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Silva Meza dignifica a la Corte

PAULINO CÁRDENAS

Es de esperarse que con la respetable y ganada fama de que goza Juan Silva Meza quien acaba de ser ungido como ministro presidente de la Suprema Corte, la justicia en México recupere el prestigio perdido en mayor o menor medida con el tiempo en cuanto a su rol en el análisis y resolución de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, así como en los recursos de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito o los tribunales unitarios de circuito, entre otros de sus importantes atributos.

Ha sido un clamor nacional que en materia de procuración e impartición de justicia se evite el arrasamiento del más débil por el más fuerte que indebidamente orilla a soluciones pactadas y negociadas por la autoridad juzgadora y los infractores, lo que suele dejar a las víctimas en la total indefensión o que los culpables acaben protegidos por la impunidad. La SCJN es el organismo al que corresponde decidir, obviamente cuando el caso lo amerita y está dentro de sus atribuciones, si una cosa juzgada fue justa o injusta y apegada a derecho.

Un caso que motivó muchas expectativas de la ciudadanía por parte de la Corte fue el de los 49 bebés que murieron calcinados el 5 de junio de 2009 en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Silva Meza –junto con el ministro ponente del caso, Arturo Zaldívar, y la ministra Olga Sánchez Cordero–, votó en esa ocasión a favor de que se señalaran culpables de aquella tragedia.

Sin embargo, por ocho votos contra tres el pleno determinó que el máximo tribunal se limitaría sólo a señalar si se habrían registrado o no violaciones graves de garantías en el incendio y, si fuera el caso, a las autoridades que se vieron involucradas en las mismas. Al final el asunto dejó mucho qué desear de cara a la nación. La opinión pública y sobre todos los padres de las víctimas siguen clamando justicia y cárcel para los verdaderos culpables porque se considera que el caso quedó en la impunidad.

Con la designación del recién ungido ministro presidente, de 66 años y una larga carrera judicial, se renueva la esperanza de todos los sectores de la sociedad para que haga frente a los retos que debe afrontar el máximo tribunal del país, privilegiando en cada caso los principios de justicia y equidad. Al asumir el importante cargo, se comprometió a encabezar una administración que colabore a garantizar la seguridad y paz social de la población y aseguró que su única misión “será con la ley”.

Considerado un hombre de inquebrantable honestidad y un juzgador crítico y liberal, el nuevo ministro presidente  fue electo por nueve votos contra uno, para el periodo que va del 3 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014. El ministro Sergio Aguirre Anguiano, considerado el más conservador de todos, le negó su voto. Desde el principio fue opositor a la designación de Silva Meza ya que sus simpatías estuvieron siempre a favor de la ministra Margarita Luna Ramos de manera abierta.

Dijo que seguirá muy de cerca el proceso de las recientes reformas en materia de amparo y de protección a los derechos humanos. Señaló que, de ser el caso y dentro de sus competencias constitucionales y legales, el Poder Judicial de la Federación participará activamente en esta reforma. En casos polémicos como los del aborto y de los matrimonios entre personas del mismo sexo o bodas gay, votó por validar las reformas que se aprobaron en este sentido en el Distrito Federal.

Silva Meza ha sido un abierto defensor de las garantías ciudadanas inscritas en la Constitución. Es un crítico importante de las autoridades. Formó parte de los ministros que votaron de manera unánime por responsabilizar de violaciones graves debido al caso de la matanza de Aguas Blancas, que sucedió en junio de 1995, al entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer.

Como encargado de la investigación de la detención de la periodista Lydia Cacho, pidió responsabilizar al gobernador de Puebla, Mario Marín, de violaciones graves de garantías. En el caso de los enfrentamientos registrados en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, estado de México, votó por responsabilizar a funcionarios del gabinete del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y del ex presidente Vicente Fox.

En el caso de los enfrentamientos en Oaxaca, sucedidos también en 2006, el ministro Silva Meza votó por responsabilizar por omisiones que afectaron a la población al gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Entre sus votos destacan las resoluciones que permitieron la liberación de las indígenas de Querétaro, Alberta y Teresa, acusadas de secuestrar a seis federales.

Durante años se descuidó la formación de los encargados de ejercer la acción penal y decir quién era inocente y quién culpable. La corrupción también ha tenido mucho que ver. Con un poder político centralizado en manos del PRI, durante décadas decidir quién era inocente o culpable de un delito no exigía mayores destrezas. Ante un extremo, bastaba una llamada telefónica de algún influyente personaje al juez, para enviar a prisión o liberar a una persona. A medida que el poder se fue distribuyendo, esto ya no resultó tan simple. En la actualidad, cada vez va siendo más cierta la separación de atribuciones entre Poderes.

