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Que sí es factible la consulta

PAULINO CÁRDENAS

Aprobada y promulgada la reforma constitucional en materia energética, los que no están de acuerdo con que vengan de nueva cuenta los emporios petroleros a extraer y comercializar nuestro crudo, se aprestan a dar una nueva y definitoria lucha desde que comience el año, ya que ese amplio sector de mexicanos considera que es factible que a través de la consulta popular podría derogarse esa ley, en tanto otros que están a favor señalan que esa medida no procedería para echar abajo la histórica medida que vuelve a abrirle las puertas a las macro-compañías que se frotan las manos y se le cuecen las habas por venir cuanto antes a hacer suyo el petróleo nuestro, ya sin las restricciones que les impedía imponer sus condiciones en territorio nacional para medrar en la industria petrolera mexicana como se hacía en los tiempos de don Porfirio, por cuyos constantes abusos se gestó la expropiación decretada por Lázaro Cárdenas del Río en 1938. Ya con la reforma aprobada, las reservas de hidrocarburos que tiene México vuelven a ser codiciadas por las compañías extranjeras.

Para ello, los dirigentes de los partidos de izquierda gestionan la posibilidad de sumar esfuerzos para integrar un solo frente opositor anti-reforma, que incluye considerar al Movimiento Regeneración Nacional que creó Andrés Manuel López Obrador, aunque hasta ahora el tabasqueño se ha hecho el remolón para dar la señal que permita esa posibilidad. Por cierto que el problema del corazón que tuvo hace unas semanas, parece haberlo dejado mudo. De entonces para acá nada contundente ha dicho. Ha dado por sentado que el largo discurso que dio el pasado 1 de diciembre en el zócalo capitalino respecto a lo que piensa de la reforma petrolera, fue su testamento político sobe el tema. Aquel día, ante miles de simpatizantes, destacó punto por punto lo que a su juicio vendría después de que fuera aprobada esa iniciativa presidencial en el Congreso de la Unión, que es lo que comienza a darse en los hechos y se apega cada vez más a la realidad respecto de ese tema, que otras consideraciones que han sido expresadas por diferentes voces.

El propio tabasqueño dijo en esa ocasión que ‘no se trata de que me den la razón’ a toro pasado, sino de emprender una lucha conjunta de todos los mexicanos que están en contra esa medida que calificó de antipatriota, para derogar lo que daba por hecho que sería aprobado por el Legislativo. Ciertamente, la prisa que llevaban los senadores y diputados del PRI y del PAN para aprobar a todo vapor  esa reforma que fue corregida y aumentada por los panistas que propusieron –y así lo aceptó el PRI– abrir de par en par las puertas a la inversión privada en la industria petrolera y modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, para darle certeza jurídica a los consorcios petroleros extranjeros, principalmente norteamericanos, para que vengan a explorar, extraer y comercializar la riqueza petrolera mexicana, con nuevas figuras como los contratos compartidos y permisos legales que incluirían eventuales pagos a las sociedades anónimas petroleras que integren los emporios petroleros, en especie, es decir que sus servicios los pagaría el gobierno con petróleo y gas, en lugar de hacerlo con dólares.

Tanto los que están a favor de esa reforma como los que están en contra, esperan que en la ronda legislativa de leyes secundarias que comenzarían una vez que se reinicien los trabajos en el Congreso, en la que se definirían los detalles de cómo habrán de operar esa compañías en México, será oportunidad para unos de defender lo que consideran un importante paso históricamente trascendente, mientras que para otros, los que están en contra de la reforma, de revertir esa medida a través de la consulta popular, que para  algunos constitucionalistas sí procede, mientras que otros especialistas señalan que ese tipo de leyes que son de interés y beneficio para las mayorías, no procede. Es obvio que al final habrá de ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva si el caso corresponde ser decidido a través de la consulta popular.

