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Otro crimen y mas hechos violentos

PAULINO CÁRDENAS 

El candidato a diputado federal del PRD por el Distrito 32 de Valle de Chalco, estado de Mexico, Miguel Ángel Luna Munguía, fue asesinado ayer por la tarde por sujetos armados. En su cuenta de Twitter, Javier Salinas, secretario de Relaciones Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del sol azteca, condenó el hecho. Según los primeros reportes el ataque ocurrió en la casa de campaña del aspirante ubicada en la avenida Tezozomoc y Adolfo López Mateos en la colonia Xico. Un comando irrumpió en el lugar y abrió fuego, tras lo cual Luna Munguía fue trasladado al Hospital General Dr. Fernando Quiroz, donde falleció.

Y las provocaciones siguen. Hay sectores sociales que se sienten decepcionados del régimen priísta que han arreciado sus ataques en varios estados de la República con actos violentos que llevan el propósito de causar temor y que la gente no vaya a votar el próximo domingo. Entre esos grupos están los antipeñistas que están queriendo descarrilar el proceso y quieren impedir que se celebre la jornada electoral del día 7.

Están también los violentos de la CNTE y los diversos grupos radicales de Guerrero, Oaxaca, Chiapas o Puebla y organizaciones que integran la Asamblea Nacional Popular (ANP), que se han dedicado a atacar y destruir instalaciones electorales e instituciones públicas, bloquear carreteras y provocar incendios. Han señalado que no quieren que haya comicios porque, señalan, con las elecciones no va a cambiar el sistema.

Como parte de las actividades para boicotear las elecciones, normalistas de Ayotzinapa, apoyados por los padres de los 43 estudiantes desparecidos, realizaron ayer un bloqueo sobre la carretera federal Chilpancingo-Tixtla. Señalaron que esta medida es a lo que los ha orillado el gobierno federal, por no entregarles a sus hijos y “ni siquiera decirnos dónde están”. Dijeron que hasta el domingo se llevarán a cabo las actividades acordadas por la ANP para impedir los comicios en Guerrero.

En Tlapa, un grupo de choque conformado por simpatizantes del PRI y PRD, con el apoyo de militares, desalojó durante esta madrugada el plantón que mantenían desde octubre integrantes del Movimiento Popular de Guerrero (MPG ) en el zócalo de esa localidad. Los activistas que fueron agredidos impulsan el boicot electoral y exigen justicia por el caso Ayotzinapa; irrumpieron en la sede del distrito 28 local, sustrajeron más de 116 mil boletas y las quemaron en el centro de esa ciudad, considerada el corazón de la Montaña señala una nota de Proceso en línea.

En resumen, en los últimos días se han registrado una serie de hechos vandálicos y delictivos que están vinculados al proceso de elecciones cuyas campañas terminan hoy y cuyo proceso concluirá con la jornada electoral del próximo domingo. Un grupo de corresponsales del diario El Universal -Lupita Thomas, Edgar Ávila, Yazmín Rodríguez, Raúl Torres, Vania Pigeonutt, Dalia Martínez, Xóchitl Álvarez, Miguel Bonilla y Katia Torres- dieron cuenta de diversos sucesos de las últimas semanas. Las campañas electorales iniciaron de hecho con una emboscada a policías en Jalisco.

De esa fecha para acá ha habido la destrucción de boletas electorales, ataques con bombas molotov a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) e instituciones públicas, así como el asesinato de funcionarios y aspirantes, algunos de los cuales prefirieron declinar por amenazas. Han sido algunos de los actos de violencia que se han registrado en estados como Oaxaca, Puebla, Veracruz, Yucatán, Guerrero, Jalisco, Michoacán y San Luis Potosí a escasos días de las elecciones.

En Oaxaca, el INE informó que se destruyeron 16 mil boletas electorales, hubo destrucción de equipo y materiales, así como afectaciones en su módulo de atención ciudadana. En un comunicado, la Junta Local Ejecutiva indicó que en Huautla de Jiménez se sustrajeron de un vehículo 13 paquetes con alrededor de 6 mil boletas, mientras que en San Dionisio del Mar destruyeron 18 paquetes con aproximadamente 10 mil boletas.

Integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron sus protestas en las sedes del INE de Oaxaca en rechazo a los comicios. En lo que llaman “boicot electoral”, los maestros apoyados con miembros de organizaciones sociales, vandalizaron las oficinas del INE, donde destruyeron equipo de cómputo, papelería y materiales en resguardo; además irrumpieron en cuatro de las 12 juntas locales y también en el módulo de atención ciudadana.

En tanto, con artefactos explosivos de fabricación casera fueron atacadas este lunes instalaciones públicas de los estados de Puebla y Veracruz, sin que se reportaran lesionados o fallecidos. Las primeras agresiones con los explosivos se presentaron en la capital poblana en instalaciones del Instituto Nacional Electoral, la Red Urbana de Transporte Articulado y de la Secretaría de Economía. Las bombas causaron destrozos en cristales, puertas y mobiliario urbano.

En Xalapa, Veracruz, sujetos atacaron con bombas molotov dos oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social. Más tarde, un grupo de al menos 10 personas encapuchadas prendieron fuego a un módulo del INE en esa ciudad. Las llamas consumieron mobiliario y documentos oficiales. Entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes se reportó un enfrentamiento de jóvenes en el municipio de Peto, Yucatán, como comentamos ayer, que dejó dos muertos, al menos seis personas heridas y cuatro detenidos.

