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Irrita a altos mandos las acusaciones

PAULINO CÁRDENAS 

Las acusaciones ‘a modo’ con las que se integró de última hora el expediente con el que acabó siendo acusado el ex subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, tiene irritados a varios cuadros de muy alto rango castrense, quienes creen cada vez más en la versión de que el arraigo, acusación y puesta en una prisión de alta seguridad es por las críticas que habría hecho el 9 de mayo en San Luis Potosí en una reunión a la que asistió Enrique Peña Nieto, a la fallida estrategia anticrimen del presidente Calderón, más que a tener presuntos vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva.

Una de esa molestas voces del generalato de alto rango engarza esa versión con el hecho de que EstadosUnidos había venido acosando de tiempo atrás al mandatario panista, en el sentido de que la inestabilidad en los niveles de seguridad en el país se debían a la falta de coordinación que había entre los cuerpos armados encargados de revertir la ola de violencia generada por los cárteles del narcotráfico, que con su poderío económico habían logrado intimidar y someter a mandos policiacos y militares para seguir abriendo brecha para realizar sus actividades delictivas.

De hecho, los golpes más sonados –los más importantes han sido de la Marina porque en el Ejército se había dejado de confiar para esas tareas–, habían sido gracias a los ‘tips’ de inteligencia que le enviaba la DEA a los mandos de esa secretaría. En Washington empezó a trascender desde 2008 que los mandos federales y locales de las policías y el Ejército no solo protegían a los capos de la droga, sino que trabajaban para ellos como escoltas, ‘halcones’, informantes, pagadores de cuotas e incluso sicarios.

Asímismo había trascendido a los servicios de inteligencia norteamericano que efectivos de la PGR y de la AFI –agencia que acaba de cambiar de nombre a Policía Federal Ministerial–, a base de sobornos se encargaban de consignar con cargos menores a los miembros de Los Zetas, liberar a los que estaban detenidos e informar a los jefes, lo que ha quedado asentado en documentos judiciales.  El asunto es que la presencia del narco en las insituciones de seguridad y procuración de justicia, se había infiltrado también en el Ejército.

Es un hecho que para el gobierno norteamericano desde hace al menos tres años, era manifiesta la desconfianza en la Defensa Nacional, y en los funcionarios federales de todas las policías nuestras, lo cual quedó de manifiesto en los cables de la diplomacia del vecino país del norte que enviaba al Departamento de Estado el entonces embajador de Washington en México, Carlos Pascual, los cuales fueron puestos al descubierto por Julian Assange a través de WikiLeaks. Uno de los subordinados del embajador, John Feeley, armó la grande cuando escribió en un cable clasificado como ‘secreto’, fechado el 29 de octubre de 2009.

Decía que el general secretario Guillermo Galván había planteado la posibilidad de invocar el artículo 29 de la Constitución para declarar ‘estado de excepción’ en ciertas áreas del país, “que proveerían más bases sólidas y legales para el papel militar” en la lucha contra los narcotraficantes. En el cable 3195 enviado el 10 de noviembre de 2009, de plano Pascual señala que “la estrategia de seguridad del presidente Calderón carece de un efectivo aparato de inteligencia para producir información de alta calidad y para realizar operaciones específicas” contra el narco. Algo parecido a lo que dijo el general Ángeles Dauahare en la reunión del PRI el 9 de mayo pasado en San Luis Potosí.

Los que peor parados quedaron en esa serie de comunicaciones ‘secretas’ y confidenciales’ fueron el general Galván y el propio seretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien en ese entonces traía rivalidades con el procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora, hoy flamante embajador de México en el olimpiadisíaco Reino Unido. Todo aquello le habría causado grima a Felipe Calderón, por lo que insistió ante Washington el relevo del embajador Pascual, hasta lograrlo.

Pero el asunto tuvo más trasfondo de lo que se cree, ya que en otro cable confidencial, el 3573 fechado el 17 de diciembre de 2009, Pascual, al referirse al asesinato del capo Arturo Beltrán Leyva un día después de ese operativo que quedó a cargo de Marina, escribió que ‘la operación es una victoria clara para el gobierno mexicano”. Pero el entonces embajador señaló algo que estrujó tanto al general Galván Galván como a García Luna:

“Las agencia de inteligencia de Estados Unidos originalmente entregaron la información a Sedena (sobre el referido capo), cuyo rechazo a actuar con celeridad refleja una aversión al riesgo”. También trató de ‘perdedor neto’ a Genaro García Luna quien, según el mismo cable ‘secreto’, “ha dicho en privado que esa operación debió haber sido suya”.