Con la etapa legislativa que sigue sobre la legislación secundaria, se avecinan tiempos compulsivos de manifestaciones y protestas públicas, callejeras por decirlo mejor, por parte de quienes no aceptan que vengan a México nuevamente las compañías petroleras extranjeras a explotar nuestros recursos, aunque la propaganda oficial diga que el petróleo seguirá siendo nuestro y que la propiedad de los hidrocarburos no pasará a manos extranjeras como sucedió hace más de un siglo. Habrá que ver si en el terreno de los hechos nuestro potencial energético de veras sigue siendo nuestro o vuelven los tiempos de saqueo y depredación indiscriminada de nuestro petróleo y gas. Por supuesto que las principales empresas petroleras están de fiesta luego de decretarse la promulgación de la reforma como constitucional.

Por su parte el presidente Peña Nieto dijo que “a la brevedad” presentará las iniciativas a las leyes secundarais de la reforma energética. Sigue considerando que esta es “una reforma que iniciará una nueva etapa para el desarrollo del país”. El pasado 17 de diciembre la Secretaría de Energía dijo que este marco jurídico estará listo entre febrero y abril de 2014. Esa afirmación es la que estará en juego por parte de quienes se oponen a que México repita la historia pasada. El Congreso en la Unión será la área natural de esa disputa. Y la Suprema Corte habrá de ser el árbitro que determinará si la consulta popular procede para derogar la ley energética que ya alcanzó rango constitucional.

Los principales dirigentes y personajes de la izquierda mexicana como el líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, el disidente Andrés Manuel López Obrador, Porfirio Muñoz Ledo y Jesús Zambrano entre otros, consideraron que Peña Nieto no consultó al pueblo de México si respaldaba las reformas constitucionales que privaticen el petróleo. Por ello habrán de utilizar las facultades constitucionales como es el artículo 35 de la Constitución, para exhortar al Poder Legislativo a que tome en cuenta los resultados de esa consulta. Si bien es cierto que hay desconfianza de diversos sectores sociales sobre esa medida ‘histórica’, también lo es que si las izquierdas quisieran que se revocara esa determinación, desunidas, por supuesto que no lograrán su propósito. Unirse será una condición sine qua non.

 

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Pagarán los mexicanos otra pifia

 PAULINO CÁRDENAS

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito acaba de dictar un fallo a favor de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro para que la Comisión Federal de Electricidad u ‘otro organismo público descentralizado’, los recontrate, además de que el gobierno tendrá que pagarles salarios caídos a los trabajadores de la extinta compañía. Esto porque el Ejecutivo federal no demostró que la terminación de la relación laboral con los electricistas fuera producto “de una causa mayor o de un caso fortuito, no imputable el patrón”, como lo establece la Ley Federal del Trabajo. Como se recordará, con un decreto publicado a la medianoche del sábado 10 de octubre de 2009, el mandatario panista daba por extinguida la existencia de LyFC, mandando desde aquella tarde-noche a miembros del Ejército disfrazados de policías federales, a custodiar el edificio principal ubicado en la ciudad de México.

Con base en ese fallo, de carácter inapelable, empieza a cobrar fuerza la idea de que el gobierno del DF forme un nuevo organismo descentralizado para suministrar energía eléctrica al centro del país, que podría recontratar a los electricistas que siguen en resistencia. De tener que pagarle a los trabajadores sus salarios caídos, además de ser recontratados, significará que el gobierno calderonista tendría que dejarle esta herencia negativa –una más– a Enrique Peña Nieto, quien habrá que arrancar su sexenio haciendo una limpieza de fondo de muchos asuntos que la administración saliente le dejará en varios rubros y por todos lados, incluso abajo de las alfombras, los cuales irán saliendo a relucir poco a poco una vez que aranque el próximo sexenio.

Los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito resolvieron el 13 de septiembre pasado que la decisión de la JFCA de reconocer al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) que depende de Hacienda, como encargado de liquidar a los trabajadores, fue ilegal, en virtud de que no hubo tales causas de fuerza mayor. El argumento de Calderón de que debía extinguir la paraestatal “porque no resultaba ya costeable para la economía nacional o por interés público” fue echado para atrás, ya que en este caso el gobierno sí estaba en condiciones de atender la inconsteabilidad de la empresa, incluso “con la implementación de las medidas pertinentes para su administración eficiente”.