Esto es parte de los hechos vandálicos, de violencia y sangre que se han dado en el lapso del periodo electoral. Si se ve con seriedad el panorama general que priva en el país, lo que señalaron el secretario de Gobernación, Migue Ángel Osorio Chong y el racista consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova a fines de la semana pasada, que de cara a los comicios solo había ‘dificultades’, no ‘alarmas’, resulta obvio que fueron declaraciones políticamente correctas, tranquilizantes, que trataron de minimizar el verdadero alcance de los hechos. Pero aún faltan cuatro días para las votaciones.

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¿’Mano negra’ de dentro y de fuera?

PAULINO CÁRDENAS 

 No se sabe si los intentos desestabilizadores contra el gobierno de Peña Nieto tienen remitente solo del cártel antiPeña dentro del país o provienen de fuerzas oscuras más allá de nuestras fronteras; o ambas. Pero de que hay ‘mano negra’, la hay. Para colmo, a la serie de protestas que desencadenaron los acontecimientos de Ayotzinapa, se ha sumado otro ingrediente: el escándalo de la pareja presidencial con el caso de la ‘casa blanca’ de Peña Nieto, que está a nombre del Grupo Higa, cuyos directivos han recibido contratos directos desde que el mandatario federal era gobernador del estado de México, y hasta la fecha, empresa que también construyó la residencia de su esposa en Lomas de Chapultepec, tema que ha alcanzado nivel de escándalo internacional.

Cierto que la desaparición de los 43 normalistas ha causado indignación nacional, que ante la incapacidad de las autoridades para dar con ellos, si es que están vivos, ha enardecido los ánimos no solo de los estudiantes de la normal ‘Raúl Isidro Burgos’, sino de otros centros de estudio del país, además del apoyo que han recibido los afligidos padres de los jóvenes que no aparecen, por parte de prácticamente todos los sectores de la sociedad que han condenado el hecho. Lo que llama la atención es que, aprovechando esas marchas y protestas de ese reprobable acontecimiento que ha lacerado la conciencia nacional, han aparecido grupos violentos que se han dedicado, con ese pretexto, a realizar destrozos y quemas de inmuebles institucionales en ciudades capitales de varios estados.

Esos hechos vandálicos se trata de viles actos con los que tratan de causar miedo, pánico y terror entre la población. Las imágenes de esos furiosos ataques que sacan cotidianamente los medios televisivos le han dado la vuelta al mundo, y fuera es donde se tiene la idea de que México está en llamas. La consigna de que ‘Fue el Estado’ en pancartas y a gritos, trata de confundir deliberadamente el concepto de Estado, con el que se quiere hacer creer que lo de Ayotzinapa, fue un acto criminal del gobierno federal. Estado es otra cosa. En cambio, contra los verdaderos criminales, nadie protesta; contra ellos ni una palabra. Pareciera, pues, que quienes subvencionan a los grupos violentos, a los vándalos que se han subido a ese carro del reclamo, estuvieran pagados por los narcos de Guerrero que se supone fueron los verdaderos criminales de la desaparición de los normalistas.

Ese ‘Lárgate Peña’, frase que fue pintarrajeada en la puerta Mariana de Palacio Nacional, da fe de que el cártel que está en su contra es una de las piezas de ese rompecabezas que están dispuestas a todo, para no solo hostigar al mandatario federal, sino que quieren que dimita. Hay intentos desestabilizadores, no contra México, sino contra el gobierno que encabeza el mexiquense, quien a su regreso de China y Australia se habría encontrado con un escenario aún más hostil que el que dejó antes de su partida. Antes de salir de viaje dijo su oficina que la gira se recortaría pero que no se suspendería. “El país no está en llamas”; dejar de ir sería mostrar debilidad, habría dicho a los suyos en Los Pinos.

Por ello, como antítesis, se ha querido difundir que el país está en llamas, al menos para efectos del exterior en donde la imagen de México ciertamente está muy deteriorada. De paso, la imagen del presidente Peña Nieto ha quedado también en entredicho, ya que se insiste en varios medios informativos de influencia, que le ha faltado carácter para ponerle un hasta aquí a la situación de violencia. Solo que, volviendo a lo mismo, está como ejemplo el caso del alumno baleado en CU; ¿es culpa de Peña? Con una disculpa el gobierno del Distrito Federal le quiso echar tierra a un asunto que puede agarrar vuelo y los estudiantes de la UNAM tomar las calles y sumarse a las marchas y protestas estudiantiles por el caso de los normalistas desaparecidos. ¿Qué hacía la policía capitalina en esa casa de estudios? ¿Fue deliberada esa provocación?

De manera que al jefe del Ejecutivo le caen todas las piedras y rocas encima. Unas sin deberla, y otras de alguna forma debiéndola, como el escándalo de la ‘casa blanca’ de Las Lomas que su gente no sabe como aquietar ante los medios, después de que el portal de noticias de Carmen Aristegui revelara que el presidente de la Republica posee una mansión con un valor aproximado a los 7 millones de dólares, contigua a la que posee su esposa Angélica Rivera. Y uno de los que han tenido que pagar el pato es el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a quien le tocó dar la cara con carácter de urgente, sobre una hipótesis que pocos creyeron sobre el supuesto final de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

El caso es que el presidente Peña Nieto, ante el escenario que vive el país, está llevando las de perder, cuando apenas irá a cumplir dos años de gestión. La pregunta es lo que va a hacer su gobierno con el vandalismo de terror que se ha estado infiltrando entre los grupos que protestas pacíficamente a favor y en apoyo de los familiares de los normalistas desaparecidos, ya que sin la menor duda, los actos de provocadores profesionales seguirán arreciando en varias ciudades del país como Chilpancingo, Iguala, Oaxaca, Morelia, Cuernavaca, Toluca, Veracruz, el DF, más las que se sumen en los próximos días y semanas. Seguirán incendios y bloqueos, destrozos e impunidad. ¿Por qué?

