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No quieren Policía Única

PAULINO CÁRDENAS

La semana pasada, en la reunión de gobernadores celebrada en Chihuahua, el presidente Peña Nieto designó a doce enlaces de la administración federal que fungirán como interlocutores del gobierno de la República con los estados para, aparte de atender su propio changarro, ‘couchear’ a los gobernadores en mil y una tareas. Será el rubro de la inseguridad en donde se reflejará de inmediato si no acabará siendo uno más de los ensayos fallidos con los que los mandatarios inician su gestión. Recién iniciada su administración, en febrero de 2001, Vicente Fox integró a un grupo de empresarios en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos con el cargo de “consejeros propietarios representantes del Estado”, quienes no tardaron en renunciar ante las presiones de distintos sectores sociales y políticos del país, por querer inventar el agua tibia. ¿Pasará lo mismo con los doce ‘padrinos’ de la Conago?

Entre otros puntos, en esa reunión se aprobó la creación formal de una Policía Única con un mando nacional, que está en proceso de ser aprobado por el Senado y cuya responsabilidad recaería en Manuel Mondragón y Kalb. Pero mientras el nombramiento queda formalmente aprobado, quienes en primera instancia no quieren que haya una Policía Única en cada estado de la República son los capos de los cárteles de la droga y de las mafias del crimen organizado. Prueba de ello fue el tiroteo que se dio hace unos días en Morelos, en donde se acababa de instaurar ese nuevo modelo, por lo que se habría dado el encuentro a tiros entre policías federales y agentes que custodiaban al procurador de este estado. Con ello queda claro que otro problema que sigue privando es la descoordinación y rivalidades entre las corporaciones y sus mandos, no solo en ese entidad federativa sino en muchas otras.

En Cuernavaca, en el lugar donde se registró el ataque contra el procurador estatal y sus escoltas, al gobernador Graco Ramírez le dejaron un mensaje, junto con una corona de flores, según reportaron fuentes policiacas. “Señor Gobernador, esto no fue un accidente, sabemos que los acreditables y estatales trabajan para Antonio Román Miranda, alias La Moña y Los Rojos”, se leía en el texto escrito en una cartulina, según el reporte. Para acabarla, el gobernador afirmó que el ataque a balazos contra la camioneta en la que viajaba el procurador general de Justicia de la entidad, Rodrigo Dorantes, ‘es una conspiración desde adentro’. La lectura de esa declaración es que la policía trabaja en complicidad con la delincuencia organizada. Signo innegable de los tiempos que vive México.

Otro ejemplo fue el caso de Luis Enrique Granillo Martínez, dirigente del Frente Popular y Campesino Francisco Villa, quien horas después de haber anunciado que se estaban creando varias policías comunitarias en el sur del estado de México para defenderse por propia mano de la delincuencia organizada, y que los pobladores de 37 lugares ubicados en el Edomex, en Guerrero y Michoacán en la zona de Tierra Caliente, pretendían integrar un gobierno autónomo que llevaría por nombre “Calentano”, fue ‘levantado’ hace dos semanas por un comando armado en la comunidad de Santiago Amatepec, junto con cinco personas más, sin que haya aparecido hasta ahora.

Uno de los casos que más ha conmovido a Michoacán y a México fue el del crimen cometido contra el joven Alan Milán, de apenas 15 años de edad, campeón de la Olimpiada Nacional de Atletismo, quien fue abatido a balazos en la unidad habitacional Carmelinas del Infonavit de Morelia, al intentar defender a su madre de unos asaltantes que le querían robar su coche; sus vecinos valoran seguir el ejemplo de organizar brigadas de autodefensa, por muy incostitucional que eso sea, porque más inconstitucional, dicen, es la impunidad con la que actúan los delincuentes, sin que la policía ni las autoridades hagan algo.

Por lo pronto el meollo está en el cambio de estrategia anticrimen. La disyuntiva está en si ésta se opera bajo la mística de una actitud conciliadora o si resulta más funcional abogar por una vía de endurecimiento y rigor autoritario. Poner en marcha el nuevo modelo de ua Policía Única por estado, bajo un solo Mando Nacional, es un proceso complejo y tardado que tiene –y tendrá– como principal obstáculo, el propio desorden que dejó la administración policial calderonista con Genaro García Luna a la cabeza, quien procuró la brutal descoordinación que prevaleció entre la Secretaría de Seguridad Pública federal a su cargo de la que dependía la Policía Federal, y los mandos del Ejército y de la Marina.

