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Asesinados 17; en fosas hallaron 28

PAULINO CÁRDENAS

Con la confesión de dos delincuentes de que fueron asesinados 17 de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos entre el viernes 26 y la madrugada del 27 de septiembre, junto con un grupo de efectivos policiacos de Iguala, queda clara la participación de la Secretaría de Seguridad Pública que desde más de cuatro meses operan bajo el esquema de ‘mando único’ que está bajo el mando del gobierno estatal. Ello implica al secretario de Seguridad Pública, Jesús Martínez Garnelo, en los hechos donde murieron tres normalistas. El asunto pone en evidencia al presidente municipal José Luis Abarca Velázquez y al Secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, ambos prófugos. Pero también esa responsabilidad le toca al gobernador Ángel Aguirre, quien podría tener contados los días como mandatario de esa entidad en conflicto.

Incluso hay evidencias de que los restos de 28 personas hallados en seis fosas en las inmediaciones de Iguala, corresponden a los normalistas desaparecidos, aunque el procurador Iñaky Blanco, dijo que ‘sería irresponsable’ decir que los cuerpos encontrados el pasado sábado en fosas clandestinas corresponden a los alumnos desaparecidos. El secretario de Salud, Álvaro Mazón, señaló que el proceso para determinar la identidad de los restos hallados, tardará unos 15 días. En las indagatorias ministeriales se supo que el secretario de Seguridad Pública, Flores Velázquez, no fue requerido inmediatamente por la Procuraduría General de Justicia local. Eso le permitió darse a la fuga, igual que el alcalde. Desde el año pasado han sido señalados de estar involucrados con el crimen organizado.

Las cosas para el gobernador Aguirre se han puesto color de hormiga, ya que lo acusan de negligencia e irresponsabilidad ante esos hechos. La presión de los guerrerenses y del sector político nacional, podría ocasionar que no tarde en pedir licencia. Mientras tanto, desde el centro el gobierno federal estaría contemplando la posibilidad de enviar a un comisionado plenipotenciario como sucedió con el caso de Michoacán, aunque hasta ahora ese experimento no ha dado los resultados que se esperaban, ya que en ese estado parece estar reviviendo los problemas de inseguridad y de violencia por parte del cártel de los Caballeros Templarios. En la entidad al mando de Ángel Aguirre opera el cártel Guerreros Unidos, que habrían tomado parte en los hechos de Ayotzinapa.

A principios de mayo pasado el gobernador firmó un convenio para establecer el Mando Único Policial en seis municipios de la entidad, los cuales representan 60 por ciento del total de elementos del estado: Acapulco, Chilpancingo, Teloloapan, Tixtla, Zihuatanejo e Iguala. Dijo entonces que la firma de dichos convenios de adhesión representaba “la unificación formal y material de las corporaciones estatales y municipales”. De esa manera, las policías municipales pasaron a depender de la SSP guerrerense, bajo el mando del secretario de Seguridad Pública estatal. Según Aguirre, dicho acuerdo se realizaba para combatir la inseguridad y la delincuencia “con acciones de reacción y preventivas con armas, patrullas e implementos necesarios, para contar con una policía que inspire confianza ciudadana y sea capaz de restablecer el tejido social, que han pretendido colapsar los enemigos de la ley”.

La PGR indaga la probable responsabilidad del secretario de Seguridad Pública, Jesús Martínez Garnelo, en los hechos ocurridos en Iguala. El fiscal general de Guerrero, Iñaky Blanco, informó que fueron exhumados 28 cuerpos de las fosas clandestinas halladas en Pueblo Viejo, Iguala, calcinados en su totalidad y algunos fragmentados. Indicó que hasta el momento 29 personas, entre ellas dos mujeres, se encuentran indiciadas por delitos de homicidio calificado y delincuencia organizada. Añadió que la orden de acudir al sitio donde protestaban los normalistas el pasado viernes, la dio el director de Seguridad Pública municipal Francisco Salgado; en tanto, la exigencia de llevárselos para ultimarlos la recibieron de un hombre al que conocen como ‘El Chucky’, líder de Guerreros Unidos.

