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Narco aplica espionaje al gobierno

PAULINO CÁRDENAS

Cada gobierno en turno gusta de espiar y fisgonear en asuntos personales, interceptar correos electrónicos o escuchar comunicaciones telefónicas privadas a muchos grupos que considera hostiles, potencialmente peligrosos o que poseen información privilegiada o estratégica. Todo en aras, supuestamente, de la seguridad nacional. Tienen checado a medio mundo, pero en mucho menor grado a las bandas criminales que son de las que deberían saber cada movimiento y planes, de manera anticipada. Pero no. Más bien es al revés.

En Tamaulipas descubrieron por segunda ocasión en este año un Big Brother del narco que vigilaba los movimientos del Ejército, Marina y fuerzas federales y estatales. No deben ser las únicas en el país. De esa manera el crimen sabe a qué atenerse contra el acoso federal. E incluso de esa manera planean sus emboscadas los cárteles o se anticipan a operaciones federales como sucedió con el Cártel Jalisco Nueva Generación el 1 de mayo pasado.

Esas redes de espionaje descubiertas en Reynosa cubrían por lo menos 52 puntos estratégicos, los cuales estaban ubicados frente a instalaciones de la Octava Zona Militar, Marina, PGR y Fuerza Tamaulipas; eran cámaras de video colocadas en postes de CFE y Telmex. Sin duda en varias entidades del país tienen esas redes los grupos criminales para saber los pasos de las fuerzas que podrían ir sobre ellos. Se anticipan a los hechos.

Fue el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyo líder Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, supo, con lujo de detalles y anticipadamente, los pasos que iba a dar el Gobierno federal con la Operación Jalisco el primero de mayo de este año. Tan estuvo preparado a tiempo que ordenó disponer vigilancia en las zonas por las que pasarían los helicópteros militares que iban de avanzada en esa misión. Uno de ellos, como se sabe, fue derribado por una lanzacohetes con un saldo de 9 muertos.

Otro caso fue el de un helicóptero Black Hawk de la Marina que fue atacado el pasado 5 de julio con balas de grueso calibre cuando realizaba un patrullaje al sur de Nuevo Laredo, Tamaulipas, muriendo seis civiles cuando los marinos repelieron la agresión. No se dijo de que grupo criminal pero se infiere que fue uno de los varios que se disputan la plaza, entre ellos Los Zetas y el Cártel del Golfo, con sus respectivas células ramificadas por zonas que son alrededor de doce por banda criminal.

Los gobierno mexicanos en turno siempre han gustado de espiar a grupos políticos, organizaciones de la disidencia y grupos que consideran estratégicos entre ellos algunos periodistas, pero las áreas de inteligencia y de seguridad nacional -Cisen, Policía Federal, Ejército, Marina y gobiernos estatales- se ocupan de todo pero no prioritariamente de vigilar los movimientos de los cárteles de la droga y de las bandas criminales. Esa es la percepción.

Hay la creencia generalizada de que las áreas de inteligencia y de espionaje del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ni la oficina de ciberseguridad de la Policía Federal, están debidamente coordinadas con las del Ejército y de la Armada para detectar de manera anticipada acciones de los grupos criminales organizados. Han sido muy lamentables los casos de los ataques a comandos del Ejército, de la Marina y Policía Federal y estatales que son emboscados por grupos criminales, pudiendo evitarse si hubiese esa alerta permanente derivada de un espionaje eficiente coordinado con inteligencia de seguridad.

En términos generales los países realizan tareas de espionaje a diversos temas y personajes dependiendo su importancia y su valor para efectos de seguridad nacional o para enterarse de los ambientes que prevalecen sobre tal o cual tema. Pero no se limitan solo a asuntos como el terrorismo y la seguridad, sino también contemplan temas como el petróleo y la economía, según el periodista Glenn Greenwald, a quien Snowden entregó informes secretos de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

Como fue público en su momento, esta agencia espió en 2012 al entonces candidato Enrique Peña Nieto y nueve de sus asesores, se agregaron pruebas de que Estados Unidos también espió en 2010 al presidente Felipe Calderón y miembros de su gabinete. Los documentos difundidos de la NSA apuntan a que el espionaje iba a continuar de forma aún más “agresiva” sobre los funcionarios mexicanos, y el semanario alemán Der Spiegel sugirió que el espionaje seguía en marcha.

En teoría el gobierno mexicano anunció que exigiría una explicación al gobierno de Washington, pero después nada se supo. Barack Obama declaró en su momento que pediría a la Agencia de Seguridad Nacional moderación y juicio en sus tareas de espionaje. Se da por hecho que hasta la fecha no hay funcionario de alto nivel en México que esté fuera del alcance de las estrategias de vigilancia del gobierno vecino.

Pero el gobierno mexicano hace lo propio dentro del país. Una nota publicada en El Universal señala que piratas informáticos hackearon a la empresa de espionaje Hacking Team, con sede en Milán, lo que dejó al descubierto varios archivos en los que se evidencia que México es uno de sus clientes. Entre los datos filtrados hay listas de compradores del servicio, facturas y comunicaciones a través de correos electrónicos.

Destaca un recibo de este 2015 del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), que depende de la Secretaría de Gobernación, por un valor de compra de 200,000 euros. Otros clientes son: la Marina, Pemex y los gobiernos del Distrito Federal, Baja California y Yucatán. Habrá funcionarios y gobernadores que negarán saber de qué les hablan. Majes no son.