Hace unos días el general Ángeles Dauahare deslindó a los actuales secretarios de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública federal, de estar detrás de un plan para desacreditarlo y motivar su detención por presuntos vínculos precisamente con los Beltrán Leyva. ¿Dijo eso para negar que su detención obedece a “la hipótesis de los compañeros que se disputan la Defensa”? ¿O acaso habría sido consultado más de una vez por el embajador Pascual? Son preguntas dirían los clásicos.

@Paulinocomenta     

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Reta ‘Los Zetas’ al Gobierno

PAULINO CÁRDENAS 

El macabro hallazgo en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, donde aparecieron la madrugada del domingo regados en la carretera que va a Reynosa, Tamaulipas, 49 personas sin cabeza ni extremidades, un criminal acto que se atribuyeron Los Zetas, es un mensaje cruento dirigido no sólo a la actual administración que encabeza Felipe Calderón, sino también a quien gane la sucesión presidencial que como van las cosas no sería otro que el abanderado del PRI. Para empezar este tipo de eventos son un afrenta al programa del gobierno federal ‘Operativo Seguro’.

Sobre ese horrendo suceso, las autoridades creen que las víctimas pudieran ser migrantes centroamericanos, aunque circulan otras versiones. Una de ellas es que pudiera ser un ajuste de cuentas de Los Zetas contra el cártel del Golfo aliado con el cártel de Sinaloa, ya que entre ellos se disputan, entre otras cosas, la ruta de robos de condensados de gas natural que Pemex saca de la Cuenca de Burgos, que después los criminales venden en el ‘mercado negro’ de Estados Unidos.

Como sea, lo que resulta evidente con ese macabro hallazgo es que Los Zetas le han lanzado un reto abierto y directo al gobierno que encabeza el mandatario panista, el cual está hecho bolas porque el mundo del crimen organizado se le está viniendo encima, justo cuando su administración va de salida. ¿O hay algo mucho más perverso como pudiera ser el preámbulo de una conspiración contra el proceso electoral? ¿Es esto lo que se dice que querría Calderón al ver que su partido no ganará la carrera presidencial?

Lo cierto es que ese sanguinario hecho que se da en pleno proceso electoral, junto con las recientes masacres sucedidas en Jalisco y Veracruz, es una advertencia que tiene varias lecturas. Una evidente es para la clase política. Ese suceso es algo más que un ajuste de cuentas. Es un reto directo al gobierno federal. Se teme que uno de estos día algún atentado pudiera estar dirigido a alguna gente de nombre de la clase política, que en plena campaña para la Presidencia podría poner en jaque la contienda electoral del próximo mes de julio.

Por lo pronto, esa cruel matanza, que se suma a las que se han dado en los últimos seis meses en otras entidades federativas, es una pésima señal que no sólo está poniendo en riesgo la estabilidad del país, sino que coloca en entredicho la guerra que el mandatario panista emprendió contra los capos de la droga hace casi cinco años y medio, ya que es una muestra que esos grupos pueden actuar con total libertad, a la hora que quieran y con plena impunidad, ya que, aunque se declare públicamente, en este sexenio nunca se han investigado esos crímenes.

Ese sanguinario acontecimiento también se ha interpretado como un reto abierto de Los Zetas al cártel de Sinaloa. La razón es que el activismo de esta organización que encabeza Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, que parece seguir gozando de privilegios no sólo para que realice cómodamente sus actividades ilícitas, sino para hacer operaciones de lavado de dinero, tiene hasta la madre a Los Zetas. De ahí que esta temida organización, integrada por ex militares de élite, está dispuesta a romper con ese paradigma de consentimiento sexenal.

Empero, el mensaje del grupo considerado el más violento y peligroso de los que haya existido jamás en nuestro país, va más allá, al darse en pleno proceso electoral. Al parecer quieren dejarle muy claro al sucesor de la actual administración federal, que esa agrupación delictiva, es y será, la que tenga el camino franco para realizar el trasiego de drogas, el tráfico de personas y armas en México, cobros por derecho de piso además de autores de múltiples secuestros y toda la demás cadena delictiva del crimen organizado, para lo cual ese cártel está dispuesto a todo.