No es garantía que las fuerzas castrenses estén haciéndole de policías antinarcóticos y anticrimen, poniendo en riesgo muchas vidas inocentes, a quienes los uniformados, e incluso sus mandos, suelen violar, mancillar, torturar o matarlos a ellos o a sus familias, cuando no les atropellan sus derechos más elementales sin que haya justicia ni castigos para los infractores, quedando muchos casos en la impunidad como sucedió a lo largo del sexenio anterior. Hasta la fecha, entre las corporaciones priva la rivalidad y la descoordinación, además de la colusión de las policías con el crimen organizado que se ha generalizado en todo el país. Ante ese panorama, ¿funcionará de veras la Policía Única bajo un solo mando nacional? Por lo pronto, los mexicanos siguen sintiendo su vida amenazada por la violencia y la inseguridad.

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Estertores últimos de Calderón

PAULINO CÁRDENAS

La semana pasada Felipe Calderón se pusoa cantar en Tacámbaro, Michoacán durante la última gira que hizo a su estado natal como Presidente, y varios de los asistentes dijeron ‘Útala: canta como gobernó’. Igual que López Obrador, también filosofó sobre el por qué Dios pone a prueba a ciertos individuos con determinadas tareas. Se refería a él mismo desde luego, y a la guerra que emprendió a ciegas contra el crimen organizado. Como sea, una de las peores herencias que le dejará a Enrique Peña Nieto como pesada carga, serán las consecuencias de esa guerra absurda, por insensata, contra el crimen organizado, que ha cobrado miles y miles de muertes.

Insensata su guerra porque no calculó la reacción ni la capacidad de respuesta de las bandas criminales a las que quiso espantar echándoles por delante al Ejército y la Marina-Armada de México, y con una Policía a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública que hizo mal tercio en esa lucha porque los capos corrompieron a muchos de sus mandos por lo cual ya desapareció, lo cual significó el primer golpe seco al mandatario que va de salida porque era su ‘orgullo’. Insensata esa guerra por las miles de muertes que ha dejado y que será por lo que se recuerde su sexenio.

¿Quiénes responderán por esas muertes? ¿Y quién lo hará por tantas promesas incumplidas? ¿Peña Nieto? Por lo pronto hay quienes creen que al término de su mandato, el presidente Calderón tendrá que abandonar el país, temeroso de las represalias que puede recibir de parte del crimen organizado.
 Sabe que incurrió en responsabilidades sancionadas por el derecho internacional.
 Debe sin duda estar muy preocupado por su integridad personal y por su vida, por las propias reacciones que puedan tener los grupos del crimen –menos uno– contra él y su familia. ¿Cuál será su futuro? ¿Y cuál será el de su principal escudero de armas?

La otra fue que, ya con un pie fuera del gobierno, mando una propuesta al Legislativo para cambiarle el nombre al país. Siguiendo la lógica calderonista, que quiere que nuestro país se llame México y no Estados Unidos Mexicanos, porque así lo conocen dentro y fuera del país, entonces el crack mexicano que juega en el Manchester United, Javier Hernández, debía cambiarse el nombre y solo llamarse‘Chicharito’ porque así es como conoce todo el mundo al crack mexicano, ya que incluso en la camiseta que usa para jugar así dice: Chicharito.

Supone Calderón que a México lo suelen confundir con Estados Unidos, por el nombre oficial de nuestro país. ¿De veras? El primer reclamo de que México se llegase a llamar oficialmente así, sería de los pueblos indígenas que no son mexicas. Nadie en su sano juicio podría creer que el nombre oficial de “Estados Unidos Mexicanos” lleve a alguien a confundir a nuestro país con el vecino del norte.

Se ha hecho chunga con eso y se señala que si el mandatario panista no fue capaz de cambiar a México, aunque sea que le cambien el nombre. Lo que sucede es que al término de su gobierno, ya no sabe qué inventar para distraer la atención y que los mexicanos no reparen en como dejó el país por andar haciéndole al soldadito de plomo, queriendo acabar con las mafias sin haber calculado sus riesgos y sin haberle entrado primero a depurar a las policías y autoridades corruptas vinculadas con el crimen organizado. Cuando tiene un pie afuera del gobierno, se le ocurre enviar una iniciativa al Congreso de la Unión para que nuestro país se llame oficialmente México y no como obra en la Constitución, “Estados Unidos Mexicanos”. Para usar un narcotérmino, esa idea parece una marihuanada.