El programa de origen italiano que comercializa Hacking Team se llama Da Vinci, el cual, según la empresa, es capaz de desencriptar todas la comunicaciones de los “objetivos”, yendo más allá del monitoreo tradicional que ya realizan los gobiernos, y siendo capaces de hackear todos los sistemas de protección. ¿Pero al narco quién lo vigila con tal eficiencia?

 

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La violencia no cesa en el país

PAULINO CÁRDENAS

El secretario de Gobernación afirmó de nueva cuenta que han disminuido los índices delictivos en el presente año y criticó a los medios que insisten en que todos los días hay hechos de sangre relacionados con el crimen organizado y los cárteles de la droga. Negó que eso sea cierto. Osorio Chong ponía de ejemplo a Tamaulipas en donde dijo que la inseguridad había disminuido. No obstante, apenas a finales de abril pasado el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, difería en apreciaciones con el titular de la Segob sobre la inseguridad en esa entidad.

Hace menos de dos meses, el 29 de abril pasado, ambos funcionarios reconocían avances pero no coincidían al momento de asegurar que se había reducido la delincuencia. El comisionado Rubido afirmaba que “no se le ha dado la vuelta al problema de inseguridad en Tamaulipas”. Su aseveración era contraria a la del titular de la Segob, quien dijo en aquella fecha, que se había avanzado con pasos firmes  y sólidos en la recuperación de la tranquilidad en ese estado de la República. Hoy afirma que incluso han bajado considerablemente los índices de inseguridad en el país.

Sin embargo, un ejemplo de que la violencia a manos del crimen organizado continúa fue el asesinato del alcalde electo de Jerécuaro, Guanajuato, Rogelio Sánchez Galán. El edil fue ultimado junto a dos personas más, la noche de este martes alrededor de las 20:00 horas. Y que no digan que ‘son hechos aislados’ porque los hechos violentos suceden a diario. Para tener una idea más clara de que la violencia no ha cesado en el país, hay que echarle un vistazo a los blogs cuasi-prohibidos o semibloqueados que refieren diariamente los hechos de sangre que se suscitan en diferentes latitudes del territorio nacional.

Por más que las autoridades quieren tapar el sol con un dedo con declaraciones en contrario, la necia realidad acaba por imponerse a la retórica oficial. Que las cifras de la delincuencia han bajado es un mero deseo, pero no una realidad. No es de ahora en este sexenio; eso ha sido de siempre, de cada administración que llega al poder.

Lo mismo decían los regímenes priístas que duraron en el poder más de siete décadas, que en los dos sexenios panistas llamados que se conocen como ‘la docena trágica’, y ahora con el arribo de nuevo en al poder del PRI. Muchísima gente -familias enteras, trabajadores, profesionistas-, se enfrenta día a día a las condiciones de falta de seguridad en muchas comunidades y poblados del país. Los asesinatos, secuestros, violaciones y robos continúan. La extorsión telefónica, el asalto a mano armada y el robo a vehículos y a casas habitación, también.

Se calcula que el 75 por ciento de los ciudadanos ha sufrido un incidente de seguridad en los últimos años, incluidos los que van del presente régimen. Los ataques a la integridad de muchos mexicanos, incluidos los secuestros, han aumentado 200 por ciento, sobre todo en los estados de Morelos, Guerrero y México. Las cifras siguen sin moverse hacia la baja en Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Quintana Roo, mientras que en Guanajuato, Sinaloa y San Luis Potosí han aumentado. Las extorsiones por el pago de cuotas siguen en aumento.

Hay mucha gente que ha sufrido violaciones sexuales, secuestros, agresiones con armas de fuego, extorsiones o daños en sus propiedades. Muchos de esos casos no se denuncian por amenazas de sus agresores o por miedo y desconfianza en las autoridades. En la comunidad médica se han estado dando casos muy graves sobre inseguridad.

Una información reciente aparecida en Reporte Índigo reveló que ha habido el asesinato de médicos pasantes, uno en Guanajuato y otro en Sinaloa, que ha abierto un debate sobre las condiciones de seguridad que enfrenta el personal de salud que labora en las comunidades del país. Se trata del asesinato, en hechos separados, de Paulina Méndez, María Teresa Adona y Luis Oswaldo Duarte, médicos pasantes que realizaban su servicio social en diferentes estados del país.

El caso de Paulina se trata de una estudiante de la especialidad de traumatología en León, Guanajuato, que fue asesinada luego de un intento de asalto en octubre del 2014. Luis fue ultimado el 8 de junio pasado. Trabajaba en el Hospital Ángeles de Culiacán, Sinaloa. Fue interceptado por sujetos armados cuando salía de trabajar y al día siguiente su cuerpo calcinado fue localizado en una carretera cercana.

Otro caso es el de Julio Arroyo Ocaña, encontrado muerto en noviembre del 2013 en el municipio de Carmen, Campeche. Y el de Hassan Hamscho, quien falleció en Matamoros, Tamaulipas, en marzo del 2014. Aunque estos casos han ganado los reflectores nacionales, en redes sociales los médicos pasantes han dejado cientos de testimonios sobre experiencias de riesgo que han vivido. Ellos relatan casos como violaciones sexuales, secuestros, agresiones con armas de fuego, extorsiones o daños en sus propiedades.