El procurador confirmó que la totalidad de los 28 cuerpos fueron encontrados calcinados, por lo que, dijo que se presume que fueron rociados con diésel, gasolina o petróleo. Dijo que para la identificación de los cadáveres se realizarán pruebas de ADN con la Policía Federal y servicios periciales de la PGR, y que los resultados se tendrán entre 15 días y dos meses. “Conforme a la opinión de peritos especializados en la materia podemos señalar que en las fosas se colocó una cama de ramas y troncos sobre la cual se pusieron los cuerpos de las víctimas, a quienes se les roció una sustancia flamable acelerante, diésel, gasolina o petróleo”, señaló. Dijo que con los cateos realizados hubo varias detenciones.

Una de ellas fue José Gaspar alias ‘El Tongo’, además de Honorio Antúnez ‘El Patachín’ que era policía municipal, Alejandro Macedo, y Marco Antonio Ríos, todos vinculados al grupo criminal Guerreros Unidos. El procurador Blanco explicó que tras las declaraciones de los cuatro detenidos se logró identificar a 30 integrantes de la Policía Preventiva de Iguala, como elementos del grupo delictivo. De acuerdo con lo señalado por el fiscal, fueron Macedo y Ríos los que habrían declarado que privaron de la vida a los 17 normalistas, a quienes trasladaron a la parte alta de un cerro en Pueblo Viejo, donde el grupo criminal tiene fosas clandestinas.

En ese sitio fue donde los jóvenes fueron privados de la vida y posteriormente calcinados por ordenes de ‘El Chucky’. Explicó que Macedo y Ríos manifestaron haber seguido a los estudiantes, a bordo de dos camionetas, desde el momento en que llegaron a la ciudad tamarindera y cerca del centro de Iguala accionaron sus armas contra ellos. El caso Ayotzinapa, junto con las ejecuciones de presuntos delincuentes en Tlatlaya, estado de México, además de otros hechos vinculados a la corrupción como el de Oceanografía y el saqueo a Pemex, además de los vínculos de gobernadores con el crimen organizado, han colocado al gobierno de Enrique Peña Nieto en el banquillo de los acusados.

 

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Los servicios de inteligencia

PAULINO CÁRDENAS 

El presidente Enrique Peña Nieto insiste en señalar que la nueva estrategia de seguridad nacional se basa en los servicios de inteligencia por encima de la fuerza de las armas, para combatir a los grupos criminales. Su argumento es relativamente válido si lo refiere a la detención del líder de Los Zetas, en donde se dijo que se logró gracias a los servicios de inteligencia para que un comando de la Armada de México atrapara al capo tamaulipeco el pasado 15 de julio, aunque se afirma que, sin demérito del papel de la Semar, más se le debe a la inteligencia de la DEA e incluso del FBI, la aprehensión del Z40.

Pero en lo que toca a los cárteles que operan en Michoacán, la presunta inteligencia mexicana ha sido un fracaso, ya que no detectó ninguna de las emboscadas –siete en menos de una semana–, sufridas por diversos miembros de la Policía Federal e incluso un alto mando de la Marina, al no conocer con antelación los planes de ataque con tintes de tácticas guerrilleras de los sicarios, que cobraron la vida de varios elementos castrenses incluido el del vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet y del segundo maestre Ricardo Hernández Mercado.

Es entendible que el mandatario priísta trate de convencer a la ciudadanía de que de veras están funcionando esos servicios, cuando la realidad es que sus áreas están apenas en vías de aprendizaje y de coordinación, y tratando de resarcir el desorden que heredaron de la administración anterior en instancias como el Cisen, el Ejército, la Armada, la PGR, y la propia Policía Federal con todo y sus inútiles búnkers que Felipe Calderón le concedió construir y equipar con tecnología de punta con un altísimo costo, a su funcionario consentido Genaro García Luna. Hasta la fecha el gobierno peñanietista continúa insistiendo en poner orden en el desorden y alinear las cosas en tanta anarquía que el gabinete de seguridad encontró a su llegada.

Incluso la nueva estrategia anticrimen del gobierno peñanietista tiene desconcertado a Washington, que ha visto como cosa extraña y excepcional que toda la complejidad del aparato de seguridad interno haya quedado bajo un solo mando, en este caso de un civil, en la persona del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ventanilla única para tratar asuntos de colaboración bilateral en la lucha contra los cárteles de la droga y el crimen organizado. De un jalón Peña Nieto dio por terminada la anarquía y el desorden entre las instancias de seguridad que debieron siempre de colaborar juntas y coordinadamente. El Ejército, la Armada y la Policía Federal trabajan bajo un solo criterio y un solo mando, aunque siguen teniendo autonomía de gestión.