Porque hasta ahora, la orden es que ni el Ejército, ni la Policía Federal, ni las fuerzas del orden de los estados y ciudades gobernadas por el PRI -a cuyas sedes estatales les ha tocado la ira incendiaria en Chilpancingo y Veracruz, entre otras ciudades-, deben intervenir en las marchas y protestas que siguen multiplicándose en el país por el caso Ayotzinapa. ‘Hagan lo que hagan, incendien o destruyan, la policía no va a intervenir’ informó un alto consejero de la Presidencia la tarde del jueves 13 de noviembre, en la ciudad de México, a un grupo de funcionarios reunidos para conocer esa orden superior.

No se hará -explicó el enviado de Los Pinos-, salvo en una circunstancia: que en las marchas y protestas haya muertos, y entonces sea la sociedad civil la que pida al gobierno emplear a la fuerza pública. Habrá que ver, pues, hasta donde aguanta la presión de los disturbios callejeros y los ataques a los inmuebles oficiales -incluso contra funcionarios públicos que por las dudas han tenido que redoblar el número de guaruras, sobre todo los del área del gabinete de seguridad, algunos de los cuales ya utilizan cotidianamente chalecos antibalas-, como para que entren en acción las fuerzas de seguridad. Los servicios de inteligencia del gobierno seguro saben a quién pertenece ‘la mano negra’ -¿o manos?- que hay detrás de ese vandalismo aterrorizante. ¿Luego entonces?

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¿Contra los criminales nadie protesta?

PAULINO CÁRDENAS 

Es curioso, por decir lo menos, que los vándalos que se apuntaron para cometer disturbios en Chilpancingo y en el zócalo de la capital del país, al acometer su furia contra el Palacio Nacional y en el de Gobierno de una y otra entidad, lanzaron su odio contra los representantes de los gobiernos de Guerrero y del gobierno federal, sobre todo contra el presidente Peña Nieto y algunos de sus colaboradores que han participado directamente en las indagatorias, pero ningún reclamo ni mantas ni carteles ni gritos de ‘asesinos’ se vieron ni escucharon dirigidos a los verdaderos autores de la desaparición y supuesta muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. “Fue el Estado, fue el Estado”, es la consigna. ¿De quién o de quiénes es la consigna? A los del gobierno federal podría tildárseles de embusteros pero no de asesinos. A los del gobierno de Guerrero quién sabe.

El pretexto es único. Independiente del dolor, el coraje, la ira, y la frustración de algunos grupos que de manera pacífica han marchado por las calles -y que lo seguirán haciendo-, por parte de los grupos violentos no se escucharon gritos ni improperios por, ejemplo, contra Ángel Aguirre, ni contra la pareja infernal que integran José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, a quien se le vincula con los cárteles de los Beltrán Leyva y de los Guerreros Unidos ni contra este cártel que cometió los crímenes. Todo fue contra el gobierno federal. Se ve pues, que hay ‘mano negra’ -oootra vez-, en ese tipo de actos que son aprovechados por el cártel antiPeña, para denostar al gobierno que representa el mexiquense. Pero contra los criminales del caso Ayotzinapa, nada.

Y no es querer defender lo indefendible, sino simplemente que, como se ha visto en las manifestaciones que se han dado, no ha habido una palabra, ni escrita ni hablada, contra los verdaderos criminales que cometieron esos hechos el pasado 26 de septiembre, por parte del vandalismo cada vez más violento que se ha desatado. Resulta obvio que esos hechos son ni mandados a hacer para los revoltosos de siempre que aprovechan cualquier pretexto para infiltrarse y cometer cualquier cantidad de desmanes. En ambos casos la policía los dejó hacer lo que quisieran e incluso la veintena de detenidos que hubo, ya quedaron libres.

Dijo el INHA que haría una denuncia de hechos porque la puerta principal de Palacio Nacional que fue quemada y le hicieron un boquete, tiene un valor ya histórico. Solo que el reclamo se lo tendrá que hacer a quienes apadrinan a los vándalos que ya se sabe quiénes son. Porque esos grupos no se manejan solos. Cierto es, por otra parte que la tragedia de los 43 jóvenes que no aparecen -porque tal vez estén muertos-, es no solo para sus familiares, sino para el gobierno y aún más para el jefe del Ejecutivo al que se le ha cargado todo el peso de los acontecimientos, lo cual tampoco en estricto rigor es justo.

Él no fue quien hizo desaparecer a los normalistas ni -en todo caso que sea cierta la versión del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam con base a las confesiones de tres de los detenidos-, de que hayan sido asesinados e incinerados. Sin embargo, la parte de culpa que les corresponde es por la tardanza en haber reaccionado a ese dramático evento, dejándole al gobierno estatal que se hiciera cargo de resolverlo, porque era un asunto que se había dado en su territorio. Un gobierno a cargo del renunciado Ángel Aguirre, al que se le cuestiona, entre otras cosas su colusión con las mafias del crimen. El gobierno federal reaccionó cuando se comenzó a mencionar de manera insistente que detrás de esa desaparición forzada estaba el crimen organizado. Sin embargo, el procurador señaló que fue “una investigación exitosa en un tiempo razonable”.