Los testimonios se cuentan por decenas, en un sistema de salud que no les garantiza siquiera ayuda para enfrentar una emergencia, pues la mayoría de las veces se encuentran solos en las comunidades, sin los medicamentos e instrumentos para atender al 100 por ciento a la población.

Señala el reportaje que una vez que concluyen con sus estudios de medicina, los médicos de reciente egreso son enviados a hacer su servicio social a algún consultorio o clínica que puede ubicarse lo mismo en ciudades que en comunidades rurales apartadas. Ahí, deben dar consulta a los pacientes durante un año, como parte de su servicio.

Ellos se enfrentan a las condiciones de falta de seguridad para su ejercicio en muchas de las comunidades en las que trabajan. Sucede sobre todo con los que se ven obligados a ejercer su profesión en zonas donde opera el crimen organizado. Esos casos han sacudido al sistema de salud. Pero eso mismo está sucediendo contra muchos otros sectores de la sociedad, con gentes de bien que viven azuzados y sometidos por el crimen organizado y los cárteles de la droga en diferentes zonas del país. El problema de la violencia y la inseguridad no se va a arreglar con declaraciones, por muy optimistas que sean.

 

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Narco preocupa a EU y al Papa

PAULINO CÁRDENAS 

La narcoviolencia que prevalece en México preocupa a EU y al papa Francisco. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, está en México, en su primera visita de trabajo, para dar seguimiento a una agenda bilateral que tiene su lado público que comenzaría con su presencia para participar en una reunión ministerial en la Secretaría de Relaciones Exteriores y otra parte de carácter privado, en la cual se incluyó una reunió ayer por la tarde en Los Pinos con el presidente Enrique Peña Nieto. De hecho en la conferencia de prensa que ofreció con el canciller mexicano José Antonio Meade antes de ir a la residencia oficial, dio la pauta a lo que realmente vino. Señaló que en ese primer encuentro se habló de migración y de educación, pero también se habló del tema de seguridad.

Habló sobre las prácticas de espionaje que ha tenido su gobierno -a través de la Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency, conocida como NSA)- siendo uno de los espiados el presidente Peña Nieto cuando era candidato a la presidencia. Dijo al respecto que el presidente Barack Obama “tiene la responsabilidad fundamental de proteger a nuestro pueblo, y ayudar a gente en el mundo que son blanco de terroristas”. Comentó que “gracias a nuestra habilidad de recopilar inteligencia, hemos frustrado ataques que tendrían como resultado pérdidas humanas”. Como es costumbre, hubo generalidades en esa primera conferencia con reporteros, pero ningún dato específico.

Sería en la reunión privada con el presidente Peña Nieto donde Kerry hablarían sobre lo que realmente preocupa al gobierno de Washington, al Departamento de Estado norteamericano y al Pentágono, cuya información, que sin duda tiene la NSA sobre los cárteles de la droga y el crimen organizado, podría convertirse en una amenaza para el vecino país del norte, en virtud de que en nuestro país el gobierno no ha logrado aplacar las actividades del narco y de las bandas criminales que sigue azotando comunidades enteras, no obstante que el gobierno se empeña en dar a conocer periódicamente cifras sobre los crímenes dolosos que, asegura, han ido disminuyendo. Pero en Washington piensa de otra manera. No confía en las cifras sino en datos duros y en la información documentada.

Simplemente con ver los casos de Michoacán y de Tamaulipas, más los que comienzan a reactivarse en otras entidades federativas del país de manera acelerada, es para alertar y preocupar a cualquiera. Más si la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense le ha proporcionado información de inteligencia -esa sí efectiva, oportuna y veraz- a las instancias de seguridad nacional de la Unión Americana. La primera pista de ello es lo que comentó Kerry de Obama, al puntualizar que “tiene la responsabilidad fundamental de proteger a nuestro pueblo, y ayudar a gente en el mundo que son blanco de terroristas”. Algo debe saber el alto funcionario estadounidense, que en México se ignora o se trata de minimizar.

Obvio es que de lo hablado en privado entre John Kerry y Peña Nieto, no aparecería en el comunicado oficial que dio a conocer la oficina de la Presidencia de la República. Son asuntos que quedan en el más íntimo secreto; son secretos de estado. Es información confidencial, privada y sensible que, por seguridad, debe ser muy restringida y de preferencia mantenerse en secreto. Sin duda el problema de la inseguridad que sigue prevaleciendo en el país y el temor a que México sea plataforma o santuario de probables extremistas islámicos, en cuyo territorio pudieran tramarse actos terroristas, para EU es suficiente preocupación ‘para proteger a su pueblo’.

Además de discutir temas bilaterales y de interés mutuo en la agenda global, Kerry estaría en la ceremonia de lanzamiento del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación, cuya creación fue anunciada hace un año por los presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama y que busca impulsar el intercambio escolar entre ambos países. Su visita a la ciudad de México incluye también recorridos turísticos. Tenía programado asistir a la Feria de las Culturas Amigas en el Zócalo y posteriormente hacer un recorrido por los murales de Palacio Nacional. Pero el tema toral fue sin duda el de la inseguridad.