Que bueno que el gobierno de la República quiera privilegiar el uso de la inteligencia por encima del uso de la fuerza en la lucha anticrimen. No solo hace falta sino que es imperativo ante el avance de los grupos delictivos organizados que asuelan a muchos poblados en el país. Sin duda, de la nueva estrategia anticrimen, la propuesta de cambio de estrategia más importante, es que hay que privilegiar la inteligencia para acabar con la violencia. Suena alentador para millones de mexicanos que lo que quieren es que un día en México haya paz, que debe ser propósito fundamental del gobierno federal. Pero el asunto de los servicios de inteligencia se cuece aparte. Y siempre habrá el riesgo de que la inteligencia se politice.

El espectro de la inteligencia gubernamental es muy amplio y variado y resulta fundamental como instrumento de gobierno para trazar, en otros ámbitos, los caminos a seguir en cuanto a desarrollo y prosperidad a través de políticas públicas acordadas con los actores políticos, sociales y del sector privado. Solo que el uso de los servicios de inteligencia han sido constantemente distorsionado por parte de los gobiernos en turno para propósitos distintos, como que han servido para espiar a los enemigos políticos por parte de quienes tienen la sarten por el mango. Históricamente ha quedado demostrado que el uso de la inteligencia ha servido más para propósitos aviesos que para otra cosa. Puede ser un importante aliado para el aparato gubernamental, pero también puede ser una temida amenaza para muchos grupos que no están de acuerdo con las políticas del gobierno en turno.

Si bien existe la firme intención presidencial de que la inteligencia lleve mano en lugar del uso de las fuerza armada contra el narco y los criminales organizados, habría ante todo que definir muy bien los ámbitos de competencia de los mandos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar). El reto está en la coordinación y en los tiempos de respuesta inmediata ante la premura que se requiere para saber anticipadamente en donde está virtualmente el peligro de un ataque sorpresivo de los cárteles contra elementos de las fuerzas armadas del gobierno como ha sucedido en Michoacán, en donde la inteligencia ha brillado por su ausencia. ¿Por qué razón? Como dijo el Monje Loco: nadie sabe y nadie supo.

paulinocardenas.wordpress.com

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Debilidades institucionales

PAULINO CÁRDENAS

Al referirse hace unos días, sin mencionarlo directamente, al caso de los 10 policías federales que en lugar de cumplir con su cometido para el que fueron enviados a Ciudad Juaréz dentro del plan de protección y seguridad a la ciudadanía, acabaron como viles delincuentes, el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora habló de ‘debilidades institucionales’ que en el caso específico de las corporaciones policiales federales sigue siendo una penosa asignatura pendiente. Por más que en los discursos se diga misa, el hecho es que las ‘pruebas de confianza’ que realiza la Secretaría de Seguridad Pública federal han servido para poco.

Esto resulta evidente porque la ‘debilidad institucional’ a la que hizo referencia el titular de la política interior, impide a la policía federal cumplir con sus objetivos y a la policía juarense la ha convertido “en una amenaza para la sociedad”, según señala una investigación llevada a cabo conjuntamente por el Colegio de Chihuahua, el Colegio de la Frontera Norte y el Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego, California.

“Hay una clara conciencia entre los funcionarios de que la Policía sí está involucrada en delitos, lo que habla de una integridad institucional débil, particularmente en los altos grados de mando”, apunta el estudio “Diagnóstico Integral de la Policía Municipal de Ciudad Juárez”. Ahí se asienta que los agentes creen que la dependencia (la SSP federal) “no tiene la capacidad para controlar la corrupción y los abusos a los derechos humanos”. Carece de eficientes mecanismos internos y externos de control y evaluación que permita contener la corrupción y los abusos, “en particular los practicados por oficiales de alto nivel y supervisores”.

Al margen de los eufemismos que usan los funcionarios como el que utilizó Blake Mora al hablar de ‘debilidad institucional’ cuando debió haber hablado de delincuencia policial en el caso de Ciudad Juárez, esas ‘debilidades’ son un flagelo que ha penetrado en todos los ámbitos de competencia de los tres niveles de gobierno del país –federal, estatal y municipal– por lo que México está como está, sin que haya poder humano que pueda sacar al buey de la barranca.