Hubo errores y tardanzas, ineficiencia tal vez y sobre todo una reacción tardía, pero sobre todo hubo por parte del gobierno, el apuro de encontrar respuestas a la demanda que iba creciendo por parte de los familiares y amigos de los estudiantes desaparecidos, de tener información sobre los desaparecidos, lo que motivó que el propio presidente Peña Nieto, en mangas de camisa, atendiera en más de una ocasión a madres y padres de los jóvenes, sin muchos argumentos que ofrecerles. Habría sido por ello, y por las presiones de diversos organismos internacionales defensores de derechos humanos, que le trataron de hallar una salida a modo, para de algún modo, si no darle carpetazo al asunto, sí para tener un margen mayor de tiempo para saber lo que en realidad pudo suceder.

Fue por ello que ante el clamor de los familiares, amigos y estudiantes de todo el país, de que el gobierno de Peña Nieto se los entregara vivos, porque vivos se los llevaron, el procurador Murillo Karam recibió la orden de dar la cara y tratar de explicar lo que sucedió, con base a supuestas confesiones de tres detenidos presuntos integrantes del grupo criminal que el viernes pasado fueron presentados a través de unos videos, declaraciones pormenorizadas de cómo fue que los asesinaron e incineraron, respaldados por imágenes tomadas por los grupos de la PGR que han estado en campo realizando las tareas de búsqueda junto con los especialistas forenses.

El caso es que contra los criminales nadie protesta en las calles ni en Palacio Nacional de Chilpancingo ni en la Plaza de la Constitución en donde varios grupos de vándalos, aprovechando como pretexto el dizque apoyo a los familiares de los desaparecidos, arremetieron con furia contra las instalaciones de gobierno, prendiéndoles fuego. Son actos criminales, quiérase o no. Es decir, que aprendices de criminales, apedrean, queman y destruyen inmuebles oficiales, en aras de culpar a quienes en estricto rigor no tienen culpa de esos hechos. Y contra los que cometieron la desaparición de los normalistas no reciben gritos de “asesinos, asesinos”, y toda clase de insultantes epítetos, como se los adjudican a Peña Nieto y compañía. Contra los verdaderos criminales, nada. Curioso.

Las manifestaciones, mítines, marchas, bloqueos y actos vandálicos, seguirán en todo el país, sin la menor duda. Y a su regreso de China y Australia, aunque está permanentemente informado de los acontece en México, podría encontrarse con otros escenarios en su contra. Mucha gente comienza a pedir que haya renuncias en su gabinete, sobre todo en el de seguridad. Habrá que ver si las presiones no lo obligan a ello. Se supone que las indagatorias de la PGR sobre los jóvenes desaparecidos continúan. Y para los familiares de los normalistas sigue viva la esperanza de que aún estén vivos. Ojalá.

 

 

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Comenzaron los hechos violentos

 PAULINO CÁRDENAS 

La rabia es por el intento de darle carpetazo al expediente de la desaparición forzada y el presunto homicidio múltiple e incineración de los 43 jóvenes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos”. El grupo de vándalos que con el rostro cubierto derribó y quemó la entrada principal de Palacio Nacional en el zócalo de la ciudad de México, dijo que no eso no era mas que el comienzo. Se dice que hubo una extraña protección a esos actos delictivos por parte de nadie sabe quién. Tampoco hubo reacción inmediata por parte de los miembros del Estado Mayor y la policía militar que se supone deben custodiar Palacio y debieron haberse percatado a tiempo de la agresión a ese símbolo por excelencia del poder Ejecutivo mexicano. El hecho es que los malos tiempos ya comenzaron en el país.

El presidente Enrique Peña Nieto reaccionó de inmediato. En la escala que hizo en el aeropuerto de Anchorage, Alaska en su viaje hacia China, condenó los actos violentos ocurridos la noche del sábado en la Plaza de la Constitución. y dijo que “no se puede exigir justicia actuando con violencia”. Declaró a los periodistas que lo acompañan, que el caso Ayotzinapa es un llamado a la justicia, a la paz, a la unidad, no a la violencia ni a la confrontación. Indicó que es inaceptable que alguien pretenda utilizar la tragedia de los normalistas para justificar su violencia. Sin embargo, hay furia, indignación e impotencia por lo que el procurador dijo en la conferencia de prensa del pasado viernes. Ese mismo día comenzaron los disturbios.

A través de las redes sociales se hizo la convocatoria a la marcha que llamaron “¡Ayotzinapa vive! El Estado ha muerto”. En las afueras de la PGR comenzaron los gritos de “Fue el Estado, Fue el Estado” de los manifestantes. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Había carteles y pintas con alusiones contra el procurador, contra el presidente y contra el gobierno, con gritos que clamaban la entrega de los estudiantes desparecidos. Comenzaron a reunirse con veladoras encendidas. De ahí comenzó la marcha hacia el zócalo. El contingente estaba integrado la mayoría por jóvenes que colocaron veladoras en las escalinata del monumento del Ángel de la Independencia a su paso por la avenida Reforma.