Ese argumento le fue dado al mandatario panista por el entonces titular de la Secretaría del Trabajo, hoy senador de su partido, Javier Lozano, pero los magistrados consideraron en su resolución que la extinción de LyFC decretada por el jefe del Ejecutivo aquella noche del 10 de octubre de hace poco más de tres años, señalaron que no hubo tales causas de fuerza mayor, por lo que la sentencia resultó favorable a los trabajadores que se quedaron sin empleo. Al concederle el amparo directo a al SME, en una interpretación juridical le da tácitamente a la CFE el carácter de patrón sustituto, lo que por ley la obliga a la recontratación de los ex trabajadores, y al pago de sus salarios caídos.

Esta resolución obliga asímismo a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a emitir el laudo correspondiente, cosa a la que le da largas, preocupado como está del gobierno, de que se caiga en la cuenta de que la recontratación y pago de salarios caídos tendrían un enorme costo político y económico que llevaría a la conclusión de que en la cantada victoria de Calderón en este polémico tema –respecto al cual Lozano dijo que fue “una decisión responsable y acertada– le saldrá caro, pero a los mexicanos que con sus impuestos que van al erario se tendrá que pagar esa pifia. Por lo pronto el gobierno federal analiza opciones para revertir el fallo.

Tanto el subsecretario de Gobernación, Obdulio Ávila, como el consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Miguel Alessio Robles, consideran que si la Suprema Corte de Justicia ya declaró válida la extinción de LyFC, esta misma instancia podría revertir el fallo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo. Pero el punto pareciera irrelevante ya que si, en efecto, fue válida la extinción, ésta no fue por causas de fuerza mayor y hay un patrón sustituto obligado a recontratar a los trabajadores. ¿Luego entonces?

Los abogados del SME acudirían esta misma semana a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en busca del nuevo laudo y de precisiones sobre cuántos trabajadores tendrían derecho a la recontratación y pago de salarios caídos: si solamente los 16 mil 599 que se mantuvieron en resistencia o también los más de 28 mil 742 que aceptaron liquidarse y de los que, según la CFE, 3 mil 33 ya fueron contratados y 17 mil 863 han sido apoyados con un nuevo empleo o capacitación.

@Paulinocomenta

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Florence podría lograr un amparo

 PAULINO CÁRDENAS

El pasado 21 de marzo la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió y votó en contra, la excarcelación de la supuesta secuestradora francesa Florence Cassez, no obstante que el magistrado ponente Arturo Saldívar había argumentado a favor de la acusada que se habían violado sus derechos cuando fue detenida en diciembre de 2005 por agentes de la AFI a cargo entonces del hoy secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, al no haber dado parte enseguida a la embajada francesas de la detención, por no haber sido puesta disposición inmediata del Ministerio Público, y arguyendo la presunción de inocencia de la detenida.

De los cinco magistrados que integraron la sala, dos votaron a favor, Arturo Saldívar y Olga Sánchez Codero, en tanto José Ramón Cossío, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Jorge Pardo votaron en contra de que quedara libre la francesas, que había sido condenada a 60 años de prisión por presuntos vínculos con la banda de secuestradores Los Zodiaco. Ella y sus abogados claman que es inocente de todas las acusaciones que se le imputan. En aquella ocasión se acordó volver a elaborar otro proyecto que quedaría a cargo de la ministra Sánchez Cordero.

Al parecer dicho proyecto ya está listo para ser presentado nuevamente a la Suprema Corte de Justicia y en unos días se discutiría en la primera sala. El proyecto incluye la solicitud de un amparo en el que ha insistido la defensa de la acusada, lo que podría suceder si los ministros aprueban los argumentos que de nueva cuenta pondrá a su consideración la ponente. De esta manera, el amparo que podría lograr Florence, pudiera permitirle cobrar su  libertad y marcharse a su país.

Todo dependerá de cómo esté redactado el proyecto de la ministra Sánchez Cordero, quien en marzo pasado había avalado y votado por la propuesta de excarcelación de la acusada que puso a consideración Arturo Saldívar a los ministros de la primera sala de la Corte, la cual fue rechazada por tres votos a dos. En este caso se dice que el proyecto de la ministra está redactado sin herir suceptibilidades de ninguna de las partes. ya que al parecer ha tomado en cuenta los argumentos de quienes acusan a la francesa y de quienes la defienden.