Y durante la inauguración de la Cumbre de la Comunicación 2011, el presidente Felipe Calderón dijo ante empresarios de medios, publicistas y comunicadores, que “si todos en una sociedad se convencen de que no hay crecimiento, de que las cosas están del cocol, de que sólo hay fracaso, esa sociedad va a ir necesariamente al fracaso” y puso como ejemplo el caso de las extorsiones telefónicas. Criticó que una sociedad débil y sin actitud, no las denuncia.

“Cuando una sociedad está fuerte y confía en la autoridad, puede denunciar, no puede simplemente un tipo hablar por teléfono y pedirle que deposite en determinada parte un dinero. Va, le cuelga o le echa una mexicanísima expresión, digámoslo así” y acude a hacer la denuncia a las autoridades.

Al respecto habría que preguntarle al mandatario panista: ¿Por qué cree que la gente tiene esa percepción negativa del país? ¿Por qué la gente cree que no hay crecimiento? ¿Por mera ocurrencia? ¿Por qué siente que las cosas van ‘del cocol’? ¿Porque todo lo tiene resuelto, porque los gasolinazos no le pega a los precios, porque por fin consiguió un empleo bien remunerado? ¿Por qué cree Calderón que la gente no confía en la autoridad y no denuncia amenazas? ¿Porque la autoridad es muy eficiente, competente y honesta? ¿Porque actúa estrictamente apegada a la ley?

Es obvio que el Presidente aprovecha cada foro en el que se para para repartir culpas de lo que sucede en el país por las malas políticas económicas y sociales de su gobierno. Anda buscando a quiénes echarle la culpa de la ola de sangre y la criminalidad desatada por la guerra que le decretó a las mafias y que ha resultado un fracaso.

De lo que pasa en el país todos son culpables, menos el gobierno que encabeza. Cuando no es el PRI es Estados Unidos o los diputados de oposición y ahora tildando a los mexicanos de débiles por no querer confiar en las autoridades. En resumen sugiere que México padece de autoestima. Lo que padece es la inseguridad que priva en el país, de miedo por tanto baño de sangre, y de tanta corrupción e impunidad que se anida principalmente en los tres nieveles de gobierno.

México padece de la ausencia de una política económica clara que saque al país del atolladero en el que está. Lo cierto es que las debilidades institucionales son muchas y ahí siguen. Los mexicanos quieren paz, no guerra. Y como él mismo lo dijo en la Cumbre de la Comunicación, no se trata de asumirse como siquiatra, pero por la actitud que ha venido tomando, sería bueno que alguien comenzara a atender su caso que presenta un agudo síndrome de desesperación porque el sexenio se esfuma y el balance final evidentemente no le será favorable.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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Calderón no se atreve

PAULINO CÁRDENAS

El propio funcionario policial, el más consentido del régimen panista, lo dijo el lunes en Ciudad Juárez: se queda hasta el 2012 y en una de esas hasta repite en el cargo otro sexenio. Con esta aseveración tan contundente muchos se preguntan: ¿Genaro García Luna ya habría platicado con Enrique Peña Nieto el más adelantado de todos los prospectos y aspirantes para llegar a Los Pinos y algo le habría prometido?

Por otro lado, Vox populi dice que como ve las cosas, es más fácil que pudiera renunciar el propio presidente Felipe Calderón que el mismo secretario de Seguridad Pública federal, al tiempo que se pregunta, ¿por qué el mandatario panista no se atreve a pedirle la renuncia al funcionaro a pesar de los 40 mil muertos que ha dejado su fallida estrategia en tanto las mafias se ensoñorean en todo el país y el número de muertos aumenta cada día?

Pese a que el baño de sangre sigue en el país, el cuestionado funcionario –de quien el poeta Javier Sicilia solicitó al Presidente despedirlo del cargo, el pasado domingo durante la concentración en el Zócalo al térmimo de la Marcha por la Paz, la Justicia y la Diginidad–, se queda en donde está porque es el que mayor ascendiente tiene sobre el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, quien mucho de lo que dispone para el combate contra los cárteles lo dicta su principal ‘asesor de guerra’. En esa comedia, ¿el Ejército y la Marina en donde quedan?

