PAULINO CÁRDENAS
Las acusaciones ‘a modo’ con las que se integró de última hora el expediente con el que acabó siendo acusado el ex subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, tiene irritados a varios cuadros de muy alto rango castrense, quienes creen cada vez más en la versión de que el arraigo, acusación y puesta en una prisión de alta seguridad es por las críticas que habría hecho el 9 de mayo en San Luis Potosí en una reunión a la que asistió Enrique Peña Nieto, a la fallida estrategia anticrimen del presidente Calderón, más que a tener presuntos vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva.
Una de esa molestas voces del generalato de alto rango engarza esa versión con el hecho de que EstadosUnidos había venido acosando de tiempo atrás al mandatario panista, en el sentido de que la inestabilidad en los niveles de seguridad en el país se debían a la falta de coordinación que había entre los cuerpos armados encargados de revertir la ola de violencia generada por los cárteles del narcotráfico, que con su poderío económico habían logrado intimidar y someter a mandos policiacos y militares para seguir abriendo brecha para realizar sus actividades delictivas.
De hecho, los golpes más sonados –los más importantes han sido de la Marina porque en el Ejército se había dejado de confiar para esas tareas–, habían sido gracias a los ‘tips’ de inteligencia que le enviaba la DEA a los mandos de esa secretaría. En Washington empezó a trascender desde 2008 que los mandos federales y locales de las policías y el Ejército no solo protegían a los capos de la droga, sino que trabajaban para ellos como escoltas, ‘halcones’, informantes, pagadores de cuotas e incluso sicarios.
Asímismo había trascendido a los servicios de inteligencia norteamericano que efectivos de la PGR y de la AFI –agencia que acaba de cambiar de nombre a Policía Federal Ministerial–, a base de sobornos se encargaban de consignar con cargos menores a los miembros de Los Zetas, liberar a los que estaban detenidos e informar a los jefes, lo que ha quedado asentado en documentos judiciales. El asunto es que la presencia del narco en las insituciones de seguridad y procuración de justicia, se había infiltrado también en el Ejército.
Es un hecho que para el gobierno norteamericano desde hace al menos tres años, era manifiesta la desconfianza en la Defensa Nacional, y en los funcionarios federales de todas las policías nuestras, lo cual quedó de manifiesto en los cables de la diplomacia del vecino país del norte que enviaba al Departamento de Estado el entonces embajador de Washington en México, Carlos Pascual, los cuales fueron puestos al descubierto por Julian Assange a través de WikiLeaks. Uno de los subordinados del embajador, John Feeley, armó la grande cuando escribió en un cable clasificado como ‘secreto’, fechado el 29 de octubre de 2009.
Decía que el general secretario Guillermo Galván había planteado la posibilidad de invocar el artículo 29 de la Constitución para declarar ‘estado de excepción’ en ciertas áreas del país, “que proveerían más bases sólidas y legales para el papel militar” en la lucha contra los narcotraficantes. En el cable 3195 enviado el 10 de noviembre de 2009, de plano Pascual señala que “la estrategia de seguridad del presidente Calderón carece de un efectivo aparato de inteligencia para producir información de alta calidad y para realizar operaciones específicas” contra el narco. Algo parecido a lo que dijo el general Ángeles Dauahare en la reunión del PRI el 9 de mayo pasado en San Luis Potosí.
Los que peor parados quedaron en esa serie de comunicaciones ‘secretas’ y confidenciales’ fueron el general Galván y el propio seretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien en ese entonces traía rivalidades con el procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora, hoy flamante embajador de México en el olimpiadisíaco Reino Unido. Todo aquello le habría causado grima a Felipe Calderón, por lo que insistió ante Washington el relevo del embajador Pascual, hasta lograrlo.
Pero el asunto tuvo más trasfondo de lo que se cree, ya que en otro cable confidencial, el 3573 fechado el 17 de diciembre de 2009, Pascual, al referirse al asesinato del capo Arturo Beltrán Leyva un día después de ese operativo que quedó a cargo de Marina, escribió que ‘la operación es una victoria clara para el gobierno mexicano”. Pero el entonces embajador señaló algo que estrujó tanto al general Galván Galván como a García Luna:
“Las agencia de inteligencia de Estados Unidos originalmente entregaron la información a Sedena (sobre el referido capo), cuyo rechazo a actuar con celeridad refleja una aversión al riesgo”. También trató de ‘perdedor neto’ a Genaro García Luna quien, según el mismo cable ‘secreto’, “ha dicho en privado que esa operación debió haber sido suya”.
Hace unos días el general Ángeles Dauahare deslindó a los actuales secretarios de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública federal, de estar detrás de un plan para desacreditarlo y motivar su detención por presuntos vínculos precisamente con los Beltrán Leyva. ¿Dijo eso para negar que su detención obedece a “la hipótesis de los compañeros que se disputan la Defensa”? ¿O acaso habría sido consultado más de una vez por el embajador Pascual? Son preguntas dirían los clásicos.
@Paulinocomenta