario del gabinete de Fox.

El ex secretario de Gobernación en tiempos de Vicente Fox y aspirante a la Presidencia de México en 2006, señaló en la capital norteamericana que “debemos ir haciendo los cambios que el país necesita, independientemente de cualquier otra consideración posible”, por lo que propuso acabar con las jetaturas de poder que representan los sindicatos de maestros y de los petroleros, encabezados por Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps.

“Tengo la plena convicción de que en la medida que desmontemos al viejo sistema que se aparece en los sindicatos, que se aparece en la economía, en la centrales obreras, en esa medida el país va a tener el desarrollo social y económico que se merece”, dijo Creel. Añadió que “son los intereses creados, los llamados poderes fácticos, los que tienen postrado al país en esta posición de jaque respecto de su desarrollo”.

Insistió el senador panista en que su propuesta de reforma al sistema sindicalista mexicano, estipula establecer reglas de voto libre y secreto en la renovación de las dirigencias para que, en un plazo de dos, años los sindicatos públicos y privados comiencen a actuar de manera distinta a como lo han venido haciendo hasta ahora.

Ante corresponsales de medios mexicanos acreditados en Washington, señaló que de esta manera “ya no veríamos en consecuencia secretarios generales con 30 años, con 20 años o 15 años de reelección en la misma secretaría o en la presidencia de esa mesa directiva” y permitiría transparentar las finanzas de los sindicatos públicos y privados.

Sin duda que esta declaraciones de Santiago Creel vienen a cuento, al saber que La Gran Alianza Nacional Petrolera, que aglutina a la disidencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), ha vuelto a dar señales de vida a raíz del golpe que dio el gobierno de Felipe Calderón a los trabajadores del SME.

Lo mismo sucedió con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cuyos integrantes manifestaron su apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas  y se comprometieron a participar en la estrategia de lucha de ese gremio en defensa de su fuente de empleo.

Recientemente, ambos gremios, el petrolero y el magisterial, junto con otros que forman parte de la Unión de Trabajadores de México (UNT), coincidieron en señalar que no le temen al gobierno y que “la inconformidad social aplastará la política de represión” del gobierno. Señalaron que “hoy no están golpeando sólo a los electricistas, sino al sindicalismo nacional”.

En bloque, “las organizaciones sociales vamos a defender al SME; los acompañaremos en vías políticas y jurídicas porque hay inconformidad generalizada y por ello está latente la posibilidad de llegar a una huelga nacional”, dijo Azael Santiago Chepi, secretario general de la sección 22 del sindicato magisterial de Oaxaca. La cosa en el gremio sindical pues está que arde. Y Santiago Creel, desde Washington, echándole más leña al fuego que originó el gobierno que encabeza Felipe Calderón.

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Calderón ignoró al Congreso

PAULINO CÁRDENAS

Raúl Carrancá y Rivas, maestro emérito de la UNAM, expresó que el decreto del presidente Felipe Calderón pasó por alto la potestad del Congreso de la Unión, porque el artículo 73 constitucional, en su fracción X, faculta a esta instancia para que legisle sobre energía eléctrica. Estimó que ya que el Congreso tiene facultades para legislar en la materia, por lo menos debió haber sido consultado antes de tomar la decisión de extinguir a Luz y Fuerza del Centro.

El despacho de Carrancá y Rivas, y el del abogado laboralista Néstor de Buen Lozano, se harán cargo de la defensa de los trabajadores electricistas del SME que se quedaron sin centro de trabajo: también abogarán contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Coincidieron los dos juristas que ambas medidas tomadas por el jefe del Ejecutivo, son vilatorias de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo, y atentan contras las garantías individuales.

Ambos despachos tienen quince días hábiles de plazo para interponer la demanda de controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 30 para solicitar los amparos ante un juez federal en materia laboral, contados a partir del pasado 12 de octubre, no obstante que posiblemente que no se ocurra al amparo, aunque sí a las demandas individuales por despido injustificado.

En entrevista con el periódico La Jornada publicada el viernes, Carrancá y Rivas explicó que el decreto presidencial, al haber violado la fracción X del artículo 73 de la Carta Magna, está desconociendo el origen de la vida jurídica de Luz y Fuerza del Centro. “Y algo más grave: al haber hecho esto, afectó los derechos laborales de los trabajadores”, dijo.

Indicó que el decreto de extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro es violatorio del artículo 123 constitucional sobre el derecho al trabajo y previsión social, porque los empleados de LyFC tienen, con base en el artículo 5 de la Constitución, el derecho al trabajo. “Nosotros entendemos que no es posible ejercer este derecho, sin la consecuencia del derecho de agruparse y asociarse para defender sus intereses, es decir, de sindicalizarse” expresó.

Añadió que, por tanto, “al violar la fracción X del 73 constitucional, se está violando el artículo 5 constitucional y el derecho laboral de los trabajadores, es decir, el 123 de la Carta Magna”. El maestro emérito de la UNAM explicó:

Si bien el artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo considera que en el caso de la energía eléctrica, es causa de terminación de las relaciones laborales la incosteabilidad notoria de la explotación, “y el gobierno ha sostenido que LyFC económicamente está agotado, lo que es una causa de terminación de la relación de trabajo”.