El camino que han escogido es el de sembrar el temor entre la población y de paso exhibir las deficiencias de la inteligencia anticrimen del gobierno federal, que no ha servido para anticipar ni prever ataques contra la población civil ni siquiera contra los propios contingentes del Ejército, la Armada, y de la Policía Federal –entre los cuales parece haber más bajas de las que oficialmente se reportan-, que tienen la orden de ir contra ellos.

Por ahora sus víctimas pertenecen a la sociedad civil de donde escogen gente al azar para cometer sus atroces crímenes, con el propósito de dejar advertencias claras de lo que son capaces. No obstante se teme que Los Zetas pudieran subir la mira y empezar a escoger víctimas de nombre y renombre, sobre todo de la clase política, para dar golpes inéditos que marquen de una vez por todas su poderío, ante la incapacidad del gobierno federal, cuya ‘estrategia’ en esa lucha sigue siendo igual de inoperante.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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Fracasa ‘Operativo Seguro’

PAULINO CÁRDENAS 

Pese a la empeñosa insistencia del gobierno federal de empujar el programa ‘Operativo Seguro’ en los estados en donde las bandas del narcotráfico están infiltradas, dizque para darle un combate frontal a los ejércitos de sicarios al servicio de los capos, esa modalidad ha sido un fracaso porque son los mandos federales y locales de las policías y del Ejército que están coludidos con las mafias y su poder corruptor, lo que no permite volver exitoso ese programa coadyuvante anticrimen de la administración calderonista que, además, inició a destiempo. Los hechos son los que hablan. El baño de sangre sigue en todo el país. Las fuerzas armadas están rebasadas. La inteligencia anticrimen del gobierno federal no funciona.

La ola de crímenes, de decapitados, colgados, descuartizados, secuestrados, torturados, sepultados después de ser ejecutados, disueltos en ácido o lanzado a las calles partes de cuerpos mutilados, ha quedado de manifiesto en Veracruz, en Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, en Nuevo León, en Chihuahua, Coahuila, Colima, Baja California, Morelos, etc., en donde se han  puesto en marcha esos operativos aleatorios o se ha reforzado la militarización, no cesan las ejecuciones ni la desaparición de personas, muchas de ellas sin que tengan que ver con el crimen organizado y que en muchos casos sufren abusos o violación de sus derechos por parte de uniformados o agentes del gobierno, como sucede con los migrantes que entran por Chiapas.

En los estados de la República en los que se ha puesto en marcha ese programa de reforzamiento en la lucha contra el crimen organizado, los resultados han sido magros, ya que la delincuencia no ha cesado y al contrario se ha incrementado la criminalidad, lo que al final resulta un claro mensaje de los capos a esas acciones del gobierno federal, de que no servirán para mucho y serán apenas un paliativo contra las incursiones del narco en su lucha contra las fuerzas armadas del gobierno, cuyos combates han dejado una estela de sangre de más de 70 mil muertos y miles de desaparecidos en todo el país, en los casi cinco años y medio que lleva esa lucha armada.

Organizaciones criminales como la de Los Zetas o del Cártel del Golfo han demostrado que los esfuerzos del gobierno con su ‘Operativo Seguro’ sólo ha quedado en decálogos de buenas intenciones, ya que ante la cruenta realidad, ese tipo de programas poco tiene que hacer. Junto con otras bandas, esos cárteles han puesto en jaque no sólo a los militares y policías ministeriales que persiguen a los jefes de plaza, sino que tienen amagados  a miles de ciudadanos comunes y corrientes que son víctimas de la frustración, el miedo y el terror, por la impunidad, las omisiones, el cochinero y la colusión que hay entre autoridades y mafiosos.

¿De qué sirve ese programa ‘Operativo Seguro’ si el narco ha tomado por asalto las estructuras de mando de las autoridades que han quedado sometidas, infiltradas y coptadas por los capos de los cárteles que es donde radica el principal problema? Eso lo saben las autoridades gubernamentales, pero es lo que ha sido precisamente su talón de Aquiles: la corrupción y la impunidad. Hay expedientes judiciales que así lo demuestran, en donde se dan nombres, detalles y montos de sobornos de mandos federales y policiales estatales y locales y del Ejército mismo, por parte de los capos.