Ya en la Plaza de la Constitución, un grupo de jóvenes golpeó la puerta principal de Palacio Nacional con las vallas metálicas que resguardan el sitio, y prendió fuego a la puerta principal de Palacio Nacional. Lograron abrir un boquete en la puerta y arrojaron gasolina en llamas al interior. Desde palacio, apagaron de inmediato el incendio. Otras voces gritaban “no violencia, no violencia”, pero los gritos fueron ignorados por el grupo de jóvenes grupos de jóvenes con el rostro cubierto por paliacates y gorras, y pasamontañas quienes tumbaron a golpes las vallas que rodean el Palacio Nacional, comenzando a empujarlas en contra de una de las puertas de la entrada principal al edificio emblemático del poder presidencial.

En ese momento, en los alrededores no había policías ni federales ni locales, ni elementos del Estado Mayor. Luego llegó un grupo de elite y realizó algunas detenciones. El hecho es que la furia, indignación e impotencia se está convirtiendo en desatada violencia. En Chilpancingo, por segunda vez en menos de dos semanas, hubo manifestaciones violentas en Palacio de Gobierno. Los primeros disturbios fueron el pasado 13 de octubre. Esa noche incendiaron instalaciones de la sede del gobierno estatal. Y el viernes, al grito de “¡asesinos!”, más de 600 integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, apoyados por la Coordinadora de Egresados en Defensa de Ayotzinapa, apedrearon la fachada del palacio de gobierno y volcaron unos 20 vehículos oficiales a los que prendieron fuego 10 de los cuales quedaron calcinados.

La rabia era por el informe del titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, quien ese mismo viernes prácticamente dio por muertos a los 43 estudiantes desaparecidos, sin mostrar pruebas científicas, y ante la falta de resultados en la búsqueda de los normalistas, los manifestantes realizan diversos actos de protesta. Los contingentes llegaron al edificio alrededor de las cinco y media de la tarde en unos 15 camiones y tres camionetas. Iban con el rostro cubierto y portando piedras y palos. De inmediato colocaron varios vehículos de empresas privadas y una patrulla de la Policía Federal que tenían en su poder en dos de los accesos del palacio. Luego los incendiaron lanzándoles bombas molotov. “!!Esto apenas comienza!!” gritaban los enardecidos manifestantes. Lo mismo que se escuchó en el zócalo capitalino.

Las mismas protestas comenzaron a darse también en otras entidades. Las protestas por los estudiantes desaparecidos exigiendo justicia y que los normalistas aparezcan con vida, se extienden prácticamente en todo el país. El agitado ambiente y la exigencia de renuncias del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, y la de él mismo, empieza a generalizarse, cada vez con más violencia. Hay preocupación por parte del gabinete de Seguridad que encabeza el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong -a quien también le exigen que dimita-, porque los ánimos pudieran lleva a actos más radicales. Hay la orden a las Fuerzas Armadas de estar atentos a cualquier llamado de emergencia. Las policías Federal y estatales, bajo el Mando Único, igual que los efectivos que integran la Gendarmería, están en estado de alerta.

Fuera del país, en varias naciones, en solidaridad a las familias dolidas por la desaparición de sus hijos, igualmente se han estado realizando manifestaciones públicas en las calles y fuera de las sedes diplomáticas de México en el mundo, ya que la desaparición de los jóvenes estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” y lo que se dijo en la conferencia de prensa del viernes por parte del procurador Murillo Karam, ha encendido los ánimos de cientos de estudiantes en varios países. El asunto, pues, es muy preocupante para el gobierno federal, por lo que se empieza a especular si a su regreso de China y Australia, el presidente Peña Nieto deba de dar a conocer renuncias de su gabinete de seguridad que está bajo el mando del secretario de Gobernación, y de procuración de Justicia por el caso Ayotzinapa.

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Arde Guerrero y escala el conflicto

PAULINO CÁRDENAS 

El conflicto por los 43 normalistas desaparecidos y el asesinato de seis personas, entre ellas tres alumnos el pasado 26 de septiembre en Ayotzinapa, va en escala ascendente; el incendio de las oficinas del palacio de gobierno estatal por parte de estudiantes, maestros y padres de familia, fue una muestra de la indignación por esos hechos por los cuales se culpa al gobernador Ángel Aguirre Rivero y al ex alcalde de Iguala prófugo José Luis Abarca Velásquez. Padres de familia de los desaparecidos y asesinados junto con estudiantes y maestros, exigen que el mandatario deje el cargo para que no estorbe en las indagatorias que están realizando las autoridades federales en torno a esos lamentables hechos.

Este lunes en Chilpancingo, normalistas y maestros provocaron incendios en las instalaciones del Palacio de Gobierno de Guerrero, rompieron vidrios de edificios, dañaron el Congreso local y causaron destrozos en la sede del ayuntamiento de la capital del estado. Incluso mantuvieron retenidos a trabajadores de la sede donde despacha el gobernador Ángel Aguirre durante cerca de seis horas. Un grupo de inconformes tomó un cuadro con la imagen del gobernador Aguirre y le prendió fuego junto a otros objetos. Habían echado cohetones que desconcertó a empleados y a gente que estaban haciendo trámites dentro de los inmuebles.

Alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa y miembros de la CETEG, al filo del mediodía habían arribado a bordo de autobuses a la instalaciones oficiales y al Congreso, y tomaron y cerraron los accesos de entrada a Palacio de Gobierno, y posteriormente se dirigieron al Congreso de Guerrero. Los manifestantes pusieron candados en las puertas del Palacio de Gobierno para bloquear los accesos, quedando encerrados empleados y personas por unas seis horas. En la sede del Poder Legislativo los maestros intentaron tomar la entrada.