Hasta al papa Francisco le preocupa la violencia que se ha generalizado en México. Al recibir a un grupo de obispos mexicanos en el Vaticano el pasado lunes, el llamado príncipe de la iglesia católica hizo a un lado el discurso que tenía preparado para la visita de los integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano, prefiriendo entregar el escrito al presidente de la misma, y hablar con los prelados en términos coloquiales sobre las “preocupaciones” que le habían planteado al pontífice en una carta, sobre la inseguridad que prevalece en el país. El papa Francisco recibió en el Palacio Apostólico al consejo de presidencia de la CEM en representación de los 118 obispos que desde el pasado 12 de mayo realizan la visita Ad Limina al Vaticano.

Francisco citó a los indocumentados que entran por el sur de México, “quienes atraviesan la frontera” con el afán de llegar a Estados Unidos, y refiriéndose “a los que no consiguen llegar a la otra parte”, dijo que son “hijos que mueren; hijos que son asesinados por manos de sicarios”, citando también el problema “de la droga”. Para describir este flagelo, según el Vaticano, el papa puso como ejemplo el de un campesino que piensa: “si cultivo maíz, vivo un mes; si cultivo opio, vivo todo el año” lo cual resulta un atractivo para muchos jóvenes que no tienen futuro.

El cardenal José Francisco Robles Ortega, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en el mensaje que llevó al papa Francisco, señaló que debido a la presencia y actividad del “negocio del narcotráfico”, México experimenta una “profunda división, muchas muertes, daños a la salud física de la juventud y a la salud moral de las familias además de la ruptura social”. Añadió que el pueblo mexicano está “padeciendo en carne propia el grave problema de la inseguridad, la delincuencia organizada en la violencia, situaciones que también han afectado a los miembros de la Iglesia católica”. La CEM lamentó ante el pontífice que en el territorio nacional se esté “enseñoreando la cultura de la muerte”.

 

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Tardía ayuda a Tamaulipas

PAULINO CÁRDENAS 

En el caso de Tamaulipas, la respuesta del gobierno federal ha sido igual de tardía que en Michoacán, en donde a pesar de haber enviado decenas de tropas del Ejército, la Marina y la Policía Federal y haber sido designado un comisionado plenipotenciario para hacer lo que el gobernador constitucional no ha podido o no ha querido hacer, las cosas no han mejorado sustancialmente, mientras que el líder templario Servando Gómez Martínez, alias ‘La Tuta’, sigue vivito y coleando. Al anunciar el pasado martes el Plan Tamaulipas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que hasta dentro de seis meses se verán los resultados de la estrategia de seguridad, “porque la población no puede esperar”.

Es decir, que además de todo el tiempo que miles de tamaulipecos han tenido que esperar a que reaccionara el gobierno federal para brindarle ayuda a ese estado, ante la ineptitud e incapacidad de Egidio Torre Cantú, la población que vive en los municipios que han sido escenarios de violencia y muertes, lo que ha motivado que vivan en la permanente zozobra, tendrán que esperar otros seis meses más a ver si la nueva estrategia anticrimen de la Federación funciona. El titular de Gobernación, como si fuera decreto, declaró que bajo ninguna circunstancia se admitirán hechos de violencia, como si a ello harán caso los sicarios del cártel del Golfo y de los Zetas, que lucha a muerte por lograr el predominio de la plaza. A pesar de las advertencias oficiales, se da por hecho que los encuentros armados seguirán.

Los que tendrán que afrontar las consecuencias son los mandos pero más las tropas destacadas en Tamaulipas por órdenes del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, quienes tendrán que vérselas con la fiereza de los dos cárteles más desalmados de todos los que operan en México. No tardará en verse la reacción de ambos bandos delictivos al anuncio de Osorio Chong, que serían los primeros mensajes para un gobierno que por razones desconocidas reaccionan tardíamente al llamado de auxilio de quienes sufren el agobio de los cárteles de las droga en varios estados de la república. Los gobernadores priístas de Michoacán y Tamaulipas adolecen de los mismos males: su incapacidad e ineptitud para enfrenar y resolver el problema de la violencia.

En el caso de Michoacán el gobernador Fausto Vallejo ha dado muestra de ser un cero a la izquierda, cuya ineptitud ha dado paso a la ingobernabilidad en ese estado, por lo que, aunque tardíamente, el gobierno federal optó por imponerle un comisionado plenipotenciario en la persona de Alfredo Castillo Cervantes, quien ha gobernado de manera autoritaria y ha echado fuera a dirigentes de esos grupos comunitarios que le han resultado incómodos, como fue el caso de Hipólito Mora y del médico José Manuel Mireles Valverde a quienes les han imputado cargos basados en meras sospechas y dichos sin confirmar. Mora está en la cárcel por ello y a Mireles le anda buscando cargos criminales para aprehenderlo y sacarlo de la jugada.

Por ello el activista de Tepalcatepec decidió crear el Movimiento Nacional de Autodefensas, para contrarrestar la pretensión del gobierno de acabar con esos grupos comunitarios de civiles armados para defenderse de los cárteles que merodean y cometen crímenes de lesa humanidad contra gente inocente, cuando lo que debería de hacer la Federación es dar con ‘La Tuta’ y otros cabecillas de los Caballeros Templarios, en lugar de querer aniquilar a las autodefensas que le han servido a Castillo de su mejor aparato de inteligencia para dar con los capos en esa entidad, ante la incapacidad oficial de lograrlo.