Sus razones dice tener. Siendo legislador, hace una década Calderón lo propuso, y ahora, a punto de dejar la administración, se le ocurrió retomar esa iniciativa para modificar el nombre oficial del país y que se llame simplemente “México”, como la mayoría de la gente lo conoce. El nombre oficial del país quedó establecido en 1824, en la primera mitad del siglo XIX, después de independizarse de España, hecho que para algunos fue un intento de imitar al vecino del norte, cuyo nombre oficial en inglés es United States of America.

“México no necesita un nombre que emule a otro país y que ninguno de nosotros los mexicanos usa cotidianamente”, dijo el jueves al anunciar el envío al Legislativo de la iniciativa de reforma constitucional para modificar el nombre de la nación. A nadie se le ocurriría pensar que llamándose oficialmente Estados Unidos Mexicanos, se esté emulando al vecino país del norte, pareciendo ignorar el nacionalismo recalcitrante que raya muchas veces en chovinismo, sentimiento que priva en muchísimos sectores de la sociedad.

El aún Presidente había hecho una propuesta similar en enero de 2003, cuando se desempeñaba como dirigente de los diputados federales del Partido Acción Nacional, aunque la iniciativa nunca se votó. Esta vez, su propuesta ya fue bateada en el Congreso de la Unión, porque, como lo comentó el coordinador de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, el sonorense Manlio Fabio Beltrones, hay asuntos mucho más importantes que hay que atender en el Legislativo. Fue uno de los estertores últimos del panista como mandatario. Más los que faltan de aquí al viernes.

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¿Se irá Calderón de México?

PAULINO CÁRDENAS

Un gran número de mexicanos ve yéndose del país –huyendo dicen unos– a Felipe Calderón, una vez que venga el cambio de gobierno y le deje el mando al PRI, partido del que, como medio mundo sabe, no quería saber nada, ni tampoco de su candidato, en vísperas de las campañas, no obstante que con quien lo sustituirá en Los Pinos tejió la trama para efectos mediáticos de realizar una transición ‘tersa’, que Enrique Peña Nieto aceptó como una cortesía, tersura que de hecho terminó desde el momento en que su sucesor declaró que lo primero que hará al llegar a Los Pinos sería desparecer la Secretaría de Seguridad Pública federal, y la Secretaría de la Función Pública cuyo lugar sería ocupado por la Comisión Nacional Anticorrupción.

Aunque se supone que las leyes no son retroactivas, no dejó de escucharse un ¡gulp! en muchas gargantas de funcionarios calderonistas de alto y mediano nivel, así como de gobernadores y alcaldes que les ha gustado gastarse el presupuesto del erario a manos llenas y que al final andan que lloran y lloran por los rincones, suplicándole al nuevo mandatario priísta que les conceda la gracia de salvarlos de las virtuales quiebras en las que están sus estados y municipios. Sus mandos, quiérase o no, han sido copartícipes con el gobierno federal, de dejar crecer el desempleo, el subempleo y sobre todo la pobreza que priva en muchas entidades federativas del país. Como sea, esa nueva Comisión dicen que estará dotada de dientes para actuar, incluso en el sector privado, con el que los gobiernos suelen hacer los grandes negocios.

Inseguridad, pobreza y saqueos al erario producto de la corrupción e impunidad, serán las peores herencias que Calderón le dejará a Peña Nieto. Se espera que con la aprobación de las reformas a la Ley de Contabilidad Gubernamental y Transparencia se blindará y asegurará la eficiente aplicación del presupuesto federal. Esa iniciativa presidencial preferente propuesta por el mandatario saliente, podría servir, si se aplica, para detener el saqueo de recursos del erario por parte de funcionarios abusivos. Vendrá a ser un importante complemento de la Comisión Anticorrupción.

Por otra parte, dijo que está consciente de que los mexicanos continúan viviendo en condiciones de pobreza extrema, el próximo mandatario federal y manifestó  que a partir del 1 de diciembre, cuando asuma la Presidencia, su gobierno “favorecerá una serie de reformas políticas y económicas que buscan mejorar el bienestar de los mexicanos. Reformas que desde hace mucho tiempo han sido evidentes y necesarias pero que nunca han sido concretizadas”. Lo mismo hará ante el Congreso de la Unión en cuanto a las víctimas de la violencia y de la corrupción.