Por lo pronto, el ex dirigente del PAN, Manuel Espino convocó al gobierno de Calderón a rectificar cuanto antes la estrategia de combate al crimen organizado, porque “existe la posibilidad de que en 2012 la narcopolítica siente sus reales en el escenario electoral”. No basta con pedir la destitución de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública federal.

Es necesario ir más allá de tratar de resolver los problemas de la inseguridad en México. “Hay bases” para plantear la hipótesis de la narcopolítica “porque el crimen organizado ya ha asestado fuertes golpes a la clase política” y esto “podría ser el inicio de una era de funestas consecuencias para la integridad y la soberanía nacional”, advirtió.

En alusión a la propuesta del poeta y escritor Javier Sicilia, dijo que ciertamente Genaro García Luna “no es la persona con el perfil para dar seguridad a los mexicanos”, quien señaló que la indefinición y la falta de propuestas concretas para combatir al crimen organizado, el “cómo hacemos para que no haya violencia”, es lo que ha permitido al Presidente encontrar “varias veces el pretexto para seguir con su guerra”.

El ex dirigente, recién despedido del PAN, habló al presentar una “Estrategia para la paz justa”, surgida del movimiento “Volver a empezar”, que encabeza. Señaló que los resultados de la estrategia federal, a más de cuatro años de su puesta en marcha, “aconsejan rectificar, cerrar este laboratorio de guerra en el que se experimenta a gran escala, y cada vez con mayor degradación social y desesperanza, con la vida de los mexicanos”.

Espino resaltó que la criminalidad impone un desafío radical que exige atención inmediata a la sociedad y al Estado, y planteó que el Ejecutivo federal debe escuchar el clamor ciudadano y optar “por las armas de la paz y no de la guerra”. Insistió, sin embargo, que el reclamo no puede quedarse en exigir la renuncia de García Luna, porque “es muy pobre la propuesta”.

Indicó que es necesario ir más allá, plantear cosas concretas como el tipo de gente “que queremos” que encabece una nueva  estrategia o “cómo hacemos para que no haya violencia”, ya que ello –sostuvo Espino– ha permitido al Presidente encontrar “varias veces el pretexto para seguir con su guerra”.

Dijo que desconfiaba de García Luna, porque “no tiene el perfil para un cargo en el que se tienen que dar resultados de seguridad y no de violencia. Más allá de versiones o sospechas de parcialidad en el combate al crimen organizado, no es la persona con el perfil para dar seguridad a los mexicanos”, afirmó. Por ello convocó a Felipe Calderón a liderar una gran concertación nacional, que lo haga transitar “de ser un presidente de guerra a un presidente de paz”.

Por su parte, el presidente Calderón anunció el lunes que su gobierno buscará una reunión con los “principales promotores” de la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, para que se conozcan las razones de la estrategia gubernamental en el combate a la inseguridad. “Me interesa dialogar, escuchar razones y propuestas, y que se conozcan las acciones” del gobierno federal en materia de seguridad, aseveró. Como sea, la misma estrategia seguirá. Y García Luna también.

pcardenascruz@yahoo.com.mx




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Violencia, fuera de control

PAULINO CÁRDENAS

Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, quien comanda la narcoguerra por parte del gobierno por instrucciones del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, dijo en entrevista para la televisión que esa lucha durará todavía 7 años, cálculo que nadie sabe cómo lo obtuvo. Acaso porque tiene bola de cristal, por lo que también afirma que en unos tres años el Ejército estaría regresando a sus cuarteles una vez que haya policías preparados, incluso de élite, quienes supuestamente serían adiestrados por mercenarios expertos para hacerle frente a los capos y sus sicarios que operan en México.

El funcionario no dijo si en ese cálculo habría considerado las complicidades, corruptelas y la impunidad que hay en medio de esa lucha que está por alcanzar los 40 mil muertos. Lo que trascendió es que anda muy contento porque pronto iniciarán una telenovela que pasará en el ‘Canal de las estrellas’, en la que el actor Alfonso Herrera lo encarnará como protagonista principal llevando el nombre de Gabriel Gómez Lira, cuyas inicales son las mismas que las de él: G.G.L.