Se estima que por ello el proyecto que pudiera presentar la ministra Sánchez Cordero, pudiera ser analizado bajo otra óptica por los demás magistrados que integran la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes pudieran resolver, con el voto mayoritario –tres de cinco–, un amparo a favor de la francesa. Lo que podría dar lugar a que alcance su libertad. Al parecer la ministra ponente ha considerado los argumentos de cada parte de ese juicio, que ya ha durado varios años.

Pudiera ser que el Estado considere que al no observarse las condiciones jurídicas de un debido proceso y al no haberse respetado los derechos fundamentales de la acusada y sentenciada, podría obtener un amparo que ha venido solicitando su defensa, lo que daría paso a su inmediata libertad. Como se recordará, en el 2009, durante una visita que realizó a México el entonces presidente de Francia, Nicolás Sarcozy, pidió públicamente la repatriación de la francesa para que acabara de cumplir su sentencia en su país, pero la  solicitud le fue negada por el gobierno de Felipe Calderón.

Las marrullerías y el montaje para la televisión que hubo con la detención de Florence Cassez por parte del entonces director de la AFI, Genaro García Luna, que hoy ostenta el cargo de secretario de Seguridad Pública federal, no fueron consideradas como elementos probatorios en el juicio. Tampoco la violación al derecho fundamental de la detenida al no notificar de inmediato a las autoridades consulares para que asistiera a su connacional; asímismo las autoridades violaron el derecho fundamental de la detenida al no ser puesta de inmediato a disposición del Ministerio Público.

Antes de que le tomaran su primera declaración ministerial, Cassez fue trasladada al rancho ‘Las Chinitas’ donde vivía con su pareja, a fin de que participara en un ‘montaje’ preparado para la televisión, por las autoridades que la detuvieron. Ese montaje fue realizado por parte de elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) el 9 de diciembre del 2005, y transmitido esa misma mañana por Televisa y TV Azteca, como si la detención hubiera sido ‘en vivo’, no obstante que la aprehensión de Florence y algunos de los miembros de Los Zodiaco, había sido un día antes.

Este “montaje” que presuntamente mostraba el rescate de las víctimas de la banda de secuestradores, incluía a Cassez y a su novio, Israel Vallarta, como supuestos líderes de esa banda. Ese montaje fue señalado como uno de los elementos que contribuyó a la violación de los derechos fundamentales de la acusada y ese montaje sigue vigente como elemento probatorio a su favor. De cualquier modo, habrá que ver si la francesa alcanza el amparo y consecuentemente su libertad en los próximos días, con el nuevo proyecto que presentará la ministra Sánchez Cordero.

@Paulinocomenta

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Evidente temor presidencial

PAULINO CÁRDENAS

Temeroso de que este día el fallo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el proyecto propuesto por el ministro Arturo Zaldívar sea a favor de otorgarle el amparo a Florence Cassez y quede en libertad, lo que sería un duro revés para el gobierno de Felipe Calderón, el mandatario panista no dudó en meterse en el tema este lunes pese a que se había dicho que el Gobierno no iba a opinar sobre el caso sino que se esperaría al pronunciamiento de la Corte. No fue así.

Durante una gira que realizó por Papantla, Veracruz, para supervisar el avance de obra de la que dijo será la cárcel ‘mas segura’ del país, acompañado del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, pieza clave del proyecto de sentencia en el caso de la francesa, en un tono beligerante, enérgico y hasta colérico declaró que primero había que defender a las víctimas de los delitos, al señalar que “nunca la interpretación de la ley sea la rendija por donde escape, nuevamente, la impunidad”, sino que sea un verdadero instrumento del juzgador para hacer justicia.

Ese comentario presidencial no fue bienvenido en la Suprema Corte ya que Calderón pretende darle nuevamente clases al sistema judicial, cuando en el caso del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el mismo ministro Arturo Zaldívar proponía que hubiera justicia para las víctimas, pero por presiones emanadas de la principal sede del poder político, se evitó a toda costa que hubiera esa justicia que hoy tanto invoca y por la que clama el mandatario panista en el caso Cassez.