Pero quizá la carga más pesada que le heredará Calderón a Peña será sin duda los términos de la inseguridad. Sobre todo el referente al número de muertos que ha cobrado su guerra contra el crimen organizado. Pero también por los agravios que han dejado esas matanzas en el ánimo de muchas familias mexicanas, ya que parte de su fallida estrategia ha sido la de criminalizar a las víctimas. Hay ejemplos de sobra. Esté el caso de los 17 jóvenes que fueron ejecutados en Villas de Salválcar, en Ciudad Juárez, a quienes el propio michoacano declaró que sabía que estaban vinculados con el crimen organizado, lo cual le fue recriminado por los familiares y tuvo que retractarse.

Está el caso de don Nepomuceno Moreno Núñez, cuyo hijo fue ejecutado en Sonora y a quien a un año y medio de aquel crimen, cuando circulaba por el centro de la ciudad de Hermosillo, a bordo de una camioneta donde llevaba cartels con la imagen de su hijo para seguir protestando por su muerte, un hombre le disparo a mansalva en un alto, matándolo; horas después, el activista del Movimiento por la Paz, fue acsuado por el gobierno de ese estado de tener vínculos con el narco, lo que no era cierto.

Está el caso de Julián le Barón, a cuyo hermano mataron y lo quisieron acusar de estar ligado a la delincuencia organizada, sin ser cierto. Luego vino el caso de Marisela Escobedo, cuya hija había sido asesinada en Ciudad Juárez, y tiempo después, cuando protestaba por ese crimen en la explanada de gobierno de Chihuahua, fue ejecutada por un sicario. El gobierno estatal había emprendido una campaña en contra suya y de su hija, señalando que estarían vinculadas con el crimen, lo cual nunca se demostró. Otro caso fue el de la familia Reyes Salazar, de Ciudad Juárez. Siete de sus miembros fueron asesinados y desde el principio, el gobierno dijo que estaban involucrados en el narcotráfico, lo que también resultó falso.

Esa perversa y sistemática maniobra ha sido parte de la fallida estrategia de guerra de Calderón que él mismo y sus voceros periodísticos y algunos aliados políticos que le quedan, tratan de desvirtuar. Son los mismos que se oponen a que desparezca la Secretaría de Seguridad Pública federal, que pronto pasará a la historia como eje central de esa guerra, y cuyas atribuciones pasarán a estar bajo el mando de la Secretaría de Gobernación peñista. En fin, que varias razones justificarían –incluso la de preservar su integridad física y la de su familia–, que el mandatario panista tenga que irse del país. Habrá que ver lo que decide.

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¿Qué oculta el caso Tres Marías?

PAULINO CÁRDENA 

Para la PGR no hay duda que el ataque en Tres Marías del pasado 24 de agosto contra dos agentes supuestamente de la CIA y un marino de la Armada de México que fueron acribillados por policías federales y que milagrosamente salvaron la vida gracias a que la camioneta en que viajaban estaba blindada con el nivel más alto contra balas de alto calibre, fue un hecho premeditado obedeciendo órdenes superiores, por lo que esa instancia de procuración de justicia acusa a la SSP federal que encabeza Genaro García Luna, de encubrir a los policías involucrados en ese artero ataque, que ha motivado un fuerte encontronazo entre ambas dependencias, a diez días de que termine el sexenio.

Pero las preguntas siguen siendo las mismas: ¿Qué oculta ese atentado? ¿Quienes dispararon trabajaban para el crimen organizado? ¿Había un cuarto pasajero en la camioneta blindada? ¿Existió una laptop que alguien habría sacado sigilosamente del vehículo que sufrió el ataque armado? ¿Está algún cártel de narco tras ese atentado?

Ya dijo la Procuraduría General de la República que funcionarios de la División de Seguridad Regional instruyeron a los agentes federales que participaron en el ataque para que se presentaran a declarar ante el Ministerio Público uniformados y con vehículos de la corporación. También que los impactos por arma de fuego que recibió el vehículo fueron en su mayor parte en los cristales, que es la parte más vulnerable del blindaje y que la camioneta blindada recibió el 40 por ciento de los disparos en las ventanillas de piloto y copiloto, según sostuvo la subprocuradora Victoria Pacheco Jiménez.

También señaló que el vehículo en sus costados recibió el 15 por ciento de los impactos; que en la parte de enfrente del vehículo recibió el 19 por ciento de los impactos y que en la parte posterior, en el medallón, 19 por ciento y 19 por ciento en la parte trasera de la tapa. Asímismo que la totalidad de los casquillos levantados en el lugar del evento delictivo corresponden a las armas de la Policía Federal, es decir, que no hay un indicio que demuestre que hubo disparos de armas diferentes a las de los policías federales. Con ello la PGR puso en evidencia la semana pasada a la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Genaro García Luna.