Con la llegada de Silva Meza se espera que los actos de la burocracia ministerial se ajusten a lo que marca la ley y los jueces hagan su trabajo bajo el mandato, primero que nada, de los preceptos constitucionales, empezando por respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos en vías de ser procesados o que ya hayan sido juzgados. El giro que se espera así lo demanda. Sin duda con su elección ganó la Corte.

 

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Desafío del clero al Estado laico

PAULINO CÁRDENAS

Nadie cree que el secretario de Gobernación, José Francisco Blake o el presidente Felipe Calderón, obliguen al jerarca eclesiástico Juan Sandoval Iñiguez y a los ministros católicos que lo apoyan, a acatar la constitucionalidad de los matrimonios del mismo sexo y su derecho a adoptar hijos, luego de la histórica demanda que por daño moral interpuso el pasado miércoles Marcelo Ebrard, jefe del gobierno del Distrito Federal, contra el cardenal de Guadalajara y el vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar.

La iglesia católica se rige por los mandatos del Estado Vaticano y obedecen lo que les dicta el Papa y no por el Estado mexicano ni sus leyes. De tal suerte que lo que de las leyes mexicanas emanen los jerarcas eclesiásticos no lo aceptan si así lo consideran apropiado aunque, eso sí, gocen del fuero y de los múltiples privilegios que les otorga la laxitud y tolerancia de un gobierno como el actual, de corte panyunkista, que siempre ha preferido el dejar hacer y el dejar pasar, que encarar los problemas.

En el caso de la no aceptación y críticas soeces del cardenal Sandoval Iñiguez por la aprobación hecha por la Asamblea Legislativa sobre los derechos que le asisten a las personas del mismo sexo a hacer de sus preferencias sexuales lo que quieran, y la ratificación hecha en el mismo sentido por los ministros de la Suprema Corte, ha encendido la mecha.

El clero que opera en México, de siempre, se ha resistido a acatar las disposiciones de un Estado laico que ha costado años de lucha y sangre para establecer reglas claras de actuación de la iglesia católica y sus altos jerarcas que se resisten a observar. Y por lo que se ve, la iglesia católica,  con el pretexto de esta coyuntura, parece estar dispuesta a incitar desde el púlpito a sus feligreses a tomar las armas si en necesario, contra quienes se opongan a sus desginios.

La historia de la injerencia que toda la vida ha querido tener la iglesia católica –y que de hecho la tuvo durante un largo período en México después de la Conquista– es larga y cruenta. Acotar su influencia en asuntos de Estado tiene marcados capítulos en tiempos pretéritos cuyas fechas de quiebre hoy son motivo de festejos patrios.

Pero ni estos recordatorios que sólo son de filigrana y gasto inocuo motivarán que el gobierno federal ponga un hasta aquí a la infausta soberbia del cardenal Sandoval Iñiguez en torno a quien han cerrado filas los jerarcas eclesiásticos en pleno en todo el país, quienes le han dado su apoyo incondicional. Sobre todo si el gobierno panista hace como que no sabe del asunto. He ahí el peligro y el riesgo del asunto.

El meollo del enfrentamiento estará cifrado, nuevamente, como ha sido históricamente, en los límites de la separación Estado-Iglesia, y la injerencia que creen tener todavía los jerarcas del catolicismo en asuntos que no son de su competencia. No argumentan razones para expresar su desacuerdo por la aprobación constitucional de los matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción de hijos. Prefieren el camino del insulto y del denuesto, al menos por parte del llamado ‘Príncipe de la Iglesia’.

Pero una cosa es su derecho a la libre expresión de sus ideas y otra muy distinta la de difamar e injuriar al estilo arrabalero como lo ha hecho el cura Sandoval, a lo que también creen tener derecho amparado en su sotana púrpura. La gravedad del asunto es ese. Que se sienten con derecho a insultar y denostar sin aportar pruebas, que los ministros del la Suprema Corte fueron ‘maiceados’ –es decir sobornados– por el jefe de Gobiero de DF y ‘por organismo internacionales’.

Uno de sus efebos dice que el cura tiene ‘pruebas’ para demostrar su dicho. Eso habrá que ser probado por ministerio de ley en el Tribunal Superior de Justicia. Sandoval Íñiguez sostuvo que “lo dicho, dicho y ya”, en tanto Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de Mexico, acusó al gobierno capitalino de emprender una “persecución religiosa de tipo legaloide” y de usar el poder y los recursos públicos para vengarse de él y del prelado –más bien pelado– jalisciense.