Según un reportaje del periódico La Jornada del pasado 5 de abril, la serie llevará por nombre “El Grecco”, siglas de un apócrifo “Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado”, que supuestamente estará adscrito a la Policía Federal corporación que depende de la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza García Luna. La serie comenzará el próximo 2 de mayo en horario estelar. No se sabe si en ella se hablará de los cerca de 40 mil muertos que lleva la narcoguerra y de las víctimas inocentes que han muerto por el ‘fuego cruzado’ y que han pasado a engrosar el listado de ‘daños colaterales’.

De acuerdo con el realizador Pedro Torres, “El Grecco” retratará a “esos policías que nos ha faltado conocer; (en la policía) igual que en todas las profesiones, hay gente muy sólida, policías de carne y hueso que tienen su familia, que llegan a su hogar, que tienen a sus hijos en la escuela, que son incorruptibles. Policías buenos, que sufren, policías que tienen sus defectos y virtudes, igual que cualquier ser humano”, señalan los reporteros Arturo García Hernández y Gustavo Castillo que escribieron para el diario.

Así pues, como señala la nota, en uno de los momentos de mayor cuestionamiento –dentro y fuera del país– a la “guerra” del gobierno de Felipe Calderón en contra del crimen organizado, Televisa le entrará con el aporte de esa serie policiaca basada en la lucha antinarcóticos, en la que se recrearán casos reales “de éxito”, donde “policías federales buenos, de carne y hueso”, triunfan sobre los criminales. Este sería el aporte al Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia suscrito el pasado 25 de marzo, por el cual los medios firmantes, principalmente la empresa de Emilio Azcárraga Jean, se comprometieron a no convertir en “víctimas o héroes públicos” a presuntos delincuentes.

Pero en la vida real es otra cosa. Son los criminales los que en los últimos cuatro años han venido triunfando sobre los policías federales. Además, el Ejército es la institución que más ‘se la ha rifado’ frente al crimen organizado junto con la Marina-Armada de México. Sólo que sus titulares no gozan de las simpatías del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, que, además del búnker que le mandó a hacer a García Luna, dizque como el de la serie “24”, cuyas instalaciones serán presumidas en “El Grecco”, ahora hasta una serie de televisión le harán. (¿Será el verdadero delfín presidencial?).

Durante la recién terminada XXVII Conferencia Internacional para el Control de Drogas celebrada en Cancún, presidida por García Luna, un funcionario de la DEA dijo que la violencia está fuera de control, una perogrullada que conocen los mexicanos y más quienes en sus entidades la padecen día a día desde hace más de cuatro años. Otra funcionaria dijo que ‘el aumento de la violencia es síntoma de que esa guerra la va ganando el gobierno’, lo que suena más a burla y pitorreo que a otra cosa.

Sin embargo, cualquier diagnóstico optimista que se haga sobre la narcoguerra lo echa por tierra las masacres y  despiadados crímenes que se dan día a día en el país, como la matanza multitudinaria cuyos cuerpos fueron hallados ooootra vez en San Fernando, Tamaulipas o la ejecución de los jóvenes que fueron secuestrados, atados y asfixiados con cinta canela en Temixco, Morelos y que aparecieron en un fraccionamiento de Cuernavaca hace dos semanas, más toda la espiral de fuego y sangre que todos los días tiñe de rojo al país. Discursos aparte, es evidente que la violencia en México está fuera de control.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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El Ejército actúa desconfiado

PAULINO CÁRDENAS

En múltiples ocasiones en este y otros espacios se ha dicho que las instancias operativas que forman parte del gabinete de seguridad en México, trabajan sin coordinación, más que nada por la desconfianza que existe entre ellas. La razón es simple: la corrupción que impera en medio de mandos y capos del crimen organizado permite que siempre haya infiltrados que anticipadamente pasen información a las mafias, sobre los operativos que se programa llevar a cabo contra tal o cual cártel, razón por la cual es común que los asaltos sorpresivos resulten frustrados.

Entre el Ejército, la Marina-Armada de México y las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública federal, así como los grupos armados del gobierno a nivel estatal y municipal –en estos últimos donde por desgracia más proliferan las traiciones y deslealtades–, de plano hay una total desconfianza entre sus mandos como para ponerse de acuerdo y actuar coordinadamente en cuanto viene una orden de realizar un operativo en determinada zona del país, lo que los hace actuar de modo independiente y terminan con pobres resultados, lo que hace quedar mal al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón.