Todavía los papás de los 49 niños y niñas que fallecieron y de los otros 76 que resultaron heridos, muchos de ellos con problemas respiratorios irreversibles o con quemaduras que los marcaron de por vida, se preguntan: ¿Dónde quedó el reclamo de justicia a favor de las víctimas de ese delito? Otros cuestionan: ¿Se exige justicia sólo cuando le conviene al gobierno federal como es el caso de la ciuadadana francesas condenada a 60 años de prisión por suponer que estuvo vinculada con una banda de secuestradores?

El pasado 8 de marzo en Oaxaca, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, dijo que el gobierno de Calderón no iba a opinar sobre el caso y que respetaría las decisiones del Poder Judicial. Sin embargo no fue así. Y el hecho de que se haya metido a opinar de última hora es prueba de que Calderón no está seguro de que el fallo de la Primera Sala en la Corte sea en sentido negativo y se deseche el proyecto, sino al contrario, es síntoma de temor de que los ministros pudieran votar por mayoría hoy mismo para que la ciudadana francesa pudiera obtener un amparo y su libertad absolutoria.

Sin embargo durante la gira que realizó por Papantla dijo que la justicia debe ponderar las garantías de los procesados “pero también, y por igual, se consideren y respeten los derechos de las víctimas, los derechos de quienes tienen hambre y sed de justicia, precisamente”. Y vino el regaño al Poder Judicial cuando dijo que le corresponde, además de cumplir la ley, proveer justicia, que como su nombre lo indica, “es dar a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a su propio derecho. Cumplir la ley, desde luego, sí; pero también, y sobre todo, hacer justicia en México”.

Recalcó: “Justicia. Justicia para las víctimas de los delitos. Justicia para una sociedad agraviada y humillada por la impunidad que prevalece en el país, precisamente porque no se cumplen los fines del derecho”, reclamó Calderón, golpeando a su muy personal estilo varias veces el atril con el puño cerrado. ¿Ha habido justicia en el caso de los miles de desaparecidos por la guerra de Calderón, por no hablar de los más de 70 mil muertos que lleva esa inútil lucha? Que le pregunten a Javier Sicilia que anda en Roma queriendo que el Papa se pronuncie al respecto ahora que venga a Guanajuato.

Lo cierto es que Calderón, al opinar sobre lo que deben tomar en cuenta los juzgadores de la Primera Sala en el caso Cassez, sus palabras cayeron muy mal en el Poder Judicial y entre los miembros de la Suprema Corte de Justicia a quienes sigue tratando como menores de edad, al decirles que ‘nunca la interpretación de la ley’ deber ‘ser rendija por donde escape, nuevamente, la impunidad’, lo que es algo muy parecido a las críticas que había venido haciendo en el sentido de que, mientras la PGR ‘detiene y detiene’ a los criminales, los jueces ‘los sueltan y los sueltan’.

Por lo pronto, el fallo del caso Cassez podría darse este día. En Francia hay una gran expectación por saber si las presiones del titular del Poder Ejecutivo podrán más que las evidencias puestas al descubierto por el ministro Zaldívar en su proyecto, de los vicios y perversiones de los aparatos de seguridad y justicia mexicanos. Hoy miércoles podría saberse.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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¿Se desquitará la Corte?

PAULINO CÁRDENAS 

Todavía retumba en los oídos de muchos integrantes del Poder Judicial, las duras críticas que estuvo haciendo contra los jueces el titular del Poder Ejecutivo, Felipe Calderón. La última expresión que le valió el reclamo abierto del Consejo de la Judicatura Federal y del propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, fue cuando el mandatario panista señaló el año pasado: “No es que yo la traiga contra los jueces, pero ya también se empieza uno a cansar. Uno los agrarra y los agarra (a los delincuentes) y (los jueces) los sacan y los sacan”.

Sus palabras despertaron la reacción inmediata del órgano que vigila y regula la conducta de los jueces y magistrados federales, en voz del consejero de la Judicatura Federal, Juan Carlos Cruz Razo quien en conferencia de prensa, le dijo: “Cuestionar el trabajo de los jueces, sin fundamento, por consigna y más aún, sin pruebas, atenta contra la estabilidad nacional”. Y el reclamo fue directo: “Rechazamos enérgicamente que se hagan señalamientos en contra de impartidores de justicia sin que se acompañen de pruebas suficientes”.