Nuevamente como hace siglos, pese a la separación Iglesia-Estado, se teme que la furia religiosa motive que los ministros de culto pidan a su filigrecía que apoye las necedades e insolencias de Sandoval, arguyendo que la Iglesia se dice ‘perseguida’, no obstante que lo que hay detrás de todo ese arrebato es un abierto desafío al Estado laico y al artículo 130 constitucional al no querer respetar las resoluciones constitucionales a favor de las parejas del mismo sexo.

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El PAN apoya a Sandoval Iñiguez

PAULINO CÁRDENAS

No sólo la jerarquía de la iglesia católica en pleno, sino el Partido Acción Nacional apoya a Juan Sandoval Iñiguez, cardenal de Guadalajara, ante las acusaciones que por daño moral y las que resulten levantó ayer en su contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quien en su demanda le exige al prelado eclesiástico, retractarse de las acusaciones de haber sobornado a los ministros de la Suprema Corte para aprobar las bodas gay y la adopción de hijos por parte de parejas del mismo sexo.

El PAN, que como todo mundo sabe es manejado desde Los Pinos, ya se pronunció, junto con la Conferencia del Episcopado Mexicano, a favor de las acusaciones del llamado ‘Príncipe de la Iglesia’ católica, y le dan su respaldo incondicional pese a haber aflorado en él su vena discriminatoria al referirse a las personas que tienen preferencia por el mismo sexo, como ‘maricones’ y ‘lesbianas’, en una charla con periodistas, en Aguascalientes.

Aunque el presidente Felipe Calderón hasta ahora no se ha referido al asunto, el 26 de enero de 2006, siendo candidato a la Presidencia de la República por el PAN, Joaquín López Dóriga en su noticiero del Canal 2, puso en el banquillo al aspirante michoacano a quien le advirtió que le haría una serie de preguntas rápidas.

–Contésteme usted igualmente rápido por favor. ¿Cuál es la posición de Felipe Calderón sobre el aborto?

–Estoy en favor de la vida, Joaquín.

–¿Cuál es la posición de Felipe Calderón en cuanto a la muerte asistida?

–También estoy en favor de la vida, de manera tal que debe procurarse la defensa de la vida.

–¿O sea esto es estar contra el aborto y contra la muerte asistida?

–Son dos maneras de cortar la vida.”

Hizo una pausa.

–Cadena perpetua y pena de muerte,  pregunta López Dóriga.

–Estoy en favor de la cadena perpetua, especialmente para los secuestradores, que lastiman o mutilan a sus víctimas. Y porque estoy en favor de la vida, no estoy en favor de la pena de muerte.

–¿La píldora del día siguiente?

–No la incluiría en el cuadro básico de medicinas.

–¿Pero la quitaría?

–Si la píldora del día siguiente es abortiva, como está demostrado, no tengo por qué incluirla en el cuadro básico de medicinas.”

Cuando López Dóriga le preguntó sobre la unión y los derechos de los homosexuales, hace hace casi cinco años, Calderón respondió: “Soy y seré respetuoso de las preferencias sexuales y desde luego respetaré las personas que tienen preferencias homosexuales, pero para mí el matrimonio es, por definición, la unión de un hombre y de una mujer para formar una familia”.

Y al inquirirle si se oponía a los matrimonios entre personas del mismo sexo, la respuesta del hoy mandatario panista sin chistar dijo ‘sí’.

Esa fue, desde entonces, la ´línea’ que quien es hoy Presidente le tiró a su partido y a la jerarquía eclesiástica, y a quien se atribuye manejar desde Los Pinos los destinos de su partido y de instruir a la dirigencia del PAN lo que tiene que hacer y decir, en este y otros sensibles temas donde la iglesia católica quiere imponer su criterio por encima de los acuerdos de ley.

Hoy viene a cuento el recordatorio de lo expresado aquella vez por Calderón en el principal noticiario de México, lo que para efectos del litigio que se avecina y que ha puesto en jaque al jerarca eclesiático Juan Sandoval Iñiguez, puede ser una tabla de salvación ante el Tribunal Superior de Justicia, aunque su acusación tenga con el ceño fruncido a los ministros de la Suprema Corte a quienes el ‘Príncipe de la Iglesia’ trató de corruptos. La demanda incluye al vocero de la Arquidiócesis, Hugo Valdemar.

Para quienes saben de estas jugadas de tres bandas  resulta obvio que detrás de todo este escándalo hay la malévola intención de preparar ‘camitas’ de carácter electoral que al parecer van dirigidas a las aspiraciones de Marcelo Ebrard para el 2012, aunque otros creen que el capoteo es para tentar a toros de lidia más pesados, obviamente de la llamada izquierda, que en realidad se resume a uno.