Pero el siguiente artículo de la misma Ley Federal del Trabajo, el 435, fracción III, dispone que, si hay incosteabilida, el patrón, previamente a la terminación de la relación laboral, deberá obtener autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje.

“Es claro que esto no lo hizo el presidente Calderón. Por tanto, hubo violación del derecho laboral, del sindicalismo, del artículo 123 constitucional y de la ley reglamentaria de éste, que es la LFT”, destacó Carrancá y Rivas.

Mientras tanto, quienes sufren desde ahora son las más de 30 mil familias de los electricistas depedidos, que saben que los efectos colaterales directos de esa medida en su economía no tardan. Por ello llaman a Calderón ‘el Presidente del Desempleo’, descripción que sin duda comparten muchos mexicanos que han perdido su trabajo o no han hallado uno en este sexenio, cuando en campaña el mandatario panista se ostentaba como ‘el Presidente de Empleo’.

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Se alebrestó el avispero

PAULINO CÁRDENAS

Por más circo, maroma y teatro que realizó el gobierno federal de Felipe Calderón durante esta semana, después del ‘sabadazo’ cuando efectivos del Ejército y de la PFP tomaron por asalto las instalaciones de LyFC, para tratar de convencer a los mexicanos, a través de los medios masivos electrónicos, sobre las ‘bondades’ de la extinción de esa compañía, bajo el principio de echarle todas las culpas de la infeciencia y hasta corruptelas a los trabajadores, que no convenció a muchos. La prueba se vio ayer con la megamarcha de numerosos contigentes populares que no cesaron de mostrar con pancartas y gritos, su franco repudio a la medida gubernamental.

Las condenas contra el gobierno fueron diversas y en todos los tonos. Al presidente Felipe Calderón le cayó la mayoría de los improperios, porque los trabajadores despedidos no aceptan los argumentos dados a conocer por la parte oficial, de que la medida fue porque ya era insostenible la pérdida de recursos cuya sangría se calcula en unos 42 mil millones de pesos anuales, los que pasarán, según dijo el jefe del Ejecutivo, a formar parte de los fondos para programas sociales para paliar la pobreza en el país. Miles de voces se alzaron para calificar la medida como un golpe al sindicalismo y acusaciones de que Calderón quiere privatizar los servicios de electricidad.

La gigantesca movilización puso en alerta todos los dispositivos de seguridad del gobierno federal que estuvieron en alerta por si la megamarcha se desbordaba y los ánimos tomaban un curso de violencia. Hubo acusaciones de que grupos de choque habrían azuzado a grupos de manifestantes, aunque en términos generales todo fue con efusividad pero en términos aceptables de conducta. Esa muestra de repudio, según repetían los clamores, es sólo el principio de un gran movimiento cívico contra esa y otras medidas y omisiones del gobierno que tienen postrado económicamente al país.

De otra parte y a reserva de que las crónicas den cuenta de lo que se dijo en los discursos de los líderes sindicales y populares, ayer mismo por la tarde en la Cámara de Diputados se hacía el cabildeo necesario para integrar una comisión de diálogo entre la parte afectada y el gobierno federal, con vistas a que pudieran quedar satisfechas las demandas de los electricistas, que pese a las prebendas que tenían y que su liquidación es generosa, y además de que pudieran ser virtualmente recontratados bajo otros términos y condiciones, no aceptan el hecho de haberse quedado sin trabajo.

Sólo falta saber si esa medida de ‘democratización’, depuración, de reencauzamiento de recursos que según el gobierno fueron malhabidos por el SME, y acabar con las malas administraciones de los recursos públicos en manos de los líderes sindicales, de veras sigue la misma línea con Pemex por ejemplo, o con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se dijo, para decirlo en términos entendibles, que ya era hora de que el gobierno federal empezara a hacer cambios de fondo para enderzar el barco que se está hundiendo. O para sacar al buey de la barranca, si se quiere.

Pero para ello, el presidente Felipe Calderón tendría que considerar, pero en serio, asumir las reformas y los cambios que México necesita, apretándole tuercas, y duro, a otras instancias del gobierno federal. Eso, además de tener que sortear la retahíla de acusaciones que la izquierda y los sindicatos independientes y miles de gentes que se siente agraviadas por su gobierno, le han empezado a endilgar con epítetos y calificativos que pocas veces, en tan breve tiempo, se habían escuchado contra un Presidente de la República.

Se calcula que alrededor de 90 mil personas, entre trabajadores, organizaciones sindicales, sociales y estudiantes participaron en la megamarcha que avanzó de Reforma al Zócalo contra la extinción, decretada por el Ejecutivo, de Luz y Fuerza del Centro. Quedó claro que el avispero se alebrestó ¿Hasta dónde llegará el alebreste? De que hay preocupación, la hay. Ayer fue una muestra de lo que es un movimiento cívico.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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