Suele suceder que cuando el Ejército o la Marina actúan solos, obtienen mejores resultados. Y solos es un decir, porque casi siempre está atrás de ellos la DEA norteamericana, que con un más eficiente aparto de inteligencia y rastreo con los que asesoran a mandos y tropas de México, es cuando éstos culmina con éxito un operativo aunque no acaben siendo limpios, porque siempre hay cuotas de sangre que pagan buenos y malos en los encuentrso armados. Se afirma que incluso hay agentes norteamericanos que actúan en esos operativos ocultando su rostro tras las máscaras que utilizan.

Los comentarios que muchos analistas han hecho, muchos provenientes de fuentes habitualmente confiables, coinciden con lo que en días pasados ha hecho público el afamado sitio WikiLeaks, en el que se dio a conocer que, en la lucha contra el crimen organizado, el Ejército prefiere trabajar por separado porque desconfía ‘de la policía’, alusión directa a las huestes del titular de la SSP federal, Genaro García Luna, quien es el caballero de armas por excelencia del presidente Felipe Calderón en lo que se refiere a la guerra que le decretó a las mafias organizadas desde que llegó al poder.

El documento filtrado tiene fecha del 26 de octubre 2009, en el que se describe una reunión entre el titular del Ejército mexicano, e general Guillermo Galván Galván y el ex director de inteligencia estadunidense, Dennis Blair, en la que según éste, el más alto mando castrense mexicano dijo desconfiar de la policía y preferir “trabajar por separado”, por la corrupción que impera entre los mandos operativos de las otras corporaciones y las mafias del crimen organizado y de las drogas, lo que supone una gran muralla para celebrar con éxito cualquier operativo conjunto.

Pero además, el cable diplomático ‘secreto’ de WikiLeaks, revela que el secretario de Defensa Nacional de México “lamenta” el papel del Ejército en la lucha antidrogas y prevé que la participación de sus tropas se prolongue en las calles entre 7 y 10 años más. Sin embargo, dice el mensaje, “Galván dejó entrever que un aumento de la asistencia de Estados Unidos con información de inteligencia podría acortar ese tiempo”.

Añade que funcionarios de otros organismos de aplicación de la ley mexicana, como la policía civil, se han dejado corromper y han filtrado información en el pasado a la delincuencia organizada, refiere el cable citando la percepción de Galván. Indica asímismo que al participar en la lucha antidrogas, el Ejército “corre el riesgo de perder prestigio público y ser criticado en materia de derechos humanos”, pero su participación va a extenderse, incluso por una década más.

El cable, publicado por The New York Times, también cita al general diciendo que los militares mexicanos “estarían dispuestos a aceptar cualquier entrenamiento que EU pueda ofrecer”, y que dos oficiales ya habían sido enviados al Centro de Inteligencia en El Paso, Texas, para acelerar el intercambio de información.

El general Galván, según el cable, habló con Blair sobre las acciones tomadas para la captura de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, líder del cártel de Sinaloa y el narcotraficante más buscado (¿?) del país. Según el generl Galván, el capo sinaloense se ha evadido porque cuenta con un destacamento de seguridad de hasta 300 hombres y que le han permitido escapar de entre 10 y 15 lugares. (¿¿??)

¿Es decir que las fuerzas armadas del Chapo son más eficientes, poderosas, efectivas y con mucho mejor aparato de inteligencia que lo que disponen el Ejército y la Armada juntos? ¿De veras? ¿No será que es bastante cierta la versión de que Guzmán Loera es el más protegido de todos los cárteles en México por parte del gobierno mexicano como lo denunció Servando Gómez alias ‘La Tuta’? ¿Para quién trabaja el Cisen? ¿Para quién lo hace el Centro de Inteligencia de la Policía Federal? Por lo demás, nadie cree que las cosas vayan a cambiar de aquí a que termine el sexenio por la corrupción que hay en medio.

Se dice que contactada por NYT, la oficina del presidente mexicano, Felipe Calderón, no hizo comentarios sobre la información contenida en este cable. Por su parte, la secretaría de la Defensa Nacional y la SSP indicaron que se persigue al ‘Chapo’ Guzmán con la misma intensidad que a cualquiera de los otros principales líderes de las drogas en México. ¿Será? Por lo pronto, lo que más resonancia ha motivado ese cable diplomático ‘secreto’ que hizo público WikiLeaks, es que la guerra decretada por el presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado en diciembre de 2006, durará alrededor de una década más. Habrá que esperar lo que haga quien venga a sucederlo en Los Pinos.