Incluso el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, fue a Los Pinos a hablar con Calderón sobre sus declaraciones y a decirle que si tenía pruebas de sus aseveraciones, que las presentara, ya que no eran las primeras críticas que hacía contra los jueces, en virtud de que desde el 2008 venía criticando el proceder de los juzgadores en relación a las detenciones que hacía la PGR.

La propia ministra Olga Sánchez Cordero declaró entonces que si las autoridades quieren sentencias condenatorias, “las averiguaciones deben estar bien integradas, que tengan las pruebas y las evidencias suficientes para que pueda actuarse”. Respaldó el reclamo del Consejo de la Judicatura Federal en el sentido de que “los jueces actúan conforme a las leyes y no tiene nada que ocultar sobre sus decisiones, porque se basan en el marco jurídico”.

Viene a cuento todo este recordatorio porque este miércoles 21, habrá de ser puesto a consideración de los ministros que integran la Primera Sala de la Suprema Corte, el proyecto elaborado por el presidente de la misma, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien propone la liberación absolutoria de la ciudadana francesa Florence Cassez, por considerar que hubo un ‘efecto corruptor’ al simular su captura para hacer que su detención se creyera que era en vivo y en directo y no un montaje ficticio para la televisión como después se supo.

El proyecto no se mete a discutir si la ciudadana francesa es culpable o inocente de plagio. Sólo se refiere a si se violaron o no derechos durante su aprehensión el 9 de diciembre de 2005. Éste es el segundo amparo que interpone la defensa de Cassez ante la Corte, el cual fue rechazado en 2011. El caso provocó la suspensión de la participación mexicana en el “Año de México en Francia”. El conflicto diplomático llegó al grado de que el presidente Felipe Calderón exigió respeto al gobierno francés de Nicolas Sarkozy.

El documento señala que, además del ‘efecto corruptor’ del montaje para la televisión, a la joven detenida a quien se acusa de haber participado en el secuestro de 3 personas, no se le otorgó el derecho notificación, se violó su derecho al inmediato contacto con su embajada y asistencia consular, le fueron violentadas sus garantías al no ser puesta a disposición del Ministerio Público, y negarle el derecho de presunción de inocencia, antes de ser procesada.

Zaldívar apunta que no encuentró justificación constitucional alguna por el que la francesa haya sido retenida en el rancho ‘Las Chinitas’ para obligarla a escenificar un montaje orquestado por la Agencia Federal de Investigación, la AFI, cuyo titular era Genaro García Luna, actual secretario de Seguridad Pública federal, con el fin de exponerla ante los medios de comunicación  como la responsable de la comisión de tres secuestros.

Los ministros que integran esa Primera Sala son, su presidente Arturo Zaldívar, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo Ortíz Mayagoitia, Jorge Mario Pardo Rebolledo y  Olga Sánchez Cordero. Para aprobar el proyecto se requiere el voto de 3 de los cinco ministros. Al titular del Ejecutivo federal le vendría muy mal, si se vota a favor de la liberación absolutoria de la francesa. Pasado mañana al medio día habrá de conocerse si queda en libertad o si sigue presa.

¿Llegó la hora del desquite por las las acerbas críticas que, sin pruebas, le ha venido haciendo Felipe Calderón a los jueces, lo que ha sido rechazado por el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura Federal y por el propio ministro presidente del Máximo Tribunal de Justicia, Juan Silva Meza? Faltan pocas horas para saberlo.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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Teoría del ‘arbol envenenado’

PAULINO CÁRDENAS 

Se dice que el proyecto que le fue encargado al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea sobre la revisión del caso solicitada por la defensa de la acusada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual propone la libertad de Florence Cassez condenada a 60 años de prisión por participar supuestamente en varios secuestros cometidos por las banda de Los Zodiaco a la que las autoridades dicen que ella pertenecía, se basa en lo que se conoce jurídicamente como la teoría del ‘árbol envenenado’.

Esa teoría señala que si se viola o lesiona un derecho fundamental, extiende sus efectos a las demás pruebas aunque éstas pudieran ser lícitas, ya que ‘una hoja envenenada afecta a todo el árbol’ el cual configura el proceso judicial en su conjunto, lo que puede llevar a que éste quede invalidado en su totalidad. Esta teoría dejó de ser utilizada como referente en varios países en lo que respecta a procesos judiciales.