Por su parte la SSP federal señaló en su defensa que la investigación de la PGR sobre la emboscada y el ataque en Tres Marías, derivó en una “cacería de brujas” contra la Policía Federal para “congraciarse” con el gobierno de Estados Unidos. En un informe de la Unidad de Asuntos Internos dirigido a la “superioridad”, la Policía Federal añade que el marino Fabián Molino Yera, quien conducía la camioneta diplomática que fue blanco del ataque, nunca fue citado a declarar ante el Ministerio Público, pese a que testigos lo señalan, según la versión de la PF, como “la persona que inició los disparos contra elementos policiales”.

Al parecer la PGR no cuenta con el testimonio ministerial de los estadounidenses Stan Dove Boss y Jess Hoods Gardner, víctimas de los delitos que se imputan a los elementos de la Policía Federal que dispararon contra el vehículo de la embajada de Estados Unidos en Huitzilac, Morelos. Sin embargo, existe el reclamo de que la Subprocuraduría de Control Regional sí permitió que personal de la embajada de Estados Unidos participara en la indagatoria e interrogara a testigos sin tener la personalidad jurídica de “coadyuvante”. Lo que no ha quedado claro es lo que hay detrás de ese ataque armado.

Hay varias versiones. Una de ellas señala que había suficientes pruebas circunstanciales, ‘pruebas contundentes’ para afirmar que los policías federales que dispararon contra la camioneta blindada pudieran haber estado vinculados con el cártel de los Beltrán Leyva. Otra versión no confirmada fue que había un cuarto pasajero abordo de la camioneta blindada que fue atacada. Otra más señala que alguien vio cuando fue sacada una laptop del vehículo donde viajaban los dos supuestos agentes de la CIA y el marino mexicano, quienes habrían resultado con heridas leves durante el ataque.

Se dice que existen fotografías tomadas por cámaras de seguridad de la CFE en la zona y por celulares de los propios policías agresores. Sin embargo no se sabe si en realidad hubo un cuarto pasajero ni si existió la laptop desaparecida. ¿Son reales o supuestas estas versiones? ¿Por qué se regresaron sigilosamente los dos agentes a su país a las pocas horas de sucedidos los hechos? ¿Iría con ellos el supuesto cuarto pasajero? ¿Quién era? El hecho es que hasta ahora pocos saben qué es lo que encierra el caso Tres Marías.

Entre dimes y diretes la realidad es que el caso ha quedado hasta ahora como el de ‘Rápido y Furioso’ de tráfico soslayado de armas de Estados Unidos a México las cuales quedaron en manos de los cárteles de la droga, sobre todo del de Sinaloa, asunto del que el gobierno calderonista dice no saber nada. ¿En el gobierno que viene se correrá el velo del misterio sobre esos asuntos, y muchos otros a los que les han echado tierra, vinculados con el tema de seguridad en este sexenio?  Falta menos para saberlo.

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Celebran millones ‘el esperado fin’

PAULINO CÁRDENAS

Además de ‘el buen fin’ promovido por el gobierno y la iniciativa privada para quedarse con gran parte del aguinaldo de quienes tienen ingresos en el país, con supuestas ‘ofertas’ que hicieron caer en el garlito a millones de mexicanos provocándolos a saciar su afán consumista, se inició otro festejo a escasos once días de terminar el sexenio: el del  ‘esperado fin’ de una administración federal marcada por la violencia, la muerte y por tantas promesas incumplidas del mandatario saliente, y quienes por millones hoy claman que el próximo gobierno los rescate del olvido, de la pobreza, de la desigualdad y de la inseguridad.

Quienes en el gobierno están conscientes de que la guerra contra los cárteles resultó un fracaso, que para Felipe Calderón fue prioridad primera y única, hoy andan en busca de hallar culpables, como fue el caso del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, quien al comparecer a la Cámara de Diputados el pasado viernes, al verse ametrallado por tantas críticas a la gestión de su jefe, acabó diciendo que el Legislativo era también corresponsable del fracaso, porque le aprobó a Calderón iniciativas antisecuestro, contra la trata y tráfico de personas y por darle atribuciones de investigación a la Policía Federal.