Un botón de muestra acaba de ser revelado por las autoridades de Estados Unidos, con el caso de uno de los dos hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán que quedó en la lista de narcotraficantes más buscados, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, quien en 2005 fue detenido en México por la PGR acusado de lavado de dinero, pero fue puesto en libertad porque esa dependencia no pudo acreditar, dizque, su responsabilidad en ese ilícito. El gobierno estadounidense también identificó como narcotraficante a Ovidio Guzmán López, otro hijo del capo, quien presuntamente tiene un papel significativo dentro de la estructura de esa organización criminal.

En este sexenio, el líder del cártel de Sinaloa –que en EU también identifican como el del cártel del Pacífico–, ha gozado de la anuencia del gobierno para operar en territorio nacional sin que sea molestado en la medida que sucede con otros cárteles, según afirman voces autorizadas. Se recordará que al inicio del sexenio de Vicente Fox, ‘El Chapo’ sobornó a autoridades para salir del penal de ‘alta seguridad’ de Puente Grande, Jalisco en enero de 2001. Es así como de hecho se han venido manejando los dos gobiernos federales panistas, respecto al tan cacareado combate al crimen organizado. Mientras siga habiendo corrupción e impunidad, programas como el de ‘Operativo Seguro’ serán un fracaso.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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Costoso circo y la guerra sigue

PAULINO CÁRDENAS 

Mientras las fiestas del despilfarro siguen so pretexto de más conmemoraciones patrias como acaba de ser la del 150 aniversario de la Batalla de Puebla que resultó otro multimillonario gasto sacado del erario público, el país vuelve a quedar sometido a una nueva ola de crímenes, con una danza macabra de baleados, decapitados y colgados en diferentes partes del país, que parece ser el preámbulo de un estado de guerra incontenible que pareciera ser deliberado,  cuando México está en vísperas de una elección presidencial.

Ese tipo de eventos faraónicos como el que organizó el gobernador Rafael Moreno Valle en la capital de su estado, resulta equiparable al monumental gasto que hizo el gobierno federal con los eventos para conmemorar el Centenario de la Revolución y el Bicentenario de la Independencia. Para celebrar el sesquicentenario de la histórica gesta heroica del 5 de mayo de 1862 contra los franceses, el gobierno de Puebla se habrían gastado más de 3 mil millones de pesos.

La parte festiva del fastuoso evento pasó en vivo el pasado sábado en horario estelar por los canales 2 de Televisa, y 13 de TV Azteca –lo que no logró el IFE con el debate de los aspirantes presidenciales de ayer domingo–, además del canal 11 del IPN, lo que habría significado una erogación multimillonaria para darle circo multicolor al pueblo, como ha sido característico de los gobiernos panistas en este sexenio, a cambio de las promesas incumplidas.

Pero esa fiesta del despilfarro vino a ser, desde su anticipada promoción, un distractor para tratar de opacar la ola de crímenes que se han desatado entre las fuerzas militares y policiales y los ejércitos de los capos de la droga que se han suscitado en los últimos días, como ha sido en varios estados de la República.

El pasado 4 de mayo, en Amozoc de Mota, Puebla, el embajador norteamericano Anthony Wayne había reconocido el programa del gobierno del presidente Calderón en su lucha contra el crimen organizado, la cual, dijo, ‘está dando frutos’. El diplomático habló al término de un recorrido que hizo con el Presidente por la Academia Nacional de Formación y Desarrollo Policial ‘Ignacio Zaragoza’. Sin embargo los hechos desdicen los dichos.

El pasado sábado 28 de abril en la capital del estado de Veracruz fue asesinada a mansalva en su domicilio la periodista Regina Martínez corresponsal de la revista Proceso y a los pocos días fueron ultimados dos ex reporteros gráficos del periódico Notiver y la novia de unos de ellos en el municipio de Boca del Río, colindante con el puerto jarocho.

En Sinaloa y Tamaulipas siguen los encuentros armados entre fuerzas militares y sicarios que han dejado decenas de muertos, ejecutados y decapitados, además de los nueve colgados que aparecieron en un puente de Nuevo Laredo, causando terror entre la población. Se supone que fue una venganza entre cárteles.