Si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueban en su mayoría el proyecto de Zaldívar el próximo miércoles 21 de este mismo mes, eso sería un severo golpe para el gobierno de Felipe Calderón. Pero también lo sería para el gobierno de Vicente Fox, ya que fue durante su gestión cuando se dieron los hechos que inculpan a la joven ciudadana francesa.

Y en medio queda como principal figura de reclamo el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quien en el 2005, año en que se suscitó esa telenovela jurídico-policaca contra la joven francesa, era el mandamás de la Agencia Federal de Investigación, la AFI. Quedarían también en evidencia el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.

Fue la AFI la que ejecutó entonces  el montaje con el que se pretendió hacer creer a los televidentes que los agentes entraron al rancho ‘Las Chinitas’ dizque a rescatar a los secuestrados y a detener a los plagiarios, cuando el hecho había sido un día antes. Se sabe que la acusada no estaba en ese lugar el día de los hechos e que incluso ni lo conocía ya que ella vivía provisionalmente en la casa principal del rancho propiedad de Israel Vallarta, con quien sostenía una relación sentimental y quien confesó, este sí, ser parte de la banda.

El proyecto plantea primordialmente diversas violaciones contra los derechos humanos de la acusada a quien le fue negada la posibilidad de darle aviso inmediato de su detención a su embajada, no haberle puesto un intérprete para su defensa, no haber sido llevada de inmediato al ministerio público a declarar y en cambio se le obligó a participar en una escena para repetir su supuesta detención porque Televisa no tenía la imagen, y una serie de inconsistencias y hoyos negros hasta la fecha sin resolver.

A esto se aúna otra serie de contradicciones y argumentos confusos los que, después de revisarlos en el enorme expediente del caso, el ministro Zaldívar, presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, elaboró su proyecto el cual señala que durante el juicio se acreditaron diversas violaciones a los derechos básicos y al proceso mismo de la acusada, con pruebas y testimonios con las que fue sentenciada, que “carecen de fiabilidad”. Pero la hisrtoria es más complicada de lo que parece.

En su libro ‘A la sombra de mi vida’ que escribió en la cárcel y en el que narra los hechos desde su captura del 9 de diciembre de 2005, la joven francesa afirma que ella fue víctima de una venganza contra su hermano Sèbastiane, quien descubrió que su socio Eduardo Margolis, con quien importaba material para salones de belleza en México, se dedicaba al blindaje de vehículos y a proteger personajes importantes, también se dedicaba a negociar la liberación de personas secuestradas a cambio del pago de rescates.

Cuenta la acusada que su hermano le reclamó que por no haberle contado la verdad rompía la sociedad, lo que enervó al socio y la ruptura fue muy violenta. Florence presume que Margolis pudo haber jugado un papel preponderante en el caso que la tiene en la cárcel, por venganza, ya que guardaba muy buena relación con la AFI. Fue cuando Israel Vallarta, involucrado con la banda Los Zodiaco, apareció en su vida. Señala la francesa que, según versiones, el ex socio de su hermano habría sido agente del Mossad, la agencia de inteligencia isaraelí.

Habrá que ver en qué para el proyecto del ministro Arturo Zaldívar, sobre el cual algunos vaticinan que empezará a provocar una ola de virulentos reproches y presiones para que no se apruebe. Por lo pronto se afirma que el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya empezó a recibir amenazas por proponer la libertad de la joven francesa. En tanto el presidente francés Nicolás Sarkozy confía en que habrá justicia para su conciudadana.

pcardenascruz@yahoo.com.mx


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¿Verdad real o legal?

 PAULINO CÁRDENAS

Desde hace un tiempo, a propósito de la verdad real y la verdad legal, el presidente Felipe Calderón anda con la cantaleta de cuestionar al Poder Judicial de la Federación en torno a esos dos conceptos sobre el que ni los estudiosos se ponen de acuerdo. Las críticas que ha hecho a los jueces le han valido la réplica no sólo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sino también del Consejo de la Judicatura Federal ya que el mandatario panista ha venido pidiéndole a los ministros, magistrados y jueces que sea la verdad real la que prevalezca sobre la verdad legal o formal, en el momento de emitir sus sentencias contra los supuestos delincuentes que les toca juzgar.