No aceptó que la guerra de Calderón contra los cárteles de la droga haya sido ‘una ocurrencia’, pese a la evidente improvisación con la que comenzó en diciembre de 2006 después de haberse lanzado como el Borras contra ese monstruo de mil cabezas, sin consultarle a nadie y sin medir consecuencias, creyéndole a sus asesores bélicos de que iba a ser pan comido acabar con las mafias si utilizaba al Ejército y la Armada haciéndole de policías, cuyo ensayo resultó un fiasco, principalmente porque hubo una absoluta falta de coordinación entre los mandos de las Fuerzas Arrmadas y porque como Comandante Supremo quedó subyugado por el titular de la SSP federal. ¿Por qué?, pocos lo saben.

Tan ha sido un fracaso esa guerra, que solo hay que ver el número de muertes causada por ella y que los cárteles de la droga siguen operando como si nada. Hoy clama que esa guerra debe de seguir, que no hay que bajar la guardia; casi casi quisiera que Enrique Peña Nieto lo nombrara su asesor bélico en lugar del general colombiano Oscar Naranjo. El hecho es que al término de seis años de violencia y derramamiento de sangre, de ejecuciones, decapitados, desplazados y desaparecidos víctimas de abusos de autoridad militar y miles y miles de muertes, los capos de la droga siguen haciendo de las suyas.

Tan acabaron las cosas mal en las instancias de seguridad y procuración de justicia, que ahí está ese enfrentamiento entre la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública, y el fulminante cese del ‘zar’ anticrimen José Cuitláhuac Salinas por razones no explicadas, y de la riñas y desaguisados entre los titulares de la Defensa Nacional y de la Marina, entre ellos, y  cada uno con Genaro García Luna. Por todo ello es que Peña Nieto anunció que la SSP federal, cuyo titular ha sido factor de división  entre los mandos de las fuerzas que combaten al narco y a las mafias del crimen organizado, quedará subordinada como subsecretaría bajo el mando directo de la Secretaría de Gobernación.

Como sea, el balance del sexenio que está a punto de acabar, estará caracterizado por la corrupción y la impunidad que han ido de la mano en muchos rubros, que junto con la suma de muertos, desaparecidos y desplazados que ha dejado la narcoguerra, y con un enfrentamiento evidente entre quienes tienen la responsabilidad de combatir a la criminalidad organizada, hacen una peligrosa mezcla que heredará el nuevo gobierno junto con los preocupantes márgenes de desigualdad, donde los bajos ingresos de las familias ha caído por la carestía motivada por los ‘gasolinazos’ mensuales, y donde el olvido del gobierno hacia las clases más desprotegidas ha sido insultante.

Tan solo hay que ver las cifras que acaba de dar el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Ceneval, en su informe de evaluación 2012, donde se da cuenta de que el gobierno saliente dejará retos enormes al entrante, en lo económico y en lo social. El número de pobres aumentó en México, aunque en su última visita a España, palabras más palabras menos, Calderón dijo que dejaba un país en jauja. Además de una crisis de inseguridad, de gobernabilidad y de desconfianza ciudadana en las instituciones, heredará un país de desigualdades que ha sido característica del sexenio que está por fenecer.

Lo escuchó Alejandro Poiré en San Lázaro el pasado viernes por parte de los legisladores: el gobierno saliente lo caracterizó el distanciamiento y divorcio entre el gobierno del presidente Felipe Calderón y la sociedad que quedó envuelta en la violencia y el fuego de las armas, acabó siendo peor que el de su antecesor; el autoritarismo, el denuesto y la polarización, han sido el sello de la segunda administración federal panista. Por todo ello, millones de mexicanos comenzaron a festejar ‘el esperado fin’ del llamado sexenio de las matanzas, pero también de la indolencia, de las omisiones y del olvido de la sociedad.

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Primer golpe seco a Calderón

PAULINO CÁRDENAS

Sin la menor duda la desaparición de la SSP federal tiene el alto significado de ser el primer golpe seco a la administración de Felipe Calderón por parte del gobierno sucesor, ya que esa dependencia era, por decir lo menos, la joya de la corona de su gabinete, incluido por supuesto a su titular, Genaro García Luna. Ni qué decir que esa dependencia tuvo la característica de ser una instancia intocada y solapada a lo largo del sexenio, pese a los tantos errores, abusos, engaños y pifias que cometió su titular, quien siempre contó con la defensa a ultranza de Calderón –pocos saben hasta ahora por qué, aunque hay sospechas–, cada vez que en los medios era puesto en evidencia por sus dislates operativos o sus famosos montajes mediáticos. La idea de Enrique Peña Nieto es poner orden en el desorden en los asuntos de Seguridad.