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Bodas gay: la Iglesia contra la Corte

PAULINO CÁRDENAS

Decía el autor Luis G. Basurto en su notable obra ‘Cada quien su vida’, que cada quien sus gustos y sus preferencias. Pero la iglesia católica eso ni lo entiende, ni lo acepta y sí le perturba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya aprobado con ocho votos a favor y dos en contra, los matrimonios entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal. Esa institución eclesiástica en voz de su máximo representante en México se le fue a la yugular a los  ministros que avalaron la resolución, a quienes calificó de ‘aberrantes e imorales’.

El cardenal Norberto Rivera Carrera lamentó que las legislaciones ‘ataquen y banalicen’ a la familia ‘como si hubiera intención perversa de intereses oscuros por destruirla’. El baño le tocó a los ministros José Ramón Cossío, José Fernando Franco, Arturo Saldívar, Luis María Aguilar, Sergio Valls, Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza y José Gudiño, quienes determinaron que la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa capitalina no viola la Constitución.

Los ministros que se salvaron de la cargada verbal del representante eclesiástico fueron Guillermo Ortiz Mayagoitia que preside el máximo tribunal de la Nación, y Sergio Salvador Aguirre Aguiano, quienes votaron en contra. Hubo la ausencia en las dos sesiones agendadas para discutir el tema, que fue la de Margarita Beatriz Luna Ramos.

Ahora se discutirá en la Corte si es factible que los matrimonios gay pudieran o no adoptar hijos. Se supondría que sí, pero eso será motivo de otra serie de análisis con base al derecho constitucional. En otras naciones eso es permisible una vez que llenan los requisitos en lo que se conoce como sociedad de convivencia y la pareja demuestre una manera honesta de vida y tengan los recursos para esa aceptación por parte de la autoridad.

Para la iglesia católica el meollo está en llamarle matrimonio a ese vínculo. Y no está de acuerdo en la adopción. Las acepta sólo como una unión de convivencia social, como parte de una sociedad de convivencia, pero nada más. Alega la iglesia que sí tiene consecuencias no ver en los matrimonios del mismo sexo, la figura del padre o de la madre y asegura que eso influiría sicológicamente en el niño o niña adoptada.

El arzobispo primado de México hizo un pronunciamiento leído tras la homilía del pasado domingo, en el que lamentó que legislaciones ataquen y banalicen a la familia “como si hubiera la intención perversa de intereses obscuros por destruirla y con ello orillar al país, herido por la violencia y la descomposición social, a su ruina”.

Rivera Carrera señaló que las uniones de facto o “legaloides” de personas del mismo sexo son intrínsecamente “inmorales”, pues contradicen el proyecto divino y desvirtúan la naturaleza del matrimonio elevado por Cristo a la dignidad del sacramento. Añadió que tal actividad jamás podrá ser equivalente a la expresión sexual del amor conyugal, pues pone en peligro la dignidad y los derechos de la familia que constituyen el bien común de la sociedad.

Tras la celebración eucarística celebrada en la Catedral Metropolitana, el prelado señaló que si bien “estamos llamados a ser respetuosos de las leyes civiles, tenemos el deber moral de no hacer vanos los mandamientos de Dios”.

Por su parte la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Enoé Uranga, insistió en que el matrimonio es irrelevante si no incluye todos los derechos. Indicó que la determinación de la Corte sobre si la legalidad del matrimonio es en función del reconocimiento del derecho a la igualdad de crear sus instituciones, y que su aprobación o rechazo resultará definitorio para el trato que en el ámbito nacional se dará al concepto de no discriminación.

Puntualizó que lo importante será si legalmente, “al optar por casarnos quienes no somos heterosexuales, tendremos los derechos que trae consigo el matrimonio”. Indicó  que si los ministros se negara a aprobar el derecho de adopción de lesbianas, gay y transgéneros, “no tendríamos nada qué festejar”. La dimensión del reto es grande para los ministros, ahora que calificarán si es o no derecho de los matrimnios gay, la adopción de hijos.

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SME: Calderón responde a huelguistas

PAULINO CÁRDENAS

En torno a la huelga de hambre que sostiene un grupo de sindicalistas de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, desparecida por decreto presidencial el 11 de octubre de 2009 y que de un plumazo dejó sin materia de trabajo a más de 44 mil trabajadores del sector eléctrico, hay quienes apuntan que su ayuno sólo es una treta para tratar de obligar al presidente Felipe Calderón para que acceda a la solicitud de ser recibidos en Los Pinos, amenazando con que llevarán su propósito hasta las últimas consecuencias.