Sin embargo, un grupo de policías antimotines lo impidió, lo que provocó que los manifestantes arrojaran piedras contra la fachada de edificio y los policías los repelieran con polvo de extintores. El saldo fue de cinco maestros y dos policías con lesiones leves. Estudiantes de la UNAM y la UAM convocaron a un paro de 48 horas a partir de ayer martes, en reclamo por la desaparición de 43 normalistas, mientras que el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, en ausencia del gobernador, hizo un llamado al diálogo en tanto reforzaban la seguridad de los inmuebles dañados en la capital. También el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Marcos, llamó a los normalistas al diálogo y a la reconciliación.

Para colmo, el pasado lunes un estudiante alemán fue baleado por la policía aparentemente por confusión. El joven viajaba en una camioneta con otros amigos (dos alemanes, dos franceses y seis mexicanos), quienes regresaban del puerto de Acapulco y pasaron por Chilpancingo poco después de un enfrentamiento entre la policía y un grupo de secuestradores donde murió un oficial. Veinte policías involucrados en el incidente fueron detenidos y sus armas son analizadas. El caso es que el conflicto en Guerrero, lejos de disminuir, va en ascenso, sin que hasta hora haya visos de avance en las investigaciones.

Las autoridades locales y federales no han podido coordinar sus tareas por lo que el escenario de incertidumbre e indignación, no solo en Guerrero, sino en todo el país, va creciendo. Esa indignación por esos hechos -más los de la matanza de supuestos delincuentes por parte de militares en Tlatlaya, estado de México sucedido el pasado 30 de junio-, la comparte mucha gente a nivel internacional, en donde cada vez se confirma la mala imagen de México al que califican como un país donde impera la barbarie y donde hay ingobernabilidad.

Esa mala imagen, quiérase o no, empezará a afectar los planes del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien ha estado promoviendo a México como un país apto para las inversiones, después de que le fueron aprobadas las reformas estructurales incluida la del sector petrolero, aunque la circunstancia de inseguridad que viven varios estados de la República en donde los cárteles de la droga y el crimen organizado han ido imponiendo su ley, pese a que la negativa en ese sentido de la parte oficial que asegura que todo está bajo control, lo que dista de ser cierto.

Por lo pronto, la indignación por el México bárbaro que están viendo desde fuera del país, ha empezado a convertirse en exigencia al gobierno mexicano, para que cambie su estratega anticrimen que evidentemente no ha funcionado, y se ponga las pilas antes de que los capos sean los que comiencen a gobernar en las entidades del país, poniendo a la cabeza de mando estatal y municipales a gente incondicional, como ha empezado a suceder en varias entidades federativas, sin que haya voluntad política para evitarlo.

Uno de los reclamos más severos fue hecho por la organización internacional Human Rights Watch, que envió una carta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong con copia para el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, en la que manifiesta su preocupación al observar que en México hay una crisis profunda en materia de derechos humanos. HRW demanda una investigación seria y resultados inmediatos al gobierno mexicano en el tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y de las ejecuciones de Tlatlaya. En una larga misiva hace un repaso de lo que el gobierno de México ha dejado de cumplir con respecto a la salvaguarda de los derechos elementales de personas vinculadas o no a la delincuencia.

Señala el citado organismo: “Los esfuerzos del gobierno mexicano para combatir la desaparición forzada de personas y los secuestros están plagados de demoras inexplicables y declaraciones contradictorias”. José Miguel Vivanco, director para las Américas de ese organismo, quien rubrica la carta, indicó en su misiva que si bien esta grave crisis de derechos humanos comenzó durante el gobierno de Felipe Calderón, miles de casos siguen dándose en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, lo que sigue afectando a muchísimos mexicanos y sobre todo indignando a la nación entera.

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Derrota histórica sacude a Brasil

PAULINO CÁRDENAS

El golpe sufrido por los hinchas de la escuadra ‘verdeamarela’ fue peor que el ‘maracanazo’ de 1950. El ‘mineirazo’ del pasado martes por lo pronto fue el pretexto para que el día más negro de la historia futbolística de Brasil, deporte que en ese país es religión, los decepcionados seguidores del equipo anfitrión cometieran una serie de actos vandálicos en varias latitudes de esa nación después de finalizado el partido. La policía tuvo que intervenir y dispararon contra gente que comenzó a incendiar autobuses; al menos se reportó un fallecido, hubo también heridos y decenas de detenidos. Miles de personas, aficionados y gente de todos los sectores sociales empezaron a revivir sus protestas callejeras que habían amainado al calor de las expectativas de triunfo de su selección desde un poco antes de que diera comienzo el certamen futbolístico.

La presidente Dilma Rousseff pagará el pato de esa derrota ya que trae la carga moral de las enormes sumas que erogó su gobierno para la celebración de los megaeventos deportivos internacionales como fueron la Copa Confederación en 2013 y el Mundial de Futbol 2014, más los que le faltaría por gastar a su gobierno para cumplir también con el compromiso de los Juegos Olímpicos de 2016. Además ya circula públicamente un documento que se tenía bajo reserva, denominado “Megaeventos y Violaciones de Derechos Humanos en Brasil”, el cual refiere los conflictos que se dieron entre el gobierno de Brasil y la FIFA desde que a esa nación se le otorgó la sede del Mundial de Futbol 2014.