Desde que se fue delineando quiénes serían los hombres del Presidente antes de asumir el cargo, García Luna ya tenía ganada de antemano la desconfianza del Ejército por el rol que había asumido como director de la AFI en el sexenio de Vicente Fox, señalado desde entonces, comopresunto responsable de abusos de poder y protección a narcotraficantes y secuestradores, según lo narra en su libro ‘Los cómplices del Presidente’, de editorial Random House Mondadori, la periodista Anabel Hernández. Señala que el 30 de noviembre de 2006 Calderón dio a conocer los nombres de quienes integrarían el gabinete de Seguridad de su gobierno.

Como secretario de la Defensa Nacional nombró al general de división Guillermo Galván Galván; como secretario de la Marina al almirante Mariano Francisco Sáynez Mendoza; como procurador general de la República a Eduardo Medina Mora; y como secretario de Seguridad Pública federal a Genaro García Luna. “La noticia calló como balde de agua fría para los militares que habían entregado pruebas a Juan Camilo Mouriño” de los presuntos vínculos de García Luna con las bandas del crimen organizado, escribió la también autora del libro ‘Fin de fiesta en Los Pinos’y coautora de ‘La familia presidencial’.

“Durante todo el sexenio de Vicente Fox muchos generales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) escucharon un sinnúmero de rumores respecto a García Luna y su gente. Les preocupaba por supuesto la vertiente relacionada con la protección a secuestradores, pero mucho más la relacionada con la protección al cártel de Sinaloa. Para el delicado encuentro que iban a sostener con Mouriño iban bien apertrechados. Las áreas de inteligencia militares habían hecho su trabajo”, escribió Anabel Hernández.

“Se afirma que le presentaron a Juan Camilo una serie de fotografías en las que aparecía el equipo cercano de García Luna –el que hoy controla a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)– acompañado de narcotraficantes del cártel de Sinaloa, entre ellos los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva”. Hasta aquí lo escrito por la periodista en su mencionado libro ‘Los cómplices del Presidente’. De entonces al día de hoy la SSP federal ha tenido muchas cosas en su haber, pocas muy pocas positivas.

Sólo habría que señalar el reciente caso de Tres Marías, en donde en una emboscada sucedida el pasado 24 de agosto resultaron heridos dos agentes supuestamente de la CIA, junto con un capitán de la Marina de México que los guiaba en una camioneta diplomática de Estado Unidos, evento que hizo quedar muy mal al presidente Felipe Calderón ante Washington. En el Departamento de Estado norteamericano y en el Departamento de Seguridad del vecino país, siguen que trinan contra esos hechos. Muchos creyeron que después de eso los días de García Luna estaban contados, pero no. Una vez más la libraba, cobijado por el manto sagrado de su jefe.

Este asunto incluso ha motivado una riña abierta entre la titular de la PGR, Marisela Morales y el titular de la SSP federal, a unos días de que concluya el sexenio, lo que da cuenta de la descomposición interna en el gabinete de Seguridad. Entre los titulares del Ejército y la Marina también ha habido serios desaguisados, y de cada uno de ellos con García Luna. En suma, ha habido una guerra interna de todos contra todos. La manzana de la discordia ha sido el consentido del Presidente. Peña Nieto, de entrada, con su propuesta de cambios a la ley orgánica, quita de enmedio esa manzana echada a perder, para poner orden en el desorden en los asuntos de Seguridad.

La desaparición de la SSP federal tiene el alto significado de ser el primer golpe seco a la administración de Felipe Calderón por parte del gobierno que se instalará en Los Pinos en quince días. Sin duda. Después de esa medida, se infiere que vendrán golpes mucho más fuertes y sonados, una vez que se apruebe la creación de la nueva Comisión Nacional Anticorrupción y desaparezca la Secretaría de la Función Pública. Podrían ser casos que cimbren a la clase política y empresarial. Esa ‘Operación Limpieza’ habrá de ser aplaudida por millones de mexicanos, lo que tendría un fuerte impacto dentro y fuera del país, para dejar claro el mensaje de que el verdadero cambio en México comienza. Ojalá.