En Chihuahua no cesan los delitos contra la salud, el avance de la delincuencia organizada y los homicidios. Y en Torreón fueron baleados el sábado por la noche los policías que custodiaban a los jugadores del equipo de futbol Jaguares de Chiapas que ayer se enfrentarían contra el Santos Laguna en un partido eliminatorio de la liguilla. El ataque fue realizado por un comando que tiroteó la patrulla que acompañaba al autobús en el que iban los jugadores del aeropuerto hacia el hotel donde se hospedarían.

El avance pues del crimen organizado sigue adelante. Su poder y fortaleza armada no teme a los ataques del gobierno con todo y sus fuerzas militares. No cede ni en su resistencia ni en su reto. Hay una afrenta abierta al acoso gubernamental. Y mientras, las muertes por la guerra siguen aumentando y no hay visos de que la misma ‘esté dando frutos’ como sugiere el embajador Anthony Wayne.

Y esos festejos como la fastuosa conmemoración de la histórica gesta heroica de 5 de mayo en su 150 aniversario, son para diluir el temor de los mexicanos y que no volteen a ver los desgarramientos de la guerra de Calderón, que dizque combate a las mafias, mientras los capos van y vienen por todo el territorio nacional como Juan por su casa y el número de muertos sigue aumentando escandalosamente en todo el país.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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Aumenta violencia en México

PAULINO CÁRDENAS

La razón por la cual a ojos del Big Brother norteamericano existe la percepción de que México no va ganando la guerra que emprendió el presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico y el crimen organizado, y la violencia sigue creciendo, es porque no existe lógica entre el discurso oficial sobre esa lucha armada y los hechos que acontecen cotidianamente en nuestro país en donde han sido desplegados miles y miles de efectivos militares, marinos y policías federales para enfrentar a los sicarios al servicio de las mafias en más de la mitad del territorio nacional.

Al comparecer ante el comité para las fuerzas armadas del Senado de su país, el general Charles H. Jacoby, responsable del Comando Norte estadounidense encargado de la defensa armada interna de Estados Unidos ante las nuevas amenazas surgidas de enemigos no convencionales, señaló que es “inaceptable” que la lucha contra el narcotráfico en México haya dejado cerca de 13 mil muertes en 2011 y admitió que la captura de capos del narcotráfico no ha tenido un efecto positivo en la percepción pública sobre la violencia.

Es tan incontrolable el avance de los capos que el alto funcionario militar aceptó que varios de ellos incluso ‘están operando’ en territorio norteamericano, cuando el senador republicano John McCain lo cuestionaba sobre el avance de los narcotraficantes en México y el peligro que eso significaba para la seguridad de Estados Unidos. Al respecto el general comentó:  “Sabemos que algunos miembros de los cárteles (mexicanos) están operando en Estados Unidos”, en algunas ciudades, relacionándose con bandas callejeras; un problema en el que se está “trabajando”, aseguró.

El titular del Comando Norte dijo que las autoridades mexicanas han sido exitosas al capturar o eliminar a 22 de 37 jefes narcotraficantes identificados, “pero eso no ha tenido un efecto apreciable positivo. La violencia ha seguido aumentando. No fue un incremento tremendo este año, pero son cifras inaceptables”. Dijo que “es prematuro estimar si están ganando o perdiendo” la lucha contra el crimen organizado.

Añadió que “la violencia volvió a crecer de nuevo en 2011. Comenzó a disminuir hacia finales de año, pero no creo que se puedan sacar todavía conclusiones al respecto”, puntualizó. Estas declaraciones del general Jacoby habrían caído como balde de agua helada en Los Pinos, en donde el discurso ha sido el de ‘vamos ganándole’ a las mafias.

Al general le asiste la razón cuando afirma que la captura de capos del narcotráfico no ha tenido un efecto positivo en la percepción pública sobre la violencia. Son varias las causas que motivan esa falta de efecto positivo. Una de ellas es que las autoridades exhiben inconstitucionalmente en la pasarela televisiva a presuntos culpables como si lo fueran, mostrándolos públicamente como criminales sin haber sido procesados ni juzgados, para que en los hogares mexicanos se crea que hay un efecto positivo del gobierno en esa frustrada lucha.