¿Por qué ha venido insistiendo en el tema queriendo ver la paja en el ojo ajeno? Porque hay un hecho del cual obviamente ya se percató, que es considerado por los especialistas en materia jurídica y de derecho penal como un problema primario, de que el Ministerio Público, que depende del poder Ejecutivo, muestra serios problemas de ineficiencia en la integración de sus averiguaciones previas, por lo que las acusaciones contra presuntos culpables suelen ser desechadas por los jueces, por ser jurídicamente inconsistentes.

No obstante, aprovechando la cuestionada fama que tiene el poder Judicial, Calderón busca echarle la bolita a los juzgadores. Los culpa de que ‘uno los agarra y los agarra y ellos los sueltan y los sueltan’, en tanto el Consejo de la Judicatura le acaba de revirar diciéndole que el problema está en la ineficiencia del Ministerio Público que no integra debidamente sus acusaciones.

Exige a los jueces que ordenen las detenciones y se procese a los presuntos culpables, aunque no haya pruebas suficientes o a pesar de que éstas hayan sido obtenidas ilegalmente o que las acusaciones sean apoyadas con testigos falsos. Al menos esa es la ‘percepción’ que queda en el ánimo de la gente y sobre todo de los profesionales y estudiosos del derecho, respecto de lo que esperaría según su óptica sobre este particular, como lo ha venido diciendo desde hace semanas en foros, entrevistas y declaraciones.

Cierto es que de un lado y de otro hay constancia de que las leyes se manipulan y la justicia es lo último que se toma en cuenta a lo hora de sentenciar en México a un presunto culpable. Ha habido supuestos delincuentes que son acusados y sentenciados aún con pruebas insuficientes o conseguidas ilegalmente. Ahí está el caso presentado justamente de un ‘Presunto Culpable’ que se documentó con voz e imágenes, en el que un Ministerio Público, con testimonios falsos de policías judiciales corruptos y un testigo perjuro, pretendió condenar a un inocente.

O están los casos judiciales que el Ejecutivo ha querido politizar para exhibir a políticos del PRD o del PRI,  como sucedió con el del famoso ‘Michoacanazo’, el de Jorge Hank Rhon o el de Greg Sánchez, que han dejado en ridículo a las procuradurías General de la República y las generales de justicia de los estados, por querer demostrar su culpabilidad como supuestos criminales mediante pruebas insuficientes u obtenidas ilícitamente, por lo que acaban siendo liberados ‘por tecnicismos’ como lo ha reclamado Calderón.

Esos errores –producto de ineficiencias o corruptelas, vaya usted a saber– ha desesperado al jefe del Ejecutivo y por eso ha arremetido contra el poder Judicial. Calderón hizo una crítica contra los jueces aprovechando el foro de la reunión que sostuvo el 23 de junio pasado con el poeta Javier Sicilia en el alcázar del Castillo de Chapultepec y a los pocos días el ministro Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asistió a Los Pinos y le pidió que si tenía pruebas de sus afirmaciones, que las presentara.

Y esta semana, al volver con sus señalamientos acusatorios contra los juzgadores, el Consejo de la Judicatura de la Federación le respondió al mandatario panista: “Cuestionar el trabajo de los jueces, sin fundamento, por consigna y más aún, sin pruebas, atenta contra la estabilidad nacional”. ¡Tómala!  Otro frente más que se abre el mandatario panista por ser exasperado e impositivo, tanto que desde Los Pinos quiere mandar en el Poder Judicial. Y por lo que se ve esa brecha seguirá ensanchándose porque este Poder no se va a dejar.

En México es común que en el desarrollo de un juicio acabe imperando la injusticia lo que, junto con las corruptelas y tráfico de influencias o ineficiencias que hay en medio,  da como resultado la impunidad, aunque hay los rarísimos casos en los que la ley de veras es ciega y las sentencias se aplican ciñéndose a lo justo y vedadero. Por ello es que nuestras cárceles están llenas de gente inocente y muchos criminales andan sueltos caminando libres por las calles. Verdad real o verdad legal, las injusticias con las que se aplica le ley en nuestro país han sido muchas, miles, acaso millones.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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