Uno de tantos reprobables hechos fue que en la ceremonia inaugural no hubo gente de color entre los participantes a esa fiesta que decepcionó a millones por deslucida. Habrá que ver lo que sucede en la clausura en la que la mandataria dijo que estará ‘para entregar la Copa’ al equipo ganador. Y habrá que ver si vuelve a repetirse ese acto de discriminación racial. Las protestas desde mucho antes de la Copa Confederación y del Mundial 2014 fueron en el sentido de que tanto dinero erogado por la administración de la señora Roussef haya ido a parar a una empresa privada como es la FIFA que no participan a nadie de sus ganancias ni nadie las audita.

El documento de referencia señalaba que ese poderoso organismo deportivo quiso montarse en las leyes del país sede, por lo que hubo forcejeos internos de lo que poco trascendió en su momento. Una fue que la FIFA hizo que se revocara una ley de venta de cerveza en los estadios, porque una empresa alemana era una fuerte patrocinadora, por lo que hubo que echarse atrás esa ley para complacer los intereses de esa Federación. De consolación pudo Brasil una cerveza muy conocida de consumo nacional. Uno de tantos reclamos de la gente es que mucho del dinero que se fue para la FIFA debió invertirse en acciones de gobierno a favor de los trabajadores, la creación de empleos, para el sector salud y para reforzar las políticas públicas a favor de la sociedad en general.

Otro reclamo fueron los aumentos a las tarifas del transporte. Incluso una huelga de transportistas que había estallado en cuatro ciudades brasileñas en demandas de mejoras salariales -Río de Janeiro, Salvador, Florianópolis y Sao Luis-, fue levantada en la víspera de que iniciara el evento. También a unas semanas de que comenzara el Mundial, Brasil enfrentó una creciente efervescencia social que se manifestó en las calles. Si bien los sindicatos de profesores y choferes habían paralizado sus actividades por reclamos laborales, los trabajadores del Metro de Sao Paulo decidieron iniciar una huelga indefinida, que afectó a gran parte de los 4,5 millones de usuarios diarios de ese servicio. La huelga fue levantada, pero podría volver a darse.

Y para colmo está el derrumbe de un puente que fue construido en Belo Horizonte para el flujo más rápido hacia uno de los estadios sede del Mundial. El desplome sucedió el pasado 3 de julio y al menos dos personas fallecieron y otras 19 resultaron heridas. El viaducto, que estaba en construcción, cayó sobre parte de un autobús, varios camiones de obra y un vehículo que circulaban por la Avenida I, en el Barrio Sao Joao Batista de Belo Horizonte, capital regional del estado de Minas Geraís al sureste de Brasil. En fin que muchos de los reclamos que quedaron pendientes, sin duda volverán a retomarse por parte de los brasileños. A ese problema se sumará lo que refiere el mentado documento “Megaeventos y Violaciones de Derechos Humanos en Brasil”, que podría complicarle la vida a doña Dilma.

Además de los grandes gastos, quedará la enorme deuda que suelen dejarle a los países sede ese tipo de celebraciones. Pero además tiene enseguida la organización de los Juegos Olímpicos en 2016 que resultará otro gigantesco gasto para el erario público de aquella nación. Con el Mundial de Futbol el gobierno de Brasil se fue en grande ya que se puso a construir estadios y remodelar otros, para las doce sedes mundialistas, cuando la FIFA solo exigía ocho sedes. Con todo y la pesada carga de reclamos que se le viene, doña Dilma Rousseff pretende reelegirse para otro periodo presidencial, confiando en que su padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva le allanará el camino como sucedió para que llegara al poder.

Lo que sucede es que ahora tendrá que pagar el pato hasta de la derrota de la selección brasileña y su exclusión de su Mundial por la escuadra alemana, ya que anda rolando la versión de que los integrantes del equipo ‘verdeamarelo’ y su técnico Luiz Felipe Scolari apodado Felipão, ‘se vendieron’. Incluso piensan que la supuesta lesión del enigmático Neymar es porque no quiso participar en ese ‘sucio negocio’. Se estima que las protestas públicas irán creciendo en los próximos días y que se incrementarán una vez que concluya el Mundial, ya que doña Dilma intensificará su campaña para reelegirse en el cargo en las elecciones de octubre próximo, aunque de antemano los analistas políticos brasileños le conceden muy pocas oportunidades de lograrlo.

Las complicaciones serán mayúsculas para la mandataria y su gobierno, sobre todo cuando se empiece a conocer lo que ha habido detrás del otorgamiento de la sede mundialista y porque para ella está en puerta otra pesadilla que es la organización de los Juegos Olímpicos de verano en 2016 que implicará otro descomunal gasto. Las calles brasileñas serán pues, arena de reclamos, vandalismo y furia por la decepcionante actuación de su seleccionado nacional. Días aciagos le esperan pues, a esa nación. Otra cosa sería un milagro. Y los brasileños ahora menos que nunca creen en milagros.