Y parece que esa estrategia o treta, funcionó. El mandatario panista acaba de responderles y turnó la solicitud a la Secretaría de Gobernación para atender sus peticiones. Así lo dio a conocer ayer Cayetano Cabrera, huelguista del Sindicato Mexicano de Electricistas que hasta ayer llevaba 89 días de ayuno, quien dijo haber recibido un comunicado firmado por el secretario particular del jefe del Ejecutivo, Luis Felipe Bravo Mena, informándoles que la dependencia que encabeza José Francisco Blake Mora, será la encargada de atender sus demandas. A no ser que sólo sea un distractor.

“El señor Presidente ya me mandó una respuesta a la solicitud de audiencia que queríamos con él”, afirmó. Agregó que sobre el conflicto “él gira instrucciones a Gobernación para que le dé solución y aprovecho la ocasión para que si me escucha Gobernación, pues ya que nos dé hoy una respuesta favorable y nos levantamos de la huelga”, dijo Cayetano. Antes había dicho en entrevistas por radio, que “la respuesta favorable es que nos regresen, nos reintegren a nuestra labor”. Se le había escuchado lúcido, coherente, sin problemas de dicción o de lenguaje.

De ahí empezaron las especulaciones sobre si los ex trabajadores de Luz y Fuerza y su huelga de hambre era real o simulada, y si acaso no sería una estrategia para llamar la atención de la opinión pública, de los medios y de observadores extranjeros, estando la mayoría con aspecto moribundo en su lecho de reposo que tienen ubicado en pleno zócalo de la ciudad de México, donde de hecho no le han permitido el paso a nadie extraño a ese gremio.

Alfredo Verdiguel, el médico que según él mismo ha dicho, voluntariamente se ha encargado de ver por el estado de salud de los huelguistas, quien afirmó en entrevista radiofónica que no puede ira más allá para tratar de impedir que caigan en un estado comatoso, porque él debe respetar el Tratado de Malta que le otorga sólo a ellos, el derecho de estar en permanente ayuno o de suspender su huelga de hambre si así lo consideran. Sólo cuando no tengan razón de sí podría intervenir de lleno la ciencia médica.

Explicó que dicho tratado contempla que mientras los huelguistas tengan conciencia de las consecuencias de sus actos se tiene que respetar su decisión, aunque una vez que pierden el estado de alerta sería responsabilidad de los médicos determinar si los trasladan a un hospital para su atención. Hasta el momento son 14 los trabajadores en huelga de hambre, 11 hombres y 3 mujeres. Doce de ellos decidieron sacarse sangre ayer y con ella escribieron una leyenda a favor de su causa.

Si es como parece, quiere decir que la resistencia de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro pudo más que la del principal huésped de Los Pinos. Por lo que se ve, el poder no quiere arriesgarse a que haya un desenlace fatal de los huelguistas en ayuno, ni quiere saber si es simulada o no esa estrategia de presión a su gobierno, porque una mala noticia como sería el deceso de alguno de ellos, provocaría un escándalo que trascendería las fronteras de nuestro país en donde el presidente Calderón ahora sí que cargaría con el muerto.

Si el actual régimen estuviera instaurado en la supremacía del derecho otra cosa sería esa huelga de hambre si fuera simulada. Pero desde el momento en que la extinción de  LyFC fue decretada, para los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas fue un acto de autoridad unilateral que lesionó sus derechos laborales y constitucionales, los momios se empatan. Aunque la poderosa alquimia del poder funcionó y la Suprema Corte dio por bueno el decreto de extinción.

El pasado 5 de julio, por mayoría, la Corte calificó de constitucional el decreto de extinción. Los ministros consideraron que contrario al fundamento con el que el SME promovió el amparo que fue rechazado, los derechos de los trabajadores quedaron resguardados y que toda queja o denuncia contra ello lo podrán hacer ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Pero esta instancia está bajo la férula del titular de Trabajo, Javier Lozano Alarcón. De esta manera, se cierran los caminos jurídicos que tenía el SME para impugnar la legalidad de dicho decreto en términos reales. Ante ello, su última carta es la huelga de hambre. Si las cosas van como los trabajadores creen, la discusión sería ahora el asunto del ‘patrón sustituto’. Pero si el comunicado que les dirigió Calderón es sólo un distractor, ¡aguas!. Por lo pronto, los atencos, encabezados por Ignacio del Valle, recién salido de la cárcel, se unieron al movimiento sindicalista.