Es por esa torcida tendencia de hacer un show de cada detención, por lo que la gente duda que sea verdad todo lo que se exhibe en los medios y se dice en los discursos sobre el combate a los criminales, cuando hay hechos contradictorios como las cifras de muertos que van en aumento cada año, con respecto a los supuestos capos detenidos que se exhiben en la pantalla chica todos los días como si se tratara de una telenovela policial capitulada, en la que se quiere hacer creer que la guerra de Calderón la va ganando el gobierno, cuando eso dista de ser cierto frente a los hechos cotidianos que corren a cargo del crimen organizado.

Sólo hay que darle un repaso a los últimos acontecimientos sucedidos en Jalisco, Michoacán, Durango, y Coahuila por sólo mencionar algunos, en donde siguen las mafias del crimen organizado imponiendo su ley. La violencia en México sigue a pesar de las diarias detenciones de supuestos cabecillas criminales con lo que se quiere hacer creer que los capos están siendo sacados de la jugada, lo cual a juzgar por los hechos no resulta cierto. Lejos de realizar una tarea que requiere hacerse con responsabilidad y seriedad para ser creíble, se ocurre cotidianamente al show mediático.

Dos casos dramáticos que han sido pauta de preocupación de las autoridades norteamericanas dedicadas a combatir al crimen organizado, fueron las muertes de los secretarios de Gobernación mexicanos, Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake Mora. Ambos murieron en condiciones similares. Sobre  esos accidentes aéreos, vox populi sospecha que habrían sido víctimas del sendos atentados del crimen organizado.

Hay quienes aseguran que la inseguridad es un problema estructural que se puede tratar en función del olvido que ha existido en las últimos sexenios en el país, incluidos los dos últimos regímenes panistas, al no propiciar una serie de políticas públicas y concatenarlas para lograr una política social justa. Pero otra cosa que resultaría mucho más grave es provocar la inseguridad ficticiamente, para crear la sensación de que se lucha por la seguridad, que es lo que parece estar pasando en México.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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Finaliza el año muy mal

PAULINO CÁRDENAS

México acabará el presente año envuelto en una especie de círculo negro trazado por las circunstancias que le han dado vida a las desavenencias políticas y al olvido de las verdaderas necesidades que requiere el país en lo económico y en lo social, que debieron ser atendidas con atingencia y oportunidad por el régimen sexenal pero que el presidente Felipe Calderón ha dejado rezagadas por darle todo a su infructuosa guerra contra el narco y las mafias criminales, la cual ha acumulado dramáticas cifras de violencia y muerte que serán las máculas que lo seguirán por siempre una vez que termine su periodo.

Además de la inseguridad que sin la menor duda seguirá en el país, la peor herencia para los mexicanos en 2012 será la distancia entre gobierno y gobernados que cada vez continuará ahondándose por no atender sus necesidades, por seguir anteponiendo las ambiciones de poder de los grupos políticos, unos dispuestos a retener el mando federal y otros buscando reconquistarlo o por primera vez probarlo, pero todos dispuestos a cumplir su propósito sin importarles lo que la ciudadanía diga o piense, y dejando que el país se desmorone y se vuelva un peligroso polvorín que pudiera estallar en cualquier momento.

Este 2011 que termina volvió a quedar de manifiesto la incapacidad de la administración calderonista para frenar la corrupción e impunidad que todo corroe y que está presente en menor o mayor grado en prácticamente todas las áreas del sector público y privado; esto por no hablar del reiterado tema de la lucha armada que en 2012 traerá consigo el aumento de las espantosas cifras de muertos, desaparecidos, torturados, gente violada o vendida a las mafias, decapitadas, ejecutadas, enterradas en fosas clandestinas, y familias enteras desplazadas de sus lugares de origen por temor a morir, todo a causa de la guerra y la necedad de seguir con la misma estrategia de combatir la violencia con violencia.

En lo económico y lo social no hay nada que se avizore en el horizonte que pudiera ser de aliento y esperanza para los millones de mexicanos que siguen en espera de que las políticas públicas les solucionen el cúmulo de rezagos que hay en el país en esos dos importantísimos rubros, cuya desatención ha provocado que haya una mayor desigualdad de oportunidades, un mayor número de desempleados, una creciente pobreza en casi todo el país, que ha motivado que muchos pequeños y medianos empresarios –y aún los dueños de grandes negocios–, cierren sus puertas y se sumen al comercio informal o en el mejor de los casos se vayan de México.