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La SSP federal y Tres Marías

 PAULINO CÁRDENAS

Nuevamente la SSP federal que está a cargo de Genaro García Luna se encuentra en entredicho. El pasado 2 de septiembre, Luis Cárdenas Palomino, jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, a la que pertenecen los 14 policías implicados, sostuvo, que los miembros de esa corporación que atentaron con armas de alto calibre contra dos agentes supestamente de la CIA y un elemento de la Marina, realizaban la investigación de un secuestro, con lo cual trató de desvincular a los policías federales implicados, simulando testimonios que no fueron ciertos para intentar evadir sus responsabilidad en esa alevosa agresión, un ataque ocurrido el 24 de agosto al ser emboscada una camioneta con placas diplomáticas de la embajada norteamericana en un paraje aledaño a Tres Marías en la carretera de Cuernavaca, Morelos, al Distrito Federal.

El viernes la Procuraduría General de la República explicó que los argumentos de los policías fueron una mascarada y lo que agumentó Cárdenas Palomino, que lo que estaban haciendo sus elementos era la investigación de un secuestro resultó falso. La PGR dio a conocer que en los hechos registrados, los policías federales habrían sido inducidos a simular hechos que  no sucedieron, para intentar evadir su responsabilidad. Durante el atentado, explicó la dependencia en un comunicado, los atacantes iban vestidos de civil y viajaban en autos particulares; sin embargo, al ser presentados por la Policía Federal ante el Ministerio Público lo hicieron uniformados y a bordo de patrullas oficiales. Para la PGR quedó clara la complicidad de los 14 federales con el crimen organizado.

Lo cierto es que algo muy grave sigue ocultándose en ese intento de ejecución, no solo desde el momento que quedó demostrado que se alentó el ocultamiento de los vehículos en los que se cometió el asalto a mano armada y simulando una circunstancia que resultó ser falsa, sino porque no ha quedado claro quiénes iban a bordo de la camioneta que fue atacada. aparte de los dos agntes norteamericanos y el oficial de la Marina, ya que algunas versiones hablan de que hubo un cuarto pasajero. ¿Quién era? ¿Era algún oficial o un capo? Incluso había trascendido que en el vehículo con placas diplomáticas había una laptop que nadie volvió a ver. El misterio sobre ese artero ataque sigue vivo.

Por lo pronto, en este caso la PGR puso en un predicamento a la PF. La dependencia habló incluso de que fue un montaje eso de que los policías federales iban tras supuestos secuestradores. Esto remite a recordar que el especialista en asunto de montajes mediáticos del sexenio ha sido Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, quien lleva en su haber varios de ellos. El más sonado fue el de Florence Cassez, a quien en el 2005 la Agencia Federal de Investigación (la entonces AFI) a cargo entonces del actual Secretario de Seguridad Pública, ordenó un montaje para exhibir la captura de la francesa ante las cámaras de televisión. También tiene en su haber la detención en el 2010 de Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, sobre la que dio tres versiones distintas.

Otro fue el caso del pastor boliviano radicado en Quintana Roo, Josmar Flores Pereira, quien en el 2009 durante un vuelo de Aeroméxico aseguró que llevaba una bomba que haría explotar y que eran una latas de refresco, diciendo que era una orden de Dios para avisar que vendría un terremoto. Con ese hecho García Luna armó otro montaje mediático en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y hubo más, como el dizque secuestro de unos periodistas por parte de una supuesta banda delincuencial, y que supuestamente la Policía Federal los rescató en donde los mandos del titular de la SSP federal quisieron hacer su faramalla ante los medios.

Respecto del caso de Tres Marías, José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, le dijo a Reforma que la investigación de plagios dentro de la PF no la hace la División de Seguridad Regional, que tiene encomendada la vigilancia de las carreteras federales, sino un grupo especializado que no depende de esta área. De acuerdo con el Manual de Uniformes y Divisas de la Policía Federal, los agentes de la División de Seguridad Regional están obligados a portar el uniforme y sus divisas en cualquier circunstancia, salvo que su mando les ordene lo contrario. Se habla de que hay de por medio reveladoras fotografías.

A pesar de haber sido consignados a los 14 policías y enviados a dos penales de alta seguridad, el caso sigue inconcluso y hasta ahora solo unos cuantos saben la realidad de los hechos. ¿Qué pasó en realidad con la emboscada y esa frustrada ejecución? ¿Iba un capo abordo? Se dice que los dos agentes estadounideses que habrían resultado heridos y que fueron trasladados de inmediato a su país de manera sigilosa, son los que saben la verdad, junto con el oficial que los acompaña de la Marina-Armada de México. Quiere decir que la embajada norteamericana y la Marina, además de los que salvaron la vida, sí saben lo que sucedió. Por lo pronto la PGR puso en evidencia a la SSP federal. Es obvio que los policías involucrados no actuaron porque se les ocurrió.

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