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Guardería ABC, otro crimen sin castigo

PAULINO CÁRDENAS

Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaría por pronunciarse sobre las responsabilidades de gravedad del caso del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, decisión con la que muchos creerían que pudieran iniciarse procesos judiciales contra los presuntos responsables de la tragedia, la realidad es que todo parece indicar que la muerte de los 49 bebés muertos y los 75 que resultaron con daños irreversibles, acabará quedando cubierto por el vergonzante manto de la impunidad.

Sería otro crimen sin castigo, porque lo que dictamine la Corte no es vinculatorio con lo que pudieran hacer o no en este caso las autoridades. Es decir es una suerte de dictamen que no obliga a ninguna autoridad a iniciar un proceso de cualquier tipo, incluso penal, contra los involucrados, y de acuerdo a la Constitución sólo constituye un informe en el que se mencionan las personas que estuvieron involucradas en los hechos. De esta manera, es muy probable que los presuntos culpables pudieran seguir en la impunidad.

A un año de los trágicos acontecimientos que se cumple mañana sábado, ningún alto funcionario ha sido castigado pese a que el ministro encargado de la investigación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, determinó que sí se registraron violaciones graves a las  garantías de los inocentes. Su dictamen pasará a votación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Para que la resolución sea aprobada, se requieren los votos al menos seis de los once ministros. Hay 19 señalados como presuntos culpables.

En este mismo mes los ministros habrán de pronunciarse sobre el caso, y se sabrá así si La Corte aprueba el dictamen del ministro Zaldívar. Aún en caso afirmativo ello no es garantía para que pudieran iniciarse procedimientos jurídicos contra los presuntos responsables. Los señaldos son el ex gobernador, Eduardo Bours Castelo, así como quien fuera su secretario de Hacienda, Miguel Eugenio Lohr Martínez, y su titular de Protección Civil, Wilebaldo Alatriste Candiani. También está en la lista el ex alcalde Ernesto Gándara.

Por parte del gobierno Federal se halla el ex director general del IMSSS y actual titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas. El ministro Zaldívar añadió en la lista al actual director del IMSS, Daniel Karam, quien tomó posesión después de la tragedia cuando el otorgamiento de las concesiones de la gurardería ya estaban dadas. Es probable que además de Molinar Horcasitas, en las indagatorias pudiera incluirse al también ex director del Seguro Social, Santiago Levy.

Hay otros funcionarios señalados, como el ex director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Sergio Antonio Salazar, y la ex coordinadora de Guarderías, Carla Rochín, quienes fueron cesados de su cargo un mes y medios después del siniestro. A esta última se le vincula con la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala.

El pasado miércoles por la tarde el presidente Felipe Calderón recibió en Los Pinos a un grupo de  padres de los niños que fallecieron en el incendio y de los que salvaron la vida pero quedaron marcados para siempre con quemaduras y afectados de sus pulmones por aspirar aire caliente. Hubo quienes decidieron no asistir a la casa presidencial porque dijeron que el Presidente no ha mostrado voluntad para resolver el caso y menos para castigar a los verdaderos culpables.

Al final de la reunión en Los Pinos se anunció que Calderón si asistirá a Hermosillo próximamente, reclamo que le venían haciendo los deudos de los bebés desde hace casi un año. Parte de quienes declinaron la invitación exigen la destitución, inhabilitación y enjuiciamiento penal de los servidores públicos de los distintos niveles de gobierno presuntamente culpables de la tragedia.

Muchos apuestan a que, conociendo la forma de cómo se hace justicia en México, el caso de la guardería ABC acabará quedando bajo el abominable manto de la impunidad. Sería otro crimen más sin castigo.

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Corruptelas, amiguismo e impunidad

PAULINO CÁRDENAS

¿Alguien en México cree que habrá castigo para los culpables del caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en la que murieron quemados 49 niños, al ser revelados los nombres de los funcionarios del gobierno federal, estatal y municipal involucrados como responsables en el reporte preliminar de investigación ‘no vinculatoria’ de la Suprema Corte de Justicia?

¿De veras alguien cree que algún día procesarán, ya no se diga penalmente, sino administrativamente a Juan Molinar Horcasitas, ex titular del IMSS y actual secretario de la SCT o a Eduardo Robinson Bours, ex gobernador de Sonora, entre otros inculpados?

México se ha distinguido en el mundo por ocupar los primeros lugares en los rubros más denigrantes del ser humano y es punto de referencia para hablar de corrupción, secuestros, matanzas sin piedad, piratería, asaltos a mano armada, baja calidad educativa, narcotráfico, crímen organizado y decenas de rubros de los que nuestro país ocupa deshonrosos lugares a escala mundial.