En lo político en el 2012 este negro panorama se verá colmado por la lucha para retener el poder federal por parte del PAN-gobierno con su aspirante o para que el PRI lo reconquiste con un candidato venido a menos, en cuya descarnada lucha, por el hartazgo de la gente, podría resultar beneficiado el abanderado de las izquierdas quien hace seis años era considerado ‘un peligro para México’. Será una lucha en la que, como estan poniéndose las cosas, hasta pudiera haber víctimas mortales. No se trata de magnificar las cosas sino de ver en perspectiva el futuro inmediato con base a los hechos presentes y una mirada en retrospectiva sobre lo que ha padecido el país en los últimos cinco años.

Quizá para antes de que se realicen las elecciones en julio próximo, México podría estar viviendo una etapa inédita de su historia contemporánea, ya que existe la sospecha de que el gobierno que encabeza Calderón pudiera darle luz verde a Washington para que agentes de la DEA, el FBI, la ATF o el ICE, actúen –como ha trascendido que sucede desde hace tiempo–, para sumarse a los los operativos contra los sicarios de los capos en muchas regiones del país. Incluso se habla de que podrían, en un momento dado, venir tropas de la Fuerza Delta y otras similares a combatir a los narcos.

Esto no se descarta ya que el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Interna norteamericanos, insisten en que los cárteles de la droga que operan en México pudieran estar en tratos con grupos extremistas islámicos y reuniéndose en países cercanos al nuestro, para planear posibles ataques a instalaciones estratégicas de Estados Unidos con aliados que la inteligencia norteamericana considera que ya estarían del lado americano. Las sospechas de que Al Qaeda pudiera estar detrás de esos planes secretos, no cesan en la Casa Blanca.

Igual que Vicente Fox, quien sacó al PRI de Los Pinos con la promesa de un ‘cambio’ que nunca llegó, el también panista Felipe Calderón prometió las perlas de la virgen durante su campaña y no cumplió. El michoacano había prometido terminar con la creciente polarización entre ricos y pobres, había prometido reformas económicas, financieras y políticas que permitirían a todos acceso a créditos, prometió que bajarían los impuestos para la gente de menores ingresos, y prometió ser el ‘Presidente del empleo’. Sobre el proceso de cambio, tampoco hubo tal. No siquiera el intento.

No obstante, prefirió comprar la idea de declararle la guerra a la mafias para reivindicarse ante los mexicanos que no votaron por él y con los que se sintieron robados con la elección del 2006 que consideran que ganó Andrés Manuel López Obrador. Pero esa decisión, tomada sin consultarle a nadie ni pedir opiniones sobre los riesgos que entrañaba, lo ha llevado con el tiempo a un callejón sin salida. El optimismo con el que inició esa guerra contra los capos y sus sicarios pronto empezó a venirse abajo. Hoy esa infructuosa lucha significa para él una encrucijada de vida.

Al final, igual que su antecesor, prefirió emular los vicios del priísmo que tanto había criticado cuando fue legislador y dirigente de su partido. Constantemente invoca en sus discursos la democracia y afirma que en aras de ella actúa; pero la democracia no es garantía de un buen gobierno. Ni él, ni su antecesor, han tenido el vigor ni la energía ni el talento político que se requiere para revertir la tendencia y hacer un buen gobierno. Ahora habrá que esperar lo que sucede en los últimos meses de su sexenio, aunque nadie cree que lo que no logró hacer en cinco años, lo pudiera hacer en el poco tiempo que le queda. Si para algunos el 2011 finaliza muy mal, para otros el 2012 creen que será una pesadilla en lo político, en lo económico y en lo social.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

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Vienen más narcobroncas

PAULINO CÁRDENAS

En dos reportajes de Ginger Thompson para The New York Times, se asegura que desde hace varios años la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, ha venido metiendo clandestinamente millones de dólares a México y ‘lavando’ dinero en bancos norteamericanos, proveniente del narcotráfico que opera en nuestro país. Según la publicación, ese ‘blanqueo’ de dinero serviría para identificar cómo trabajan las organizaciones criminales, cómo mueven el dinero, cómo mantienen sus activos y quiénes son sus líderes. Esto supuestamente se estaría realizando con la ayuda y beneplácito de anteriores y actuales autoridades federales mexicanas.