En Tamaulipas, el caso de Egidio Torre Cantú el reto ha sido mucho mayor, pero la incapacidad también. Por ello el gobierno federal decidió actuar en esa entidad, ya que las complicaciones son de otra índole. Solo hay que recordar los hechos del 2011. El 7 de abril de aquel año se descubrió en el municipio de San Fernando, una fosa clandestina con 66 cadáveres. No pasaron ni dos días cuando se localizaron otros 35 cuerpos, enterrados en una zona cercana. El secretario de Gobernación de entonces se apresuró a aclararle a Amnistía Internacional que entre los muertos no había ningún migrante centroamericano: todos eran originarios del país. Los macabros descubrimientos confirmaron que eso era mentira.

De hecho desde entonces no hay ley en Tamaulipas. Hay ausencia del poder institucional. Las mafias se han vuelto más violentas y han venido actuando con toda libertad en ese estado. Los hecho de las últimas semanas lo confirman. De ahí que los seis meses que plantea de plazo Osorio Chong para ver los primeros resultados de la nueva estrategia anticrimen, es demasiado tiempo para miles de tamaulipecos que han estado viviendo en la angustia día a día. Por ello se ha empezado a dar en esa entidad el fenómeno de los desplazados; familias enteras que huyen del lugar en que habitan por temor a morir o ser víctima de los abusos de los criminales. Habrá que ver por cierto, si la llegada de más tropas de Ejército, la Marina y de la Policía Federal a esa entidad, no acaba siendo otro problema más para la ciudadanía, ya que son comunes las violaciones a los derechos humanos por parte de los uniformados contra la población civil con el pretexto de la lucha anticrimen.

Mientras el gobierno federal acaba de realizar un diagnóstico integral y profundo de la inseguridad en el país, para conocer las verdaderas causas de la violencia y hechos de sangre y ver la manera de enfrentar esos flagelos, hay dos rubros que son vitales para la estrategia gubernamental, los cuales debería atender para cerrar el círculo virtuoso que se ha propuesto: uno es el trasiego de armas, y otro es el freno al lavado de dinero del narco, a través de prestanombres. ¿Qué pasó con las investigaciones de la operación ‘Rápido y Furioso’? ¿Qué hay con la Unidad de Inteligencia Financiera para evitar el lavado de dinero del narco? ¿Y los costosos servicios de inteligencia, de veras funcionan? ¿Habrá quienes crean que la honda rivalidad de los cárteles de Los Zetas y del Golfo cesará por el llamado que acaba de hacer el titular de Gobernación?

 

 

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Narco somete a Tamaulipas

PAULINO CÁRDENAS 

De pronto los males parecen haber caído todos juntos en el estado de Tamaulipas. Los hechos de sangre no paran. Los dramas se suscitan unos a otros hora tras hora. La cascada de dramáticos acontecimientos no cesa. Hay ejecuciones, enfrentamientos armados en las calles, muertos y más muertos, matan al Z-9 fundador del cártel Z, y por si algo faltara, se dio el suicidio de un funcionario que se desempeñaba como secretario de Finanzas del gobierno estatal, y el jefe de escoltas del gobernador Egidio Torre Cantú, fue detenido por su presunta responsabilidad en el asesinato del jefe de Inteligencia de Tamaulipas, quien fue acribillado por sicarios de Los Zetas en una emboscada. Todo un ambiente enrarecido por la narcoviolencia en el que los gobiernos estatal y federal no han logrado hacer que disminuya el clima de incertidumbre y terror que priva en varios municipios de esa entidad.

Desde hace varias semanas hubo la advertencia de Los Zetas de que “sería un infierno” en varios municipios, si el cártel del Golfo no dejaba la plaza. Incluso recomendó a la gente que se resguardara porque vendrían días negros, como de hecho está sucediendo. Por todo ello el domingo hubo una manifestación de familias enteras y gente de todos los sectores del estado, que salieron a las calles para exigir a las autoridades estatales y federales que se ponga fin a los enfrentamientos y narcobloqueos. La encarnizada lucha que sostienen los dos principales cárteles que se disputan Tamaulipas, hace que la población viva en el sobresalto, y el miedo de morir en el fuego cruzado. Por más reuniones y anuncios que ha hecho la Federación de que se lleva a cabo una estrategia anticrimen en ese estado de la República, los resultados son inexistentes. Ayer se anunció otro plan más.

La ferocidad de los sicarios al servicio de los capos que se pelean la plaza rebasa cualquier cálculo gubernamental, y los miembros del Ejército y la Marina junto con la Policía Federal, no acaban de coordinar sus acciones de manera anticipada. La inteligencia de la que presume el gobierno federal sigue sin funcionar en ese estado, acaso por las colusiones que existen entre los cárteles de la droga y los mandos civiles y militares que deberían entrar al quite. Hay incluso la sospecha de que esa penetración del narco ha llegado hasta los niveles más altos del gobierno que encabeza el priísta Egidio Torre Cantú, quien llegó al mando luego de haber sido asesinado su hermano Rodolfo a finales de julio de 2010, el último día de campaña como aspirante a gobernador de la entidad. Un ataque armado en el que murieron otras tres personas acabó con la vida del aspirante a la gubernatura tamaulipeca, se dice que por no haber accedido a las exigencias de uno de los cárteles del narco.