El Presidente cuestiona que se hable mal de México, pero el mal comienza con sus propias autoridades, empezando por las de mero arriba en donde, como quedó demostrado en el caso de la guardería ABC, se repartieron para los cuates y sobre todo las cuatas y familiares de la élite gubernamental, las concesiones que el Insitituto Mexicano del Seguro Social subroga, indebidamente según la Corte.

México desde hace décadas ha sido saqueado por casi todos aquellos que llegan al poder, sea del partido que sea. El tráfico de influencias se da lo mismo en el poder Ejecutivo, en el Legislativo que en el Judicial, en donde el compadrazgo y la cuatachería han privado siempre para saquear a la nación. De eso han dado cuenta cientos de páginas en diarios, libros, reportajes y hasta en encuestas a lo largo de los años. ¿Y?

El saqueo sigue. Y el caso no sólo existe en las concesiones que subrroga el IMSS, sino prácticamente en cada ámbito de la administración píublica federal, estatal o municipal del país, porque aparte de todo, en México no existe la rendición de cuentas ni investigaciones contra quienes saquean recursos de la nación. Y lo mismo ha sido con los gobiernos priístas, que perredistas o panistas. Cada vez que surge un caso de corruptelas o abusos de poder se dice que ‘contra los culpables caerá todo el peso de la ley’. Y nunca pasa nada.

Esta muletilla sólo ha servido para que México se haya convertido en un país de cínicos y desvergonzados, rateros y saqueadores, sobre todo en la cúpula del poder que es en donde se hacen principalmente los grandes negocios, tapándose unos a otros sus cochineros, por lo que los actos de corrupción que empiezan por el amiguismo y el compadrazgo, acaban en vergonzantes abusos de poder que al final son cubiertos por el sagrado manto de la impunidad.

Un ejemplo son las transas que revela el libro de Ana Lilia Pérez, Camisas Azules Manos Negras El Saqueo de Pemex desde Los Pinos, donde refiere la corrupción panista que involucra a presidente Felipe Calderón y al actual dirigente de Acción Nacional, César Nava. Otro es el escándalo del titular de Agricultura, Francisco Javier Mayorga Castañeda, quien junto con su hermana y su padre reciben recursos de Procampo, ayuda que se supone debería ser para los campesinos más necesitados.

Y si se voltea a ver hacia atrás, entre otros muchos casos está el que denunció Carlos Salinas contra su sucesor Ernesto Zedillo, pero también están las cuitas del propio Salinas de las que dio cuenta su antecesor Miguel de la Madrid Hurtado. O sea, que no hay a quien irle. PRI, PRD o PAN, es lo mismo.

¿De qué espantarse entonces que a México se le vea como un país de autoridades corruptas si el mal empieza por la cúpula del poder? Todos los mexicanos saben que es arriba donde principalmente se arreglan los grandes negocios y se otorgan las grades concesiones. Y si llega a haber problemas, para eso está la impunidad de por medio. México pues es un país de autoridades corruptas, aunque eso le cause escozor escucharlo al presidente Calderón.


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Algo raro pasó en Los Pinos

PAULINO CÁRDENAS

Nadie sabe qué pasó en la residencia oficial de Los Pinos con el asunto de las invitaciones que se hicieron llegar, vía internet, a los diputados que integrarán la 61 Legislatura en San Lázaro, a quienes molestó no sólo la forma sino los términos en que se les convocó a asistir a un desayuno que estaba programado para mañana en Palacio Nacional, en donde el jefe del Ejecutivo leería un mensaje con motivo de su tercer informe de gobierno antes de cumplir con lo que ordena la Constitución. 

Sólo Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la fracción del PRI en el Senado, recibió formalmente la invitación, dicen que de propia mano del Presidente. A los demás legisladores se les notificó por correo electrónico y además se les pedía estar puntual a la cita programada a las 9 de la mañana y que asistieran con vestimenta formal. Esto molestó sobremanera a los legisladores, por lo que le hicieron un extrañamiento al Presidente.   

Algo peor sucedió con el Poder Judicial, ya que en la invitación por correo electrónico sólo fue convocado el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, por lo que al pleno de ministros de la Corte no sólo le incomodó la forma, sino el fondo del asunto, al considerar una afrenta del Poder Ejecutivo el haber ninguneado a los ministros que integran ese otro Poder, para estar en Palacio. 

Los nuevos diputados del PRI le recordaron lo que al respecto indica la Carta Magna que en su artículo 69 precisa:  “En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país”. El Informe debe ser entregado a las 17 horas de mañana en el Congreso.