El rotativo pone de manifiesto que este tipo de operaciones son especialmente delicadas, puesto que cuestionan la efectividad de la agencia para acabar con capos de la droga, ponen de relieve las preocupaciones diplomáticas sobre la soberanía mexicana y difuminan la línea entre la vigilancia y el delito de facilitación. Ese operativo secreto de la DEA es similar al de Rápido y Furioso de trasiego ilegal de armas de EU a México, sobre el cual, tanto las más altas autoridades del vecino país como del nuestro, han sostenido que ‘nada sabían’, no obstante que ese tráfico pasaba hacia este lado de la frontera entre otras partes por las propias aduanas.

Y apenas unas horas después de que el gobierno de México recibió un superavión con un valor de 43 millones 33 mil dólares como parte de la Iniciativa Mérida de ayuda norteamericana contra el narcotráfico, esa misma agencia antidrogas de Estados Unidos informó al Congreso de su país que a pesar de que la administración calderonista rechaza la existencia de vínculos entre los cárteles de la droga y grupos terroristas islámicos, tiene informes de que ese vínculo existe y ‘está bien establecido’.

No obstante, con lo que publicó The New York Times, vuelve la cargada del gobierno de Estados Unidos contra el gobierno de Felipe Calderón, ahora con el operativo de lavado de dinero de la DEA, proveniente de cárteles mexicanos, asunto que  ya ha sido atraído por el Congreso norteamericano a través del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de ese país que preside Darrell Issa, el mismo que obligó a que tanto el FBI como la DEA aceptaran haber participado en el operativo Rápido y Furioso.

Se dice que en una carta que envió al procurador general de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, el senador republicano le advierte que el Comité que encabeza irá a fondo con ese asunto de ‘blanqueo’ de dinero, igual que hizo con el de trasiego ilegal de armas a México, y en cuya misiva habría señalado que sobre ese operativo de la agencia antidrogas de aquel país, tiene conocimiento que se celebró con la ayuda y cooperación de autoridades del gobierno mexicano.

Como se sabe, Issa se empeñó en desentrañar el caso de Rápido y Furioso –que en las postrimerías el gobierno de George W. Bush se llamó Receptor Abierto–, operativo planeado por la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), con la anuencia del procurador Holder como lo supone Issa, pese a que el funcionario de Justicia niega que haya estado enterado, igual que ha sucedido con las autoridades mexicanas en este caso del tráfico ilegal de armas.

Allá y acá se cacarean mucho las supuestas bondades de las áreas de inteligencia –de espionaje pues– dizque para estar atentos de las actividades de los narcotraficantes. Sin embargo, las cúpulas de mando salen luego con que ‘nada sabían de nada’ de ese tipo de operativos, lo que por supuesto nadie se traga. Y menos el senador republicano que encabeza el Comité  de Supervisión de la Cámara de Representantes en Washington. Si las autoridades mexicanas no sabían de esos planes, equivaldría a que el gobierno de Estados Unidos se habría estado burlando del gobierno mexicano al realizarlos sin su anuencia y violando territorio nacional, lo que nadie en su sano juicio cree.

El gobierno mexicano habría dado ya la orden para que se ‘exija’ a Washington ‘explicar de qué se trata’ lo que publicó The New York Times. El asunto parece haberlo tomado el Senado de la República pero con una actitud más de trámite que otra cosa, ya que algunos legisladores andan viendo en qué gastan su espléndido aguinaldo y otros a ver qué raja sacan del rejuego electoral. Lo que queda claro es que el republicano Darrell Issa ha puesto en jaque a la DEA, lo que repercutirá en el gobierno de Felipe Calderón.

Acaso por ello en diferentes foros el mandatario panista anda apurado buscando aliados para su guerra, exaltando las bondades bélicas para tratar de convencer que esa lucha armada es para velar por la seguridad de los ciudadanos, aunque a estas alturas en estos haya ira, resentimiento, temor y terror, por lo que consideran un empeño atrabiliario el seguir con la misma fallida estrategia que sólo ha dejado miles y miles de muertos, mientras las mafias siguen en lo suyo como si nada.

pcardenascruz@yahoo.com.mx.

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