Balaceras, muertes, ejecutados, colgados, desmembrados, ríos de sangre, pues, y el Grupo de Coordinación Tamaulipas integrado por fuerzas de seguridad estatales y federales, hasta el momento no ha logrado detener la ola de violencia y muerte que asuela a varios municipios de esa entidad federativa. Los hechos criminales y enfrentamientos armados se han dado en Reynosa, Ciudad Madero, Matamoros, Ciudad Victoria, Ciudad Miguel Alemán y Tampico, entre otras poblaciones. Ante esa escalada de violencia, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y los integrantes del gabinete de Seguridad, se han avocado a fijar una nueva estrategia anticrimen, en la que habrán de participar el Ejército, la Marina, la Policía Federal, y las corporaciones estatales. Se llamaría Plan Tamaulipas que es jun programa de asistencia social, económica y contra la inseguridad. Por lo pronto, los grupos del crimen organizado siguen enviando inequívocas señales de muerte: en tan sólo dos días han ocurrido 14 decesos: cuatro en Tampico y 10 en Reynosa. En Ciudad Madero y Ciudad Victoria hubo agresiones. Días antes habían sumado 128 los muertos sumados por la violencia en varios municipios.

Tamaulipas por supuesto no es el único estado de la República en donde existe el problema de la violencia criminal. La lucha entre cárteles de la droga está generalizado en más de la mitad del país, en donde cada día ocurren muertes de mexicanos, muchos de ellos inocentes. En aquella entidad del norte del país sucede algo muy parecido a lo que ha estado pasando en Michoacán, en donde los capos de la droga se han adueñado de la voluntad de la gente honesta y de trabajo, obligándolos a punta de metralla a pagar cuotas por derecho de piso, por cruzar tramos carreteros, por producción, por ventas de comercio, por cosechas recogidas, por cabezas de ganado.Estados como Coahuila, Colima, Veracruz, Sinaloa, Durango, estado de México, Hidalgo, Morelos, Guanajuato e incluso en algunas delegaciones del Distrito Federal, entre otras entidades, existen esquemas similares a los de Michoacán y Tamaulipas.

Si la gente se queja, le secuestran a un familia, la extorsionan o la matan. Por supuesto que es un problema que no se arregla con discursos triunfalistas ni con declaraciones típicas del ‘aquí no pasa nada’, porque el hecho es que sí están pasado cosas, y muy graves en muchos estados de la República. Incluso la Iglesia católica, el Episcopado Mexicano, ya mandó un reporte al Papa Francisco sobre la situación que priva en el país en materia de inseguridad, ya que la mitra también ha pasado a ser parte de las extorsiones y pago de cuotas al narco.

Desde febrero pasado, el nuncio apostólico en México, Christophe Pierre, señaló que el Papa Francisco se encuentra preocupado por la inseguridad que se presenta en el país. Pero no solo es al Episcopado Mexicano a quien preocupa el problema de la inseguridad en México. También el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), uno de los organismos cúpula del sector, señaló que el 97.8% de los empresarios cree que la inseguridad afectará de una u otra manera al turismo.  Y de acuerdo con datos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), el costo de la inseguridad en México está por arriba del 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que provoca obstáculos en el crecimiento económico y contribuye a aumentar la pobreza.

Ante todo eso, es tiempo ya de que el gobierno federal y los gobiernos estatales se involucren en un problema tan grave como es el de la inseguridad, que puede llevar al abismo al país si no se le pone un coto. Por lo pronto, ayer estuvo el titular de Gobernación en Tamaulipas, en donde anunció un Plan integral para disminuir los índices de violencia en ese estado. Hay quienes dicen que de paso fue a explorar la posibilidad de que se envíe, como en Michoacán, a un comisionado plenipotenciario, en virtud de que el gobernador Egidio Torre Cantú ha quedado rebasado por la violencia y los hechos de sangre que se han agudizado a últimas fechas en esa entidad.

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Cruenta guerra en Tamaulipas

PAULINO CÁRDENAS

La guerra entre los cárteles de Los Zetas y del Golfo, y de estas dos organizaciones delincuenciales contra mandos militares destacados en Tamaulipas, está desatada. La rivalidad entre ambos bandos del narco por poseer el territorio geográficamente estratégico para el trasiego de drogas a Estados Unidos, ha hecho que la violencia y los hechos de sangre se incrementen, sobre todo después de que el cártel Z amenazó a los Golfos de que si no se salían de la plaza, ‘sería el infierno’, lo que ha comenzado a suceder de unas semanas para acá. Está además la versión de que el Z-42, Omar Treviño Morales -hermano del líder absoluto de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, que está encarcelado-, habría sido ejecutado en Guatemala hace unos días, noticia que no se ha confirmado pero que tampoco ha sido desmentida.

Varios municipios se encuentran sumergidos en la zozobra y viviendo con temor a causa de esa guerra cruenta y cruel que ha desatado la rivalidad de los Zetas y los del Golfo, cártel éste que al parecer cuenta con refuerzos de los Caballeros Templarios en la lucha por el poder territorial. En medio de ese tétrico panorama, Salvador Haro Muñoz, recién nombrado jefe de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, fue asesinado junto con sus dos escoltas en calles de Ciudad Victoria. Los hechos se registraron el pasado lunes 5 de mayo al filo de las 17:00 horas, donde hombres armados emboscaron la camioneta en la que viajaba el coronel, confirmó un vocero de la Procuraduría de Justicia.