Nadie cree que Calderón, habiendo sido legislador, ignore eso. Se cree que alguien cercano a él, con autoridad suficiente para hacerlo, ordenó mandar los correos electrónicos al saber que el senador Beltrones había recibido su invitación de manos del Presidente. Supusieron que no habría problema. ¿De veras? Otra versión habla de que hubo ‘mano negra’ de alguien cercano a él, para hacerlo quedar mal. ¿Será?

Aunque hubo indignación de legisladores y ministros, el PRI señaló, en voz del diputado electo Juan Carlos Ramírez Marín, que seguramente “hubo un error”, porque Presidencia no podía saltarse el protocolo al realizar un acto sin que se entregara antes el tercer informe al pleno de la Cámara de Diputados. “El partido hizo esa observación al gobierno; la entendieron correcta” dijo el legislador del tricolor.

El desayuno de mañana programado por la Presidencia de la República en Palacio Nacional por supuesto se tuvo que cancelar. Se dice que el convivio ahora sería para el miércoles próximo, a ver quiénes van. El daño ya está hecho, por la insensibilidad o insensatez que privó en Los Pinos. Por ello habría de rodar al menos una cabeza en la residencia oficial.

A partir de ahora, y con el handicap en contra, Calderón se vería obligado a plegarse a los dictados de los diputados de oposición para la aprobación de inicativas, en especial con los de la bancada del PRI que desde mañana llevarán la batuta en San Lázaro. Pero no todo está perdido para el Presidente. Personalmente anda en busca de alianzas en el Congreso. El principal de todos es el senador Manlio Fabio Beltrones por su ascendiente en el Congreso.

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Absolución divide opiniones

PAULINO CÁRDENAS

Mientras que la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas elogió el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que liberó a veinte acusados por la matanza de Acteal en 1997, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), principal defensor de los sobrevivientes de esa cobarde matanza fustigó la decisión arguyendo que la absolución de los ministros resultó en contra de los derechos humanos, la verdad y la justicia.

Por su parte Amnistía Internacional dio a conocer en un comunicado que esta es otra muestra de las “graves deficiencias del sistema de justicia mexicano que parece incapaz de investigar, procesar y sancionar por medio de un juicio justo a los responsables de violaciones de derechos humanos”, por lo que pidió al Estado mexicano una nueva investigación sobre los sucesos de Acteal.

Veinte personas fueron puestas en libertad de una cárcel en la que cumplían condena por la masacre de 45 indígenas, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara nulo el proceso el pasado miércoles. Los detenidos, que llevaban cerca de 11 años tras las rejas, salieron en plena madrugada del jueves 13 de la prisión federal de El Amate, ubicada en la ciudad de Cintalapa, a unos 250 kilómetros de Acteal, y unos 65 al oeste de Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas.

El líder de la Confraternidad de iglesias evangélicas, Arturo Farela Gutiérrez, señaló que su organización hizo públicas desde el principio las violaciones al procedimiento, por lo que en su oportunidad interpuso los medios legales que atacaran lo que él denominó transgresiones a la ley. Asímismo elogió que la Suprema Corte haya decidido ejercitar su facultad de atracción debido a la relevancia que consideró que el asunto tiene en la vida nacional.

No obstante, el lider religioso lamentó que tuvieran que pasar doce años para que los reclamos surtieran efecto y se liberara a estas personas, que no necesariamente son evangélicos. Dijo que hay todavía varios procesados que seguirán presos “pero esperamos que los amparos que ordenan reponer su procedimiento sean bien entendidos por los jueces de primera instancia”.

Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, la Corte “no actuó con la debida seriedad que merece el caso. Omitió valorar en cuanto al principio de ponderación sobre las violaciones de derechos humanos y de las garantías fundamentales de los sobrevivientes, víctimas y familiares” se queja en un comunicado.

Con la absolución de los veinte paramilitares se sepulta un crimen de Estado y “deja en plena impunidad el crimen de lesa humanidad y constituye un retroceso del escaso avance concerniente en castigar a los perpetradores materiales de la masacre”, manifestó el centro Fray Bartolomé de las Casas , después de la decisión tomada por los ministros de  la Suprema Corte sobre el caso, el pasado 12 de agosto.

El Centro Fray Bartolomé de las Casas cuestionó que en vez de abonar a una justicia verdadera que fortalezca el estado de derecho, se optó por la liberación de paramilitares, quienes fueron y son identificados plenamente como autores materiales por las personas sobrevivientes y testigos directos del crimen de lesa humanidad.

Ese fallo de la Corte fue tal como han sido las resoluciones en los casos de Atenco, la represión en Oaxaca, la ‘guerra sucia’ y el caso de la periodista Lidya Cacho, denunció ese organismo fundado por el obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz García. La absolución decretada por la Suprema Corte dará todavía mucho de qué hablar.

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