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Que ya intervenga el Congreso

PAULINO CÁRDENAS

Ante los abominables y arteros crímenes que siguen cometiéndose contra jóvenes como el sucedido el pasado fin de semana en la colonia Horizontes Sur de Ciudad Juárez, cuya finalidad no es otra que poner en evidencia la ‘estrategia’ del gobierno federal contra el crimen organizado en aquella ciudad fronteriza desde que se hizo cargo la SSP del mando operativo contra los capos, en lugar del Ejército, se requiere la urgente intervención del poder Legislativo para que el Ejecutivo modifique los términos de esa lucha contra las mafias organizadas. Ya van alrededor de 30 mil muertes por esa causa.

La evidente intención de los capos con esos actos criminales es hacer quedar mal la ‘estrategia’ policíaca-militar del gobierno panista contra las mafias que operan en más de la mitad del territorio nacional, cuyos capos ordenan a sus sicarios que vayan y maten impunemente con toda alevosía y ventaja a jóvenes, como sucedió con al menos 14 de ellos que fallecieron en una fiesta en Juárez a manos de un comando armado que dejó heridos a otros veinte, entre ellos a un menor de edad.

El comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón, había autorizado el relevo del mando del Ejército por elementos de la PF en Ciudad Juárez, para patrullar las calles de aquella ciudad, cambio que de muy poco ha servido en la práctica. El 30 de enero pasado  se había dado aquella masacre de 15 jóvenes, también en una fiesta, que se celebraba en la colonia Villas de Salvárcar.

Calderón comisionó entonces al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para replantear la estrategia de combate al crimen organizado ante el fracaso del Operativo Conjunto Chihuahua, que encabezaba el Ejército. Localmente se dice que los embates han sido del cártel de Juárez como reproche a esa corporación por el supuesto apoyo que le da a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Desde entonces los golpes del cártel de Juárez y de La Línea su brazo armado, han sido directos al mando que opera en Juárez y que depende directamente del titular de la SSP federal según ha trascendido entre las propias tropas armadas del gobierno radicadas en aquella plaza. Se suponía que al quitarle al Ejército el mando operativo en aquella ciudad fronteriza y dejarla bajo la tutela de Seguridad Pública federal las cosas cambiarían.

Lejos de eso, los baños de sangre han seguido, sobre todo contra los jóvenes, cuando no es en fiestas, en centros de rehabilitación o en emboscadas viles; una peligrosa ola de violencia avasallante que tiene muy preocupadas a las autoridades norteamericanas. Allá le podrán dar la bienvenida a las drogas, pero no quieren que pase a su territorio la violencia de los capos que operan en México y que siguen sometiendo a las autoridades policíacas y municipales con amenazas de muerte cumplidas.

Incluso de ahí derivan tantos ‘levantones’ y ejecuciones de alcaldes que se han negado a  someterse a los designios de las mafias. Todo ello ha dado lugar a que la secretaria de Estado norteamericano, Hillary Clinton, en más de una ocasión haya mencionado que en México está operando una suerte de narcoinsurgencia al ver que las mafias utilizan a comandos paramilitares para someter a las autoridades.

Esto por supuesto ha incomodado y molestado a las autoriades mexicanas, quienes lo  niegan rotundamente, pero igual poco han podido hacer para evitar el avance de los capos que siguen imponiendo su ley en distintas plazas de la República.

Muchos mexicanos empiezan a preguntarse por qué los legisladores en el Congreso de la Unión no empiezan a ver con carácter de urgente el caso de tantas masacres, crimenes, ejecuciones, decapitaciones y secuestros que se vienen dando en el país, y se aplican a ver en dónde están las fallas de esa ‘estrategia’ del Ejecutivo en el combate a las mafias organizadas, para ponerles remedio antes de que sea demasiado tarde. La razón es simple: La paz del país está en juego.

Y en Washington podrían pasar en cualquier momento de la cooperación pasiva en esa guerra contra las mafias a una mucho más activa, con todo lo que ello impica, para evitar que la violencia que se ha desatado al pie de su frontera sur llegue a territorio norteamericano. Los asesores del presidente Barack Obama en materia de seguridad interior lo están convenciendo de ello.

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