En el lugar quedaron también los cuerpos de dos escoltas de Haro Muñoz. De fuentes ministeriales trascendió que la ejecución pudo haber sido del lado de los Zetas, aunque no se saben detalles ya que hubo una persecución por parte de fuerzas federales, varias balaceras y supuestamente gente muerta, no se sabe de qué bando, después del asesinato del militar. Apenas el pasado 2 de mayo, el gobernador de Tamaulipas, el priísta Egidio Torre Cantú, decidió nombrar al general Miguel Amado Jiménez González, como coordinador especial en seguridad en las región sur de la entidad, que abarca los municipios de Tampico, Madero y Altamira.

Dijo que el nombramiento obedecía a ‘un cambio de estrategia’ de seguridad ante el repunte de la narcoviolencia en ese estado y a la propuesta del general Arturo Gutiérrez, nuevo secretario estatal de Seguridad Pública (SSP), luego de los recientes hechos de violencia registrados en la entidad, el último de ellos en Reynosa, donde perdieron la vida 16 personas en varios enfrentamientos. A principios de abril, los municipios Tampico y Madero fueron escenario de varios enfrentamientos que en cuatro días arrojaron como resultado 28 personas muertas.

El 1 de abril, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas confirmó que autoridades de Nuevo León tenían en su poder los cuerpos sin vida del ex presidente municipal de Nuevo Laredo, Benjamín Galván Gómez, y del empresario Miguel Ángel Ortiz, quienes desaparecieron la noche del pasado 27 de febrero y posteriormente fueron ejecutados. El ex presidente municipal desapareció la noche del jueves 27 de febrero, cuando salía de una farmacia en compañía de Miguel Ángel Ortiz. Supuestamente ambos fueron interceptados por sujetos armados que los obligaron a abandonar su automóvil y subir a otro vehículo llevándoselos con rumbo desconocido. De acuerdo con reportes policiacos, Benjamín Galván había sido amenazado por miembros del cártel de Sinaloa, debido a su presunta relación con Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40.

Torre Cantú reveló que desde “hace varias semanas tenemos al general Gutiérrez al frente de la SSP, quien está haciendo un diagnóstico integral; está haciendo una recomposición de la forma como estaban distribuidas y organizadas en el estado (las fuerzas de seguridad). Una de las modificaciones es a la estrategia”. Dijo el mandatario priísta que en la entidad se habrían de llevar las acciones que fuesen necesarias en beneficio de la población.
 “En los diferentes municipios del estado tenemos problemáticas distintas, y pues tenemos que estar llevando a cabo estrategias distintas (…) para lograr la seguridad de los tamaulipecos, y ahora con el apoyo del gobierno de la República”. Parte de esa renovación fue la designación de Salvador Haro Muñoz, ejecutado hace dos días.

En semanas recientes las ciudades de Reynosa, Tampico y Madero se han visto sacudidas por “narcobloqueos” y balaceras que han protagonizado bandas del crimen organizado contra fuerzas de seguridad, o entre grupos rivales de los cárteles de las drogas. El pasado 10 de abril, los Zetas advertían a los tamaulipecos de varios municipios, de resguardarse porque vendrían días aciagos “dentro de las próximas horas”, según lo escribieron como recado en una cartulina que le dejaron a un cuerpo apuñalado, señalando que comenzaría una gran batalla, si ‘los golfos’ no se salen de la plaza. Alertaban de que las cosas podrían convertirse ‘en un infierno’. Lo firmaba el Z-40, Miguel Ángel Treviño, que está en la cárcel, desde donde se supone que sigue operando.

En Tamaulipas los cárteles han impuesto el mismo esquema de sometimiento que los Templarios en Michoacán, que a punta de fuego y sangre obligan a grupos marginados y de varios sectores de la sociedad, a pagar cuotas por derecho de piso y de paso en carreteras, pago por extorsiones, cobros de un tanto a comerciantes y productores del campo tanto del sector agrícola como ganadero, y empresarios que han sido secuestrados o sufren esa amenaza de ser levantados y de acabar muertos, si no obedecen las órdenes de las dos organizaciones criminales que se pelean la plaza.

El hecho es que los tamaulipecos en varios municipios se encuentran sumergidos en la zozobra y viviendo con temor a causa de una guerra cruenta y cruel que se ha desatado entre el cártel del Golfo que a parecer cuenta con refuerzos de los Caballeros Templarios en la lucha por el poder territorial contra Los Zetas. Sin duda que el gobernador Egidio Torre Cantú requiere urgentemente de un comisionado plenipotenciario como le fue impuesto Alfredo Castillo a Fausto Vallejo en Michoacán en donde, ni aún así, ceden los problemas.

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Que el Z-42 fue ejecutado

PAULINO CÁRDENAS  

La supuesta muerte el pasado jueves de Omar Treviño, el Z-42, hermano de Miguel Ángel Treviño Morales alias el Z-40, ex líder de Los Zetas y detenido desde mediados del año pasado en México, podría agravar los hechos de sangre que se han venido dando en Tamaulipas. Se dice que la ejecución de Omar -nuevo líder Z- tuvo lugar en Guatemala según fuentes de inteligencia de aquel país, señalando que el cadáver quedó dentro del lujoso auto negro que conducía. Peritos de la Procuraduría guatemalteca realizaron el levantamiento y traslado del ejecutado, para realizarle las pruebas respectivas y certificar que la víctima es el hermano del Z-40. El Ejército y la Policía Metropolitana de Guatemala resguardaron el lugar. Si se confirma esa información, eso equivaldría a que la guerra entre el cártel del Golfo y los Zetas apenas comienza y ‘será un infierno’ como fue advertido hace unos días por uno de esos dos cárteles. Se asegura que sicarios templarios ayudan al del Golfo contra el cártel Z.