 

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Día de vandalismo y violencia

PAULINO CÁRDENAS

Este día, al recordarse el aniversario 45 de la matanza estudiantil de Tlatelolco por parte del Ejército en 1968 siendo presidente Gustavo Díaz Ordaz y secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, los capitalinos esperan un día de vandalismo y violencia durante las manifestaciones que habrá en la ciudad de México y en otras del interior del país. Diversos grupos partirán de distintos puntos de la ciudad para concentrarse en la Plaza de las Tres Culturas donde habrá un mítin principal, al tiempo que estarán realizándose otras marchas por el Centro Histórico y las principales calles y avenidas del Distrito Federal. Se teme que a las diversas organizaciones estudiantiles y agrupaciones sindicales y otras de diferentes tendencias que suelen sumarse a esos actos, se filtren los autollamados ‘anarquistas’, grupos de los más radicales que suelen actuar bajo consigna de quienes les patrocinan sus atrocidades. Habrá una avalancha de protestas en contra de la reforma energética del presidente Peña Nieto, además del ya clásico alarido de “!2 de octubre no se olvida!”.

Por supuesto los principales protagonistas –si los ‘anarquistas’ no les ganan la partida–, serán los contingentes de la UNAM, del IPN, la UAM, la UACM y muchos otros  de diversos centros de estudios superiores públicos e incluso privados. La CNTE buscará atraer los reflectores con sus protestas, las cuales han venido manifestando desde hace varias semanas en contra de la promulgada reforma educativa  y contra sus leyes reglamentarias, con la intención de que el Gobierno federal les abra espacio para ‘dialogar’, no obstante que ya les largaron varios millones de pesos para que se regresen a sus lugares de origen a dar clases, a lo que se han negado en un simple y llano acto criminal porque se ha dejado a miles y miles de niños sin clases, lo cual deberá ser sancionado por la SEP por donde más les duele.

Los integrantes de la CNTE, que ayer volvieron a bloquear los accesos y la principal avenida que conduce al aeropuerto internacional de la ciudad de México, quedando heridos quince policías, querrán llegar hoy al Zócalo capitalino que está convertido en principal centro de acopio de víveres para los damnificados, plaza que estará custodiada por miembros del Ejército y de la Policía Federal. Se dejarán sentir por supuesto los niños héroes de López Obrador, del desangelado grupo YoSoy132. Se prevé para hoy un día de vandalismo y violencia, no obstante que la mayoría de quienes participarán en esos actos, ni siquiera tienen idea de cómo y por qué sucedieron los hechos aquella noche en Tlatelolco, ya que muchos ni siquiera habían nacido.

Habría que recordar que el origen de la matanza estudiantil de Tlatelolco fue  por la cerrazón e incapacidad de Díaz Ordaz para comprender que la juventud mexicana estaba pasando por un proceso de cambio verdadero y que se había contagiado de la revolución cultural que cundió en Occidente luego de años de estar adormilada,  y que los jóvenes de aquellos años, ese despertar lo celebraban con júbilo, muchas veces en las calles o lugares públicos. Hubo una movimiento hippie propio; había rocanroleros mexicanos que los adolecentes encumbraron: había mariguana que fumar y hongos alucinógenos que masticar. En su sexenio, desde el principio, el mandatario optó por utilizar la mano dura. Mandó a granaderos a echar de los hospitales del gobierno a médicos y enfermeras en huelga.

Más tarde mandó a paramilitares a acallar protestas de estudiantes universitarios de Michoacán, Sonora y Tabasco. Las protestas y el repudio a esa política comenzó a restarle popularidad. Tenía obsesión por el orden y la disciplina. A México se le había otorgado la sede de los Juegos Olímpicos del ’68. No quería disturbios ni desmanes juveniles porque estaba de por medio la imagen que había que dar al mundo, ya que México era el primer país en desarrollo al que se le otorgaba esa importante sede. En su obsesión por preservar la paz, un primer detonante fue una huelga en la Prepa 1. En la madrugada de 30 julio el ejército derribo de un bazucazo la puerta de esa escuela. Hubo como saldo alrededor de 400 personas heridas y cerca de mil detenidos.

Esa ofensiva causó conmoción. El entonces rector de la UNAM, el ingeniero Javier Barros Sierra, izó la bandera a media asta en la explanada de la rectoría y al día siguiente encabezó una marcha al sur de la ciudad a la que asistieron más de cincuenta mil estudiantes y profesores. La máxima casa de estudios se volvió en contra del gobierno. El IPN, que había sufrido lo propio y que estaba en pie de guerra por un enfrentamiento entre estudiantes y policías, se unió al movimiento. Esa es la génesis de la noche de un conflicto que se fue agrandando, hasta culminar el 2 de octubre de 1968 con la matanza estudiantil de Tlatelolco donde el ejército disparó contra decenas de estudiantes, masacre que culminó con un número aún indeterminado de muertos, de heridos y desaparecidos.

Ojalá que este día el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, cumpla con su ofrecimiento de que habrá garantías para los capitalinos y que se respetarán los derechos de terceros, sin tener que usar la represión en contra de los manifestantes. Dijo que su gobierno va a seguir como lo ha venido planteando: “No vamos a entrar a ningún esquema represivo; hemos solicitado que haya por supuesto un comportamiento que no vulnere la seguridad de los capitalinos, ni de sus bienes ni de sus personas; a eso estaremos atentos”. A él le toca en primera instancia la principal responsabilidad de que las cosas no se salgan de madre. Si es necesario, tendrá que fajarse los pantalones y actuar con la ley en la mano, sin que le tiemble el pulso. Tendría que controlar a quienes cometan actos delictivos con la Policía capitalina y grupos de Granaderos. Es lo que esperan los capitalinos. Como sea se espera un ‘día negro’.

paulinocardenas.wordpress.com

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