En esa entidad federativa podrían ponerse las cosas peor de lo que están, después de que ha corrido la noticia de que el Z-42, hermano de Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, habría sido ejecutado. Omar Treviño Morales habría quedado al frente de la organización delictiva de los Zetas, luego de la detención de su hermano el año pasado. Tamaulipas guarda similares circunstancias que Michoacán, de dominio del narco en varios municipios, por lo que habría que ponerle mucha atención el gobierno federal, como fue el de enviar a un comisionado para que asuma las tareas de gobierno y coordine con las Fuerzas Armadas y con la Policía Federal la lucha contra los capos de la droga que tienen bajo su dominio a miles de tamaulipecos, muchos de los cuales incluso han optado por huir de sus lugares de origen por temor a ser secuestrados y asesinados.

Hace unos días, el 1 de abril, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas confirmó que autoridades de Nuevo León tenían en su poder los cuerpos sin vida del ex presidente municipal de Nuevo Laredo, Benjamín Galván Gómez, y del empresario Miguel Ángel Ortiz, quienes desaparecieron la noche del pasado 27 de febrero y posteriormente fueron ejecutados. El ex presidente municipal desapareció la noche del jueves 27 de febrero, cuando salía de una farmacia en compañía de Miguel Ángel Ortiz. Supuestamente ambos fueron interceptados por sujetos armados que los obligaron a abandonar su automóvil y subir a otro vehículo llevándoselos con rumbo desconocido. De acuerdo con reportes policiacos, Benjamín Galván había sido amenazado por miembros del cártel de Sinaloa, debido a su presunta relación con Miguel Ángel Treviño Morales,el Z-40.

El gobernador de ese estado, Egidio Torre Cantú, que llegó al cargo después de haber sido ejecutado por sicarios su hermano Rodolfo Torre Cantú cuando éste cerraba su campaña, igual que en Michoacán está sometido por los capos de la droga. En diciembre de 2012, personeros de la delincuencia organizada arrojaron dos granadas frente a la casa del gobernador ubicada en la avenida Tamaulipas, sin que se registraran pérdidas humanas. Desde el interior de un vehículo lanzaron los artefactos explosivos que provocó pánico entre los clientes de un centro comercial que se encuentra cerca de la residencia del mandatario estatal, en el fraccionamiento Villarreal.

La historia de Tamaulipas en materia de narco y sus andanzas, rivalidades y enfrentamientos a muerte no son nuevos. En noviembre de 2008 la PGR realizó el decomiso de armas más grande en la historia en México; el Ejército aseguró en Tamaulipas 428 armas, largas y cortas, lo que representó un fuerte golpe al crimen organizado, en este caso, al cártel del Golfo. Pero también son famosas las colusiones entre el poder político y los cárteles de la droga. Ahí está la historia de Tomás Yarrington sobre quien la DEA sigue investigando sus vínculos con el Cártel del Golfo, como de Los Zetas, a quien se acusa de haber recibido millones de dólares a cambio de protección para las operaciones criminales de esas dos organizaciones, según consta en acusaciones ante una corte del estado de Texas.

Hace pocos días, el pasado 10 de abril, los Zetas advertían a los tamaulipecos de varios municipios, de resguardarse porque vendrían días aciagos “dentro de las próximas horas”, según lo escribieron en una cartulina que le dejaron a un cuerpo apuñalado, ya que comenzaría la batalla, si ‘los golfos’ no se salen de la plaza. Alertaban de que las cosas podrían convertirse ‘en un infierno’. Lo firmaba el Z-40 que está en la cárcel. La captura de Miguel Ángel Treviño, el Z-40, se dio el 12 de junio del año pasado, y a finales de julio aparecieron mantas en Zacatecas donde se leía que el capo “sigue vivo” y que no había dejado de ser el líder del grupo delictivo, puesto que “todo está bien estructurado y esto no se acaba hasta que se acaba”. Sin duda había estado operando desde la cárcel en donde los que mandan son los delincuentes, con la ayuda de su hermano el Z-42 a quien algunos dan por muerto en Guatemala.

En Tamaulipas existe el mismo esquema que han impuesto los Templarios en Michoacán, de sometimiento de grupos marginados y de varios sectores de la sociedad, quienes a punta de fuego y sangre deben pagar cuotas por derecho de piso y de paso en carreteras, pago por extorsiones, cobros de un tanto a comerciantes y productores del campo del sector agrícola como ganadero, y empresarios que han sido secuestrados o sufren esa amenaza de ser levantados y de acabar muertos, si no obedecen las órdenes de las dos organizaciones criminales que se pelean la plaza, Los Zetas y el cártel del Golfo. Podría decirse que Tamaulipas se ha ido convirtiendo en tierra dominada por el narco.

Frente a esa realidad, el gobierno local no puede hacerse cargo de enfrentar a dos cárteles en riña o no quiere evitarlo. Mucha gente dice que en esa entidad hay ingobernabilidad similar a la que ha privado por años en tierras michoacanas. Por ello parece estarse llegando la hora de que se analice seriamente la posibilidad de que el gobierno federal le entre al quite en territorio tamaulipeco. Antes de que las cosas se compliquen más en ese estado y lleguen a ser inmanejables.

 

 

 

 

 

 

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